Tribunal Constitucional Plurinacional de Bolivia
SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 1978/2014
Fecha: 13-Nov-2014
Fragmento 22
Lo expresado tiene relación con lo expresado por la Corte Constitucional de Colombia cuando estableció los cargos mínimos en su Sentencia C-1052/01: “Las razones son específicas si definen con claridad la manera como la disposición acusada desconoce o vulnera la Carta Política a través 'de la formulación de por lo menos un cargo constitucional concreto contra la norma demandada'. El juicio de constitucionalidad se fundamenta en la necesidad de establecer si realmente existe una oposición objetiva y verificable entre el contenido de la ley y el texto de la Constitución Política, resultando inadmisible que se deba resolver sobre su inexequibilidad a partir de argumentos 'vagos, indeterminados, indirectos, abstractos y globales' que no se relacionan concreta y directamente con las disposiciones que se acusan. Sin duda, esta omisión de concretar la acusación impide que se desarrolle la discusión propia del juicio de constitucionalidad”.
- acción de inconstitucionalidad abstracta
- I.1. Contenido de la acción
- a) Alegaciones contra el art. 6.2 y 3 de la Ley 387
- b) Alegaciones contra el art. 9.18 y 19 de la Ley 387
- c) Alegaciones contra el art. 9.19 de la Ley 387
- d) Alegaciones contra el art. 12 de la Ley 387
- e) Alegaciones contra el art. 13 de la Ley 387
- f) Alegaciones contra el art. 14 de la Ley 387
- g) Alegaciones en contra del art. 15 de la Ley 387
- h) Alegaciones contra el art. 19.I y II de la Ley 387
- j) Alegaciones contra el art. 27 de la Ley 387
- k) Alegaciones contra el art. 28 de la Ley 387
- m)
- n) Alegaciones respecto al art. 42.7 de la Ley 387
- I.2. Admisión y citaciones
- 1)
- II.
- 1; 2; 6.2 y 3; 9 numerales 1, 18 y 19; 12; 13; 14; 15; 19.I y II; 20; 27.II; 28.I; 33; 35; 40.8; 42.7;
- III.1. Naturaleza jurídica y alcances de la acción de inconstitucionalidad abstracta y alcance del control normativo de constitucionalidad
- Fragmento 20
- III.2. Argumentos jurídicos constitucionales, cargos de constitucionalidad a ser cumplidos
- Fragmento 22
- III.2.1. Consideraciones previas
- III.2.2. El principio de irretroactividad
- III.2.3. Del principio de libre asociación
- III.2.4. Cosa juzgada en acciones de inconstitucionalidad
- III.3.1. Sobre la inconstitucionalidad del art. 6.2 y 3 de la Ley 387
- registro
- Fragmento 29
- III.3.2. Sobre la inconstitucionalidad del art.9.1 de la Ley 387
- III.3.3. Respecto a la inconstitucionalidad del art. 9.18 y 19
- En el caso concreto, cuando la norma impugnada establece que las abogadas y los abogados que no se encuentran registrados en el Ministerio de Justicia y cuenten con matrículas expedidas por los Colegios de Abogados, tendrán validez mientras dure el plazo para su registro en el Ministerio de Justicia, no se encuentra discriminando a profesionales, lo que pretende es que todos los abogados se encuentren registrados en el Ministerio de Justicia, ente que de acuerdo a lo establecido en la Ley cuestionada es la entidad que debe regular el ejercicio de la abogacía, es decir, que no existe ningún trato desigual respecto a unos u otros profesionales abogados, a todos se les exige, a efectos de controlar el ejercicio profesional, que cuenten con un registro en dicho Ministerio
- El nuevo registro tampoco resulta ser contrario al principio de irretroactividad de la norma, pues cuando se pretenda favorecer la obtención del bien común, es posible que el legislador establezca un nuevo registro, que no significa la aplicación retroactiva de una norma; en el presente caso la regulación del ejercicio de la abogacía se encuentra justificada en el entendido de que el legislador ordinario ha considerado, que el ejercicio de la abogacía es una función social al servicio de la sociedad, del derecho y la justica y por lo cual debe ser regulada por una entidad Estatal; en ese orden, a fin de resguardar el interés general, se concluye que el nuevo registro de abogado es diferente a los registros llevados anteriormente en los Colegios de Abogados, por lo que no representa ser una obligación irrazonable, sino que se encuentra justificada en la necesidad de la supervisión y regulación del ejercicio de la abogacía a través del Ministerio de Justicia, que se vería imposibilitado de cumplir con tal labor sin contar con un registro de todos los abogados del Estado
- III.3.4. Sobre la inconstitucionalidad del art. 12 de la Ley 387
- III.3.5. Respecto a la inconstitucionalidad del art. 13 de la Ley 387
- III.3.6. Sobre la inconstitucionalidad del art. 14 de la Ley 387
- III.3.7. Respecto a la inconstitucionalidad del art. 15 de la Ley 387
- III.3.8. Sobre la inconstitucionalidad del art. 19 I y II de la Ley 387
- III.3.10. Sobre la inconstitucionalidad del art. 27 de la Ley 387
- III.3.11. Sobre la inconstitucionalidad del art. 28 de la Ley 387
- III.3.12. Sobre la presunta inconstitucionalidad de los arts. 33 y 35 de la Ley 387
- III.3.13. Alegaciones respecto a los arts. 40.8 de la Ley 387
- III.3.14. Respecto al art. 42.7
- III.3.15. Alegaciones respecto a la Disposición Transitoria Segunda de la Ley 387
- III.4. Consideraciones finales
- 3°