SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0639/2019-S2

La Constitución Política del Estado despliega en diferentes artículos, las garantías procesales que componen el debido proceso, como por ejemplo, el art. 115 que hace referencia al derecho a la defensa, a una justicia plural, pronta, oportuna, gratuita y sin dilaciones[6]; el art. 116 garantiza la presunción de inocencia, consagra el principio de favorabilidad al imputado y procesado, y contempla la garantía de irretroactividad de la ley penal[7]; el art. 117 consagra el debido proceso como garantía, así como el non bis in ídem -no ser juzgado dos veces por lo mismo, y la prohibición de prisión por deudas[8]; el art. 119 garantiza el principio de igualdad de oportunidades durante el proceso ordinario o indígena originario campesino (IOC), así como el derecho a la defensa técnica gratuita, en casos que el imputado no cuente con recursos económicos[9]; el art. 120 consagra los derechos a ser oído, al juez natural con todos sus componentes y a ser juzgado en el idioma de origen[10]; el art. 121 garantiza en materia penal, los derechos a que ninguna persona está obligada a declarar contra sí misma ni contra sus parientes consanguíneos hasta el cuarto grado o sus afines hasta el segundo y a guardar silencio; el principio de legalidad; y, las garantías jurisdiccionales de publicidad e inmediación[11]; el art. 122 en concordancia con el referido art. 120 garantiza el derecho al juez natural[12]; y, el art. 123 que incide en la garantía de irretroactividad de la ley, reconocida además por el citado art. 116[13].

En el ámbito del Sistema Regional de Protección de Derechos Humanos, la Convención Americana sobre Derechos Humanos, en su art. 8[14], establece las garantías judiciales que conforman un debido proceso legal; así también, en el Sistema Universal de Protección de Derechos Humanos, el art. 14[15] del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (PIDCP), también reconoce un listado de garantías procesales como componentes del debido proceso.