DECLARACIÓN CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0096/2015

En este contexto, otorgar a las ordenanzas municipales el carácter de normas generales administrativas emitidas por el concejo municipal, resulta vulneratorio a lo establecido en los arts. 12.I y 283 de la CPE, en concordancia con el 12.II de la LMAD, ya que invade un área de funcionamiento propio del ejecutivo como es el ejercicio de la facultad reglamentaria; es decir, la facultad de emitir normas reglamentarias de aplicación general en el territorio municipal; esto es, de cumplimiento obligatorio para todos los estantes y habitantes del territorio municipal.

Lo referido no implica que necesariamente la figura de la ordenanza municipal sea eliminada del ordenamiento jurídico municipal sino que en su caso debe redimensionarse en su naturaleza y proceso de formación como en lo referente a sus alcances, que no deberán ir más allá del ámbito de regulación interna, conforme los cambios normativos suscitados a partir de la aprobación de la Constitución Política del Estado vigente.

En este mismo sentido se ha referido la DCP 0003/2014 de 10 de enero, que menciona: “La facultad legislativa está referida específicamente a la capacidad de emitir normas con rango de ley, de esta forma, considerando que las ordenanzas y las resoluciones se constituyen en normas administrativas de gestión interna no pueden ser asumidas como parte de la facultad legislativa que asiste al Concejo Municipal”; bajo estas consideraciones, debe reformularse la ordenanza municipal.   

Por último respecto a las “Resoluciones de cabildos, tantachawis, congresos, ampliados y reuniones”, debe señalarse que el art. 11.II.1 de la CPE, señala que: “…las asambleas y cabildos tendrán carácter deliberativo conforme a Ley”; además que el art. 35 de la Ley de Régimen Electoral (LRE), en su párrafo segundo indica que: “La Asamblea y el Cabildo tienen carácter deliberativo, sus decisiones no son de carácter vinculante, pero deberán ser consideradas por las autoridades y representantes en los niveles de decisión que corresponda. No se consideran para efectos de este capítulo las Asambleas y Cabildos que sean propias de la organización interna de las naciones y pueblos indígena originario campesinos”, en este sentido, las resoluciones  de cabildos, tantachawis, congresos, ampliados y reuniones, no pueden formar parte de la jerarquía normativa por que las mismas no tienen carácter obligatorio.