Con base a tales argumentos, pide que por el principio pro actione, se interpreten las
TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA
SALA PENAL
AUTO SUPREMO Nº 321/2015-RRC
Sucre, 20 de mayo de 2015
Expediente : Chuquisaca 2/2015
Parte Acusadora : Ministerio Público y otro
Parte Imputada : Eloy Paulino Rocha Calvimontes y otro
Delitos : Incumplimiento de Contrato y otros
Magistrada Relatora: Dra. Norka Natalia Mercado Guzmán
RESULTANDO
Por memorial presentado el 6 de enero de 2015, cursante de fs. 658 a 677 vta., Eloy Paulino Rocha Calvimontes, interpone recurso de casación impugnando el Auto de Vista 456/014 de 24 de noviembre de 2014, de fs. 602 a 617, pronunciado por la Sala Penal Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Chuquisaca, dentro del proceso penal que sigue el Ministerio Público y el Gobierno Autónomo de Chuquisaca representado por Jhonny Céspedes Flores, Víctor Ariel Velásquez Llanquipacha, Rosario del Carmen Vargas Berzain, Christian Max Mújica Angulo y Weymar Orlando Barrero Padilla, contra el recurrente y David Ortega, por la presunta comisión de los delitos de Falsificación y Aplicación Indebida de Marcas y Contraseñas, Engaño en Productos Industriales, Incumplimiento de Contratos y Estafa, previstos y sancionados por los arts. 193, 236, 222 y 335 del Código Penal (CP), respectivamente.
I. DEL RECURSO DE CASACION
I.1. Antecedentes
a) Desarrollada la audiencia de juicio oral y público, por Sentencia 20/2013 de 13 de diciembre (fs. 323 a 353 vta.), el Tribunal Primero de Sentencia del Tribunal Departamental de Justicia de Chuquisaca, declaró a Eloy Paulino Rocha Calvimontes, autor de la comisión de los delitos de Incumplimiento de Contratos y Estafa, tipificados por los arts. 222 y 335 del CP, imponiéndole la pena de cinco años de reclusión y doscientos días multa a razón de quince bolivianos por día, siendo absuelto por los delitos de Falsificación y Aplicación Indebida de Marcas y Contraseñas y Engaño en Productos Industriales, previstos y sancionados en los arts. 193 y 236 del CP. Además, declaró absuelto al coimputado David Ortega, de la comisión de los citados delitos.
b) Contra la mencionada Sentencia, el imputado interpuso recurso de apelación restringida (fs. 433 a 444, subsanado de 476 a 489 vta.), resuelto por Auto de Vista 136/014 de 11 de abril de 2014, que fue dejado sin efecto por Auto Supremo 403/2014-RRC de 21 de agosto (583 a 595 vta.); en cuyo mérito, la Sala Penal Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Chuquisaca, pronunció el Auto de Vista 456/014 de 24 de noviembre de 2014, que declaró admisibles e improcedentes los motivos del citado recurso, motivando la formulación de recurso de casación.
I.1.1. Motivos del recurso de casación
1) El recurrente bajo el título “ARGUMENTACION Y FUNDAMENTACIÓN DE AGRAVIOS EXISTENTES EN LA SENTENCIA APELADA Y EN EL AUTO DE VISTA CON LOS PRECEDENTES INVOCADOS” (sic) y el subtítulo “CON RELACIÓN AL PRIMER MOTIVO” (sic), denuncia que en apelación restringida sustentó la existencia de defectos en la Sentencia, previstos en el art. 370 inc. 10) del Código de Procedimiento Penal (CPP), por cuanto los miembros del Tribunal, no dieron cumplimiento a las reglas de la deliberación en la valoración de la prueba de forma individual e integral conforme a la sana crítica, la lógica jurídica y la experiencia, para advertir que el hecho delictivo no existió porque fueron emergentes de contratos administrativos celebrados por una institución pública, por lo que: i) Pese a que el Tribunal penal no tiene competencia para conocer la acción penal en curso, sin previa existencia de responsabilidad penal establecida en la vía administrativa, el Tribunal de alzada no tomó en cuenta la jurisprudencia vinculante en los precedentes invocados consistentes en los Autos Supremos 534/2012 y 498/2012 y 193/2013, para sustentar que los hechos emergentes de contratos administrativos, son de competencia de los Jueces Coactivos conforme a los arts. 47 y siguientes de la Ley 1178 y 10.1 de la Ley 212, pues corresponde conocer a la Sala