DECLARACIÓN CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0051/2019

Se hace constar que, la Magistrada MSc. Karem Lorena Gallardo Sejas, es de Voto Disidente respecto a los arts. 29.I numerales 1 inc. i); y, 4 inc. g); 35.I.1 incs. k); y, l); 46; 54; 92 nomen iuris y los parágrafos II y III; 93 numerales 1, 2, 3, 4, 5 y 6; 121; 125.I; 129.I; 131.II; y de Voto Aclaratorio en cuanto al art. 25. Por su parte, la Magistrada MSc. Georgina Amusquivar Moller, es de Voto Disidente en relación a los arts. 24.2; 35.I.1 inc. k); y, 71.II; siendo de Voto Aclaratorio en cuanto a los arts. 1 y 25. Asimismo, el Magistrado MSc. Carlos Alberto Calderón Medrano, es de Voto Disidente respecto a los arts. 29.I.1 inc. i); 35.I.3 inc. b); y, 87; siendo de Voto Aclaratorio en relación a los arts. 13.2; 24.2; 29.I.2 inc. c); y, 40. De igual forma, la Magistrada MSc. Julia Elizabeth Cornejo Gallardo, es de Voto Disidente, respecto a los arts. 26.5, 29.I.1 inc. i); 35.I numerales 1 incs. k) y l); y, 2 inc. q); 44; 120.9; y, 143; siendo de Voto Aclaratorio en cuanto al art. 41. Por otra parte, el Magistrado MSc. Paul Enrique Franco Zamora, es de Voto Disidente en cuanto al art. 44 y de Voto Aclaratorio respecto al art. 25. Por su parte, la Magistrada MSc. Brígida Celia Vargas Barañado, es de Voto Disidente en relación a los arts. 24, 26, 44, 46, 92.II y III, 93 numerales 1, 3 y 4; y, 96.3. De la misma manera, el Magistrado Dr. Petronilo Flores Condori, es de Voto Disidente respecto a los arts. 1; 29.I.3 incs. d) y e); 41; y, 59. Finalmente, el Magistrado Relator, Gonzalo Miguel Hurtado Zamorano, es de Voto Disidente respecto de la parte dispositiva que declara la compatibilidad simple del art. 35.I.3 inc. b), en la frase: “personas con capacidades especiales”; y en lo referente a la incompatibilidad del art. 120.9. Asimismo, es de Voto Aclaratorio en cuanto al análisis efectuado para la declaratoria de incompatibilidad del art. 25, todos del proyecto de la Carta Orgánica Municipal de San Ignacio de Velasco, sometido a control previo de constitucionalidad en la presente Declaración Constitucional Plurinacional; metodología que asume este Tribunal en el marco de su autonomía procesal.