DECLARACIÓN CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0201/2015

Sucre, 5 de noviembre de 2015

SALA PLENA

Magistrado Relator: Dr. Juan Oswaldo Valencia Alvarado

Control previo de constitucionalidad de proyectos de estatutos o cartas orgánicas de entidades territoriales autónomas

Expediente: 10249-2015-21-CEA

Departamento: La Paz

En la solicitud de control previo de constitucionalidad del proyecto de Carta Orgánica presentado por Alicia Condori de Flores, Presidenta del Concejo del Gobierno Autónomo Municipal de Santiago de Callapa, provincia Pacajes del departamento de La Paz.

I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA

I.1. Contenido de la consulta

Mediante nota presentada el 4 de marzo de 2015, cursante a fs. 374 y vta., Alicia Condori de Flores, Presidenta del Concejo del Gobierno Autónomo Municipal de Santiago de Callapa, provincia Pacajes del departamento de La Paz, solicitó efectivizar el control de constitucionalidad del proyecto de Carta Orgánica del Municipio aludido, señalando que el mismo fue trabajado de manera participativa y aprobado por unanimidad.

I.2. Admisión

Por AC 0191/2015-CA de 18 de mayo, cursante de fs. 388 a 391, la Comisión de Admisión del Tribunal Constitucional Plurinacional, admitió la solicitud de control previo de constitucionalidad del proyecto de Carta Orgánica de Santiago de Callapa, al haberse acreditado el cumplimiento de todos los requisitos de admisión exigidos por ley.

I.2. Trámite Procesal en el Tribunal Constitucional Plurinacional

Mediante decreto constitucional de 4 de septiembre de 2015, la Comisión de Admisión, a requerimiento del Magistrado Relator, solicitó informe técnico a la Unidad de Jurisprudencia de este Tribunal, disponiéndose en consecuencia la suspensión del cómputo plazo, hasta que la documentación sea recibida y decretada la conformidad de su recepción; reanudándose el plazo en forma posterior, por lo que presente Declaración Constitucional Plurinacional es pronunciada dentro de término.

II. CONCLUSIÓN

El proyecto de Carta Orgánica de Santiago de Callapa, provincia Pacajes del departamento de La Paz, sometida a control previo de constitucionalidad, consta de un preámbulo, siete (7) partes, diecinueve (19) Títulos en sumatoria, en los cuales se encuentran desarrollados un total de ciento ochenta y dos (182) artículos, cuatro (4) Disposiciones Transitorias, una (1) Disposición Derogatoria y Abrogatoria y dos (2) Disposiciones Finales, tal y como se observa en el siguiente desarrollo:

PROYECTO DE CARTA ORGÁNICA DEL GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE SANTIAGO DE CALLAPA

PREÁMBULO

Nosotras y nosotros, los Asambleístas Municipales del valeroso pueblo de Santiago de Callapa, de la Provincia Pacajes del Departamento de La Paz, representantes de la organizaciones sociales y sociedad civil organizada del Municipio, reunidas y reunidos en Asamblea Autonómica Municipal, juntos por voluntad soberana, elegidas y elegidos por nuestras hermanas y hermanos de las comunidades; Guana Grande, Hilata Grande, Chuca, Pujrata, Condo, Condo de la Banda, Yaribay, Calteca, Guana Chico, Callapa, Huayllapanta y Imañuta, al amparo de los Artículos 275, 284 Parágrafo IV de la Constitución Política del Estado, y los Artículos 53, Parágrafo I, inciso 2, 61 Parágrafo III, de la Ley Marco de Autonomías y Descentralización Andrés Ibáñez, del Estado Plurinacional de Bolivia, nos constituimos para formular y construir el anteproyecto de la Carta Orgánica del Municipio de Santiago de Callapa.

La Asamblea Autonómica Municipal de Santiago de Callapa, con el objetivo de Elaborar participativamente el Anteproyecto de Carta Orgánica Municipal, ha recogido las diferentes propuestas de las comunidades y las organizaciones vivas del municipio, con la finalidad de que la norma institucional básica consolide la autonomía en el municipio, transparente la gestión municipal, permita la estructuración de sus órganos de gobierno y el ejercicio de sus competencias, que el objetivo a ser alcanzado sea el vivir bien y la mejora de las condiciones de vida y dignidad de sus pobladores, que las y los habitantes sean provistos de servicios básicos e infraestructura productiva y consolidar el desarrollo integral del municipio, así mismo resguardar y revalorizar el patrimonio cultural, científico y tecnológico.

La norma suprema del ordenamiento jurídico nacional en su artículo 275 instruye a los órganos deliberativos de las entidades territoriales elaborar de manera participativa el Proyecto de Carta Orgánica que deberá ser aprobado por dos tercios del total de sus miembros, y previo control de constitucionalidad, entrará en vigencia como norma institucional básica de la entidad territorial mediante referendo aprobatorio en su jurisdicción; en cumplimiento de la Constitución Política del Estado, las representantes y los representantes de las organizaciones sociales y colectivos sociales en general del municipio y el Concejo Municipal por determinación de las mujeres y hombres del valeroso pueblo de Santiago de Callapa, reunidos en Asamblea Autonómica Municipal por su voluntad y elección, con el objeto de consolidar la Autonomía Municipal, el Gobierno Autónomo Municipal, estructurar los órganos de gobierno, sus atribuciones, reafirmar la unidad del Estado Plurinacional de Bolivia, impulsar el desarrollo productivo y humano, promover el vivir bien (suma qamaña), implementar la infraestructura educativa, de salud y deportes, promover la cultura y el turismo y proveer de servicios básicos a los pobladores del municipio por mandato del pueblo, invocando la protección del Creador y apelando a la conciencia del soberano, construimos participativamente el proyecto de Carta Orgánica del Municipio de Santiago de Callapa.

PRIMERA PARTE

BASES ESTRUCTURALES DEL GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL

TÍTULO I

DECLARACIÓN DE SUJECIÓN, VISIÓN, IDENTIDAD, CARACTERÍSTICAS, SIMBOLOS DE LA ENTIDAD Y UNIDAD TERRITORIAL AUTÓNOMA Y DISPOSICIONES GENERALES

CAPÍTULO PRIMERO

DISPOSICIONES GENERALES

Artículo 1. (Declaración de Sujeción a la Constitución Política del Estado y las Leyes). La Carta Orgánica del Municipio de Santiago de Callapa, declara su plena sujeción a la Constitución Política del Estado y la Ley Marco de Autonomías y Descentralización.

Artículo 2. (Visión del Municipio).

El Municipio de Santiago de Callapa, cuenta con una Entidad Territorial Autónoma transparente y democrática que trabaja por el desarrollo integral y tecnológico de sus comunidades apoyando a sus pobladores en su vocación productiva, agrominera, pecuaria, habiendo logrado la mejora del ganado camélido, ovino y vacuno y la producción de quinua y cañahua además de promover y apoyar la artesanía, cerámica, el turismo la cultura, aprovechando su diversidad y riqueza natural, cultural y la adecuada administración de los recursos económicos municipales en la implementación de la infraestructura y equipamiento en salud y educación, dotando de servicios básicos.

