SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 1017/2017-S1

Existen razones de interés público por las cuales se ha creado una jurisdicción especializada para la atención de controversias que involucren el interés del Estado. A partir de lo indicado, resulta evidente que las controversias que se susciten entre la administración y los  particulares no pueden ser objeto de conciliación o de transacción, puesto que aquellas controversias o discrepancias que tengan relación directa con los poderes y prerrogativas del poder público, (de las cuales no puede válidamente la administración desprenderse o renunciar), en la medida que tales poderes y facultades le son otorgadas por la Constitución y la ley como uno de los medios para atender y satisfacer las necesidades de los administrados y, en general, para proveer a la realización de los fines esenciales del Estado, de donde surge de modo  necesario e indiscutible la imposibilidad de disposición y de negociación de tales materias. La protección de los derechos de los particulares en este campo encuentra soporte y garantía, de una parte, en los mecanismos de autocontrol de la administración, como lo son los recursos de revocatoria y jerárquico (según lo establecido por la Ley de Procedimiento Administrativo); y, de otra, en el control judicial que de los actos administrativos está asignado al juez contencioso administrativo, sin perjuicio de que pueda acudirse a otros medios y acciones de control y de defensa que consagran la Constitución y la ley; sin embargo, el legislador boliviano no tiene prevista la vía conciliatoria para dirimir asuntos que involucran a la administración pública, precisamente porque no hay puntos “negociables” en el ejercicio de sus competencias, a partir del mismo razonamiento resulta inviable someter los intereses del Estado al arbitraje.