DECLARACIÓN CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0181/2015

Así, se entiende que es la propia Constitución Política del Estado la que impone al aparato público estatal en todos sus niveles territoriales, el deber de establecer espacios de participación y control social, lo que implica, el reconocimiento a los entes y órganos que la propia sociedad civil organizada determine de manera independiente. Esto quiere decir que ninguna entidad estatal, territorial o funcional, podrá extralimitarse en el cumplimiento de este mandato, pues deberá respetar la independencia y autonomía de las organizaciones de la sociedad civil en el diseño de sus propias estructuras de participación en los procesos decisorios para la definición de políticas y acciones públicas y en el control a la legalidad y cumplimiento de los objetivos de los planes, programas y proyectos públicos (art. 4.II.4 de la LPCS).

Por su parte, el art. 4.II.4 de la LPCS, −cumpliendo la remisión a ley determinada por el art. 241.IV de la CPE− señala el ejercicio del control social y la participación ciudadana se regirá por el principio esencial de "Independencia y Autonomía", definido como: "Capacidad para decidir y actuar con libertad y sin depender de un mando o autoridad. Las acciones de la Participación y Control Social no se subordinarán a ningún Órgano y/o autoridad del Estado, ni recibirá instrucciones o presiones de ningún poder fáctico, que vele por intereses particulares contrarios al interés general".