Artículo 3. (Identidad del Municipio).

El Municipio de Santiago de Callapa, se asienta sobre el señorío Pacajaques, pueblo milenario de origen aymara que contenía como parte de su gran territorio a la Marka Callapa, se identifica por poseer una gran riqueza cultural y artesanal que se manifiesta en sus danzas, música autóctona, tejidos y cerámica; su nombre es en homenaje al “Apóstol Tata Santiago” santo que es festejado el 25 de julio; la base de la economía del Municipio de Santiago de Callapa es la producción camélida, ovina y vacuna, como también la producción de la quinua y cañahua; posee un capital humano progresista que busca el desarrollo local, regional y nacional desde una visión comunitaria y de complementariedad con la Madre Tierra; sus pobladores practican los usos y costumbres ancestrales como forma de organización al interior de las comunidades y para el ejercicio de sus derechos, obligaciones y funciones las autoridades originarias usan atuendos identificativos típicos, siendo los mismos los siguientes:

1. El Poncho de color verde elaborada de lana de oveja, teñida con fruto u hoja de nogal, representa lucha de las autoridades indígena originarias campesinas.

2. El Reboso de color verde, de las autoridades originarias mujeres.

3. Sombrero de color blanco, que significa la madurez de una autoridad originaria.

4. La pollera de color rosada de bayeta, de las autoridades originarias mujeres que representa la lucha contra la opresión colonial y neoliberal.

5. El Chicote de honor (Chiboñilla), que significa mando del poder y justicia de acuerdo a los usos y costumbres del municipio, usada solamente por las autoridades en ejercicio de un cargo jerárquico.

6. Chalina (Timanasa) de color vicuña, que representa a la nación aymara, usada por las autoridades originarias como señal de cumplimiento de las obligaciones que se les asigna.

7. Chuspa y Tari, que significa el respeto entre los pobladores, es el complemento de la vestimenta y sirve para llevar la milenaria hoja de coca a eventos o actividades sociales.

Artículo 4. (Identidad del Gobierno Autónomo Municipal de Santiago de Callapa). El Gobierno Autónomo Municipal de Santiago de Callapa al ser una institución de derecho público al servicio de los habitantes del Municipio es una entidad autónoma democrática, transparente que lucha contra la corrupción, es incluyente, diseña y ejecuta políticas públicas municipales para mejorar las condiciones de vida de sus pobladores en el ejercicio de sus competencias exclusivas buscando el suma qamaña (vivir bien); respeta el derecho de sus pobladores, además asume los principios y valores establecidos en la Constitución Política del Estado, la Ley Marco de Autonomías y Descentralización y la presente Carta Orgánica Municipal.

Artículo 5. (Autonomía Municipal). Es la cualidad gubernativa que adquieren los Gobiernos Autónomos Municipales y que implica la igualdad jerárquica o de rango constitucional entre entidades territoriales autónomas, la elección directa de sus autoridades por las ciudadanas y los ciudadanos, la administración de sus recursos económicos y el ejercicio de las facultades legislativas, reglamentarias, fiscalizadoras y ejecutivas por sus órganos de Gobierno en el ámbito de la jurisdicción territorial y de las competencias y atribuciones establecidas por la Constitución Política del Estado y la Ley Marco de Autonomías y Descentralización.

Artículo 6. (Carta Orgánica Municipal). Es la norma institucional básica del Municipio de Santiago de Callapa, de naturaleza rígida, de cumplimiento obligatorio, contenido pactado, elaborada de forma democrática, participativa; forma parte del ordenamiento jurídico municipal, expresa la voluntad de sus habitantes y permite al Gobierno Autónomo Municipal el ejercicio de todas sus competencias establecidas en la Constitución Política del Estado y la Ley de Autonomías y Descentralización en su jurisdicción.

Artículo 7. (Denominación del Municipio como Unidad y Entidad Territorial).

I. La denominación de la unidad territorial es: Municipio de Santiago de Callapa.

II. La denominación de la entidad territorial es: Gobierno Autónomo Municipal de Santiago de Callapa.

Artículo 8. (Idiomas). Los idiomas que se hablan en el Municipio son el castellano y aymara, además se promoverá y fomentará la enseñanza de idiomas extranjeros y el lenguaje de las personas con capacidades diferentes.

Artículo 9. (Símbolos oficiales del Municipio).

I. Los símbolos oficiales del Municipio de Santiago de Callapa son:

1. Bandera del Municipio con sus franjas Blanco y Verde.

2. Escudo del Municipio.

3. Himno del Municipio.

II. Una Ley Municipal establecerá los criterios, características y parámetros de elaboración de los símbolos del Municipio.

Artículo 10. (Ámbito de Aplicación). La presente carta orgánica municipal es de aplicación obligatoria en la jurisdicción territorial del Municipio de Santiago de Callapa.

Artículo 11. (Forma de Gobierno y Participación del Pueblo).

I. El Gobierno Autónomo Municipal de Santiago de Callapa organiza su gobierno en los órganos Legislativo y Ejecutivo de conformidad a la Constitución Política del Estado, Ley Marco de Autonomías y Descentralización, la presente Carta Orgánica y normativa municipal específica. La forma de elección de las autoridades municipales es democrática, directa, participativa, representativa con igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres.

II. La soberanía reside en la población del Municipio de Santiago de Callapa, quienes deliberan y gobiernan por medio de sus representantes, a los que elige a través del sufragio, manteniendo para sí los derechos de iniciativa, referendo y revocatorio. Su intervención se canaliza mediante Partidos Políticos, Agrupaciones Ciudadanas y Pueblos Indígena Originarios Campesinos, expresando de esa manera el pluralismo ideológico, concurriendo a la formación y manifestación de la voluntad popular, como instrumentos fundamentales de la participación y representación política.

Artículo 12. (Valores del Municipio). Además de los valores que se establecen en la Constitución Política del Estado, constituyen atributos morales y sociales de los pobladores del municipio los siguientes: Convivencia pacífica, honestidad, generosidad, consenso, identidad cultural, lealtad, excelencia, honradez, responsabilidad, tolerancia, integración, imparcialidad, oportunidad social, equidad generacional y de género, pertenencia, puntualidad, perseverancia, voluntariedad, calidad y buen trato al prójimo.

Artículo 13. (Principios del Municipio).

I. El Municipio de Santiago de Callapa asume y promueve como principios ético morales los siguientes:

1. Jani jayramti, no seas flojo.

2. Jani k`arimti, no seas mentiroso.

3. Jani Lunthatamti, no seas ladrón.

4. Suma Qamaña, “vivir bien”.

II. Además de los principios que se establecen en la Constitución Política del Estado y la Ley Marco de Autonomías y Descentralización se adoptan como propios los siguientes: dignidad, identidad, justicia social, no discriminación, autonomía, equidad de género con equivalencia, gradualidad, coordinación y respeto.

