DECLARACIÓN CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0074/2017

La jurisprudencia de este Tribunal Constitucional Plurinacional, al analizar disposiciones de varios proyectos de cartas orgánicas que contenían artículos que establecían reserva de ley municipal para la regulación de la función pública o del servidor público en el ámbito municipal o contenían disposiciones contrarias a la Norma Suprema y/o a la legislación existente y debido a la imposibilidad de identificación en el catálogo de competencias constitucionales, definió a estas materias como competencia residual[29]; consecuentemente, los gobiernos municipales carecen de competencia para establecer regulación relacionada a éstas materias; pero en caso de hacerlo, existe la permisibilidad de que repliquen tal cual, las normas de dichas materia previstas en la Constitución Política del Estado o en su caso, en las normas vigentes del nivel central del Estado, extremo que no ocurre en el presente caso.

La disposición objeto de análisis, resulta ser una adecuación de las incompatibilidades desarrolladas en el citado art. 239 de la CPE; sin embargo, carece de elementos necesarios y exigibles en su aplicación; así en el numeral 1 omite extender dicha incompatibilidad en relación a terceras personas que tengan alguna relación con el servidor público y se beneficien con la adquisición o arrendamiento de bienes público; en el numeral 2 no hace referencia al Estado como sujeto suscribiente en dichos contratos y en el numeral 3 reemplaza al Estado con el Gobierno Autónomo Municipal, aspecto que ocasiona una desnaturalización de la concepción originaria de las incompatibilidades constitucionales, ya que éstas, tienen como elemento central y esencial al Estado en toda su dimensión; es decir, en toda su estructura organizacional, horizontalmente      -cuatro órganos de poder- y verticalmente -nivel autonómico- de modo que cuando una persona, adquiere la calidad de servidor público y ejerce la función pública en cualquier entidad de la administración pública, entabla una relación no solo con la entidad en la cual desempeña sus funciones, sino también, con todo el Estado; por eso, las incompatibilidades con el ejercicio de la función pública, no pueden circunscribirse únicamente con la entidad en la cual un servidor público desempeña sus funciones.

[29] ”La Teoría General de Sistemas y la Teoría de Organización y Administración Pública, sostienen, que debe considerarse a las organizaciones como ’fenómenos integradores‘ y que deben ser comprendidos de manera integral, sin dejar de lado ninguna de sus dimensiones fundamentales; partiendo de esa afirmación, se debe destacar dos elementos importantes y relacionados íntimamente; por un lado, la ’Administración Pública‘, que es aquel sistema, que tiene como objetivo dirigir y coordinar las actividades del Estado hacia los objetivos propuestos en beneficio de sus habitantes; y por otro, los ’Sistemas Administrativos‘, que es aquel conjunto de normas, procedimientos y principios de aplicación, referidos a cada una de las actividades desarrolladas por la administración gubernamental, que tiene un alcance horizontal y vertical a todas las instituciones del Estado.

De ello se concluye, que la administración pública, está compuesta por varios sistemas interrelacionados permanentemente para programar, ejecutar controlar, formando un todo; de manera que, ninguno de los sistemas componentes, puede estar aislado del resto; contextualizando este análisis previo, se concluye, en que administración pública en el Estado Plurinacional, es un sólo sistema integrado por otros sistemas y que ninguno de sus componentes puede tratarse o desarrollarse de manera aislada; por consiguiente, bajo esa lógica, será prácticamente imposible identificar las materias de ’Servidores Públicos‘ o del ’Sistema de Administración de Personal del Sector Público‘, de forma independiente, ya que ambas están muy relacionadas y forman parte del Sistema de Administración Pública.

De otro lado, El Capítulo IV, Título V de la Segunda Parte de la CPE, prevé el régimen general de las servidoras y servidores públicos; a su vez, el art. 70.II de la LMAD, dispone que: ’No será necesaria una nueva ley, siempre que exista una norma vigente de igual rango para el ejercicio de una competencia, correspondiendo su reglamentación y ejecución sin perjuicio de lo establecido en el Artículo 410 de la Constitución Política del Estado‘.

De acuerdo a las disposiciones citadas, es preciso mencionar a la Ley 1178 de 20 de julio de 1990, que se constituye en una norma marco, que implanta un enfoque funcional de los sistemas de administración y control gubernamentales, entre los que figura el sistema de administración de personal, destinado a lograr la eficiencia en la función pública, la determinación de los puestos de trabajo efectivamente necesarios, los requisitos y mecanismos para su provisión, la aplicación de mecanismos de evaluación y retribución del trabajo, la capacitación de servidores públicos y los procedimientos de retiro de los mismos.

Para la implantación efectiva de este sistema, se promulgó la Ley 2027 de 27 de octubre de 1999 ’Estatuto del Funcionario Público‘ y las Normas Básicas del Sistema de Administración de Personal, aprobadas por Decreto Supremo (DS) 26115 de 16 de marzo de 2001, que tiene por objeto, regular este sistema y la carrera administrativa, en el marco de la Constitución Política del Estado, la Ley 1178, el Estatuto del Funcionario Público y Decretos Reglamentarios correspondientes; aplicable a las entidades del Sector Público, contempladas en los arts. 3 y 4 de la Ley 1178 y 3 de la Ley 2027.

A su turno el art. 6.inc. del Decreto Supremo antes referido, establece la obligación de las entidades públicas de elaborar y actualizar su reglamento específico del Sistema de Administración de Personal en el marco de las disposiciones emitidas por el órgano rector del sistema; de modo que, se garantice una gestión eficiente y eficaz del personal de cada entidad“               (DCP 0006/2015 de 16 de enero).