SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0285/2015-S1

           La SC 0758/2010-R de 2 de agosto, con relación a la obligación de motivación que tiene toda autoridad a tiempo de emitir sus fallos, determinó lo siguiente: “La garantía del debido proceso, comprende entre uno de sus elementos la exigencia de la motivación de las resoluciones, lo que significa, que toda autoridad que conozca de un reclamo, solicitud o que dicte una resolución resolviendo una situación jurídica, debe ineludiblemente exponer los motivos que sustentan su decisión, para lo cual, también es necesario que exponga los hechos establecidos, si la problemática lo exige, de manera que el justiciable al momento de conocer la decisión del juzgador lea y comprenda la misma, pues la estructura de una resolución tanto en el fondo como en la forma, dejará pleno convencimiento a las partes de que se ha actuado no sólo de acuerdo a las normas sustantivas y procesales aplicables al caso, sino que también la decisión está regida por los principios y valores supremos rectores que rigen al juzgador, eliminándose cualquier interés y parcialidad, dando al administrado el pleno convencimiento de que no había otra forma de resolver los hechos juzgados sino de la forma en que se decidió. Al contrario, cuando aquella motivación no existe y se emite únicamente la conclusión a la que se ha arribado, son razonables las dudas del justiciable en sentido de que los hechos no fueron juzgados conforme a los principios y valores supremos, vale decir, no se le convence que ha actuado con apego a la justicia, por lo mismo se le abren los canales que la Ley Fundamental le otorga para que en búsqueda de la justicia, acuda a este Tribunal como contralor de la misma, a fin de que dentro del proceso se observen sus derechos y garantías fundamentales, y así pueda obtener una resolución que ordene la restitución de dichos derechos y garantías…”; razonamiento del que se infiere que, la fundamentación y motivación de las resoluciones judiciales o administrativas es una obligación ineludible e indelegable para todas las autoridades que conozcan de un proceso y se hallen constreñidas a emitir una resolución, pues el verdadero acceso a la justicia no puede limitarse a la expresión incoherente y sin fundamento de una decisión que resuelva determinada situación en la que se puedan ver afectados derechos y garantías constitucionales; en tal sentido, esta necesidad de emitir pronunciamientos con una carga fundamentativa suficiente, deviene de la urgencia de materializar el propio derecho a la tutela judicial como elemento sustantivo del debido proceso.