Artículo 14. (Fines del Gobierno Autónomo Municipal). Son fines del Gobierno Autónomo Municipal de Santiago de Callapa mejorar el desarrollo productivo, económico, humano y social con respeto al medio ambiente y los derechos de los pobladores del Municipio, para alcanzar los mismos se deberán realizarán las siguientes acciones:

1. Promover, planificar y dinamizar el desarrollo humano en el Municipio.

2. Diseñar, construir y equipar bienes de dominio municipal, buscando el desarrollo rural y urbano.

3. Promover conforme a sus competencias el desarrollo productivo a través de la implementación de proyectos y la capacitación.

4. Generar espacios para la participación ciudadana en la construcción de las políticas públicas municipales y el control social a la gestión municipal.

5. Promocionar el turismo las expresiones culturales, artísticas del Municipio.

6. Dotar de servicios básicos a los pobladores del Municipio, dentro del marco de sus competencias.

7. Promover y mejorar la calidad de vida a través de la implementación de proyectos y programas de desarrollo dentro del marco de sus competencias.

8. Generar fuentes de trabajo y empleo dignos para sus habitantes.

9. Crear empresas Municipales.

Artículo 15. (Sede y Capital del Municipio de Santiago de Callapa). La sede del Gobierno Autónomo Municipal y capital de Municipio es la localidad de Santiago de Callapa.

TÍTULO II

DERECHOS, DEBERES Y OBLIGACIONES

CAPÍTULO I

DERECHOS, DEBERES Y OBLIGACIONES DE LOS HABITANTES DEL MUNICIPIO DE SANTIAGO DE CALLAPA

Artículo 16. (Derechos). El Gobierno Autónomo Municipal de Santiago de Callapa promueve el ejercicio, goce y cumplimiento pleno de todos los derechos autonómicos para las habitantes y los habitantes del Municipio en el ejercicio de sus competencias exclusivas sin distinción y discriminación alguna.

Artículo 17. (Deberes y Obligaciones). Además de los deberes establecidos en la Constitución Política del Estado, con carácter enunciativo, se establecen las siguientes obligaciones para las ciudadanas y los ciudadanos del Municipio de Santiago de Callapa:

1. Conocer, cumplir y hacer cumplir la Carta Orgánica Municipal y las normas municipales.

2. Participar en los procesos de planificación y programación para el diseño de políticas públicas municipales.

3. Preservar y conservar los bienes de dominio público municipal y denunciar el uso indebido de los mismos.

4. Presentar acciones y denuncias en contra de las servidoras y servidores públicos del Gobierno Autónomo Municipal que transgredan la presente Carta Orgánica Municipal y otras normativas municipales.

5. Cooperar al Gobierno Autónomo Municipal en la asistencia a las damnificadas y los damnificados en casos de desastres naturales.

6. Honrar los símbolos del Municipio.

7. Preservar, conservar y contribuir a la protección del medio ambiente, evitando su contaminación.

8. Velar por la transparencia en la administración municipal en aplicación de la normativa nacional vigente.

9. Conservar limpios los espacios y/o bienes de dominio público municipal.

10. Cumplir con el pago de impuestos, tasas, patentes municipales y contribuciones especiales conforme a Ley Municipal vigente.

11. Velar por el cumplimiento de los criterios de equidad de género e igualdad de oportunidades en el ejercicio de la función pública municipal.

12. Resarcir los daños ocasionados a los bienes de dominio público e institucional del Gobierno Autónomo Municipal.

13. Participar de los procesos de capacitación y fortalecimiento realizado por los órganos del Gobierno Autónomo Municipal.

14. Desarrollar sistemas de producción velando que no afecte la madre tierra.

15. Ejercitar el derecho constitucional de control social a la gestión pública municipal a las empresas municipales, entidades descentralizadas y desconcentradas.

16. Asistir y participar de las rendiciones públicas de cuentas que realicen los órganos del Gobierno Autónomo Municipal.

17. Velar por la eficacia y eficiencia en la administración municipal.

18. Practicar, respetar y preservar los principios y valores éticos, morales, establecidos en la Constitución Política del Estado, la Ley Marco de Autonomías y Descentralización y la presente Carta Orgánica Municipal.

TÍTULO III

ORDENAMIENTO JURÍDICO MUNICIPAL

CAPÍTULO I

DERECHO AUTONÓMICO

Artículo 18. (Derecho Autonómico). El Gobierno Autónomo Municipal de Santiago de Callapa de conformidad a la Constitución Política del Estado y la Ley Marco de Autonomías para el ejercicio pleno de su derecho a la autonomía establece su estructura y ordenamiento jurídico administrativo interno, con las siguientes normas: Leyes Municipales, Decretos Municipales, Decretos Ediles, Reglamentos, Resoluciones de Concejo y Resoluciones Ejecutivas Administrativas y otros.

CAPÍTULO II

JERARQUIA Y REGISTRO DE NORMAS

Articulo19. (Jerarquía Normativa del Municipio).

I. La jerarquía normativa interna del Municipio está compuesta de los siguientes instrumentos legales:

1. Carta Orgánica Municipal.- Norma institucional básica de cumplimiento obligatorio elaborada de manera participativa con los colectivos sociales del Municipio aprobada por dos tercios de votos de las y los concejales y ratificada mediante referéndum.

2. Ley Municipal.- Norma municipal de cumplimiento obligatorio, a partir de su publicación, aprobada por la mayoría del concejo municipal y promulgada por la Alcaldesa o Alcalde municipal

.

3. Decreto Municipal, instrumento normativo que emana del órgano ejecutivo y que reglamenta las Leyes Municipales publicadas y/o norma que permite establecer las atribuciones de la Alcaldesa o Alcalde en el ejercicio de sus funciones.

4. Decreto Edil, Norma interna del Órgano Ejecutivo que respalda sus acciones administrativas.

5. Resolución Municipal, instrumento normativo que dispone medidas y acciones administrativas internas del Concejo Municipal y/o hacia el Órgano Ejecutivo, aprobado por mayoría simple del Concejo Municipal

6. Resolución Ejecutiva, disposición de alcance general o particular que dicta la Máxima Autoridad Ejecutiva, en el ejercicio de sus competencias establecidas en el ordenamiento jurídico, para la dirección eficiente y eficaz de la administración municipal.

II. Una Ley específica reglamentará el ordenamiento jurídico administrativo del Gobierno Autónomo Municipal de Santiago de Callapa.

Artículo 20. (Gaceta Municipal). La Gaceta Municipal del Gobierno Autónomo Municipal de Santiago de Callapa, es el medio escrito y/o virtual (electrónico digital) para la publicación de la normativa municipal, con cuya publicación dichas normas jurídicas son de cumplimiento obligatorio.

