SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0339/2021-S3

Al respecto, y conforme se refirió al inicio de este apartado, toda denuncia en sede constitucional que evoque una errónea o incorrecta labor valorativa, debe cumplir además del señalamiento específico de los elementos que hubiesen sido considerados fuera de los marcos de razonabilidad y equidad, omitidos en su valoración, o que fueron distorsionados a tiempo de ser considerados, deben también cumplir con la acreditación de su relevancia constitucional traducida en la incidencia de lo denunciado en la decisión final. En ese marco, y de la revisión efectuada a la Resolución jerárquica que se cuestiona, se evidencia que dicho Informe de 15 de diciembre de 2016, si bien fue considerado por la autoridad fiscal para sostener que los gastos efectuados por la empresa YUPANA S.R.L. también incluyeron los costos de adquisición, transporte, tramites, pago por el arancel aduanero, etc., se advierte que su referencia y consideración no constituye el análisis central sobre el cual dicha autoridad fundó su decisión de ratificar la Resolución Fiscal de Rechazo, no advirtiéndose que, si dicho informe fuera abstraído del análisis realizado por la indicada autoridad, la decisión asumida por la misma tenga un efecto modificatorio; por lo que, a partir de lo mencionado, no evidenciándose que la parte peticionante de tutela haya cumplido con la carga argumentativa que demuestre la relevancia constitucional para que en su caso, de establecerse una decisión anulatoria respecto a la Resolución jerárquica y a cuyo efecto se disponga la emisión de un nuevo fallo sin considerar este elemento indiciario cuestionado, en efecto vaya a modificar la decisión asumida; en consecuencia, al respecto simplemente corresponde denegar la tutela solicitada.

Finalmente respecto al tema de valoración, la parte accionante de forma general refirió que el Fiscal Departamental de Tarija, no habría considerado cada uno de los elementos indiciarios colectados en la investigación; sobre ello, cabe remitirnos una vez más a los presupuestos establecidos por la jurisprudencia a partir de los cuales se permite en sede constitucional ingresar a revisar la labor valorativa efectuada por las autoridades accionadas, siendo el primero de ellos el establecer específicamente los elementos que se consideran valorados al margen de la razonabilidad equidad, que fueron omitidos en su valoración o que fueron distorsionados a tiempo de considerarlos, requisito que la parte impetrante de tutela únicamente cumplió en relación al Dictamen Pericial en Auditoría Forense R.G. IDIF: 203/2019 INV. ESP. AUD. 001/2019, emitido por Gino Jimmy Armaza Peducase, Auditor Forense del IDIF; el Informe D.E./U.T.A.:41/2018, elaborado por Paola Bustamante, Encargada de Unidad Tecnológica Aguarague del GAM de Yacuiba; el POA de la gestión 2012; y, el Informe Técnico de 15 de diciembre de 2016, emitido por Daniel Ricardo Córdova Oblitas, contador de la empresa YUPANA S.R.L., no siendo posible a partir de la alusión general de que la autoridad fiscal no habría valorado cada uno de elementos colectados, que este Tribunal ingrese a revisar la labor valorativa; por lo tanto, en cuanto a lo mencionado y no habiendo observado este primer presupuesto, igualmente corresponde denegar la tutela impetrada.