SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0339/2021-S3
Fecha: 09-Jul-2021
Sobre la valoración de la prueba
En cuanto a la valoración de la prueba en sede constitucional debe considerarse lo establecido en el Fundamento Jurídico III.2 de este fallo constitucional, que expresamente determinó que la jurisdicción constitucional se encuentra impedida de efectuar dicha labor; empero, sí puede y debe verificar si en la valoración denunciada las autoridades se apartaron de los marcos legales de razonabilidad y equidad, si omitieron total o parcialmente algún elemento probatorio o si la decisión se basó en un medio probatorio inexistente o se le asignó un valor distorsionado del que estaba destinado a probar; sin embargo, en ningún caso le corresponde a la justicia constitucional valorar directamente la prueba o volver a valorarla. Asimismo, a fin de ingresar a verificar la labor valorativa efectuada por las autoridades accionadas, el solicitante de tutela debe cumplir con ciertos requisitos, debiendo realizar el señalamiento específico de los elementos de prueba que fueron valorados al margen de la razonabilidad y equidad, que fueron omitidos en la valoración o que se les otorgó un valor distorsionado; por otro lado, también debe demostrar la lógica consecuencia de que su incumplimiento ocasionó la lesión de derechos fundamentales y/o garantías constitucionales al afectado, traduciéndose en relevancia constitucional, debiendo expresar la medida en que dicha errónea u omisiva valoración repercute en la decisión final, pues no toda irregularidad u omisión procesal en materia de prueba causa por sí misma indefensión material constitucionalmente relevante.
En ese marco, de lo denunciado en la presente acción tutelar se tiene que al respecto la parte impetrante de tutela cuestionó, en distintas formas, los siguientes elementos probatorios: el Dictamen Pericial en Auditoría Forense R.G. IDIF: 203/2019 INV. ESP. AUD. 001/2019, emitido por Gino Jimmy Armaza Peducase, Auditor Forense del IDIF; el Informe D.E./U.T.A.:41/2018, elaborado por Paola Bustamante, Encargada de Unidad Tecnológica Aguarague del GAM de Yacuiba; el POA de la gestión 2012; y, el Informe Técnico de 15 de diciembre de 2016, emitido por Daniel Ricardo Córdova Oblitas, contador de la empresa YUPANA S.R.L.
- acción de amparo constitucional
- I.1.1. Hechos que motivan la acción
- I.1.2. Derechos, garantía y principios supuestamente vulnerados
- I.1.3. Petitorio
- I.2. Audiencia y Resolución del Tribunal de garantías
- a)
- 1)
- i)
- concedió parcialmente
- II.3.
- II.6.
- II.7.
- II.8.
- III.1. La fundamentación, motivación y congruencia de las resoluciones como componentes del debido proceso
- se debe demostrar la lógica consecuencia de que su incumplimiento ocasionó lesión de derechos fundamentales y/o garantías constitucionales al afectado; lo que se traduce en relevancia constitucional.
- debe invocar la lesión a sus derechos fundamentales
- en qué medida, en lo conducente, dicha valoración cuestionada de irrazonable
- III.3. Sobre la motivación y fundamentación de las resoluciones emitidas por el Ministerio Público
- verificar si en esa labor no se han quebrantado los principios
- cuando una actuación judicial contiene una decisión arbitraria, con evidente repercusión en el proceso, en perjuicio de los derechos fundamentales de una de las partes, pueden ser susceptibles de controversia en sede de tutela
- a menos que pueda constatarse una arbitrariedad manifiesta por parte de la autoridad emplazada que ponga en evidencia la violación de derechos de naturaleza constitucional
- III.5. Análisis del caso concreto
- Sobre la idoneidad o no del “recurso de revisión” planteado ante el Fiscal General del Estado
- deben ser los idóneos y efectivos; vale decir, aquellos que se encuentran establecidos por ley para cada situación o caso en particular, no siendo coherente acudir a un medio o recurso legal que se sabe de antemano resultará inviable
- Sobre la Resolución RJ/RS/AFAB/644-2019 de 1 de agosto
- Respecto al elemento de congruencia
- ii)
- iii)
- iv)
- v)
- vi)
- vii)
- viii)
- ix)
- x)
- xi)
- Primer argumento
- Segundo argumento
- Tercer argumento
- Cuarto argumento
- Quinto argumento
- Sexto argumento
- Séptimo argumento (otros agravios)
- Sobre la valoración de la prueba
- Con relación al plazo de cumplimiento del contrato
- En cuanto a la inexistencia de fondos en el POA
- EN BASE AL ESTUDIO DE LA DOCUMENTACIÓN PROPORCIONADA POR EL MINISTERIO PÚBLICO, SE EVIDENCIA QUE PARA EL PROCESO DE CONTRATACIÓN ‘UNA COMPUTADORA POR ALUMNO’ SE EMITIERON DOS CERTIFICACIONES PRESUPUESTARIAS EN FECHAS DIFERENTES 26 DE JUNIO DE 2012, Y 31 DE AGOSTO, POR Bs.16.785.549,00
- En cuanto a las cotizaciones
- dichas cotizaciones no refleja datos completos que nos pueda revelar si las características técnicas de los equipos de computación cotizados son las mismas que las ofrecidas por la empresa ‘Yupana S.R.L.
- EN BASE AL ESTUDIO DE LA DOCUMENTACIÓN PROPORCIONADA POR EL MINISTERIO PÚBLICO, SE PUDO EVIDENCIAR QUE EL PRECIO OFERTADO POR LA EMPRESA ‘YUPANA S.R.L.’ PARA LA ADQUISICIÓN DE DOCE MIL QUINIENTOS
- Sobre el Informe D.E./U.T.A.:41/2018 de 12 de septiembre
- FOLIO 000365 al 00437 DE CARPETA 1
- 3249.75 BOLIVIANOS por computadora (folio 000367-000368 DE CARPETA 1)
- folio 00375 DE CARPETA 1
- CONCLUSIONES
- FOLIO 000116 DE CARPETA 1
- Sobre el POA de la gestión 2012
- Sobre el Informe Técnico de 15 de diciembre de 2016
- Sobre la falta de fundamentación y motivación
- III.6. Otras consideraciones
- CONFIRMAR
- 1° CONCEDER en parte
- 2° DENEGAR