Artículo 21. (Numeración y Registro de las Normas Municipales). Las normas municipales que integran el Ordenamiento Jurídico Municipal, como ser leyes y decretos municipales tendrán una numeración única y correlativa; sin embargo el decreto edil tendrá una numeración por periodo y las resoluciones llevarán número correlativo durante el año.

SEGUNDA PARTE

ESTRUCTURA ORGANIZATIVA Y FUNCIONAL DEL GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE SANTIAGO DE CALLAPA

TÍTULO IV

ÓRGANOS DE GOBIERNO MUNICIPAL

CAPITULO I

CONSTITUCIÓN, FACULTADES Y ORGANIZACIÓN DEL GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE SANTIAGO DE CALLAPA

Artículo 22. (Constitución del Gobierno Autónomo Municipal).

I. El Gobierno Autónomo Municipal de Santiago de Callapa está constituido por dos órganos:

1. El Concejo Municipal, con facultad Legislativa, Deliberativa, Fiscalizadora y

2. El Órgano Ejecutivo, con facultad reglamentaria y ejecutiva municipal.

II. La organización del Gobierno Autónomo Municipal, se fundamenta en la independencia, separación, coordinación y cooperación entre ambos Órganos.

III. Las funciones del Concejo Municipal y del Órgano Ejecutivo, no pueden ser reunidas en un solo Órgano, no son delegables entre sí.

IV. La Alcaldesa o Alcalde municipal, Concejalas y Concejales, deberán desarrollar sus funciones en forma obligatoria en la jurisdicción territorial del Municipio de Santiago de Callapa, dejando establecido que está prohibido el funcionamiento de las oficinas de enlace fuera del municipio.

Artículo 23. (Facultades Legislativa, Fiscalizadora, Deliberativa, Reglamentaria y Ejecutiva). Las facultades de los órganos de gobierno son:

I. Facultades del Órgano Legislativo:

1. Facultad deliberativa. Es la capacidad de debatir y tomar decisiones sobre asuntos de interés municipal de forma consensuada por los miembros del Concejo Municipal.

2. Facultad legislativa.- Es la formulación de Leyes Municipales de carácter general y abstracto, cuyo contenido es normativo sobre determinada materia en el marco las competencias exclusivas y leyes de desarrollo municipal, sujeto a un procedimiento legislativo.

3. Facultad fiscalizadora.- Es la vigilancia y control respecto del órgano ejecutivo en la gestión pública y el manejo de los recursos municipales.

II. Facultades del Órgano Ejecutivo:

1. Facultad Ejecutiva.- Referida a la potestad de administrar el Gobierno Autónomo Municipal en el marco de las competencias exclusivas, compartidas o concurrentes. Esta facultad requiere de funciones técnicas y administrativas, para ejecutar la ley y las normas reglamentarias.

2. Facultad Reglamentaria.- Entendida como la potestad de emitir normas reglamentarias para la aplicación de una ley municipal. Esta facultad tiene por finalidad la emisión de reglamentos, entendidos como el conjunto de reglas o mandatos emitidos por autoridad competente, que tienden a posibilitar la ejecución de la ley.

Artículo 24. (Organización y Funcionamiento de los Órganos de Gobierno). Los órganos del Gobierno Autónomo Municipal, tanto el Órgano Legislativo y el Órgano Ejecutivo, tienen autonomía de gestión con la obligatoriedad de la coordinación y cooperación en el funcionamiento y en el desarrollo de sus actividades estando conformados de la siguiente manera:

1. El Concejo Municipal, está conformado por 5 concejalas o concejales Titulares y en ejercicio de la titularidad, quiénes para el cumplimiento de sus facultades, atribuciones conforman su Directiva, Comisiones Permanentes y Especiales, el número y tipo de sesiones de acuerdo al Reglamento General.

2. El Órgano Ejecutivo, está presidido por la Alcaldesa o Alcalde Municipal con facultades ejecutiva y reglamentaria; representa al Gobierno Autónomo Municipal de Santiago de Callapa, además estará integrado por autoridades encargadas de la administración cuyo número y atribuciones serán establecidos por Normativa Municipal.

Artículo 25. (Requisitos para ser electa Alcaldesa, Alcalde, Concejala o Concejal Municipal) Los requisitos para ser electa Alcaldesa o Alcalde, Concejala o Concejal Municipal, son los siguientes:

1. Contar con la nacionalidad boliviana.

2. Tener (18) años en el caso de las Concejalas o Concejales.

3. Haber cumplido (21) años de edad para el caso de la Alcaldesa o Alcalde Municipal.

4. Haber cumplido con los deberes militares (para los varones).

5. No tener pliego de cargo ejecutoriado.

6. No tener sentencia condenatoria ejecutoriada en materia penal, pendiente de cumplimiento.

7. No estar comprendida en los casos de prohibición y de incompatibilidad establecidos en la Constitución.

8. Haber residido de forma permanente al menos dos años anteriores a la elección.

9. Estar inscrita o inscrito en el padrón electoral.

10. Hablar al menos dos idiomas oficiales de la región.

Artículo 26. (Pérdida de Mandato de las Autoridades Electas). La alcaldesa, Alcalde, Concejala o Concejal perderán su mandato por las siguientes causales:

1. Por incapacidad permanente declarada por autoridad jurisdiccional competente.

2. Por sentencia condenatoria ejecutoriada en materia penal.

3. Por renuncia expresa a su mandato en forma escrita y personal.

4. Por revocatoria de mandato

5. Por fallecimiento

Artículo 27. (Procedimiento de la Elección de las Autoridades). Las y los Concejales, la Alcaldesa o Alcalde Municipal, serán elegidos por sufragio universal por listas separadas, bajo los principios democráticos de representación y participación de conformidad con la Constitución Política del Estado y conforme a la Ley del Régimen Electoral.

Artículo 28. (Periodo de Mandato y Reelección). El período de mandato de las autoridades municipales elegidas democráticamente por sufragio universal, es de cinco (5) años y podrán ser reelectas o reelectos de manera continua por una sola vez, conforme establece la Constitución Política del Estado.

TITULO V

DEL CONCEJO MUNICIPAL

CAPITULO I

ATRIBUCIONES Y OBLIGACIONES DEL CONCEJO MUNICIPAL

Artículo 29. (Atribuciones del Concejo Municipal). El Concejo Municipal tiene las siguientes atribuciones:

1. Elaborar la Carta Orgánica Municipal de manera participativa.

2. Elaborar y aprobar el Reglamento General del Concejo Municipal, por dos tercios de votos del total de sus miembros.

3. Organizar su Directiva conforme a su Reglamento General, respetando los principios de alternancia, equidad e igualdad entre mujeres y hombres.

4. Conformar y designar a la Comisión de Ética en la primera sesión ordinaria. Esta comisión ejercerá autoridad en el marco de las atribuciones y funciones aprobadas expresamente por el Concejo Municipal.

5. En el ámbito de sus facultades y competencias, dictar Leyes Municipales y Resoluciones, interpretarlas, derogarlas, abrogarlas y modificarlas.

