SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 1017/2017-S1

Por lo expuesto, corresponde unificar al juez natural y su tutela a través de la acción de amparo constitucional de forma que en los procesos judiciales y administrativos todo acto sin competencia o jurisdicción que puedan afectar al juez competente como elemento del juez natural debe tutelarse por los recursos ordinarios previstos por el legislador y agotados los mismos, siempre y cuando exista vulneración a derechos y garantías mediante acción de amparo constitucional y no por el recurso directo de nulidad, lo contrario afectaría las competencias naturales de los jueces y autoridades naturales competentes entendimiento que por el principio pro actione y de favorabilidad deberá aplicarse a los casos en tramitación.

Dicho nuevo entendimiento es una precisión de la SCP 0265/2012 de 4 de junio, adoptado por Sala Plena del Tribunal Constitucional Plurinacional establece que: '…no puede soslayarse igualmente que en los procedimientos administrativos, la nulidad puede ser invocada en los recursos que la ley faculta a los administrados, lo que puede ser planteado ya sea conforme a la Ley de Procedimientos Administrativos o procedimientos administrativos especiales contenidos en las entidades que cumplan una función administrativa, por delegación estatal, o entidades supeditadas a leyes especiales.

Toda vez que las acciones de defensa y conflictos de competencia tratan cuestiones relativas a la competencia y, según el caso, pueden terminar por declarar la invalidez de los actos impugnados, debe sin embargo asumirse que cada uno de estos procedimientos constitucionales tienen una naturaleza propia y su tratamiento es independiente uno del otro'.

Finalmente, este entendimiento es congruente con el Código Procesal Constitucional que establece en su art. 146, como causales de improcedencia del recurso directo de nulidad: '1. Supuestas infracciones al debido proceso. 2. Las resoluciones dictadas por las autoridades judiciales, excepto cuando hubieran sido dictadas después de haber cesado o suspendidas en el ejercicio de sus funciones a causa de un proceso administrativo disciplinario en su contra. Esta última previsión es aplicable a las demás autoridades'. Norma que si bien no es aplicable al caso concreto, se la cita solo de manera referencial ante la vigencia del Código Procesal Constitucional”

En consecuencia, la presente modulación no tiene ninguna limitación temporal para su aplicabilidad tanto en procesos en curso como en procesos aparentemente concluidos, dado que no existe cosa juzgada si es producto de la lesión al debido proceso en cualquiera de sus elementos (pues solo resulta aparente), así como tampoco es tolerable convalidar la competencia de autoridades o instituciones que nunca la tuvieron, en consecuencia, corresponderá en primera instancia a los operadores de justicia el pronunciamiento sobreviniente y fundamentado sobre su competencia; en defecto, la activación del yerro procesal corresponderá a instancia de parte, todo en pro, de la obtención de una resolución que cierre la controversia judicial con plena garantía de su legitimidad y ejecutividad, pues el desarrollo de procesos sin competencia solo contribuye al desgaste inútil de recursos humanos y económicos, que solo contribuyen a la mora procesal, no deseada por ninguno de los partícipes de la administración de justicia, en todos sus niveles.