Auto Supremo AS/0246/2005

Cuando el Ministerio Público requiere por la no extinción de la acción, tomando como base y fundamento para la negativa los recursos e incidentes planteados por los imputados, la opinión no sólo es ilegal e inconstitucional, debido a que en el caso presente los imputados se han limitado a ejercer el legitimo derecho a la defensa que les confiere y garantiza el inciso II del artículo 16 de la Ley Suprema del Ordenamiento Jurídico Nacional, confirmado y proclamado por tratados y convenios internacionales aprobados por el Congreso Nacional elevando a rango de ley, y por tanto de obligatorio cumplimiento como acontece con la Declaración Universal de los Derechos Humanos en su artículo 10, el Pacto de San José de Costa Rica en su artículo 8 ap. 1 y el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos en su artículo 14 ap. 1, confieren a todo imputado, con carácter imperativo, el derecho que tiene toda persona a "ser oída" y juzgada dentro de un plazo razonable, tomando en cuenta el aforismo de que "justicia que no es pronta, es injusticia"