6. Elaborar, aprobar y ejecutar su Programa Operativo Anual, Presupuesto y sus reformulados

7. Designar a la Máxima Autoridad Ejecutiva del Concejo Municipal, quien atenderá todo lo relativo al sistema administrativo y financiero, de conformidad a lo dispuesto en el Reglamento General del Concejo Municipal.

8. Aprobar o ratificar convenios, de acuerdo a Ley Municipal.

9. Aprobar contratos, de acuerdo a Ley Municipal.

10. Aprobar contratos de arrendamiento y comodato, de acuerdo a Ley Municipal.

11. Aprobar en 30 días calendario, el Plan de Desarrollo Municipal a propuesta del Órgano Ejecutivo Municipal, de acuerdo a lineamientos del Órgano Rector.

12. Aprobar la delimitación de áreas urbanas propuesta por el Órgano Ejecutivo Municipal en concordancia con la normativa vigente.

13. Aprobar mediante Ley Municipal el Plan de Ordenamiento Territorial Municipal, que incluye el uso de suelos y la ocupación del territorio, de acuerdo a políticas de planificación territorial y ordenamiento territorial del nivel central del Estado, en coordinación con los planes del nivel central del Estado, departamental e indígena.

14. Aprobar mediante Ley Municipal el Plan de Ordenamiento Urbano y Territorial propuesto por el Órgano Ejecutivo Municipal, en concordancia con la normativa vigente.

15. Aprobar mediante Ley Municipal dentro de los quince (15) días hábiles de su presentación, el Programa Operativo Anual, Presupuesto Municipal y sus reformulados, presentados por la Alcaldesa o el Alcalde en base al Plan de Desarrollo Municipal. En caso de no ser aprobado por el Concejo Municipal en el plazo señalado, se darán por aprobados.

16. Fiscalizar a la Alcaldesa o Alcalde, Secretarias o Secretarios y otras autoridades del Órgano Ejecutivo Municipal, sus instituciones y Empresas Públicas, a través de peticiones de informes escritos y orales, inspecciones y otros medios de fiscalización previstos en la normativa vigente.

17. Autorizar mediante Ley Municipal la participación del Gobierno Autónomo Municipal en las Empresas Públicas creadas por otros niveles de gobierno, dentro la jurisdicción municipal.

18. Mediante Ley Municipal autorizar la creación de Empresas Públicas Municipales en el Municipio de Santiago de Callapa.

19. Aprobar, modificar o suprimir mediante Ley Municipal, las Tasas y Patentes a la actividad económica y contribuciones especiales de carácter municipal.

20. A propuesta del Órgano Ejecutivo Municipal, aprobar, modificar o suprimir mediante Ley Municipal, los impuestos de dominio exclusivo del Gobierno Autónomo Municipal de Santiago de Callapa.

21. Aprobar mediante Ley Municipal, la emisión y/o compra de títulos valores, cumpliendo la normativa vigente.

22. Autorizar mediante Resolución emitida por el voto de dos tercios del total de sus miembros, la enajenación de bienes de dominio público y de patrimonio institucional del Gobierno Autónomo Municipal, para que la Alcaldesa o el Alcalde prosiga con lo dispuesto en el Numeral 13 del Artículo 158 de la Constitución Política del Estado.

23. Aprobar mediante Ley Municipal por dos tercios de votos, la enajenación de Bienes Patrimoniales Municipales, debiendo cumplir con lo dispuesto en la Ley del nivel central del Estado.

24. Aprobar la constitución de préstamos, que comprometan las rentas del Gobierno Autónomo Municipal, de conformidad a la normativa vigente.

25. Autorizar mediante Ley Municipal la participación del Gobierno Autónomo Municipal, en la conformación de regiones, mancomunidades, asociaciones, hermanamientos y organismos municipales, públicos y privados, nacionales o internacionales.

26. A propuesta del Órgano Ejecutivo Municipal, aprobar la Ley Municipal que establecerá los requisitos y procedimientos generales para la creación de Distritos Municipales, teniendo en cuenta como criterios mínimos la dimensión poblacional y territorial, provisión de servicios públicos e infraestructura contenido en un estudio.

27. Aprobar mediante Ley Municipal, la creación de Distritos Municipales y/o Distritos Municipales Indígena Originario Campesinos, en el marco de la norma establecida con anterioridad.

28. Aprobar mediante Ley Municipal, los requisitos para la instalación de torres, soportes de antenas o redes, en el marco del régimen general y las políticas el nivel central del Estado.

29. Aprobar mediante Ley Municipal los requisitos para la provisión de Servicios Básicos.

30. Nominar calles, avenidas, plazas, parques y establecimientos de educación y salud, en función a criterios establecidos en la Ley Municipal.

31. Designar por mayoría absoluta de votos del total de sus miembros, a la Concejala o al Concejal titular y en ejercicio, para que ejerza la suplencia temporal en caso de ausencia o impedimento al cargo de Alcaldesa o Alcalde.

32. Aprobar mediante Resolución, el procedimiento para otorgar honores, distinciones, condecoraciones y premios por servicios a la comunidad.

33. Presentar informes y la rendición pública de cuentas y sus resultados en audiencias públicas, por lo menos dos (2) veces al año y cuantas veces sea necesario, respetando criterios de equidad de género e interculturalidad.

34. Fiscalizar la implementación de los Planes Municipales, en concordancia con el Sistema de Planificación Integral del Estado - SPIE y la aplicación de sus instrumentos.

35. Denunciar hechos de Acoso y Violencia Política hacia las Mujeres ante la autoridad competente.

36. Autorizar mediante Ley Municipal aprobada por dos tercios del total de los miembros del Concejo Municipal la expropiación de bienes privados, considerando la previa declaratoria de utilidad pública, el previo pago de indemnización justa, avalúo o justiprecio de acuerdo a informe pericial o acuerdo entre partes sin que proceda la compensación por otro bien público.

Artículo 30. (Concejalas y Concejales Suplentes).

I. Mientras no ejerzan de forma permanente el cargo de Concejales Titulares, las Concejalas y los Concejales Suplentes podrán desempeñar cargos en la administración pública, con excepción de aquellos cargos en el propio Gobierno Autónomo Municipal de Santiago de Callapa.

II. Las Concejalas y los Concejales Suplentes asumirán la titularidad cuando las Concejalas o Concejales Titulares dejen sus funciones por ausencia temporal o pérdida de mandato.

Artículo 31. (De las Sesiones del Concejo Municipal).

I. Las Sesiones del Concejo Municipal son públicas, pueden ser ordinarias o extraordinarias y su convocatoria será pública y por escrito.

II. Por dos tercios de votos del total de las y los concejales la sesión podrá declararse reservada cuando afecte o perjudique la dignidad personal de alguno de sus miembros.

III. Mediante Reglamento General se establecerán las sesiones en plenario y en Comisiones, el quórum mínimo, el número de sesiones ordinarias por semana y las características de las sesiones.

