DECLARACIÓN CONSTITUCIONAL Plurinacional 0064/2014

i)   El ámbito jurisdiccional. Se refiere a que la competencia que le haya sido asignada a un nivel de gobierno por el sistema de distribución competencial de la Constitución, deberá ser ejercicio únicamente en la jurisdicción que dicho nivel de gobierno administra y gobierna. Así lo establece la Constitución en su art. 272, al señalar que los órganos de gobierno autónomo ejercerán las facultades legislativa, reglamentaria, fiscalizadora y ejecutiva en el ámbito de su jurisdicción y competencias y atribuciones.

'I. La Ley Marco de Autonomías y Descentralización regulará el procedimiento para la elaboración de Estatutos autonómicos y Cartas Orgánicas, la transferencia y delegación competencial, el régimen económico financiero, y la coordinación entre el nivel central y las entidades territoriales descentralizadas y autónomas.

Sin embargo, el art. 5 de la CPE establece que: “I. Son idiomas oficiales del Estado el castellano y todos los idiomas de las naciones y pueblos indígena originario campesinos, que son el aymara, araona, baure, bésiro, canicha, cavineño, cayubaba, chácobo, chimán, ese ejja, guaraní, guarasu'we, guarayu, itonama, leco, machajuyai-kallawaya, machineri, maropa, mojeño-trinitario, mojeño-ignaciano, moré, mosetén, movima, pacawara, puquina, quechua, sirionó, tacana, tapiete, toromona, uru-chipaya, weenhayek, yaminawa, yuki, yuracaré y zamuco. II. El Gobierno plurinacional y los gobiernos departamentales deben utilizar al menos dos idiomas oficiales. Uno de ellos debe ser el castellano, y el otro se decidirá tomando en cuenta el uso, la conveniencia, las circunstancias, las necesidades y preferencias de la población en su totalidad o del territorio en cuestión. Los demás gobiernos autónomos deben utilizar los idiomas propios de su territorio, y uno de ellos debe ser el castellano.”

En este sentido, cabe hacer notar que la DCP 0008/2013 de 27 de junio, sobre el tema señaló lo siguiente: “La Constitución en su art. 5.I, señala: “Son idiomas oficiales del Estado el castellano y todos los idiomas de las naciones y pueblos indígena originario campesinos, que son el aymara, araona, baure, bésiro, canichana, cavineño, cayubaba, chácobo, chimán, ese ejja, guaraní, guarasu´we, guarayu, itonama, leco, machajuyai-kallawaya, machineri, maropa, mojeño-trinitario, mojeño-ignaciano, moré, mosetén, movima, pacawara, puquina, quechua, sirionó, tacana, tapiete, toromona, uru-chipaya, weenhayek, yaminawa, yuki, yuracaré y zamuco”.

El bloque de constitucionalidad hace también un reconocimiento amplio en relación al uso que el idioma tiene, así el art. 27 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (PIDCP), sostiene que: 'En los Estados en que existan minorías étnicas, religiosas o lingüísticas, no se negará a las personas que pertenezcan a dichas minorías el derecho que les corresponde (…) a emplear su propio idioma', mientras que el art. 28.3 del Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), establece que el deber de los Estados de adoptar: '…disposiciones para preservar las lenguas indígenas de los pueblos interesados y promover el desarrollo y la práctica de las mismas'.

Un idioma, más allá de su innegable valor cultural, hace parte de la forma democrática en su elemento participación plena (art. 11 de la CPE) y de la composición plural del Estado (art. 1 de la CPE), constituyéndose en '…responsabilidad Estatal de tutelar derechos humanos y fundamentales, en este sentido el reconocimiento de la oficialidad de un idioma tiene directa incidencia en el derecho de acceso al servicio público[4], al debido proceso principalmente en su elemento derecho a la defensa[5], al derecho a la petición[6], a la libertad de expresión[7], derechos de los usuarios[8] y en definitiva al desempeñar el idioma una función identitaria su reconocimiento está vinculado a la dignidad personal[9]…'.

En este sentido, la declaratoria de oficialidad de un idioma conlleva, más allá de la posibilidad de su uso como medio de comunicación cotidiano, diferentes efectos jurídicos ciertos en la celebración y ejecución tanto en actos públicos como privados, por lo que dicha norma resulta constitucional siempre y cuando se interprete en el sentido de que no implica la exclusión a los otros idiomas establecidos en el art. 5 de la CPE, los cuales también gozan del régimen de oficialidad generando por tanto efectos jurídicos para todo acto público v.gr. normativa o acto privado v.gr. contratos privados otro razonamiento podría implicar el riesgo de discriminación en razón del idioma, lo que en definitiva se encuentra vedado por el art. 14.II de la CPE”.

En esta línea de análisis, el art. 8 del proyecto de Carta Orgánica Municipal de Huachacalla deberá establecer el uso preferente de algún idioma oficial del art. 5 de la CPE, de acuerdo al uso, la conveniencia, las circunstancias, las necesidades y preferencias de la población, pero no podrá declarar la oficialidad de algún idioma enunciados en la Ley Fundamental, únicamente para el municipio, pues los treinta y seis idiomas del art. 5 de la CPE son oficiales en todo el territorio boliviano. Por lo expuesto se observa la incompatibilidad de la palabra “oficiales”.

