SENTENCIA CONSTITUCIONAL 1197/2010-R
Fecha: 06-Sep-2010
II.2.
II.2. En la demanda ejecutiva presentada por “F.F.P. PRODEM S.A.” contra Lilibeth Sotelo Gallardo y otros, por el cobro de $us1 022,50.- (un mil veintidós 00/50 dólares estadounidenses), se hizo constar que los honorarios del abogado se regirán al arancel mínimo del Colegio del gremio, emitiendo el Juez Primero de Instrucción de Camiri, el Auto 221 intimatorio de 19 de octubre de 2005, habiéndose ordenado retención judicial de haberes de la ejecutada el 12 de diciembre del mismo año. Posteriormente, Carlos Orlando Peredo Ardaya, por memorial presentado el 21 de marzo de 2006, solicitó la regulación de honorarios profesionales de acuerdo al Arancel del Colegio de Abogados, los que fueron regulados mediante Auto 80 de 23 de marzo de 2006, en la suma de Bs3 000.- más el 4% de monto demandado, consistente en $us40,90.-, con cargo al ejecutante al no existir sentencia ejecutoriada ni remate de bienes, disponiendo el pago a tercer día de su notificación, a cuyo efecto no consta que el abogado juró ser verdadero el pago que reclama. Notificada la entidad crediticia con el referido Auto, el 28 de marzo de 2006, adjuntando la iguala suscrita con el abogado patrocinante, interpuso recurso de apelación, señalando que de acuerdo a la cláusula tercera de dicho acuerdo, sólo corresponde el honorario fijado de Bs150.-, al haberse presentado sólo la demanda y llegado hasta el auto intimatorio; recurso resuelto por el Juez Primero de Partido y Sentencia de Camiri, a través del Auto 10 de 24 de julio de 2006, confirmando la resolución impugnada, con el fundamento de que no puede acordarse honorarios profesionales en una cuantía inferior a la fijada en el arancel (fs. 1 a 30).
- amparo
- I.1.1. Hechos que motivan el recurso
- 1.
- 2.
- 3.
- 4.
- 5.
- 6.
- 7.
- 8.
- 9.
- 10.
- I.2. Audiencia y Resolución del Juez de garantías
- I.2.1. Ratificación y ampliación del Recurso
- concedió
- I.3. Trámite procesal en el Tribunal Constitucional
- II.1.
- II.2.
- II.3.
- II.4.
- II.5.
- II.6.
- II.7.
- II.8.
- II.9.
- II.10.
- II.11.
- i)
- III.1. Operatividad y aplicación en el tiempo del bloque de constitucionalidad
- “recurso de amparo constitucional”
- “accionante”
- III.3. Reglas que deben observarse en la regulación de honorarios
- jurando ser verdadero el pago que reclama; debiendo el juez notificar al deudor mediante cédula ordenando el pago a tercer día.
- los honorarios profesionales del abogado, serán fijados tomando en cuenta el monto del asunto o proceso si fuere susceptible de apreciación pecuniaria, la naturaleza y complejidad del asunto o proceso, el resultado que se hubiere obtenido, la calidad, eficacia y extensión del trabajo, la trascendencia jurídica, moral y económica que tuviere el asunto o proceso para casos futuros, para el cliente y para la situación económica de las partes. Estos parámetros sirven para fijar un honorario racional y proporcional al trabajo prestado
- III.4. La esfera de actuación de los particulares y la suscripción de contratos desde una perspectiva constitucional
- se tiene que es precisamente el órgano judicial, quien a través de un proceso seguido en cumplimiento de todas las garantías establecidas por la Constitución, pondere los valores colisionados y mediante los mecanismos establecidos por ley restablezca el “equilibrio contractual” en caso de haber sido afectado.
- el fundamento constitucional del proceso ordinario como el único mecanismo procesal apto para dejar sin efecto un contrato con fuerza de ley entre partes y por tanto, el medio idóneo para garantizar los valores justicia, equilibrio e igualdad en caso de verificarse su afectación, sin descuidar las garantías jurisdiccionales de las partes
- surte la eficacia de los contratos establecida en el art. 519 del CC, es decir que es “ley entre partes” y por tanto, no puede ser disuelto sino por consentimiento mutuo o por las causales establecidas por ley.
- deben hacerse valer en un proceso en el cual ambas partes hagan prevalecer sus derechos mediante un juicio solemne que garantice el goce pleno y efectivo de los derechos de las partes en litigio, luego de lo cual, su ineficacia solamente debe ser declarada por autoridad jurisdiccional ordinaria, solo así se podrá consolidar el valor supremo del Estado Plurinacional boliviano, cual es la justicia, sin que para consagrarlo se atente contra otros derechos reconocidos por el orden constitucional.
- toda vez que el juez ordinario no es solamente garante de la legalidad sino también de la constitucionalidad, tal como se señaló precedentemente, luego del desarrollo del proceso ordinario en el cual se discutan las causales establecidas por ley para la ineficacia de fuentes obligacionales de naturaleza contractual, el juez ordinario, es el encomendado por el orden constitucional e infra-legal a restituir estos valores afectados y consagrar así el Estado Social y Democrático de Derecho como pilar esencial del Estado Plurinacional de Bolivia, entonces, solamente, en caso de no cumplir con este rol, es decir de no ser restituidos los valores y principios antes señalados por la justicia ordinaria, la justicia constitucional debe tutelarlos a través del amparo constitucional.
- III.5.1. Primer acto denunciado como lesivo
- Fragmento 42
- III.5.2. Segundo acto denunciado como lesivo
- Fragmento 44
- III.5.3. Tercer acto denunciado como lesivo
- APROBAR