I.1. Los suscritos Magistrados, en observancia del art. 10.III del Código Procesal Constitucional (CPCo), manifiestan su disidencia con la DCP 0005/2015 de 14 de enero, por los siguientes fundamentos de orden constitucional.

II. La Constitución es la norma suprema del ordenamiento jurídico boliviano y goza de primacía frente a cualquier otra disposición normativa. El bloque de constitucionalidad está integrado por los Tratados y Convenios internacionales en materia de Derechos Humanos y las normas de Derecho Comunitario, ratificados por el país. La aplicación de las normas jurídicas se regirá por la siguiente jerarquía, de acuerdo a las competencias de las entidades territoriales:

El art. 75.II, del proyecto de COM debió ser observado por la DCP 0005/2015, puesto que restringe la actividad fiscalizadora del Concejo Municipal al establecer que será “posterior” a la ejecución realizada por el órgano ejecutivo; sin embargo, la facultad fiscalizadora puede realizarse en todo momento, lo contrario sería subsumir esta facultad del Concejo Municipal a una actividad similar a las realizadas por la Contraloría General del Estado (art. 213 CPE) que si efectivamente realiza un control posterior y en casos excepcionales un control durante la ejecución; no obstante, el Concejo Municipal, a efectos de velar por el patrimonio y recursos del municipio, le corresponde en ejercicio de su representación, realizar fiscalización en todo momento a los proyectos u otros ejecutados por el ejecutivo municipal. Por lo expuesto, la DCP 0005/2015 debió declarar la incompatibilidad del término “…posterior…” contenido en la disposición analizada.