DECLARACIÓN CONSTITUCIONAL Plurinacional 0031/2016

De acuerdo con el mandato constitucional, en las competencias privativas únicamente el nivel central del Estado es el titular de las tres facultades; es decir, el nivel central: elabora la ley, a través de la Asamblea Legislativa Plurinacional, reglamenta la ley y ejecuta la competencia a través del Órgano Ejecutivo. Ninguna de las facultades puede ser transferida ni delegada a otro nivel de gobierno.

La disposición contenida en el parágrafo II en análisis, dispone que la representación al Órgano Legislativo Municipal de las NPIOC, será regulada mediante ley municipal, a lo cual corresponde señalar que: a) La representación de las NPIOC ante el Órgano Legislativo Municipal dispuesto por el parágrafo II del art. 284 de la CPE, no deberá entenderse como una denominación diferenciada como representante, dado que no otorga dicho denominativo, sino hace alusión a que todos los pueblos indígenas originario campesinos que no se constituyan en autonomías indígenas pueden elegir a sus representantes para que ejerzan funciones como concejal en la administración de gobierno con los mismos derechos y obligaciones de los concejales electos por voto popular, ya que el pretender otorgar el denominativo de representante vulneraría el principio de igualdad en la que inclusive conllevaría a un trato discriminatorio; y, b) La pretensión de regular la participación de las NPIOC ante el Órgano Legislativo Municipal mediante una ley municipal, de cierta forma no resulta incompatible; no obstante, dicha ley municipal, en similar sentido debe sujetarse al aludido art. 284 de la Norma Suprema, a fin de garantizar el ejercicio efectivo de su derecho a la libre determinación y el cumplimiento de la democracia comunitaria en el marco de la principio de preexistencia.

De esta forma, las facultades regulatorias del Concejo Municipal son en realidad de dos tipos: a) Las legislativas propiamente dichas, es decir, la capacidad de emitir leyes; y, b) Las reglamentarias de administración interna, pero en este caso restringidas solo a viabilizar el ejercicio de sus atribuciones y competencias propias del órgano. Por ejemplo, la aprobación del Reglamento de Debates del Pleno y las Comisiones del Concejo Municipal.

En ese sentido, para garantizar la seguridad jurídica en la ideación, elaboración y emisión de instrumentos normativos, los gobiernos autónomos municipales en lo esencial deberán sujetarse a las reglas de la técnica legislativa y en la descripción de la estructura jerárquica de su normativa interna deberán incorporarse los siguientes elementos necesariamente concurrentes: a) identificación el órgano emisor, referido a la instancia que elabora y emite la norma (concejo municipal y ejecutivo municipal por separado); b) naturaleza y alcance de la norma, referido al objeto que va a regular la norma, definiendo su ámbito de aplicación ya sea general; o de carácter interno para facilitar el ejercicio de las competencias asignadas a cada órgano, evitando transgredir la independencia de los mismos, toda vez que será la naturaleza y alcance de cada norma, la que defina en esencia su posición dentro la escala jerárquica normativa del gobierno autónomo municipal; c) la jerarquía normativa interna de cada órgano, elemento importante a establecer destinado a evitar posibles conflictos jurídicos en la aplicación de las normas; este elemento está referido a establecer el orden jerárquico de los instrumentos normativos que emanan de cada órgano, partiendo por aquellos que hacen al ejercicio del gobierno municipal, para concluir en las normas de alcance interno que facilitan el ejercicio de las atribuciones y funciones asignadas a cada órgano, en atención a lo ya desarrollado en las Declaraciones Constitucionales Plurinacionales que sustentan este análisis; Asimismo, con referencia a la Carta Orgánica que en su condición de norma institucional básica tiene preeminencia en relación a la legislación autonómica, es importante puntualizar que el mismo es de naturaleza rígida, cumplimiento estricto y contenido pactado por consiguiente en su ideación, elaboración y aprobación se sigue un procedimiento especial que en definitiva es aprobado por el soberano en un referendo vinculante, por lo que la carta orgánica no deviene de un órgano emisor definido puesto que como se dijo mereció un procedimiento especial con la participación activa de la ciudadanía, elementos que lo diferencian del tratamiento de una ley ordinaria, consiguientemente la Carta Orgánica es la norma institucional básica superior frente a la legislación autonómica, y no deviene de ningún órgano de gobierno, extremo que debe ser reflejado en la jerarquía jurídica interna de los gobiernos autónomos municipales…” (las negrillas corresponden al texto original).