Plena del Tribunal Supremo de Justicia, las causas contenciosas que resultaren de los contratos, negociaciones y concesiones del órgano Ejecutivo y de las demandadas contencioso-administrativas a que diesen lugar las respectivas resoluciones, por lo que se vulneró su derecho a ser oído y juzgado por un Juez natural competente e imparcial, más cuando no se explicó, cuál la norma legal que impidió un pronunciamiento sobre la nulidad de la Sentencia de acuerdo al art. 122 de la Constitución Política del Estado (CPE). ii) Bajo el subtítulo de “precedentes contradictorios invocados”, considera innecesaria la cita de precedentes jurisprudenciales en razón a que se cuestiona actos judiciales ejecutados sin competencia legal; sin embargo, hace referencia a los Autos Supremos 534/2012, 498/2012 y 193/2013, dictados por la Sala Social del Tribunal Supremo de Justicia, respecto a los cuales el Tribunal de apelación no se pronunció en cuento a su pertinencia o no, para demostrar que los jueces en materia penal no tienen competencia con relación a aspectos emergentes de contratos administrativos. iii) No se consideraron los argumentos contenidos en el recurso de apelación restringida, referidos a la calificación y valoración de la prueba de Contrato Orden de Compra, que por ser un contrato de carácter civil, los jueces en materia penal no tienen competencia para conocer de acuerdo al Auto Supremo 133 de 5 de abril de 2002. iv) Arguye incongruencia omisiva, indebida argumentación y falta de fundamentación en el Auto de Vista impugnado, porque no se pronunció sobre la incompetencia del Tribunal de Sentencia respecto de casos emergentes de contratos administrativos viciados de nulidad absoluta previsto en el art. 169 inc. 3) del CPP, y vulneración de los arts. 124 y 398 del CPP, con base a los Autos Supremos 85/2013 de 26 de marzo y 87/2013 de 26 de marzo, aplicables al caso, por cuanto el Tribunal de apelación no dio respuesta a los agravios de violación del derecho al juez natural y de ser juzgado por un tribunal competente e imparcial.
Con base a tales argumentos, pide que por el principio pro actione, se interpreten las normas procesales en sentido favorable a la admisibilidad del recurso sin excesivo rigorismo como establecen el Auto Supremo 098/2013-RRC de 15 de abril y las Sentencias Constitucionales 0593/2004-R y 1112/2013 de 17 de julio y 1414/2013 de 16 de agosto, que se refieren a la no exigencia de precedente contradictorio ante la denuncia de vulneración de derechos y garantías fundamentales del debido proceso, al juez natural, derecho a la defensa y seguridad jurídica previstos en los arts. 115, 117.I, 120.I y 178 de la CPE, 10 de la Declaración Universal de Derechos Humanos, 14.1 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, 8.1 de la Convención Americana de Derechos Humanos y finalmente se declare nula la Sentencia
SALA PENAL
AUTO SUPREMO Nº 321/2015-RRC
Sucre, 20 de mayo de 2015
Expediente : Chuquisaca 2/2015
Parte Acusadora : Ministerio Público y otro
Parte Imputada : Eloy Paulino Rocha Calvimontes y otro
Delitos : Incumplimiento de Contrato y otros
Magistrada Relatora: Dra. Norka Natalia Mercado Guzmán
RESULTANDO
Por memorial presentado el 6 de enero de 2015, cursante de fs. 658 a 677 vta., Eloy Paulino Rocha Calvimontes, interpone recurso de casación impugnando el Auto de Vista 456/014 de 24 de noviembre de 2014, de fs. 602 a 617, pronunciado por la Sala Penal Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Chuquisaca, dentro del proceso penal que sigue el Ministerio Público y el Gobierno Autónomo de Chuquisaca representado por Jhonny Céspedes Flores, Víctor Ariel Velásquez Llanquipacha, Rosario del Carmen Vargas Berzain, Christian Max Mújica Angulo y Weymar Orlando Barrero Padilla, contra el recurrente y David Ortega, por la presunta comisión de los delitos de Falsificación y Aplicación Indebida de Marcas y Contraseñas, Engaño en Productos Industriales, Incumplimiento de Contratos y Estafa, previstos y sancionados por los arts. 193, 236, 222 y 335 del Código Penal (CP), respectivamente.
