DECLARACIÓN CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0002/2014

De igual manera, analizado el art. 54 del proyecto de Estatuto Autonómico de la Nación Originaria Uru Chipaya, mediante el cual se asumen mecanismos de transparencia institucional, los mismos son compatibles con la Norma Suprema, siendo uno de los principios en los que se rige la administración Pública (art. 232 de la CPE), artículo que además guarda coherencia con lo establecido en la Ley Marco de Autonomías y Descentralización “Andrés Ibáñez”, Ley que incluye entre sus principios al principio de transparencia y en sus arts. 140 y 141, determina respecto a la transparencia que: “Sin necesidad de requerimiento expreso, cada gobierno autónomo debe publicar de manera regular y crear canales de permanente exposición ante la ciudadanía de sus planes, programas y proyectos, las contrataciones y reportes de ejecución concernientes a éstos, los informes físicos y financieros, resultados, evaluaciones, balances, así como toda información relacionada a la gestión pública a su cargo. Asimismo, tiene la obligación de responder a los requerimientos de información específica formulados por cualquier ciudadana o ciudadano, organización social u organismo colegiado, y permitir el acceso efectivo a la información de cualquier entidad pública” (negrillas añadidas) y respecto a la rendición de cuentas prevé que: “Las máximas autoridades ejecutivas deben hacer una rendición pública de cuentas por lo menos dos veces al año, que cubra todas las áreas en las que el gobierno autónomo haya tenido responsabilidad, y que deberá realizarse luego de la amplia difusión, de manera previa y oportuna, de su informe por escrito. Los estatutos autonómicos y cartas orgánicas señalarán los mecanismos y procedimientos de transparencia y rendición de cuentas. No se podrá negar la participación de las ciudadanas y ciudadanos y organizaciones de la sociedad civil en los actos de rendición de cuentas” (las negrillas son nuestras).