Los suscritos Magistrados, en observancia del art. 10.III del Código Procesal Constitucional (CPCo), manifiestan su disidencia con la DCP 0012/2015 de 16 de enero, por los siguientes fundamentos de orden constitucional.

VI.  Para ser designada Defensora o ser designado Defensor del ciudadano se requerirá cumplir con las condiciones generales de acceso al servicio público, contar con veinticinco años de edad cumplidos al momento de su designación y contar con probada integridad personal y ética, determinada a través de la observación pública”.

El citado parágrafo fue declarado incompatible en parte por la DCP 0012/2015, respecto a la edad requerida para este ombudsman a nivel municipal; sin embargo, se advierte que el entendimiento asumido se limita a expresar que este requisito, al no encontrarse establecido en el art. 234 de la CPE, debe ser declarado incompatible, entendimiento que restringe la elección y designación de personal por parte de las entidades públicas puesto que las mismas, mediante su manual de funciones u otra normativa, y de acuerdo a la naturaleza del cargo o personal requerido, puede solicitar otros requisitos para seleccionar a sus servidores públicos a efectos de procurar una responsable y eficiente gestión sin desmarcarse de lo establecido en el referido art. 234 de la CPE. Con respecto a este ombudsman a nivel municipal, si bien la designación de servidores públicos debe obedecer primordialmente a meritocracia de acuerdo a los principios establecidos en el art. 232 constitucional, el establecimiento de edades para el ejercicio de determinados cargos públicos no es disonante con el espíritu de la Norma Suprema o la voluntad del constituyente, quien definió para determinados cargos públicos un parámetro de edad (por ejemplo para la designación de Contralor General del Estado [art. 215 de la CPE] o para el mismo Defensor del Pueblo [art. 221 de la CPE] entre varios), en este sentido, y considerando que la misma Constitución Política del Estado establece un parámetro de edad para el ombudsman del nivel nacional, correspondía declarar la compatibilidad pura y simple del parágrafo VI del art. 49 de proyecto de Carta Orgánica.