DECLARACIÓN CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0080/2015

El Capítulo Quinto del Título I de la Tercera Parte de la Norma Constitucional ha establecido a los Gobernadores y a los Alcaldes como las Máximas Autoridades Ejecutivas de las entidades territoriales autónomas departamentales y municipales respectivamente. De ello se deduce que los Gobernadores y los Alcaldes se constituyen en las máximas autoridades ejecutivas de los gobiernos autónomos, pero que ello no implica que al interior de estos gobiernos subnacionales no puedan establecerse o instituirse a determinadas autoridades o funcionarios que asuman responsabilidades similares a las de una máxima autoridad ejecutiva.

Es importante recordar que en el marco de los principios de separación e independencia de los órganos públicos, la propia jurisprudencia constitucional alentó y propició que los órganos públicos municipales consoliden sus propias administraciones para garantizar una correcta aplicación de estos principios, así lo reflejan los fundamentos jurídicos de prácticamente todas las Declaratorias de Constitucional emitidas por este Tribunal, que siguieron la línea establecida en la fundamento jurídico titulado “Forma de Gobierno” de la DCP 0001/2013 de 12 de marzo, que sentenció lo siguiente: “Es difícil concebir a un órgano legislativo, fiscalizando de manera ecuánime a un órgano ejecutivo del cual dependen sus contrataciones y de manera general toda su administración. En esa misma dinámica, difícilmente un órgano ejecutivo podría ejecutar obras, si el órgano legislativo demanda realizar un control previo (interno) a todas las contrataciones y adjudicaciones que el primero se plantee realizar.

Si bien, las Cartas Orgánicas y la legislación municipal deben recoger los principios y valores establecidos por la norma constitucional, consolidando los cimientos del nuevo modelo de Estado, no puede perderse de vista que la construcción del andamiaje institucional del Estado en todos sus niveles será paulatina y progresiva.

En consecuencia, en aquello referente a la separación administrativa de los órganos, específicamente de carácter municipal, deberá estar enmarcado en la realidad del municipio, la necesidad y capacidad institucional del gobierno municipal; sobre todo para aquellos gobiernos autónomos municipales pequeños que ven limitadas estas pretensiones, a causa de los recursos económicos que tienen asignados y el límite de gasto de funcionamiento que estableció la ley. Sin embargo, a esta realidad fáctica propia de una etapa inicial del proceso de construcción de un nuevo modelo de Estado, se invoca al nivel central del Estado, como titular de la competencia privativa de 'Política económica y planificación nacional' (art. 298.I.22 de la CPE), a plantear y emitir legislación postconstitucional que se enmarque y responda a los principios constitucionales y al nuevo modelo de Estado.

Por lo expuesto, si bien un gobierno autónomo municipal, no se encuentra posibilitado de instituir al interior de su gobierno la separación de administraciones para sus órganos, debe buscar los mecanismos alternativos que puedan garantizar la correcta separación de funciones y facultades de los órganos.

Finalmente, la separación de los órganos de las entidades territoriales autónomas, pretenderá consolidar un gobierno autónomo en el cual sus órganos no tengan interdependencia administrativa ni coercitiva, lo cual obliga a estos órganos a coordinar y cooperarse mutuamente para el logro de objetivos en pro del municipio y sus habitantes”.