INCIDENTE DE INEJECUCIÓN 493/2001. FRANCISCO ARTEAGA ALDANA.

"Existe un reclamo frecuente por parte de abogados y particulares, en virtud de que las sentencias de amparo no siempre se ejecutan. Ello ocasiona que personas que vencen en juicio a una autoridad, no obtienen la protección de sus derechos por no ejecutarse la sentencia. De ahí que la iniciativa presenta una propuesta de modificación en lo concerniente a la ejecución de las sentencias de amparo.

"Las dificultades para lograr el cumplimiento de las sentencias tienen varios orígenes por una parte, la única sanción por incumplimiento es tan severa, que las autoridades judiciales han tenido gran cuidado de imponerla. Por otra parte, en ocasiones se ha evidenciado falta de voluntad de algunas autoridades responsables para cumplir la resolución de un juicio en que hubieren sido derrotadas. Finalmente, en ocasiones las autoridades responsables, ante la disyuntiva que se plantea entre ejercer el derecho hasta sus últimas consecuencias dando pie a conflictos sociales de importancia, o tratar de preservar el orden normativo optan por no ejecutar la sentencia. Con todo, no es posible que en un Estado de derecho se den situaciones en que no se cumpla con lo resuelto por los tribunales. En la presente iniciativa se propone un sistema que permitirá a la Suprema Corte de Justicia contar con los elementos necesarios para lograr un eficaz cumplimiento y, a la vez, con la flexibilidad necesaria para hacer frente a situaciones reales de enorme complejidad. El sistema de cumplimiento que se plantea es lo suficientemente preciso como para que también pueda utilizarse en la ejecución de las sentencias dictadas en los casos de controversias constitucionales y acciones de inconstitucionalidad previstas en el artículo 105. La iniciativa incluye las correspondientes remisiones. En la reforma se propone modificar la fracción XVI del artículo 107 constitucional a fin de dotar a la Suprema Corte de Justicia de las atribuciones necesarias para permitirle valorar el incumplimiento de las sentencias, al punto de decidir si el mismo es o no excusable. Esta posibilidad permitirá que los hechos sean debidamente calificados y que se decida cómo proceder en contra de la autoridad responsable."

Como se ve, la reforma de la fracción XVI del artículo 107 constitucional en comento, cuya vigencia, conforme al artículo noveno transitorio del decreto en cuestión, se encontraba condicionada a la reforma correspondiente en la Ley de Amparo, permite destacar la preocupación del Poder Reformador de la Constitución sobre el problema de inejecución de sentencias de amparo generado por las autoridades desobedientes o contumaces, que ha traído como resultado inaceptable que por no ejecutarse el mandato federal se postergue la protección de los derechos de los gobernados agraviados por actos de autoridad.

Además, aun cuando quedó reconocido que el incumplimiento de la sentencia de amparo puede tener varias causas, lo cierto es que el legislador destacó de manera primordial que "no es admisible que en un Estado de derecho se den situaciones, cualquiera que éstas sean, en que no se cumpla con lo resuelto por los tribunales de amparo".

Así, mediante la referida iniciativa se propuso el fortalecimiento del sistema preexistente para lograr el cumplimiento eficaz de las sentencias de amparo, hasta el grado de dotar a esta Suprema Corte de Justicia de la Nación de las más amplias facultades para calificar el incumplimiento.

De todo lo relatado hasta este punto, se advierte que conforme a las normas vigentes, entre los medios de apremio otorgados por la Ley Fundamental a esta Suprema Corte de Justicia de la Nación para obtener el eficaz cumplimiento de las sentencias de amparo, está la irrenunciable atribución relativa a la separación del cargo y la consignación inmediata de la autoridad responsable, prevista en el párrafo único de la fracción XVI del artículo 107 constitucional, cuya aplicación requiere previamente que el tribunal de amparo haya agotado los procedimientos, seguido los principios y respetado las etapas o fases inherentes al incidente de inejecución de sentencia, inmersos en los artículos que conforman el capítulo XII, denominado "De la ejecución de las sentencias", de la Ley de Amparo, que disponen lo siguiente:

"Artículo 104. En los casos a que se refiere el artículo 107,fracciones VII, VIII y IX, de la Constitución Federal, luego que cause ejecutoria la sentencia en que se haya concedido el amparo solicitado, o que se reciba testimonio de la ejecutoria dictada en revisión, el Juez, la autoridad que haya conocido del juicio o el Tribunal Colegiado de Circuito, si se interpuso revisión contra la resolución que haya pronunciado en materia de amparo directo, la comunicará, por oficio y sin demora alguna, a las autoridades responsables para su cumplimiento y la harán saber a las demás partes.

"En casos urgentes y de notorios perjuicios para el quejoso, podrá ordenarse por la vía telegráfica el cumplimiento de la ejecutoria, sin perjuicio de comunicarla íntegramente, conforme al párrafo anterior.

"En el propio oficio en que se haga la notificación a las autoridades responsables, se les prevendrá que informen sobre el cumplimiento que se dé al fallo de referencia."

"Artículo 105. Si dentro de las veinticuatro horas siguientes a la notificación a las autoridades responsables la ejecutoria no quedare cumplida, cuando la naturaleza del acto lo permita, o no se encontrare en vías de ejecución en la hipótesis contraria, el Juez de Distrito, la autoridad que haya conocido del juicio o el Tribunal Colegiado de Circuito, si se trata de revisión contra resolución pronunciada en materia de amparo directo requerirán, de oficio o a instancia de cualquiera de las partes, al superior inmediato de la autoridad responsable para que obligue a ésta a cumplir sin demora la sentencia; y si la autoridad responsable no tuviere superior, el requerimiento se hará directamente a ella. Cuando el superior inmediato de la autoridad responsable no atendiere el requerimiento, y tuviere, a su vez, superior jerárquico, también se requerirá a este último.

"Cuando no se obedeciere la ejecutoria, a pesar de los requerimientos a que se refiere el párrafo anterior, el Juez de Distrito, la autoridad que haya conocido del juicio o el Tribunal Colegiado de Circuito, en su caso, remitirán el expediente original a la Suprema Corte de Justicia, para los efectos del artículo 107, fracción XVI de la Constitución Federal, dejando copia certificada de la misma y de las constancias que fueren necesarias para procurar su exacto y debido cumplimiento, conforme al artículo 111 de esta ley.