Los suscritos Magistrados, en observancia del art. 10.III del Código Procesal Constitucional (CPCo), manifiestan su disidencia con la DCP 0012/2015 de 16 de enero, por los siguientes fundamentos de orden constitucional.

4.   Generar un manejo transparente de la información y del uso de los recursos en todos los espacios de la gestión pública municipal. La información solicitada por el control social no podrá denegarse, y será entregada de manera completa, veraz, adecuada y oportuna, respetando el conducto institucional.

El parágrafo II del art. 47 del proyecto de Carta Orgánica fue declarado incompatible con la Norma Suprema por parte de la DCP 0012/2015, entendiendo la misma que el referido precepto regularía el alcance de la participación y el control social; sin embargo, corresponde señalar que el contenido del parágrafo analizado realizó una declaración que no es contraria a la Constitución Política del Estado, puesto que se adecúa a lo ya establecido en el art. 242 de la misma, que a la letra establece: “La participación y el control social implica, además de las previsiones establecidas en la Constitución y la ley: 1. Participar en la formulación de las políticas de Estado; 2. Apoyar al Órgano Legislativo en la construcción colectiva de las leyes; 3. Desarrollar el control social en todos los niveles del gobierno y las entidades territoriales autónomas, autárquicas, descentralizadas y desconcentradas; 4. Generar un manejo transparente de la información y del uso de los recursos en todos los espacios de la gestión pública. La información solicitada por el control social no podrá denegarse, y será entregada de manera completa, veraz, adecuada y oportuna; 5. Formular informes que fundamenten la solicitud de la revocatoria de mandato, de acuerdo al procedimiento establecido en la Constitución y la Ley; 6. Conocer y pronunciarse sobre los informes de gestión de los órganos y funciones del Estado; 7. Coordinar la planificación y control con los órganos y funciones del Estado; 8. Denunciar ante las instituciones correspondientes para la investigación y procesamiento, en los casos que se considere conveniente; 9. Colaborar en los procedimientos de observación pública para la designación de los cargos que correspondan; 10. Apoyar al órgano electoral en transparentar las postulaciones de los candidatos para los cargos públicos que correspondan”.

Entonces se advierte que el precepto estudiado no era contrario a la Constitución Política del Estado, si no que más bien, al declarar disposiciones basadas en un precepto constitucional (art. 242 de la CPE) expresa su sujeción a la Norma Suprema en lo que concierne a las implicancias del ejercicio del Control Social, razón por la cual esta disposición debió ser declarada compatible con la Constitución Política del Estado.