I. DEL RECURSO DE CASACION
I.1. Antecedentes
a) Desarrollada la audiencia de juicio oral y público, por Sentencia 20/2013 de 13 de diciembre (fs. 323 a 353 vta.), el Tribunal Primero de Sentencia del Tribunal Departamental de Justicia de Chuquisaca, declaró a Eloy Paulino Rocha Calvimontes, autor de la comisión de los delitos de Incumplimiento de Contratos y Estafa, tipificados por los arts. 222 y 335 del CP, imponiéndole la pena de cinco años de reclusión y doscientos días multa a razón de quince bolivianos por día, siendo absuelto por los delitos de Falsificación y Aplicación Indebida de Marcas y Contraseñas y Engaño en Productos Industriales, previstos y sancionados en los arts. 193 y 236 del CP. Además, declaró absuelto al coimputado David Ortega, de la comisión de los citados delitos.
b) Contra la mencionada Sentencia, el imputado interpuso recurso de apelación restringida (fs. 433 a 444, subsanado de 476 a 489 vta.), resuelto por Auto de Vista 136/014 de 11 de abril de 2014, que fue dejado sin efecto por Auto Supremo 403/2014-RRC de 21 de agosto (583 a 595 vta.); en cuyo mérito, la Sala Penal Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Chuquisaca, pronunció el Auto de Vista 456/014 de 24 de noviembre de 2014, que declaró admisibles e improcedentes los motivos del citado recurso, motivando la formulación de recurso de casación.
I.1.1. Motivos del recurso de casación
1) El recurrente bajo el título “ARGUMENTACION Y FUNDAMENTACIÓN DE AGRAVIOS EXISTENTES EN LA SENTENCIA APELADA Y EN EL AUTO DE VISTA CON LOS PRECEDENTES INVOCADOS” (sic) y el subtítulo “CON RELACIÓN AL PRIMER MOTIVO” (sic), denuncia que en apelación restringida sustentó la existencia de defectos en la Sentencia, previstos en el art. 370 inc. 10) del Código de Procedimiento Penal (CPP), por cuanto los miembros del Tribunal, no dieron cumplimiento a las reglas de la deliberación en la valoración de la prueba de forma individual e integral conforme a la sana crítica, la lógica jurídica y la experiencia, para advertir que el hecho delictivo no existió porque fueron emergentes de contratos administrativos celebrados por una institución pública, por lo que: i) Pese a que el Tribunal penal no tiene competencia para conocer la acción penal en curso, sin previa existencia de responsabilidad penal establecida en la vía administrativa, el Tribunal de alzada no tomó en cuenta la jurisprudencia vinculante en los precedentes invocados consistentes en los Autos Supremos 534/2012 y 498/2012 y 193/2013, para sustentar que los hechos emergentes de contratos administrativos, son de competencia de los Jueces Coactivos conforme a los arts. 47 y siguientes de la Ley 1178 y 10.1 de la Ley 212, pues corresponde conocer a la Sala Plena del Tribunal Supremo de Justicia, las causas contenciosas que resultaren de los contratos, negociaciones y concesiones del órgano Ejecutivo y de las demandadas contencioso-administrativas a que diesen lugar las respectivas resoluciones, por lo que se vulneró su derecho a ser oído y juzgado por un Juez natural competente e imparcial, más cuando no se explicó, cuál la norma legal que impidió un pronunciamiento sobre la nulidad de la Sentencia de acuerdo al art. 122 de la Constitución Política del Estado (CPE). ii) Bajo el subtítulo de “precedentes contradictorios invocados”, considera innecesaria la cita de precedentes jurisprudenciales en razón a que se cuestiona actos judiciales ejecutados sin competencia legal; sin embargo, hace referencia a los Autos Supremos 534/2012, 498/2012 y 193/2013, dictados por la Sala Social del Tribunal Supremo de Justicia, respecto a los cuales el Tribunal de apelación no se pronunció en cuento a su pertinencia o no, para demostrar que los jueces en materia penal no tienen competencia con relación a aspectos emergentes de contratos administrativos. iii) No se consideraron los argumentos contenidos en el recurso de apelación restringida, referidos a la calificación y valoración de la prueba de Contrato Orden de Compra, que por ser un contrato de carácter civil, los jueces en materia penal no tienen competencia para conocer de acuerdo al Auto Supremo 133 de 5 de abril de 2002. iv) Arguye incongruencia omisiva, indebida argumentación y falta de fundamentación en el Auto de Vista impugnado, porque no se pronunció sobre la incompetencia del Tribunal de Sentencia respecto de casos emergentes de contratos administrativos viciados de nulidad absoluta previsto en el art. 169 inc. 3) del CPP, y vulneración de los arts. 124 y 398 del CPP, con base a los Autos Supremos 85/2013 de 26 de marzo y 87/2013 de 26 de marzo, aplicables al caso, por cuanto el Tribunal de apelación no dio respuesta a los agravios de violación del derecho al juez natural y de ser juzgado por un tribunal competente e imparcial.
