DECLARACIÓN CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0016/2015

Sin embargo, los derechos fundamentales estarían reservados para la norma fundamental, por lo tanto la Carta Orgánica sólo podrá establecer un mandato de sujeción a lo establecido en la Norma Suprema respecto de estos derechos, y no así un reconocimiento in situ de los derechos fundamentales, pues estos ya se encuentran reconocidos y regulados por la Constitución Política del Estado” (el resaltado en nuest6ro).

A la luz de los fundamentos expuestos, conviene precisar en primer lugar que conforme al art. 71 de la LMAD “Todo mandato a ley incluido en el texto constitucional sin determinar la entidad territorial que legislará, implica el ejercicio de exclusividad nacional, salvo en el caso de las competencias exclusivas de una entidad territorial autónoma, donde corresponderá su respectiva legislación”.

Al respecto el art. 109.II de la Ley Fundamental prescribe que: “Los derechos y sus garantías solo podrán ser regulados por la ley”, precepto constitucional por el cual y en previsión a la disposición legal anterior, solo el nivel central del Estado, es la instancia competente para regular los derechos y garantías contenidos en la Constitución Política del Estado y no las entidades territoriales a través de sus leyes autonómicas.

En la misma línea, los derechos promovidos por las normas institucionales básicas, estarán necesariamente vinculados a las competencias asignadas por la Constitución y la ley a los gobiernos autonómicos; bajo esta premisa, los derechos no mencionados, tendrán como causa, competencias no asignadas por la Constitución; ello implica que de acuerdo al art. 297.II de dicha Norma Suprema, dependerá del nivel central del Estado, la asignación de competencias residuales y con ello, la eventual potestad de las ETA, de promover los derechos que emanen de esas competencias; sin embargo, también podrá determinarse que las competencias no incluidas sean de ejercicio privativo o exclusiva del nivel central del Estado, en cuyo caso no las ETA, no podrán promover nuevos derechos.

En consecuencia, siendo incierto el tratamiento que al respecto pueda dar el nivel central del Estado, no es pertinente que la norma institucional básica, contemple una previsión como la analizada, por depender de la voluntad política de otro nivel de gobierno, en este caso el nivel central del Estado.