DECLARACIÓN CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0004/2015

El art. 5.I de la CPE, establece: “Son idioma oficiales del Estado el Estado el castellano y todos los idiomas de las naciones y pueblos indígena originario campesinos, que son el aymara, araona, baure, besiro, canichana, cavineño, cayubaba, chácobo, chiman, ese ejja, guaraní, guarasu´we, guarayu, itonama, leco, machajuyai-kallawaya, machineri, maropa, mojeño-trinitario,mojeño ignaciano, moré, mosetén, movima, pacawara, puquina, quechua, sirionó, tacana, tapiete, toromona, uru-chipaya, weenhayek, yaminawa, yuki, yuracare y zamuco”. De la interpretación gramatical de la presente disposición constitucional, se entiende que bajo la concepción plurinacional del nuevo Estado, los idiomas de las 36 naciones y pueblos indígena originario campesinos, son reconocidos como idiomas oficiales.

En el mismo sentido, la DCP 0026/2013 de 29 de noviembre, con referencia al control previo de constitucionalidad del proyecto de la Carta Orgánica del Gobierno Autónomo Municipal de Camataqui - Villa Abecia, con referencia al art. 5.I de la CPE, disposición similar, ha establecido: “Ahora bien, el parágrafo II del citado artículo, versa sobre el uso de los idiomas oficiales en el ámbito de la administración pública en todos sus niveles, tanto nacional como subnacionales, expresando que: ‘El Gobierno Plurinacional y los gobiernos departamentales deben utilizar al menos dos idiomas oficiales. Uno de ellos deber el castellano, y el otro se decidirá tomando en cuenta el uso, la conveniencia, las circunstancias, las necesidades y preferencias de la población en su totalidad o del territorio en cuestión. Los demás gobiernos autónomos deben utilizar los idiomas propios de su territorio, y uno de ellos debe ser el castellano’. Esta previsión no pone en cuestión ni restringe el listado de los treinta y siete idiomas oficiales en el territorio boliviano, sino que establece ciertos parámetros para viabilizar un uso administrativo preferente de algunos de ellos por parte de los gobiernos de las distintas ETA, imponiendo para el caso de los gobiernos autónomos municipales, la obligación en el uso del castellano además de aquellos otros idiomas oficiales existentes en su jurisdicción territorial. El art. 5.I de la CPE, hace así una clara distinción entre la declaratoria de oficialidad de los treinta y siete idiomas en todo el territorio nacional y la identificación de algunos de ellos como idiomas oficiales de uso administrativo preferente que cada ETA realizará en sus normas institucionales básicas (art. 5.II de la CPE).

Por otra parte, el reconocimiento de rangos o jerarquías entre idiomas (el castellano como primera lengua y el quechua como segunda) es claramente incompatible con el texto constitucional, en el que no establece jerarquía o gradación alguna entre los treinta y siete idiomas reconocidos como oficiales en todo el territorio del Estado Plurinacional de Bolivia”.

La disposición autonómica en cuestión, resulta incompatible con la Constitución Política del Estado, en el entendido, que resulta ser una expresión de desconocimiento de los demás idiomas oficiales establecidos en el art. 5.l de la Ley Fundamental, lo que a su vez implica desconocer el carácter plurinacional del Estado. Sin embargo, en el presente caso, si la norma de la carta orgánica, pretende caracterizar al municipio con idiomas de usos propios de la región, debe referirse únicamente al uso preferente y no establecerlos como oficiales.