Artículo 32. (De las Sesiones del Concejo Municipal).

I. Las sesiones ordinarias del Concejo Municipal serán convocadas públicamente y por escrito por la presidenta o presidente de la directiva con 48 horas de anticipación y/o podrán establecerse durante cada periodo los días específicos de sesión.

II. Las sesiones extraordinarias del Concejo Municipal serán convocadas públicamente y por escrito por la Presidenta o el Presidente, con al menos veinticuatro (24) horas de anticipación, sujetas a un temario específico y adjuntando antecedentes.

III. Se podrá prescindir de estos requisitos, en casos de emergencia o desastre que afecte a la población o al territorio del Municipio de Santiago de Callapa.

Artículo 33. (Audiencias Públicas). Las Audiencias Públicas del Concejo Municipal y de las Comisiones tienen por objeto atender las demandas, requerimientos y necesidades de las ciudadanas y los ciudadanos de forma directa y tratar asuntos relativos al cumplimiento de las atribuciones de las autoridades del Gobierno Autónomo Municipal. El Reglamento General del Concejo Municipal establecerá la periodicidad y el procedimiento de las Audiencias Públicas, las que difieren de las Sesiones del Concejo Municipal y de sus Comisiones porque los participantes hacen uso de la palabra, preguntan al concejo, hacen llegar solicitudes y peticiones, esperan respuestas y los temas abordados se sientan en acta.

TITULO VI

ORGANIZACIÓN TERRITORIAL DEL MUNICIPIO

CAPITULO I

ORGANIZACIÓN Y DISTRITOS MUNICIPALES

Artículo 34 (Organización Territorial del Municipio)

El Municipio de Santiago de Callapa está conformada territorialmente en:

1. Central Agraria

2. Sub Centrales

3. Comunidades - Sindicatos Agrarios

4. Ayllu

5. Junta Vecinal

Artículo 35. (Distritos Municipales)

I. Los Distritos Municipales son espacios desconcentrados de planificación administración, gestión, participación ciudadana y descentralización de servicios, en función de sus dimensiones poblacionales y territoriales, en los que podrán establecerse Sub-Alcaldías, de acuerdo a lo establecido por la presente Carta Orgánica Municipal y/o Ley Municipal.

II. Los distritos municipales podrán ser creados o modificados mediante norma municipal y ley nacional vigente sobre una base documentada de los requisitos establecidos por legislación autonómica, sus fines y objetivos de desarrollo integral y generación de recursos propios debe ser pactada y aprobada por los actores quienes forman el distrito municipal y su creación será de acuerdo a Ley Municipal.

Artículo 36. (Creación de Distritos Indígenas Originario Campesinos).

I. Podrán crearse distritos Indígena Originarios Campesinos conforme establece la Constitución Política del Estado, Ley Marco de Autonomías y descentralización, la presente Carta Orgánica y la Ley Municipal de Creación de Distritos.

II. La Ley Marco de Autonomías y Descentralización establece que “a iniciativa de las naciones y pueblos indígena originario campesinos, los municipios crearán distritos municipales indígena originario campesinos, basados o no en territorios indígena originario campesinos o en comunidades indígena originaria campesinas que sean minoría poblacional en el municipio y que no se hayan constituido en autonomías indígena originaria campesinas en coordinación con los pueblos y naciones existentes en su jurisdicción de acuerdo a la normativa vigente y respetando el principio de preexistencia de naciones y pueblos indígena originario campesinos. Los distritos indígena originario campesinos en sujeción al principio de preexistencia son espacios descentralizados. Los distritos indígena originario campesinos en casos excepcionales podrán establecerse como tales cuando exista dispersión poblacional con discontinuidad territorial determinada en la normativa del gobierno autónomo municipal”.

Artículo 37. (Iniciativa Legislativa).

I. Tienen la facultad de iniciativa legislativa, para su tratamiento obligatorio en el Concejo Municipal:

1. Las ciudadanas y los ciudadanos.

2. Las Organizaciones Sociales.

3. Las Directivas de las Comisiones y el Concejo.

4. Las Concejalas y los Concejales.

5. El Órgano Ejecutivo Municipal.

II. El Concejo Municipal a través de una Ley Municipal, aprobará los procedimientos y requisitos para ejercer la facultad de iniciativa legislativa de las ciudadanas y los ciudadanos, y de las Organizaciones Sociales.

Artículo 38. (Procedimiento Legislativo). Es la secuencia de pasos y procedimientos que debe realizarse para la formulación de leyes municipales, su tratamiento, análisis, estudio, deliberación, debate, aprobación y sanción de las mismas y su desarrollo es como sigue:

1. El Proyecto de Ley Municipal que sea presentado en ejercicio de la facultad de iniciativa legislativa, será remitido por el Concejo Municipal a la Comisión o Comisiones que correspondan, de acuerdo a su temática. En el mismo trámite se acumularán otras iniciativas que se presenten con un objeto similar.

2. El Proyecto de Ley Municipal contará con un informe técnico-legal cuando sea iniciativa del Órgano Ejecutivo Municipal.

3. Si el Proyecto de Ley Municipal es presentado por un miembro del Órgano Legislativo y compromete recursos económicos, deberá ser remitido en consulta ante el Órgano Ejecutivo, a fin de garantizar la sostenibilidad financiera.

4. Cuando el Proyecto de Ley Municipal cuente con informe de la Comisión o Comisiones correspondientes, pasará a consideración del Pleno del Concejo Municipal, donde será tratado en su estación en grande, detalle y revisión, y modificado, rechazado o aprobado. Cada aprobación requerirá de la mayoría absoluta del total de los miembros del Concejo Municipal, excepto los casos previstos en la presente Carta Orgánica y el Reglamento General del Concejo Municipal.

5. En caso que transcurriesen treinta (30) días calendario, sin que la Comisión o Comisiones correspondientes se pronuncien sobre el Proyecto de Ley Municipal, podrá ser considerado por el Pleno del Concejo Municipal a solicitud de la Concejala o el Concejal proyectista o del Órgano Ejecutivo Municipal.

6. El Proyecto de Ley que hubiera sido rechazado en su tratamiento por el Concejo Municipal podrá ser propuesto nuevamente en la legislatura siguiente, siempre y cuando presente nuevos elementos de discusión o se subsane las observaciones.

7. El Proyecto de Ley sancionado será remitido al Órgano Ejecutivo Municipal para su promulgación como Ley Municipal.

8. La Ley sancionada por el Concejo Municipal y remitida al Órgano Ejecutivo Municipal, podrá ser observada por la Alcaldesa o el Alcalde en el término de diez (10) días calendario desde el momento de su recepción. Las observaciones del Órgano Ejecutivo Municipal se dirigirán al Concejo Municipal.

9. Si el Concejo Municipal considera fundadas las observaciones, modificará la Ley Municipal y la devolverá al Órgano Ejecutivo Municipal para su promulgación.

