DECLARACIÓN CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0078/2017

De igual forma, la Ley de Participación y Control Social señala lo siguiente: ‘Artículo 3. (FINES). La presente Ley tiene por fines: Fortalecer la democracia participativa, representativa y comunitaria, basada en el principio de soberanía popular, en el marco del ejercicio activo de los derechos establecidos en la Constitución Política del Estado. (…) 7. Fomentar y facilitar el ejercicio plural, efectivo, equitativo del derecho de Participación y Control Social en la gestión pública. (…) Artículo 5. (DEFINICIONES). 1. Participación. Es un derecho, condición y fundamento de la democracia, que se ejerce de forma individual o colectiva, directamente o por medio de sus representantes; en la conformación de los Órganos del Estado, en el diseño, formulación y elaboración de políticas públicas, en la construcción colectiva de leyes, y con independencia en la toma de decisiones. 2. Control Social. Es un derecho constitucional de carácter participativo y exigible, mediante el cual todo actor social supervisará y evaluará la ejecución de la Gestión Estatal, el manejo apropiado de los recursos económicos, materiales, humanos, naturales y la calidad de los servicios públicos y servicios básicos, para la autorregulación del orden social.’ Como se puede observar, el ejercicio de la participación y control social se constituye en un derecho constitucional, por lo que prever su regulación como un deber es completamente erróneo por no adecuarse a los preceptos constitucionales.