AMPARO DIRECTO 307/2012. 31 DE MAYO DE 2012. MAYORÍA DE VOTOS. DISIDENTE: JUAN MANUEL SERRATOS GARCÍA. PONENTE: EDUARDO FARÍAS GASCA. SECRETARIO: DANIEL MARCELINO NIÑO JIMÉNEZ.

"LEYES AUTOAPLICATIVAS Y HETEROAPLICATIVAS. DISTINCIÓN BASADA EN EL CONCEPTO DE INDIVIDUALIZACIÓN INCONDICIONADA. Para distinguir las leyes autoaplicativas de las heteroaplicativas conviene acudir al concepto de individualización incondicionada de las mismas, consustancial a las normas que admiten la procedencia del juicio de amparo desde el momento que entran en vigor, ya que se trata de disposiciones que, acorde con el imperativo en ellas contenido, vinculan al gobernado a su cumplimiento desde el inicio de su vigencia, en virtud de que crean, transforman o extinguen situaciones concretas de derecho. El concepto de individualización constituye un elemento de referencia objetivo para determinar la procedencia del juicio constitucional, porque permite conocer, en cada caso concreto, si los efectos de la disposición legal impugnada ocurren en forma condicionada o incondicionada; así, la condición consiste en la realización del acto necesario para que la ley adquiera individualización, que bien puede revestir el carácter de administrativo o jurisdiccional, e incluso comprende al acto jurídico emanado de la voluntad del propio particular y al hecho jurídico, ajeno a la voluntad humana, que lo sitúan dentro de la hipótesis legal. De esta manera, cuando las obligaciones derivadas de la ley nacen con ella misma, independientemente de que no se actualice condición alguna, se estará en presencia de una ley autoaplicativa o de individualización incondicionada; en cambio, cuando las obligaciones de hacer o de no hacer que impone la ley, no surgen en forma automática con su sola entrada en vigor, sino que se requiere para actualizar el perjuicio de un acto diverso que condicione su aplicación, se tratará de una disposición heteroaplicativa o de individualización condicionada, pues la aplicación jurídica o material de la norma, en un caso concreto, se halla sometida a la realización de ese evento.

"Amparo en revisión 2104/91. Corporación Videocinematográfica México, S.A. de C.V. 20 de febrero de 1996. Unanimidad de nueve votos. Ausentes: Juventino V. Castro y Castro y José de Jesús Gudiño Pelayo. Ponente: Genaro David Góngora Pimentel. Secretaria: Rosalba Becerril Velázquez.

"Amparo en revisión 1811/91. Vidriera México, S.A. y otros. 4 de junio de 1996. Once votos. Ponente: Juan Díaz Romero. Secretario: Alejandro Sánchez López.

"Amparo en revisión 1628/88. Vidrio Neutro, S.A. y otros. 4 de junio de 1996. Unanimidad de diez votos. Ausente: José Vicente Aguinaco Alemán. Ponente: Genaro David Góngora Pimentel. Secretario: Víctor Francisco Mota Cienfuegos.

"Amparo en revisión 1525/96. Jorge Cortés González. 8 de mayo de 1997. Unanimidad de diez votos. Ausente: Mariano Azuela Güitrón. Ponente: Genaro David Góngora Pimentel. Secretario: Víctor Francisco Mota Cienfuegos.

"Amparo en revisión 662/95. Hospital Santa Engracia, S.A. de C.V. 29 de mayo de 1997. Unanimidad de nueve votos. Ausentes: José de Jesús Gudiño Pelayo y Olga María Sánchez Cordero. Ponente: Juan Díaz Romero. Secretario: Alejandro Sánchez López.

"El Tribunal Pleno, en su sesión privada celebrada el siete de julio en curso, aprobó, con el número 55/1997, la tesis jurisprudencial que antecede. México, Distrito Federal, a siete de julio de mil novecientos noventa y siete."