Con base a tales argumentos, pide que por el principio pro actione, se interpreten las normas procesales en sentido favorable a la admisibilidad del recurso sin excesivo rigorismo como establecen el Auto Supremo 098/2013-RRC de 15 de abril y las Sentencias Constitucionales 0593/2004-R y 1112/2013 de 17 de julio y 1414/2013 de 16 de agosto, que se refieren a la no exigencia de precedente contradictorio ante la denuncia de vulneración de derechos y garantías fundamentales del debido proceso, al juez natural, derecho a la defensa y seguridad jurídica previstos en los arts. 115, 117.I, 120.I y 178 de la CPE, 10 de la Declaración Universal de Derechos Humanos, 14.1 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, 8.1 de la Convención Americana de Derechos Humanos y finalmente se declare nula la Sentencia
- Con base a tales argumentos, pide que por el principio pro actione, se interpreten las
- Aspectos que al no ser debidamente respondidos, demuestran una falta de fundamentación vulnerando el debido
- Por otro lado, cuestiona las definiciones del Tribunal de apelación en la contradictoria e
- En base a los argumentos que expone, solicita se anule el Auto de Vista recurrido
- Mediante Auto Supremo 077/2015-RA de 3 de febrero, cursante de fs
- De la atenta revisión de los antecedentes venidos en casación y establecido el ámbito de
- Luego de transcurrido el juicio oral y público, el Tribunal Primero de Sentencia del Tribunal
- Previa referencia a los arts
- Ante la denuncia anónima por vía telefónica, se procedió a realizar el trabajo de verificación,
- II.2. De la apelación restringida
- El imputado Eloy Paulino Rocha Calvimontes, interpuso recurso de apelación restringida estableciendo los siguientes motivos
- Que si bien la competencia no fue cuestionada por las partes, este silencio incluso aceptación,
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- La Sentencia al indicar que el contrato administrativo fue por la modalidad de Orden de
- Que, el art
- Continuó señalando que la Sentencia, está basada en hechos inexistentes no acreditados en el proceso
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- Finalmente, es incongruente porque no existe pronunciamiento con relación a los hechos y delitos acusados
- II.3. Del Auto de Vista impugnado
- Previamente es necesario explicar, que en principio la Sala Penal Primera del Tribunal Departamental de
- Señaló que de la revisión de antecedentes, el imputado en ningún momento estuvo sometido a
- En respuesta al segundo motivo, expresó que es conveniente describir el postulado básico expresado en
- En cuanto al tercer motivo, señaló que dada la naturaleza especial del recurso de apelación
- Por otro lado, en cuanto a la versión de que la Sentencia se basó en
- Relativo al cuarto motivo, expresó que la congruencia se debe observar desde la etapa preparatoria
- III.1. En cuanto al primer motivo
- El recurrente sostiene en su recurso, que el Tribunal de apelación no tomó en cuenta
- Con relación al delito de Estafa, refiere que el documento base de la presunta Estafa,
- Con relación a estos planteamientos, se evidencia del contenido del Auto de Vista impugnado, que
- En efecto, el recurrente en la etapa recursiva, a partir del recurso de apelación restringida
- Al respecto, y de acuerdo a la posición doctrinal sobre el tema, por definición, la
- Cuando un juez o tribunal actúa sin competencia, sus actos son nulos, concurriendo el vicio
- Dicho instituto se encuentra reglado en los arts
- La inobservancia de las reglas de la competencia por razón de materia producirá la nulidad
- Sin embargo, el conducto inmediato y primigenio para salvaguardar el respeto del instituto procesal, tiene
- Se aplicarán las disposiciones procesales civiles relativas a la inhibitoria y declinatoria”
- Esto significa que las partes, tienen este mecanismo inmediato de defensa, para hacer valer sus
- Ahora bien, descrito como se encuentra que la incompetencia y sus efectos se encuentran comprendidos
- Con base a los entendimientos asumidos, se establece no ser evidente la denuncia formulada en
- El recurrente, alegó que el Auto de Vista impugnado no respondió a los cuestionamientos expuestos
- De la revisión del Auto de Vista impugnado, se tiene que los aspectos anteriormente detallados,
- Al respecto, por mandato de lo dispuesto por el art
- El recurrente igualmente, denuncia no haber recibido respuesta a los cuestionamientos del recurso de apelación
- Ahora bien, este planteamiento complejo que aglutina en este motivo, diversos aspectos de los que
- En cuanto a la Sentencia basada en hechos acaecidos el 2009, por cuanto la acusación
- III.4. Al cuarto motivo
- Por último, el recurrente sostiene que el Auto de Vista impugnado, no dio respuesta al
- Al respecto, nuevamente la posición reiterada con algunos aditamentos del recurrente, procura la nulidad de
- En definitiva, se concluye que los argumentos esbozados en los motivos, en principio de recurso
- La Sala Penal del Tribunal Supremo de Justicia, con la facultad conferida por el art
- SALA PENAL DEL TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA DEL ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA