Emitido dentro de un proceso por Homicidio en riña o a consecuencia de agresión, que
Emitido dentro de un proceso por Homicidio en riña o a consecuencia de agresión, que estableció la siguiente doctrina legal aplicable al evidenciarse que la resolución impugnada fue emitida sin la observancia de las reglas del debido proceso, seguridad jurídica y las garantías constitucionales, incurriendo en un defecto absoluto al tenor del art. 169 inc. 3) del CPP:
“El debido proceso, garantía, derecho y principio, reconocido así por la Constitución Política del Estado, halla su máxima expresión en el ejercicio pleno de las partes procesales de sus derechos y garantías previstas en la normativa suprema, convenios y tratados internacionales y la Ley; ejercicio que debe ser garantizado por el Estado en todas las etapas del proceso penal hasta su conclusión, cuidando que se desarrollen en el marco del respeto a los derechos fundamentales de la persona, sea aquella el acusador particular o público, y el acusado; mandato del que proviene el derecho a la seguridad jurídica, que obliga al órgano jurisdiccional a brindar a las partes la seguridad de que las decisiones asumidas, se enmarquen en los preceptos establecidos en la Ley.
El principio de tipicidad, que debe ser observado a momento de emitir la Sentencia, en resguardo al derecho a la seguridad jurídica y por ende al debido proceso, en materia penal, establece la obligación impuesta a los Jueces, Tribunales de Sentencia y excepcionalmente los Tribunales de Apelación, de aplicar debidamente la ley penal sustantiva encuadrando la conducta del imputado exactamente en el marco descriptivo de la ley penal a efectos de no incurrir en violación de garantías constitucionales, subsunción que debe encontrarse debidamente motivada, explicando las razones por las que la conducta de uno o más imputados, se adecua al tipo penal por el que se le sanciona; la calificación errónea del marco descriptivo de la ley penal deviene en defecto absoluto insubsanable, mas aun si se condena por hechos no cometidos y de caracteres y participación diferente a la acusada y probada
“El debido proceso, garantía, derecho y principio, reconocido así por la Constitución Política del Estado, halla su máxima expresión en el ejercicio pleno de las partes procesales de sus derechos y garantías previstas en la normativa suprema, convenios y tratados internacionales y la Ley; ejercicio que debe ser garantizado por el Estado en todas las etapas del proceso penal hasta su conclusión, cuidando que se desarrollen en el marco del respeto a los derechos fundamentales de la persona, sea aquella el acusador particular o público, y el acusado; mandato del que proviene el derecho a la seguridad jurídica, que obliga al órgano jurisdiccional a brindar a las partes la seguridad de que las decisiones asumidas, se enmarquen en los preceptos establecidos en la Ley.
El principio de tipicidad, que debe ser observado a momento de emitir la Sentencia, en resguardo al derecho a la seguridad jurídica y por ende al debido proceso, en materia penal, establece la obligación impuesta a los Jueces, Tribunales de Sentencia y excepcionalmente los Tribunales de Apelación, de aplicar debidamente la ley penal sustantiva encuadrando la conducta del imputado exactamente en el marco descriptivo de la ley penal a efectos de no incurrir en violación de garantías constitucionales, subsunción que debe encontrarse debidamente motivada, explicando las razones por las que la conducta de uno o más imputados, se adecua al tipo penal por el que se le sanciona; la calificación errónea del marco descriptivo de la ley penal deviene en defecto absoluto insubsanable, mas aun si se condena por hechos no cometidos y de caracteres y participación diferente a la acusada y probada
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- Auto Supremo 113 de 31 de enero de 2007
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- Que los supuestos de errónea aplicación de la ley adjetiva se refieren: a) a los
- Auto Supremo 178 de 16 de julio de 2012
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- Auto Supremo 206 de 9 de agosto 2012
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- Auto Supremo 307 de 11 de junio de 2003
- Resolución que dejó sin efecto el auto impugnado en razón a que no correspondía anular
- Las normas procesales son de orden público y por consiguiente de cumplimiento obligatorio, si en
- IV
- Respetando el principio constitucional de celeridad, los Tribunales y Jueces inferiores, están obligados a cumplir
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- Este Tribunal, de manera reiterada se ha referido al deber de fundamentación de toda Resolución,
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- IV.5. Control de valoración de la prueba
- IV.6. Análisis del caso concreto
- IV.6.1. Recurso de casación del Ministerio Público
- En el caso de autos, se evidencia que tanto en el Tribunal de Sentencia de
- En esa línea argumentativa, se establece que el tipo penal de uso de instrumento falsificado
- Cabe precisar que, en los delitos de pura actividad, el legislador penal redacta una acción
- En el caso de litis, se establece que tanto el Tribunal de sentencia como el
- El Código castiga el uso llevado a cabo por el no falsificador si es para
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- Bajo tales premisas, ingresando en análisis del caso, se constata que ambos tribunales concluyeron que
- Bajo ese contexto y revisada la Sentencia así como del Auto de Vista impugnado, se
- En ese contexto, este Tribunal considera que efectivamente el Auto de Vista impugnado incurre en
- Sobre el particular, debe mencionarse, que la CPE, reconoce y garantiza el debido proceso en
- En tal sentido, este Tribunal, de manera reiterada se ha referido al deber de fundamentación
- De la revisión del Auto de Vista, se advierte que el Tribunal de alzada no
- Bajo tales presupuestos se evidencia que el Tribunal de alzada contradijo la doctrina legal aplicable
- Finalmente, en el cuarto motivo, el recurrente denuncia contradicción entre la parte resolutiva y considerativa
- Sobre este motivo, se evidencia que el Tribunal de Sentencia incurrió en contradicción entre la
- La Sala Penal del Tribunal Supremo de Justicia, con la facultad conferida por el art
- A los efectos de lo previsto por el art
- En aplicación del art
- Regístrese, hágase saber y cúmplase.