Tribunal Constitucional Plurinacional de Bolivia
SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 1695/2012
Fecha: 01-Oct-2012
es deber de este Tribunal prever las consecuencias que podrían generarse a partir de su decisión
A tal efecto, las SSCC 0082/2000 y 0018/2003, seguidas por las SSCC 0024/2004 y 0076/2004, entre otras, determinaron que “...es deber de este Tribunal prever las consecuencias que podrían generarse a partir de su decisión, pues si, por una parte declara la constitucionalidad de las disposiciones legales impugnadas estuviese convalidando actos inconstitucionales, pero por otro, si declara la inconstitucionalidad con un efecto inmediato que signifique la expulsión del ordenamiento jurídico de las disposiciones legales impugnadas estaría generando un peligroso vacío jurídico, cuyo efecto sería más negativo que el anterior (...) En consecuencia cualquiera de las dos decisiones antes referidas conducirían a resultados inaceptables (…) de manera que es necesario que el Tribunal Constitucional dicte una sentencia modulando sus efectos que eviten perjuicios desproporcionados a los bolivianos en el orden jurídico, es decir, evite la generación de una inseguridad jurídica anulando disposiciones legales sobre cuya base, fundamento y amparo se vienen ventilando procesos judiciales, administrativos, agrarios, peticiones, contratos y otros actos jurídicos". En el presente fallo, será necesario precautelar dichas consecuencias a efectos de evitar vacíos legales no queridos por el orden constitucional.
- acción de inconstitucionalidad abstracta
- a) Alegaciones contra el art. 1 de la Ley 3892 de 18 de junio de 2008
- b) Alegaciones contra el art. 2 de la Ley 3892
- c) Alegaciones contra el art. 3 de la Ley 3892
- d) Alegaciones contra el art. 4 de la Ley 3892
- I.2. Admisión y citaciones
- I.3. Alegaciones del personero del órgano que generó la norma impugnada
- Cooperativa de Ahorro y Crédito de Vínculo Laboral:
- Artículo 69.
- Artículo 70.
- Artículo 72.
- Artículo 73.
- II.
- Artículo 123
- III. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL FALLO
- 1) Los fundamentos constitucionales del cooperativismo y las entidades cooperativas y su protección estatal
- III.1.1. El cooperativismo fundamento y reconocimiento constitucional
- el cooperativismo busca desarrollar al hombre en sociedad, con los valores de la cooperación, de la igualdad, de la justicia, de la solidaridad, equidad en la distribución, del respeto y del trabajo conjunto para el desarrollo económico y social, por estas razones y en virtud de la naturaleza solidaria y de trabajo mutuo y cooperativo de las entidades que se fundan en el espíritu del cooperativismo, su institucionalización se encuentra reforzada por el aparato estatal
- principios de solidaridad, igualdad, reciprocidad, equidad en la distribución, finalidad social, y no lucro de sus asociados. El Estado fomentará y regulará la organización de cooperativas mediante la ley
- (i)
- Este particular reforzamiento que realiza el Constituyente permite inferir el alto valor que supone el cooperativismo en el Estado Plurinacional, lineamientos que obligan a este Tribunal a analizar su reconocimiento en forma sistémica, pues en las normas constitucionales señaladas subyacen las directivas de acción política que le imponen al Estado el deber de fomentar, apoyar, promover y proteger a las cooperativas, en razón a que éstas son instrumentos útiles para lograr el desarrollo económico y contribuir de manera equitativa a la distribución y redistribución de los productos y bienes sociales, con el objetivo de compensar las desventajas económico sociales de los sectores más empobrecidos
- La distribución de excedentes
- Las características señaladas configuran su naturaleza de entidades
- Las cooperativas especializadas o de un solo objeto
- III.2. Las cooperativas y la actividad financiera
- III.2.1. Las cooperativas de ahorro y crédito. Naturaleza y características
- a) La Ley General de Sociedades Cooperativas
- entre sus socios quedaban excluidas de esa ley
- c) El DS 24439 de 13 de diciembre de 1996
- Las cooperativas de ahorro y crédito cerradas
- Las Cooperativas de ahorro y crédito abiertas
- son sociedades cooperativas de crédito cerradas
- Las cooperativas de crédito de vínculo laboral
- e) La Ley 2297, de Fortalecimiento de la Normativa y Supervisión Financiera
- La entidad de intermediación financiera no bancaria
- las actividades de intermediación financiera y de prestación de servicios auxiliares financieros se encuentran sujetas al ámbito de aplicación de la LBEF, con el propósito de precautelar el orden financiero nacional y promover un sistema financiero sólido, confiable y competitivo
- recepción de depósitos de dinero en cuentas de ahorro, en cuenta corriente a la vista y a plazo, las operaciones de crédito otorgando préstamos, constituyen actividades de intermediación financiera que realizan las cooperativas de ahorro y crédito
- aplicarán dichas normas, sólo en lo concerniente a su constitución, estructura orgánica y administración. La autorización de funcionamiento, fiscalización, control e inspección de sus actividades y operaciones, son de competencia privativa de la Superintendencia
- III.2.4. Las cooperativas de crédito cerradas de carácter comunal
- las cooperativas de crédito de carácter comunal (cooperativas comunales) constituyen una manifestación de las cooperativas de ahorro y crédito de carácter cerrado, es decir, de aquellas cuyas operaciones financieras de ahorro y crédito se realizan exclusivamente entre sus socios
- las cooperativas comunales no requerirán de capital mínimo para su creación y funcionamiento
- Las actividades y operaciones descritas se encuentran comprendidas dentro de las actividades de intermediación financiera, esto permite concluir que el objeto único de las cooperativas comunales es realizar actividades de intermediación financiera únicamente con sus socios
- III.2.5. Las cooperativas de ahorro y crédito abiertas
- igualdad de oportunidades, solidaridad
- la prestación de servicios financieros y cualquier otra actividad relacionada con el manejo, aprovechamiento e inversión del ahorro, son de interés público y sólo pueden ser ejercidas previa autorización del Estado, conforme con la ley
- será fortalecido por medio del acceso al crédito y a la asistencia técnica
- un común denominador de la política financiera y de la sectorial es el fomento y potenciamiento del acceso al crédito para el fortalecimiento de la inversión socialmente productiva y de los diferentes sectores relacionados con la economía, en las que el rol de las cooperativas de ahorro y crédito como entidades de intermediación financiera no bancarias es fundamental.
