DECLARACIÓN CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0044/2015

Tener una vivienda digna “tiene que ver con la posibilidad de que las personas puedan desarrollar, dentro de ellas, su autonomía moral y encuentren un mínimo de satisfacción de planes de vida” (Cabanellas, 1996: 367). El mismo autor señala, “una vivienda, también deberá tener un acceso y dotación de servicios básicos como agua potable, electricidad, entre otros, que permitan una vida digna”.

El art. 19.II de la CPE, establece que: “El Estado, en todos sus niveles de gobierno, promoverá planes de vivienda de interés social, mediante sistemas adecuados de financiamiento, basándose en los principios de solidaridad y equidad. Estos planes se destinarán preferentemente a familias de escasos recursos, a grupos menos favorecidos y al área rural”.

En la distribución competencial, el constituyente guardando congruencia con lo dispuesto en el art. 19.II de la CPE, ha asignado competencias sobre la materia vivienda, a todos los niveles de Gobierno; así el art. 298.II.36 de la CPE, dispone que las: “Políticas generales de vivienda” es una competencia exclusiva del nivel central; mientras que la materia vivienda y vivienda social, conforme al art. 299.II.15 de la Norma Suprema, es una competencia concurrente, en virtud a ello la facultad legislativa corresponde al nivel central del Estado, mientras que las ETA, ejercen la facultad reglamentaria y ejecutiva; de lo que resulta que estas últimas no tienen competencia para emitir leyes del régimen de vivienda; sin embargo, podrán emitir Leyes sobre priorización y asignación de recursos en base a un plan o programa de vivienda, pero siempre en el marco de la Política de vivienda.