10. En caso de que el Concejo Municipal considere infundadas las observaciones, la Ley Municipal será promulgada por la Presidenta o el Presidente del Concejo Municipal. Las decisiones del Concejo Municipal se tomarán por mayoría absoluta del total de sus miembros.

11. La Ley Municipal que no sea observada dentro del plazo correspondiente, será promulgada por la Alcaldesa o el Alcalde. Las Leyes Municipales no promulgadas por el Órgano Ejecutivo Municipal en los plazos previstos en los numerales anteriores, serán promulgadas por la Presidenta o el Presidente del Concejo Municipal.

12. Las Leyes Municipales serán de cumplimiento obligatorio desde el día de su publicación en el medio oficial establecido por el Gobierno Autónomo Municipal para dicho efecto, salvo que en ella se establezca un plazo diferente para su entrada en vigencia.

TITULO VII

ÓRGANO EJECUTIVO

CAPITULO I

ESTRUCTURA ORGANIZATIVA

Artículo 39. (Estructura Organizativa del Órgano Ejecutivo).

I. El Órgano Ejecutivo aprobará su estructura organizativa mediante Decreto Municipal de acuerdo a las necesidades y posibilidad económica, siendo sus principales autoridades las siguientes:

1. Alcaldesa o el Alcalde Municipal.

2. Secretarias y Secretarios Municipales.

3. Sub Alcaldesas o Sub Alcaldes.

4. Directores

5. Jefes de Unidad

II. En caso de crearse distritos indígenas municipales de conformidad a la Constitución Política del Estado, Ley Marco de Autonomías y la Ley Municipal de Creación de Distritos elegirán a sus autoridades distritales por normas y procedimientos propios.

CAPITULO II

EJERCICIO Y ATRIBUCIONES

DE LA ALCALDESA O ALCALDE MUNICIPAL

Artículo 40. (Prohibición de Destituir del Cargo a la Alcaldesa o Alcalde). El Concejo Municipal no podrá destituir o suspender a la Alcaldesa o Alcalde electo, ni aplicar otro mecanismo por el cual se prive del ejercicio del cargo que no se enmarque en lo dispuesto por la Constitución Política del Estado, la Ley Marco de Autonomías y Descentralización, y la presente Carta Orgánica; tales actos no tendrán efectos legales.

Artículo 41. (Atribuciones de la Alcaldesa o el Alcalde Municipal). La Alcaldesa o el Alcalde Municipal, tiene las siguientes atribuciones:

1.Representar al Gobierno Autónomo Municipal.

2.Presentar Proyectos de Ley Municipal al Concejo Municipal.

3.Promulgar las Leyes Municipales u observarlas cuando corresponda.

4. Dictar Decretos Municipales, conjuntamente con las y los Secretarios Municipales.

5. Dictar Decretos Ediles.

6.Aprobar su estructura organizativa mediante Decreto Municipal.

7.Proponer y ejecutar políticas públicas del Gobierno Autónomo Municipal.

8. Designar mediante Decreto Edil, a las Secretarias y los Secretarios Municipales, Sub Alcaldesas o Sub Alcaldes de Distritos Municipales y Autoridades de Entidades Desconcentradas Municipales, con criterios de equidad social y de género en la participación, en el marco de la interculturalidad.

9. Designar mediante Decreto Edil a las Máximas Autoridades Ejecutivas de las Empresas Municipales y de las Entidades Descentralizadas Municipales, en función a los principios de equidad social y de género en la participación e igualdad y complementariedad.

10. Dirigir la Gestión Pública Municipal.

11. Coordinar y supervisar las acciones del Órgano Ejecutivo.

12. Proponer al Concejo Municipal, para su aprobación mediante Ley Municipal, el Plan de Desarrollo Municipal, el Plan Municipal de Ordenamiento Territorial y la Delimitación de Áreas Urbanas.

13. Presentar al Concejo Municipal, el Programa de Operaciones Anual y el Presupuesto del Órgano Ejecutivo Municipal y sus reformulados.

14. Presentar al Concejo Municipal, para su consideración y aprobación mediante Ley Municipal, el Programa de Operaciones Anual, el Presupuesto Municipal consolidado y sus reformulados, hasta quince (15) días hábiles antes de la fecha de presentación establecida por el órgano rector del nivel central del Estado.

15. Proponer la creación, modificación o supresión de tasas y patentes a la actividad económica y contribuciones especiales de carácter Municipal, para su aprobación mediante Ley Municipal.

16. Proponer al Concejo Municipal, la creación, modificación o eliminación de impuestos que pertenezcan al dominio exclusivo del Gobierno Autónomo Municipal.

17. Proponer al Concejo Municipal, para su aprobación mediante Ley Municipal, los planos de zonificación y valuación zonal, tablas de valores según la calidad de vía de suelo y la delimitación literal de cada una de las zonas determinadas, como resultado del proceso de zonificación.

18. Presentar el Proyecto de Ley de procedimiento para la otorgación de honores, distinciones, condecoraciones y premios por servicios a la comunidad, y conceder los mismos de acuerdo a dicha normativa.

19. Aprobar mediante Decreto Municipal, los estados financieros correspondientes a la Gestión Municipal y remitirlos al Concejo Municipal, en un plazo no mayor a setenta y dos (72) horas de aprobados los mismos.

20. Presentar informes de rendición de cuentas sobre la ejecución del Programa de Operaciones Anual y el Presupuesto, en audiencias públicas por lo menos dos (2) veces al año de forma oral y escrita.

21. Proponer al Concejo Municipal la creación de Distritos Municipales, de conformidad con la respectiva Ley Municipal.

22. Resolver los recursos administrativos, conforme a normativa nacional vigente.

23. Ordenar la demolición de inmuebles que no cumplan con las normas de servicios básicos, de uso de suelo, subsuelo y sobresuelo, normas urbanísticas y normas administrativas especiales, por sí mismo o en coordinación con autoridades e instituciones del nivel central del Estado, de acuerdo a normativa Municipal.

24. Presentar al Concejo Municipal, la propuesta de reasignación del uso de suelos.

25. Suscribir convenios y contratos de acuerdo a Ley Municipal.

26. Diseñar, definir y ejecutar políticas, planes, programas y proyectos de políticas públicas municipales, que promuevan la equidad social y de género en la participación, igualdad de oportunidades e inclusión.

27. Presentar al Concejo Municipal, el Proyecto de Ley de enajenación de bienes patrimoniales municipales.

28. Presentar al Concejo Municipal, el Proyecto de Ley de autorización de enajenación de bienes de Dominio Público y Patrimonio Institucional, una vez promulgada, remitirla a la Asamblea Legislativa Plurinacional para su aprobación.

29. Ejecutar las expropiaciones de bienes privados aprobadas mediante Ley de expropiación por necesidad y utilidad pública municipal, el pago del justiprecio deberá incluirse en el presupuesto anual como gasto de inversión.

CAPITULO III

SECRETARIAS MUNICIPALES

Artículo 42. (Secretarias y Secretarios Municipales).

