Los suscritos Magistrados, en observancia del art. 10.III del Código Procesal Constitucional (CPCo), manifiestan su disidencia con la DCP 0012/2015 de 16 de enero, por los siguientes fundamentos de orden constitucional.

Sobre el precepto citado, corresponde señalar que el art. 11.II de la CPE, establece: “La democracia se ejerce de las siguientes formas, que serán desarrolladas por la ley: 1. Directa y participativa, por medio del referendo, la iniciativa legislativa ciudadana, la revocatoria de mandato, la asamblea, el cabildo y la consulta previa. Las asambleas y cabildos tendrán carácter deliberativo conforme a Ley”. Por su parte el art. 39 de la Ley del Régimen Electoral (LRE) establece: “La Consulta Previa es un mecanismo constitucional de democracia directa y participativa, convocada por el Estado Plurinacional de forma obligatoria con anterioridad a la toma de decisiones respecto a la realización de proyectos, obras o actividades relativas a la explotación de recursos naturales. La población involucrada participará de forma libre, previa e informada; En el caso de la participación de las naciones y pueblos indígena originario campesinos, la consulta tendrá lugar respetando sus normas y procedimientos propios; Las conclusiones, acuerdos o decisiones tomadas en el marco de la consulta previa no tienen carácter vinculante, pero deberán ser considerados por las autoridades y representantes en los niveles de decisión que corresponda” (las negrillas y el subrayado es nuestro), en este marco normativo el parágrafo I del art. 111 establece una disposición que no es discordante con lo expresado por la Ley del Régimen Electoral que efectivamente determina que la consulta previa puede recaer sobre actividades relativas a la explotación de recursos naturales, entonces el parágrafo I del art. 111 debió ser declarado compatible con la Constitución Política del Estado de manera pura y simple.