DECLARACIÓN CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0029/2015

Así lo entendió la propia jurisprudencia constitucional, que estableció en la DCP 0009/2013 de 27 de julio, Estatuto de Totora Marka, lo siguiente: “Ahora bien y considerando lo expuesto corresponde entender que en la gestión estatal a nivel de la AIOC la distinción entre lo público y lo privado tiende a hacerse más flexible, pues no aplica la lógica occidental cerrada entre lo individual y lo colectivo, lo público y lo privado, abriendo espacios de funcionamiento participativo más amplios y frecuentes, dinámica que puede trasladarse también a la determinación de su estructura de gobierno y de ahí que el art. 74 analizado no efectúe una distinción clara entre gobernantes (quienes ejercen la función de gobierno) y gobernados (sociedad civil que no gobierna pero participa y controla la gestión del gobierno). Ciertamente, desde la lógica occidental moderna, de carácter más eficientista, podrían vislumbrarse conflictos en la compleja relación política (gobernantes y gobernados) al no poder distinguirse con claridad las responsabilidades de quienes ejecutan y de quienes controlan, pero esto no vulnera ningún precepto constitucional pues se enmarca en el reconocimiento a la autonomía y autogobierno reconocidos a los pueblos IOC en la Constitución Política del Estado” (las negrillas fueron añadidas).

Por ello, en el caso particular de Raqaypampa, la peculiar conformación de su gobierno no permite establecer los límites entre gobernados y gobernantes y por tanto el sujeto de la autonomía debe ser encarado desde un amplio entendimiento de la libre determinación, la cual se encuentra garantizada por la norma constitucional y debe ser precautelada por este Tribunal.