SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0025/2017

En 2002, el período extraordinario de sesiones de la Asamblea General de las Naciones Unidas en favor de la infancia aprobó un enfoque de integración que incorporaba el trabajo infantil al programa de desarrollo. Ello entrañaba la necesidad de establecer un nuevo objetivo para el movimiento mundial de lucha contra el trabajo infantil. En términos políticos, ello conllevaba la incorporación del trabajo infantil al programa de los ministerios de finanzas y de planificación, ya que, después de todo, el movimiento mundial tiene que convencer a los gobiernos de que actúen para acabar con el trabajo infantil. La eliminación del trabajo infantil está, pues, más relacionada con la adopción de una serie de decisiones políticas que con una labor tecnocrática. Además, la situación real cotidiana de inestabilidad y crisis obstaculiza los intentos de realizar progresos”; resaltando en ese orden, que: “En el plan de acción se propone que la OIT y sus Estados Miembros sigan procurando lograr el objetivo de la eliminación efectiva del trabajo infantil comprometiéndose a eliminar todas las peores formas de trabajo infantil para 2016. A tales efectos y de conformidad con el Convenio núm. 182, todos los Estados Miembros deberían concebir y poner en práctica medidas apropiadas de duración determinada para finales de 2008. Si nos basamos en las tendencias respecto del trabajo infantil que se ponen de relieve en la parte I de este informe, se llega a la conclusión de que es posible alcanzar la meta de la eliminación de las peores formas de trabajo infantil para 2016. Por otra parte, esta meta sería concomitante y contribuiría tanto a los ODM como a la abolición efectiva de todas las formas de trabajo infantil, que es la meta fundamental de la OIT. (…) Esta transformación del enfoque con respecto al liderazgo mundial permitirá garantizar que la OIT contribuya de manera más eficaz a relegar el trabajo infantil a la historia”[3] (negrillas adicionadas).