DECLARACIÓN CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0063/2015

La Constitución Política del Estado en su art. 269.II, ha establecido que: “La creación, modificación y delimitación de las unidades territoriales se hará por voluntad democrática de sus habitantes, de acuerdo a las condiciones establecidas en la Constitución y la ley” (las negrillas son agregadas); por su parte, la DCP 0008/2013 de 27 de junio, expresó: “Para el cumplimiento del art. 62.3 de la LMAD, no puede dejar de observarse el principio de “lealtad institucional”, establecido en el art. 270 de la CPE y desarrollado en el art. 5.15 de la LMAD en los siguientes términos: ‘El nivel central del Estado y las entidades territoriales autónomas tomarán en cuenta el impacto que sus acciones puedan tener sobre el nivel central del Estado y otras entidades territoriales, evitando aquellas que las perjudiquen, promoviendo el diálogo en torno a las medidas susceptibles de afectarles negativamente, y facilitando toda información pública necesaria para su mejor desempeño; respetando el ejercicio legítimo de las competencias del nivel central del Estado y de las entidades territoriales autónomas’.

Por otra parte, la modificación y delimitación de unidades territoriales se regirá, conforme el art. 16.I de la LMAD, por la Ley de Delimitación de Unidades Territoriales de 1 de febrero de 2013, cuyo art. 31 señala: `I. Toda delimitación de unidades territoriales será aprobada mediante Ley de la Asamblea Legislativa Plurinacional. II; Las leyes deberán emerger de procedimientos administrativos de conciliación, de resultados del referendo o de fallos emitidos por el Tribunal Supremo de Justicia en la delimitación de unidades territoriales y obligatoriamente fijarán los límites de la unidad territorial con datos geo-referenciados precisos; II. El Anteproyecto de Ley será remitido a la Asamblea Legislativa Plurinacional, por el Órgano Ejecutivo del nivel central del Estado o por el Tribunal Supremo de Justicia, cuando corresponda’.

En este sentido, en la determinación de los límites territoriales expresada en la norma analizada debió considerar los siguientes aspectos: 1) La determinación de límites responde a un procedimiento establecido y debe ser necesariamente aprobado mediante ley del nivel nacional de gobierno; 2) La delimitación unilateral de los límites de la ETA implica un impacto probable que puede afectar los intereses de otras ETA, principalmente las colindantes, lo que vulnera de manera directa el principio de ‘lealtad institucional’, el cual está relacionado con los principios de ‘igualdad’, ‘complementariedad’ y ‘reciprocidad’ aspectos que provocan la declaratoria de inconstitucionalidad parcial referida”. 

Por lo expuesto la frase “…limita al este con el Municipio de Yaco - Provincia Loayza, al oeste con el Municipio de San Pedro de Curahuara - Provincia Gualberto Villarroel y el Municipio de Umala - Provincia Aroma, al norte con el Municipio de Patacamaya - Provincia Aroma, Municipio de Luribay - Provincia Loayza y al sur con los municipios de Eucaliptus - Provincia Tomas Barrón y el Municipio de Caracollo - Provincia Cercado ambas ultimas del Departamento de Oruro” contenida en el parágrafo II del art. 1 del proyecto de COM, es incompatible con la Constitución Política del Estado. Asimismo, por conexitud el término “Autónomo”, contiene cargo de incompatibilidad con la Norma Suprema en el marco de los fundamentos desarrollados en el análisis del parágrafo I.