DECLARACIÓN CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0008/2016

La DCP 0154/2015 declaró la incompatibilidad de los arts. 66.II y III, 67, 68, 69.I numerales 2, 3; 72.II y 95.I.7, puesto que en dichas disposiciones el Proyecto de Carta Orgánica Municipal reguló siendo contrario al art. 241 de la CPE, define que: “I. El pueblo soberano, por medio de la sociedad civil organizada, participará en el diseño de las políticas públicas. II. La sociedad civil organizada ejercerá el control social a la gestión pública en todos los niveles del Estado, y a las empresas e instituciones públicas, mixtas y privadas que administren recursos fiscales. III. Ejercerá control social a la calidad de los servicios públicos. IV. La ley establecerá el marco general para el ejercicio del control social. V. La sociedad civil se organizará para definir la estructura y composición de la participación y control social. VI. Las entidades del Estado generarán espacios de participación y control social por parte de la sociedad”; por su parte el art. 5.17 de la LMAD, establece como uno de sus principios que rigen para las ETA, la ‘Participación y Control Social: Los órganos del poder público en todos sus niveles garantizarán la participación y facilitarán el control social sobre la gestión pública por parte de la sociedad civil organizada, de acuerdo a lo establecido en la Constitución Política del Estado, la presente Ley y las normas aplicables’; asimismo, el art. 36 de la citada Ley, señala que: ‘La carta orgánica o la norma municipal establecerán obligatoriamente, en coordinación con las organizaciones sociales ya constituidas, el ejercicio de la participación y control social, conforme a ley’; y finalmente el art. 138 de la LMAD, indica que: ‘I. La normativa de los gobiernos autónomos, debe garantizar la participación y el control social, sin discriminación de orden social, económico, político u otros, de conformidad a las previsiones de la ley correspondiente, II. La participación se aplica a la elaboración de políticas públicas, como a la planificación, seguimiento y evaluación, mediante mecanismos establecidos y los que desarrollen los gobiernos autónomos en el marco de la ley’; ahora bien, como se citó anteriormente la Ley Fundamental es muy clara cuando señala que: ‘El pueblo soberano, por medio de la sociedad civil organizada…’ (art. 241.I de la CPE) (las negrillas son nuestras), dicho de otro modo, es el pueblo como único titular de la soberanía que se organiza para cumplir las tareas de control y participación social”; una vez revisado los ahora arts. 61.II y III, 62, 63, 64.2 y 3 y el art. 67.II fueron adecuados conforme a la Declaración primigenia, por lo expuesto, se declara la compatibilidad con la Constitución Política del Estado.

El antes art. 95.7 fue declarado incompatible por la DCP 00154/2015; sin embargo el estatuyente optó por eliminarlo y en atención al art. 116 del CPCo, que establece el objeto del control previo de constitucionalidad de los proyectos de estatutos autonómicos y cartas orgánicas es confrontar el contenido de dichos instrumentos normativos con la Constitución Política del Estado y garantizar la supremacía constitucional y al haberse eliminado dicho numeral, no existe contenido normativo que confrontar; por lo que, no se realiza dicho control.