SENTENCIA CONSTITUCIONAL 0081/2006

Ahora bien, conforme enseña la doctrina,  la inconstitucionalidad por omisión puede ser entendida desde una doble dimensión; la primera, como la inconstitucionalidad por omisión normativa, que se presenta en aquellos casos en los que existiendo la ley que desarrolla un mandato de la Constitución, aquella se hace incompatible por una deficiente o incompleta regulación que origina la ineficacia de una norma constitucional; y, la segunda, inconstitucionalidad por omisión legislativa, se produce en los casos en que la Constitución impone al legislador la necesidad de dictar normas de desarrollo constitucional y éste no lo hace. Sobre el particular, este Tribunal a través de su jurisprudencia ha desarrollado doctrina constitucional respecto de ambas dimensiones. Así la SC 0066/2005, de 22 de septiembre, determinó lo siguiente “(…) De esto se infiere que el control de Constitucionalidad que la norma fundamental del país le encomienda al Tribunal Constitucional, está referida a la sujeción, por parte del legislador, a las normas, principios y valores de la Constitución, tanto en el proceso de creación de las normas como sobre el contenido de las mismas. Esto significa que cuando el legislador no desarrolla el instituto Constitucional que de manera precisa y concreta le impone la Constitución o desarrolla el mismo de manera deficiente o incompleta, de tal manera que el mandato constitucional se torne ineficaz o de imposible aplicación por causa de la omisión o insuficiente desarrollo normativo, el Tribunal Constitucional tiene atribuciones para hacer el enjuiciamiento de constitucionalidad de tales actos; disponiendo, en su caso, que el legislador desarrolle la norma constitucional que de manera obligatoria y concreta le impone la Constitución, lo que no puede darse cuando se trata de normas constitucionales programáticas” (El resaltado es nuestro).

A este efecto, es preciso recordar que el art. 27 de la CPE establece que “Los impuestos y demás cargas públicas obligan igualmente a todos. Su creación, distribución y supresión tendrán carácter general, debiendo determinarse en relación a un sacrificio igual de los contribuyentes, en forma proporcional o progresiva, según los casos.” De la lectura del texto constitucional, se constata que no existe un mandato expreso al legislador de que esos temas sean desarrollados por una ley; en consecuencia, no se puede hablar de una inconstitucionalidad por omisión normativa, toda vez que no se presenta el supuesto que da origen a dicha omisión, cual es la exigencia constitucional de desarrollo legal.

         IV. Nadie puede ser condenado a pena alguna sin haber sido oído y juzgado previamente en proceso legal; ni la sufrirá si no ha sido impuesta por sentencia ejecutoriada y por autoridad competente. La condena penal debe fundarse en una ley anterior al proceso y sólo se aplicarán las leyes posteriores cuando sean más favorables al encausado.”

         La norma aludida tampoco otorga al legislador un mandato expreso para que la garantía del debido proceso sea desarrollada a través de una Ley; sin embargo, se entiende que, al ser el debido proceso una garantía frente a la actividad sancionadora del Estado, ésta debe estar presente en todo procedimiento sancionador, en cuyo mérito, corresponde ingresar al análisis de fondo y determinar si las normas impugnadas vulneran los preceptos contenidos en el art. 16 de la CPE.