- se fundamenta en los valores elegidos como sociedad, tales como la igualdad y la no discriminación entre otros
- la igualdad, no únicamente como un valor supremo, sino también como un principio motor de todo el aparato jurídico, siempre en procura del logro de un régimen de igualdad real, donde no se reconozcan privilegios y se erradique toda forma de discriminación, consolidando los rasgos e impronta de nuestro nuevo modelo de Estado.
- el derecho de
- III.4.1. Sobre la inconstitucionalidad del art. 1 de la Ley 3892
- “Artículo 1. (Modificación al artículo 1 de la Ley de Bancos y Entidades Financieras).
- Cooperativa de Ahorro y Crédito Societaria
- sociedad cooperativa de objeto único de carácter cerrado
- la actual caracterización de las cooperativas societarias no impide a que éstas persigan la misma finalidad y espíritu cooperativo
- porque al mantener su esencia de sociedad cooperativa se conserva el espíritu de trabajo solidario y de cooperación para la consecución y satisfacción conjunta de las necesidades individuales y colectivas de sus socios, por lo mismo, su alcance también debe proyectarse a fortalecer y democratizar el acceso al crédito y ahorro en todos los sectores sociales.
- debe ser entendido como un tipo societario o tipo de sociedad
- en sentido muy amplio
- sentido estricto
- no resulta conducente reducir el alcance del término “societaria”, únicamente al ámbito económico o finalidad lucrativa, pues si se adoptaría este sentido restringido, efectivamente el mismo no condice con la esencia y naturaleza de la sociedad cooperativa
- La autorización de funcionamiento, fiscalización, control e inspección de sus actividades y operaciones, son de competencia privativa de la Superintendencia
- promoción y protección estatal al sistema cooperativo demanda un conjunto coordinado de medidas orientadas a la implementación de una legislación adecuada que fomente y fortaleza el surgimiento y desarrollo de esta clase de organizaciones, por ello, a la par que existe la obligación del Estado de proteger las cooperativas como formas de trabajo solidario y de cooperación sin fines de lucro, según manda el art. 310, las normas contenidas en el art. 331 de la Constitución consideran que las actividades de intermediación financiera y cualquier otra actividad relacionada con el manejo, aprovechamiento e inversión del ahorro, son de interés público. Al mismo tiempo, emerge la intención del Constituyente en sentido que las entidades financieras se encuentren reguladas y supervisadas por una institución de regulación de bancos y entidades financieras, según señala el art. 332.I de la CPE
- con el propósito de precautelar el orden financiero nacional y promover un sistema financiero sólido, confiable y competitivo
- impide involucrarlas en la legislación especial que rige para las entidades que realizan actividad de intermediación financiera, pues esta deberá ser aplicada respetando su especial naturaleza y siempre con la finalidad de lograr su fortalecimiento, puesto que por las actividades financieras que realizan las cooperativas de ahorro y crédito, es primordial además de fortalecer el sistema cooperativo de ahorro y crédito dotar de un adecuado control, fiscalización y seguimiento para garantía de los socios y de la sociedad y al mismo tiempo para la solvencia del sistema de intermediación financiera en su conjunto.
- primer problema jurídico
- segundo problema jurídico
- cuyo alcance exige el mismo trato para los entes y hechos que se encuentran cobijados bajo una misma suposición y una diferente regulación respecto de los que muestran características distintas, inobservancia que en el caso que ocupa, desencadena en una afectación al derecho de asociación
- Por lo demás, la regulación es compatible con la Constitución en cuanto a la exigencia de un capital primario, cuyo requisito -se reitera- no es contrario al orden constitucional, pues lo que se quiere es la solidez y desarrollo de la actividad de intermediación financiera, a contrario sensu, de no precautelar este aspecto el lógico resultado será la imposibilidad de cumplir con los fines para los cuales fue creada la entidad
- tercer problema jurídico
- en tanto y en cuanto la falta de cumplimiento del capital mínimo no signifique su eliminación o impedimento de continuar sus operaciones de intermediación financiera, pues se recuerda que la exigencia de capital mínimo no es contrario al orden constitucional, lo contrario resulta cuando esta exigencia sea imposibilitante y por lo mismo una medida obstaculizadora para el fortalecimiento de las cooperativas de carácter cerrado que por razones de orden económico no podrían constituirse en tales al no alcanzar el mínimo exigido, generando un resultado contrario al propuesto por el Constituyente, cuyo objetivo es incentivar la extensión del sistema cooperativo de carácter solidario y sin fines lucrativos.
- no encuentra incompatibilidad con las normas constitucionales, respecto de la exigencia de un capital mínimo primario
- la exigencia del mismo monto de capital mínimo
- es deber de este Tribunal prever las consecuencias que podrían generarse a partir de su decisión
- 3.
- 4.