“I. Las entidades territoriales autónomas garantizarán el ejercicio de la Participación y Control Social, de acuerdo a la Ley Marco de Autonomías y Descentralización y sus estatutos, a través de sus Estatutos Autonómicos Departamentales, Cartas Orgánicas Municipales y Estatutos Regionales y Estatutos Indígena Originario Campesinos, en el marco de la Constitución Política del Estado, la presente Ley y demás normas aplicables.

Por otro lado, el art. 12. de la CPE, refiere: “I. El Estado se organiza y estructura su poder público a través de los órganos Legislativo, Ejecutivo, Judicial y Electoral. La organización del Estado está fundamentada en la independencia, separación, coordinación y cooperación de estos órganos; II. Son funciones estatales la de Control, la Defensa de la Sociedad y la defensa del estado; y, III. Las funciones de los órganos públicos no pueden ser reunidas en un solo órgano ni son delegables entre sí”.

El art. 12.I, II y III de la LMAD en relación a la forma de gobierno señala que: “La forma de gobierno de las entidades territoriales autónomas es democrática, participativa, representativa y comunitaria allá donde se la practique, con equidad de género; La autonomía se organiza y estructura su poder público a través de los órganos legislativo y ejecutivo. La organización de los gobiernos autónomos está fundamentada en la independencia, separación, coordinación y cooperación de estos órganos; y, Las funciones de los órganos públicos no pueden ser reunidas en un solo órgano ni son delegables entre sí”.

En el marco de lo dispuesto, la gestión que realicen tanto el Órgano Legislativo como el Órgano Ejecutivo, involucra la responsabilidad de los mismos por el cumplimiento de sus resultados, no pudiendo existir disposiciones en el proyecto de la Carta Orgánica Municipal que obstaculicen, generen dependencia y no permitan un trabajo coordinado entre órganos.

Por razones de extrema dependencia entre órganos, la redacción de este artículo, lejos de generar un accionar transparente de sus autoridades municipales, puede llegar a causar perjuicios en el trabajo de órganos. La Constitución y la ley son claras al eregir que, cada uno de los órganos es responsable de sus actos y son garantes del cumplimiento de sus resultados, además de los servidores públicos que trabajan con ellos.

“I. Se debe establecer mediante Ley la regulación del Régimen Patrimonial Municipal, dicha norma debe considerar los siguientes lineamientos: 1. El patrimonio municipal se administra en forma autónoma, con las garantías y responsabilidades de Ley, con la premisa que todo acto de disposición o de garantía sobre el patrimonio municipal debe ser de conocimiento público; 2. El patrimonio considera a todas las entidades e instituciones que pertenecen a la entidad y jurisdicción Municipal, ya sean de la administración central, descentralizada, desconcentrada, autárquica o autónoma y a través de los cuales se prestan los servicios públicos; 3. El Inventario Municipal, será llevado por la Dirección o Unidad Administrativa existente o de nueva creación, dependencia a la cual se le asigne funcionalmente esta tarea. Las entidades descentralizadas de la Administración Central llevan su propio inventario descentralizado con sujeción a la presente reglamentación; 4. La Dirección o Unidad Administrativa, con la tarea asignada ejercerá la función de Órgano Rector del Sistema de Inventario de los Bienes de Uso, centralizando la información y dictar normas relativas al clasificador de bienes, a la determinación del soporte de la información, los componentes del sistema, la carga y la actualización de los inventarios.

“I. De acuerdo a la competencia exclusiva, establecida en la Constitución Política del Estado, el Gobierno Municipal Autónomo tiene la facultad de diseñar el Plan de Ordenamiento Territorial Municipal, de acuerdo a los lineamientos establecidos en el Plan Nacional de Ordenamiento Territorial y en coordinación con el Gobierno Departamental”.

Por otro lado, el art. 302.I.6. de la CPE, señala que son competencias exclusivas de los gobiernos municipales autónomos, en su jurisdicción: “Elaboración de Planes de Ordenamiento Territorial y de uso de suelos, en coordinación con los planes del nivel central del Estado, departamentales e  indígenas”.

El plan de ordenamiento territorial deberá ser en coordinación con los planes del nivel central del Estado, departamentales e indígenas de acuerdo al art. 302.I.6 de la CPE y el presente artículo no hace mención a los departamentales ni indígenas, consiguientemente es incompatible con la Constitución Política del Estado.

“I. La reforma total de la Constitución, o aquella que afecte a sus bases fundamentales, a los derechos, deberes y garantías, o a la primacía y reforma de la Constitución, tendrá lugar a través de una Asamblea Constituyente originaria  plenipotenciaria, activada por voluntad popular mediante referendo. La convocatoria del referendo se realizará por iniciativa ciudadana, con la firma de al menos el veinte por ciento del electorado; por mayoría absoluta de los miembros de la Asamblea Legislativa Plurinacional; o por la Presidenta o el Presidente del Estado. La Asamblea Constituyente se autorregulará a todos los efectos, debiendo aprobar el texto constitucional por dos tercios del total de sus miembros presentes. La vigencia de la reforma necesitará referendo constitucional aprobatorio.