DECLARACIÓN CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0047/2014

d)  Su capacidad de contribuir a la interculturalidad, constituyéndose en un espacio de gestión pública que demostró ser -en las últimas fases del periodo pre constituyente- un eficiente gestor de la diversidad y un buen canalizador de la presencia indígena en las instancias de gobierno local. Afirmación que se ratifica con: 1) La constatación realizada por Albó y Barrios cuando expresan que: “Donde se ha asegurado una mayor presencia originaria es en las instancias de gobierno local, a partir del nuevo escenario creado por la Ley de Participación Popular de 1994. En la primera gestión municipal (1996-1999) basada en esta ley, más de 500 campesino-indígenas accedieron a gobiernos municipales como concejales e incluso alcaldes, tras las elecciones municipales de diciembre 1995. En la siguiente gestión municipal (2000-2003) las autoridades municipales que se consideraban miembros de pueblos originarios eran ya en torno a un millar o 65% del total (Albó y Quispe 2004)”; y, 2) Más allá de lo predominantemente rural, es en el espacio municipal urbano donde confluye la diversidad y se generan con mayor intensidad las relaciones de interculturalidad.

Por otra parte, conceptualmente hablando, es la ubicación del nivel municipal en el sistema de relaciones intergubernamentales y la inexistencia de jerarquías entre las diferentes ETA, las que configuran el peculiar modelo de Estado compuesto boliviano. De esa manera, al no reconocerse subordinación alguna entre todos los niveles territoriales estatales, gozando así del mismo rango constitucional (art. 276 de la CPE), se proyecta un sistema de relaciones intergubernamentales multidireccional y complejo, más si se considera la vigencia de un catálogo competencial también complejo, que incluye competencias privativas, exclusivas, concurrentes y compartidas, que se ejercen a partir de la distribución de distintas facultades (legislativa, reglamentaria, ejecutiva y fiscalizadora) a las distintas ETA.

Es disímil el caso de los Estados compuestos de carácter federal clásico, caracterizados por la absorción de lo municipal en lo estatal (intermedio), conformando un sistema formal de relacionamiento intergubernamental de carácter esencialmente dual, basado principalmente en la interacción formal entre el gobierno de la federación y los gobiernos de los Estados que la conforman, jugando el municipio un rol subsidiario, al encontrarse prácticamente subsumido en el nivel territorial intermedio.

Nótese por un lado, que el numeral en análisis habla específicamente de “atribuciones” y no de competencias, en las cuales, principalmente en las de tipo concurrente, si puede producirse una distribución de responsabilidades competenciales a las ETA; sin embargo, concentrándonos el inciso d) anteriormente descrito, se entiende que la asignación de atribuciones (que no son lo mismo que competencias) corresponde al ámbito de autogobierno y autoadministración de cada ETA; es decir que, en el marco de su jurisdicción y competencias, se produce un proceso interno de división del trabajo en el que se asignan a cada autoridad y/o funcionario unas determinadas tareas y unos determinados recursos, atribuciones y prerrogativas para cumplirlas.

En esta línea reflexiva, aún en procesos de delegación o transferencia de facultades competenciales, en ningún caso el nivel transferente o delegante podrá imponer a la ETA receptora la manera o forma en la que ejercerá dichas facultades, pues esto se determinará autónomamente por la propia ETA (asignado tareas, atribuciones y prerrogativas a sus propios órganos y personal).