DECLARACIÓN CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0163/2016

En este sentido, no es labor de una norma de rango inferior, ‘ratificar’ el mandato o prescripción jurídica establecido en la norma fundante o superior, porque de procederse de ese modo, resultaría superfluo el principio de jerarquía normativa, dado que ningún órgano de gobierno, estaría sometido más que a sus propias normas jurídicas, que con todo arbitrio podrían o no reconocer o ratificar lo dispuesto en otra norma, situación hipotética insostenible, peor aún si se trata de los derechos, garantías, deberes o responsabilidades de los ciudadanos, que solo pueden ser reconocidos y fijados en la Constitución Política del Estado en su condición de marco jurídico fundamental de un Estado.

Por lo expuesto, una carta orgánica que tiene como norma fundante a la Constitución Política del Estado, no posee la facultad de ratificar aquellos derechos y deberes que fueron establecidos en ésta; peor aún, realizar una distinción infundada entre estos derechos y aquellos que a criterio del estatuyente, tienen la característica de ‘inviolables, universales, interdependientes, indivisibles e inalienables’, sin considerar que al tenor del art. 13.I de la CPE, todos los derechos fundamentales reconocidos por la Norma Suprema sin ningún tipo de excepción, gozan de las características anteriormente mencionadas”; el fundamento desarrollado distingue la naturaleza de la Constitución y su posicionamiento en la estructura normativa, de modo que si la Carta Orgánica Municipal hace una ratificación o reconocimiento de los derechos establecidos en la Norma Suprema afecta el principio de supremacía constitucional; en ese mismo sentido entendieron las Declaraciones Constitucionales Plurinacionales 0061/2014, 0003/2015, 0015/2015 y 0050/2015.

[4] Artículo 5. (DEFINICIONES).1.Participación. Es un derecho, condición y fundamento de la democracia, que se ejerce de forma individual o colectiva, directamente o por medio de sus representantes; en la conformación de los Órganos del Estado, en el diseño, formulación y elaboración de políticas públicas, en la construcción colectiva de leyes, y con independencia en la toma de decisiones.2.Control Social. Es un derecho constitucional de carácter participativo y exigible, mediante el cual todo actor social supervisará y evaluará la ejecución de la Gestión Estatal, el manejo apropiado de los recursos económicos, materiales, humanos, naturales y la calidad de los servicios públicos y servicios básicos, para la autorregulación del orden social. (Ley Nº 341 de 5 de febrero de 2013 “Ley de Participación y Control Social”)