SENTENCIA CONSTITUCIONAL 0037/2007-R
Fecha: 31-Ene-2007
II.5.
II.5. Por comunicación de 30 de marzo de 2001, el Director General de Asuntos Bilaterales del Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto, informó a la representante departamental del Defensor del Pueblo, Santa Cruz, que la CONARE en ningún momento otorgó el status de refugiados a los ciudadanos cubanos Jorge Martín Alfonso Salgado, Amauris Samartino Flores y José Antonio Laguardia Mesa, ya que éstos ingresaron al país con la colaboración del Gobierno Norteamericano y la OIM para su reasentamiento permanente (fs. 137); en igual sentido se tiene la comunicación de 14 de septiembre de 2001, enviada por el Viceministro de Relaciones Exteriores y Culto a Diputados Nacionales, en la que se señaló expresamente que “la Comisión Nacional del Refugiado (CONARE), en ningún momento otorgó el carácter de refugiados al mencionado grupo de ciudadanos cubanos…”(fs. 139).
- recurso de hábeas corpus
- I.1.1. Hechos que motivan el recurso
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- 4.
- 7.
- 9.
- 3.
- 6.
- 12.
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- II.1.
- II.3.
- II.4.
- II.5.
- II.7.
- II.8.
- II.9.
- II.10.
- sometimiento de todos los poderes al orden constitucional y a las leyes;
- a sujetar y subordinar sus actos, decisiones y resoluciones, a las normas previstas por la constitución y las leyes”
- y un sometimiento al ordenamiento jurídico del país, así como el respeto y la protección de los derechos fundamentales y las garantías constitucionales
- en el sistema constitucional boliviano están reconocidos tanto a los nacionales como a los extranjeros, no otra cosa significa que la Ley Fundamental, al consagrarlos en su art. 7 hace referencia expresamente a “toda persona”, alocución que interpretada aplicando el principio de la fuerza expansiva de los derechos fundamentales y el principio pro hómine conduce a la conclusión que incluye a los nacionales como extranjeros
- prohibición de la arbitrariedad
- tienen sus propios límites en los valores supremos y principios fundamentales inherentes a todo Estado Democrático Constitucional
- 14 incs. h)
- comprendidos en cualquiera de las causales establecidas en el art. 48°
- conceder, anular, cancelar o prorrogar radicatorias y permanencias en el país, y determinar la expulsión de extranjeros, en los casos previstos por ley.
- conocer y resolver los asuntos que le son planteados en el marco de las atribuciones del SENAMIG, y dictar resoluciones administrativas para resolver los asuntos del Servicio
- migratorio
- el principio de la reserva legal, dicha restricción no puede y no debe ser establecida mediante un Decreto Supremo
- principio de la igualdad
- vulnera la garantía constitucional del debido proceso
- problemas jurídicos
- causales establecidas en el art. 48
- facultad
- tiene como límite los derechos fundamentales, a cuyo respeto se encuentran comprometidos todos los Estados.
- III.5. El caso analizado
- III.5.1. Con relación a la actuación de la Ministra de Gobierno
- mediante
- autoridades administrativas dependientes
- tuición
- a través de una Resolución expresa, motivada y pública, y menos justificó su accionar en razones de orden técnico, económico o legal,
- Derecho
- III.5.2. Respecto a la actuación de la Directora Nacional de Migración
- III.5.3.