Corrobora la postura anterior la interpretación a contrario sensu de la fracción I del artículo 8o. de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo,(14) al señalar que es improcedente el juicio de nulidad ante el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, contra actos que no afecten los intereses jurídicos del demandante.

De ahí que esa afectación puede acontecer con la entrada en vigor del acuerdo o decreto impugnado o con motivo de su primer acto de aplicación, según la propia naturaleza de la norma general.

En relación con este último aspecto, es decir, el relativo a la procedencia del juicio de nulidad contra normas administrativas de carácter general con motivo de su primer acto de aplicación, debe decirse que puede acontecer por la activación de la autoridad administrativa o por el cumplimiento del particular o de un tercero a las disposiciones impugnadas.

Cabe precisar que dentro de la heteroaplicación de normas con motivo del cumplimiento o mandato legal frente al cual se encuentra el particular, destaca el concepto de la autoliquidación fiscal, el que es definido como el deber jurídico en sentido estricto establecido en la ley, a cargo de un particular legitimado, consistente en la realización de todas aquellas operaciones de interpretación, valoración y cálculo necesarios para la cuantificación de la obligación tributaria derivada de los hechos imponibles declarados.

Así, la autoliquidación es una forma de colaboración con la administración tributaria que no supone un acto administrativo, sino una simple declaración tributaria en la que el propio sujeto pasivo practica también la liquidación tributaria consecuente.

En ese tenor, la autoliquidación de los tributos realizada por los contribuyentes, implica el cumplimiento de la obligación legal de enterar por sí mismos, en cantidad líquida, las contribuciones a su cargo, no obstante que la realización de las operaciones matemáticas encaminadas a fijar su importe exacto a través de la aplicación de las fórmulas tributarias establecidas en la legislación hacendaria, se realice automáticamente vía electrónica, pues tal circunstancia no implica un actuar positivo de la autoridad exactora, ya que no constituye una conducta tendente a querer que se realice el acto en sí, o que desee que se manifiesten sus efectos, pues la unidad receptora sólo recibe el pago.

Constituye así el producto de la voluntad del gobernado, mediante el cumplimiento espontáneo y en tiempo de sus obligaciones formales y sustantivas en materia fiscal, correspondiente al deber de enterar al fisco las cantidades que resulten.

Se trata de una forma de colaboración con la administración tributaria que no supone un acto de autoridad de por medio, porque esta modalidad respecto al cumplimiento de las obligaciones fiscales a cargo del contribuyente, está sujeta a ser supervisada por la autoridad fiscal mediante el ejercicio de sus facultades de revisión y comprobación en materia tributaria, de manera que, en el momento de la autoliquidación, la autoridad no externa su voluntad ante el actuar del particular, pues su actuación, en su caso, será posterior.

En tal virtud, la autoliquidación no obedece a una orden o requerimiento expreso de la autoridad encargada de recaudar los tributos, sino atiende al cumplimiento de una obligación establecida en una norma general, a la cual el contribuyente sujetará al orden jurídico cuando la impugne con motivo del acto de aplicación, consistente en la realización del pago respectivo.

Tampoco es posible señalar que la autodeterminación que realizan los particulares, se deba a los actos realizados por las autoridades exactoras tendentes a lograr u obtener el cobro respectivo, pues en tal caso, ya no se trataría de una autoliquidación en estricto sentido, sino del cumplimiento de una obligación requerida o solicitada.

Por otra parte, la circunstancia consistente en que la autoridad exactora reciba el importe autoliquidado por el contribuyente, no envuelve un actuar positivo de aquélla, pues no constituye una conducta tendente a querer que se realice el acto en sí, o que desee que se manifiesten sus efectos, pues la unidad receptora sólo recibe el pago efectuado bajo la responsabilidad del propio contribuyente, por su deber de enterar al fisco las cantidades que resulten.

Así pues, se insiste, la autoridad exactora no externa su voluntad ante el actuar del particular, pues su actuación, en su caso, será posterior.