SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0339/2021-S3

Al respecto del Dictamen Pericial cuestionado en relación al punto de pericia seis referente a la verificación de la existencia de certificación presupuestaria (certificación, fecha, código, objeto del gasto, partida e importe) y en cuanto a la diferencia del monto total del precio de la provisión de equipos de computación para el programa “Una computadora por alumno”, concluyó: “EN BASE AL ESTUDIO DE LA DOCUMENTACIÓN PROPORCIONADA POR EL MINISTERIO PÚBLICO, SE EVIDENCIA QUE PARA EL PROCESO DE CONTRATACIÓN ‘UNA COMPUTADORA POR ALUMNO’
SE EMITIERON DOS CERTIFICACIONES PRESUPUESTARIAS
EN FECHAS DIFERENTES 26 DE JUNIO DE 2012, Y 31 DE AGOSTO, POR Bs.16.785.549,00 (…) Y Bs.20.579.933,00 (…) RESPECTIVAMENTE, HACIENDO UN TOTAL DE Bs.37.365,482,00 (…), CON CARGO A LA PARTIDA PRESUPUESTARIA 43120 ‘EQUIPO DE COMPUTACIÓN’ Y FUENTE DE FINANCIAMIENTO 20-210 RECURSOS PROPIOS, MONTO INSUFICIENTE PARA CUBRIR EL CONTRATO ADMINISTRATIVO DE BIENES N° 1036/2012 SUSCRITO POR UN MONTO DE Bs.38.568.595,00 (…) EXISTIENDO UNA DIFERENCIA Bs.1.203.113,00 (…), PERO ADEMÁS SE DEBE HACER NOTAR QUE NO SE CUENTA CON EL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL (POA) CORRESPONDIENTE AL PERIODO 2012 DOCUMENTO QUE NOS PODRIA REFLEJAR CON EXACTITUD CUANTO ERA EL MONTO DISPONIBLE PARA DICHA ADQUISICIÓN, TODA VEZ QUE NO SE TIENE INFORMACIÓN SOBRE LOS PAGOS REALIZADOS POR DICHA ADQUISICION” (sic).

A partir de la conclusión a la que arribó el auditor forense, si bien tal como lo reclama la parte peticionante de tutela el Fiscal Departamental manifestó de que al haberse establecido que los datos no se consignaron en un sistema contable, sino manualmente, los datos reflejados no serían precisos, poniendo en duda el monto real del presupuesto; cabe señalar que, del Dictamen emitido en efecto no se advierte que tal referencia haya sido expuesta por el auditor; no obstante, seguidamente la autoridad Fiscal Departamental concluyó indicando que incluso de ser evidente la aseveración realizada por el perito, ello a su criterio tampoco develaría un daño económico al ente municipal o la utilización de otros fondos para la ejecución del proyecto como correspondería acreditar a fin de la configuración de los delitos de conducta antieconómica y malversación.

De lo expresado, es preciso señalar que a criterio del Fiscal Departamental lo manifestado en el Dictamen Pericial no resultaba suficiente a fin de acreditar la configuración de daño económico y la utilización de otros fondos para la ejecución del proyecto, debiendo considerar que al respecto también se refirió al Informe Técnico 080/2017 emitido por el Encargado de Planificación Estratégica de Desarrollo del GAM de Yacuiba en el que se hizo referencia a una reformulación del POA 2012 en la que se inyectaron al presupuesto fondos en un monto de Bs20 579 933,00.- concluyendo que el proyecto sí estaba registrado en el POA, mismo que, conforme sostiene, podía ser factible de realizarse hasta dos modificaciones. Argumentos bajo los cuales la autoridad fiscal decidió no otorgar un valor con probabilidad positiva a dicho dictamen, más que nada sosteniendo que a partir de su aseveración tampoco se demostraba la utilización de otros fondos para la ejecución del proyecto que se entiende estaba relacionado a fin de acreditar la configuración del delito de malversación; por lo que, a partir de lo manifestado por la indicada autoridad no se advierte una valoración fuera de los marcos de razonabilidad y equidad del dictamen pericial que evoque una valoración arbitraria como lo denuncia la parte accionante, correspondiendo en cuanto al mismo denegar la tutela solicitada.