SENTENCIA CONSTITUCIONAL Nº 22/2002
Fecha: 06-Mar-2002
II.9
II.9 Por otra parte -continúa- la supuesta inconstitucionalidad del art. 91-a.5) del RGAP no es evidente porque se trata de un proceso administrativo por una infracción cometida en un Área Protegida, de lo que se concluye que la autoridad responsable de imponer la sanción, mediante proceso, y ejecutar la resolución del mismo es la autoridad administrativa, al igual que un proceso en la justicia ordinaria, quien ejecuta las sentencias son las autoridades de primera instancia, no existiendo ningún viso de inconstitucionalidad en ello. Lo propio sucede con los procesos administrativos determinados en la normativa aduanera, forestal, y otras. A más, si es necesario, de acuerdo a la norma citada, la autoridad de primera instancia, o sea el Director del Área Protegida, tiene la potestad de acudir a una autoridad judicial para lograr su cometido.
- VISTOS:
- I.1
- I.2
- I.3
- I.4
- I.5
- I.6
- CONSIDERANDO II
- II.1
- II.2
- II.3
- II.4
- II.5
- II.6
- II.7
- II.9
- II.10
- II.11
- Fragmento 19
- III.1
- III.2
- revocó
- V.1
- V.2
- V.3
- V.4
- la Prefectura, a través de su Secretaría de Desarrollo Sostenible y Medio Ambiente, es la autoridad competente a nivel departamental
- V.5
- el proceso administrativo sancionador a instaurarse cuenta con dos etapas: la sumaria o de primera instancia y la de apelación o segunda instancia.
- V.7
- V.8
- “
- V.9
- V.10
- la condición de que cumpla una función social
- V.11
- V.12
- Fragmento 38
- V.13
- VI.14
- VI.15
- CONSIDERANDO VI
- POR TANTO: