I.1. Los suscritos Magistrados, en observancia del art. 10.III del Código Procesal Constitucional (CPCo), manifiestan su disidencia respecto a la DCP 0213/2015 de 16 de diciembre, por los fundamentos de orden constitucional que se desarrollan medi

Esta previsión que realiza la Ley Marco de Autonomías y Descentralización “Andrés Ibáñez” reviste de trascendencia; toda vez que, la prestación de servicios por parte de las ETA pueden encontrarse vinculados con derechos fundamentales (educación, salud, medio ambiente, etc.) en cuyo sentido resulta razonable que una ETA, dentro de su jurisdicción territorial, pueda suplir la prestación de un servicio cuya competencia le corresponde a otra ETA que por diversos motivos no pueda ejercer determinada competencia para la satisfacción de las necesidades públicas, más aún cuando la prestación de éste servicio se encuentre vinculado a un derecho fundamental. De lo precedentemente razonado se infiere que las ETA de manera excepcional podrán prestar servicios que no se encuentren dentro de sus competencias para la satisfacción de necesidades de la población dentro de su jurisdicción territorial de acuerdo a los procedimientos establecidos en la ley, más aún cuando estos servicios se encuentren vinculados a derechos fundamentales, cumpliéndose con el mandato establecido en el art. 13.I de la CPE, entonces de ninguna manera debe entenderse que el reparto competencial implica un reparto de derechos fundamentales a ser protegidos por cada nivel de gobierno, sino que es el Estado en su integridad el que debe resguardar y proteger los mismos.