SENTENCIA CONSTITUCIONAL 1197/2010-R
Fecha: 06-Sep-2010
i)
El recurrente, ahora accionante, considera que los Jueces recurridos, ahora demandados, vulneraron el derecho a la propiedad privada y la garantía del debido proceso, toda vez que en nueve procesos ejecutivos y un proceso coactivo, cuya atención encomendó “F.F.P. PRODEM S.A.” al abogado Carlos Orlando Peredo Ardaya a través de la suscripción de una iguala profesional: i) Los Jueces Primero y Segundo de Instrucción de Camiri, sin notificar previamente a su representada, regularon sus honorarios profesionales, omitiendo el juramento de ley que debía prestar el abogado, no obstante que el proceso no concluyó, ni se recuperó el capital demandado, menos los intereses y otros conceptos; ii) El Juez Primero de Partido y Sentencia de Camiri, al resolver los recursos de apelación interpuestos por “F.F.P. PRODEM S.A.”, confirmó las resoluciones impugnadas a través de los Autos de 24 de julio de 2006, ignorando la iguala profesional suscrita, en cuya cláusula tercera se estipuló que el honorario profesional sería fijado de acuerdo al estado en que se encuentren las causas a su cargo, haciendo abstracción de los efectos de la iguala profesional presentada en la etapa de apelación, omitiendo considerar que un contrato conforme dispone el art. 519 del Código Civil (CC) sólo puede ser disuelto por consentimiento mutuo o acudiendo a la vía correspondiente en demanda de su rescisión o resolución, nulidad o anulabilidad; y, iii) Las autoridades demandadas, tanto al emitir como al aprobar las resoluciones por las que se fijaron honorarios, no tomaron en cuenta aspectos fundamentales como el monto del asunto, la naturaleza y complejidad del proceso, el resultado que se obtuvo, la calidad, eficacia y extensión del trabajo, la trascendencia jurídica, moral y económica de los asuntos, además que tampoco distinguieron el honorario fijo del porcentaje de la cuantía, ni que el pago de honorario fijo procede en todos los casos en que concluye el proceso en la etapa correspondiente. Incumbe en revisión establecer si los actos denunciados son evidentes y si ameritan la protección que brinda la presente acción tutelar.
- amparo
- I.1.1. Hechos que motivan el recurso
- 1.
- 2.
- 3.
- 4.
- 5.
- 6.
- 7.
- 8.
- 9.
- 10.
- I.2. Audiencia y Resolución del Juez de garantías
- I.2.1. Ratificación y ampliación del Recurso
- concedió
- I.3. Trámite procesal en el Tribunal Constitucional
- II.1.
- II.2.
- II.3.
- II.4.
- II.5.
- II.6.
- II.7.
- II.8.
- II.9.
- II.10.
- II.11.
- i)
- III.1. Operatividad y aplicación en el tiempo del bloque de constitucionalidad
- “recurso de amparo constitucional”
- “accionante”
- III.3. Reglas que deben observarse en la regulación de honorarios
- jurando ser verdadero el pago que reclama; debiendo el juez notificar al deudor mediante cédula ordenando el pago a tercer día.
- los honorarios profesionales del abogado, serán fijados tomando en cuenta el monto del asunto o proceso si fuere susceptible de apreciación pecuniaria, la naturaleza y complejidad del asunto o proceso, el resultado que se hubiere obtenido, la calidad, eficacia y extensión del trabajo, la trascendencia jurídica, moral y económica que tuviere el asunto o proceso para casos futuros, para el cliente y para la situación económica de las partes. Estos parámetros sirven para fijar un honorario racional y proporcional al trabajo prestado
- III.4. La esfera de actuación de los particulares y la suscripción de contratos desde una perspectiva constitucional
- se tiene que es precisamente el órgano judicial, quien a través de un proceso seguido en cumplimiento de todas las garantías establecidas por la Constitución, pondere los valores colisionados y mediante los mecanismos establecidos por ley restablezca el “equilibrio contractual” en caso de haber sido afectado.
- el fundamento constitucional del proceso ordinario como el único mecanismo procesal apto para dejar sin efecto un contrato con fuerza de ley entre partes y por tanto, el medio idóneo para garantizar los valores justicia, equilibrio e igualdad en caso de verificarse su afectación, sin descuidar las garantías jurisdiccionales de las partes
- surte la eficacia de los contratos establecida en el art. 519 del CC, es decir que es “ley entre partes” y por tanto, no puede ser disuelto sino por consentimiento mutuo o por las causales establecidas por ley.
- deben hacerse valer en un proceso en el cual ambas partes hagan prevalecer sus derechos mediante un juicio solemne que garantice el goce pleno y efectivo de los derechos de las partes en litigio, luego de lo cual, su ineficacia solamente debe ser declarada por autoridad jurisdiccional ordinaria, solo así se podrá consolidar el valor supremo del Estado Plurinacional boliviano, cual es la justicia, sin que para consagrarlo se atente contra otros derechos reconocidos por el orden constitucional.
- toda vez que el juez ordinario no es solamente garante de la legalidad sino también de la constitucionalidad, tal como se señaló precedentemente, luego del desarrollo del proceso ordinario en el cual se discutan las causales establecidas por ley para la ineficacia de fuentes obligacionales de naturaleza contractual, el juez ordinario, es el encomendado por el orden constitucional e infra-legal a restituir estos valores afectados y consagrar así el Estado Social y Democrático de Derecho como pilar esencial del Estado Plurinacional de Bolivia, entonces, solamente, en caso de no cumplir con este rol, es decir de no ser restituidos los valores y principios antes señalados por la justicia ordinaria, la justicia constitucional debe tutelarlos a través del amparo constitucional.
- III.5.1. Primer acto denunciado como lesivo
- Fragmento 42
- III.5.2. Segundo acto denunciado como lesivo
- Fragmento 44
- III.5.3. Tercer acto denunciado como lesivo
- APROBAR