DECLARACIÓN CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0067/2014

Respecto al art. 80 del proyecto de Carta Orgánica: “Son de propiedad del Gobierno Autónomo Municipal de Ayata los bienes muebles e inmuebles, derechos y otros, que les son atribuidos en el marco del proceso de asignación competencial previsto en la Constitución Política del Estado, correspondiendo efectuar el registro ante las instancias asignadas por la normativa vigente y fiscalizar su uso y está constituido por: 1. Activos fijos y de capital; 2. Bienes de dominio público; 3. Bienes de dominio privado municipal”.

El art. 339.II de la Norma Suprema, señala que: “Los bienes de patrimonio del Estado y de las entidades públicas constituyen propiedad del pueblo boliviano, inviolable, inembargable, imprescriptible e inexpropiable; no podrán ser empleados en provecho particular alguno. Su calificación, inventario, administración, disposición, registro obligatorio y formas de reivindicación serán regulados por la ley”.

Asimismo el art. 109 de la LMAD, indica: “I. Son de propiedad de las entidades territoriales autónomas los bienes muebles, inmuebles, derechos y otros relacionados, que le son atribuidos en el marco del proceso de asignación competencial previsto en la Constitución Política del Estado y la presente Ley, correspondiendo a estas entidades efectuar su registro ante las instancias asignadas por la normativa vigente. II. Las entidades territoriales autónomas regionales administrarán los bienes que los gobiernos autónomos departamentales o municipales les asignen”.

La norma constitucional citada de manera expresa, dispone reserva de ley sobre la calificación de bienes del Estado; en ese contexto, sobre la reserva de ley contenida en la Ley Fundamental, la jurisprudencia constitucional a través de la SCP 2055/2012, ha establecido que debe ser el nivel central del Estado quien la desarrolle, en el mismo sentido señala el art. 71 de la LMAD; en consecuencia, la Carta Orgánica como norma institucional básica no se constituiría en instrumento idóneo para establecer la calificación de bienes del Estado, que como se tiene dicho la Norma Suprema ha previsto  que sea una ley formal del nivel central del Estado, la que la desarrolle.