DCP 0086/2015 de 27 de marzo, en base a los argumentos jurídicos constitucionales que se desarrollan a continuación.

13. Elaborar y elevar ante el Concejo para su consideración y aprobación, el Plan de Desarrollo Municipal, el Plan de Ordenamiento Urbano y Territorial y Plan de Uso de Suelos con sus Normas y Reglamentos, asegurando su elaboración participativa, coordinación y compatibilidad con los planes y programas de desarrollo departamental y nacional, para su aprobación”.

La previsión se enmarca en la competencia de exclusividad municipal prevista en el art. 302.I.6 de la Norma Suprema: “Elaboración de Planes de Ordenamiento Territorial y de uso de suelos, en coordinación con los planes del nivel central del Estado, departamentales e indígenas” (el subrayado es nuestro).

Bajo este enfoque, el sistema de gobierno adoptado por el Gobierno Autónomo Municipal de Baures equilibra la determinación de áreas funcionales específicas para cada uno de los órganos, cuyas relaciones se rigen bajo los principios de independencia y separación de poderes, pero a la vez en consideración a los principios de coordinación y cooperación establece que ciertas actuaciones de gobierno, en este caso relacionadas con la planificación de la gestión, precisarán de la concurrencia de ambos órganos. Éstas áreas de actuación inter-orgánica deberán ser necesariamente definidas en una Ley Municipal de regulación del ordenamiento jurídico local en la que se determinarán que tipo de acciones se enmarcarían en estas previsiones, pues no todas pueden seguir este mecanismo dado que podría entorpecer la gestión en detrimento del principio de eficiencia, como lo dispone nuestra Constitución; por consiguiente, es evidente que cada plan o iniciativa de políticas deberá ser debidamente normada y reglamentada, pero en el marco de las facultades que correspondan a cada órgano.

En este marco, la inclusión de los “reglamentos” en el texto de la disposición examinada involucra el ejercicio de la facultad reglamentaria que por norma corresponde al órgano ejecutivo, por consiguiente, no es constitucionalmente admisible que este tipo de reglamentos pasen a consideración del Legislativo municipal. De la misma forma, la generalidad del término “normas” debe ser entendida en relación solo a aquellas cuya emisión sea de competencia del legislativo.

Bajo esta línea de interpretación, correspondía declarar: a) La incompatibilidad de la frase “…y reglamentos…”; y b) La compatibilidad del resto de la norma analizada siempre que su aplicación se aplique el razonamiento desglosado, en coordinación y compatibilidad con los planes y programas de desarrollo departamental y nacional.