I. Las actividades del Órgano Ejecutivo del Gobierno Autónomo Municipal, se ejecutan a través de las Secretarias o los Secretarios Municipales.

II. Las Secretarias o Secretarios Municipales dependen directamente de la Alcaldesa o el Acalde, y asumen plena responsabilidad por todos los actos de administración que desarrollan.

Artículo 43. (Atribuciones de las y los Secretarios Municipales). Las Secretarias o Secretarios Municipales ejercerán funciones conforme a Decreto Municipal siendo sus principales atribuciones las siguientes:

1. Proponer y coadyuvar en la formulación de las políticas generales del Gobierno Autónomo Municipal, desde un enfoque de género, generacional e interculturalidad.

2. Proponer y dirigir las Políticas Municipales, en el ámbito de las competencias asignadas a la Secretaría Municipal a su cargo.

3. Dirigir la gestión de la Administración Pública Municipal, en el ámbito de las competencias asignadas a su Secretaría Municipal.

4. Dictar normas administrativas, en el ámbito de su competencia.

5. Proponer Proyectos de Decretos Municipales y suscribirlos con la Alcaldesa o Acalde Municipal.

6. Resolver los asuntos administrativos que correspondan a la Secretaría Municipal a su cargo.

7. Presentar a la Alcaldesa o Alcalde y al Concejo Municipal, los informes que le sean solicitados.

8. Coordinar con las otras Secretarías Municipales, la planificación y ejecución de las políticas del Gobierno Autónomo Municipal.

9. Promover e implementar actividades de evaluación y control de la Gestión Pública.

10. Proporcionar información sobre el uso de los recursos, a quien lo solicite, de forma completa, veraz, adecuada y oportuna.

11. Participar de las reuniones del Gabinete Municipal, conformado por la Alcaldesa o el Alcalde y las Secretarias o los Secretarios Municipales, y otras instancias de coordinación que pudieran crearse.

12. Elaborar el proyecto de presupuesto de su Secretaría, concurrir a la elaboración del Presupuesto Municipal y sus reformulados, y rendir cuentas de su ejecución.

13. Firmar Decretos Municipales y las Resoluciones Administrativas Municipales relativas al área de sus atribuciones.

14. Proponer a la Alcaldesa o Alcalde, en el ámbito de sus competencias, políticas, estrategias, acciones y proyectos de normas legales, así como programas operativos, presupuestos y requerimientos financieros.

15. Designar y remover al personal de su Secretaría, de conformidad con las disposiciones legales en vigencia.

16. Elevar ante la Alcaldesa o Alcalde, la memoria y rendición de cuentas anual de su Secretaría.

17. Cumplir con lo estipulado en las disposiciones legales en vigencia sobre la gestión por resultados.

18. Garantizar la transparencia de información de sus acciones y la administración de los recursos asignados.

19. Participar en la elaboración del Plan de Desarrollo Municipal y otros Planes.

20. Emitir Resoluciones Administrativas en el ámbito de sus atribuciones.

21. Implementar los Planes Municipales en cumplimiento al Sistema de Planificación Integral del Estado – SPIE.

CAPÍTULO IV

DE LAS SUB ALCALDÍAS MUNICIPALES

Artículo 44. (Sub Alcaldías).

I. Las Sub Alcaldías son entidades desconcentradas y descentralizadas de administración, gestión, planificación, participación ciudadana y descentralización de servicios, dependientes del Gobierno Autónomo Municipal, dirigida por una Sub Alcaldesa o un Sub Alcalde, elegida o elegido conforme a ley.

II. Las Sub Alcaldías tienen como ámbito del ejercicio de sus competencias los Distritos Municipales correspondientes y su creación es por Ley Municipal

Artículo 45. (Estructura de las Sub Alcaldías).

La estructura orgánica, funcional, administrativa y técnica de las Sub Alcaldías, estará determinada por Ley y su presupuesto estará incorporado en el Programa Operativo Anual y Presupuesto Municipal.

Artículo 46. (Requisitos para Ser Sub Alcaldesa o Sub Alcaldes).

I. Son requisitos para ser Sub Alcaldesa o Sub Alcalde, los mismos que para ser Alcaldesa o Alcalde Municipal, además de residir en su Distrito Municipal por el tiempo de dos años anteriores a la su designación.

II. En los Distritos Indígena Originario Campesinos se requerirán además, los requisitos de sus normas y procedimientos propios, usos y costumbres.

Artículo 47. (Atribuciones de la Sub Alcaldesa o Sub Alcalde Municipal). Las atribuciones de las Sub Alcaldesas o Sub Alcaldes son las siguientes:

1. Cumplir y hacer cumplir la Carta Orgánica Municipal, Leyes Municipales, Decretos Municipales, Decretos Ediles, Resoluciones y Reglamentos Internos.

2. Cumplir y hacer cumplir las resoluciones, decretos e instrucciones de la Alcaldesa o Alcalde Municipal.

3. Coordinar con las instancias municipales pertinentes la planificación y formulación de Planes Programas y Proyectos en su Distrito, de acuerdo al Plan de Desarrollo Municipal.

4. Elaborar y proponer el Programa Operativo Anual de su Distrito y el Plan de Desarrollo Distrital de manera participativa y elevarlo a consideración de la Alcaldesa o Alcalde Municipal.

5. Gestionar, ejecutar, supervisar y evaluar regularmente la ejecución de obras, proyectos y la prestación de servicios públicos en el Distrito.

7. Presentar informes semestrales a las Organizaciones Territoriales y Funcionales del Distrito.

8. Promover políticas públicas, planes, programas y proyectos de desarrollo integral para su Distrito, bajo la conducción del Ejecutivo Municipal y de acuerdo al Plan de Desarrollo Municipal.

9. Emitir Resoluciones Administrativas Distritales.

10. Ejecutar su programa operativo anual.

11. Otras establecidas por normativa vigente.

CAPÍTULO V

SERVIDORAS Y SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPALES

Artículo 48. (Servidoras y Servidores Públicos Municipales).

I. El Gobierno Autónomo Municipal de Santiago de Callapa, regulará el acceso a la función pública y la carrera administrativa, de acuerdo a los criterios de mérito, capacidad e idoneidad.

II. La actividad de las y los servidores públicos deberá estar inspirada en principios y valores éticos de: integridad, imparcialidad, probidad, transparencia, responsabilidad, eficacia y eficiencia funcionaria que garanticen un adecuado servicio a la colectividad.

Artículo 49. (Categoría de las y los Servidores Públicos). Los servidores públicos conforme serán considerados en las siguientes categorías:

1). Funcionarios electos: Son aquellas personas cuya función pública se origina en un proceso eleccionario previsto por la Constitución Política del Estado. Estos funcionarios no están sujetos a las disposiciones relativas a la Carrera Administrativa y Régimen Laboral.

2) Funcionarios designados: Son aquellas personas cuya función pública emerge de un nombramiento a cargo público, estas y estos funcionarios no están sujetos a las disposiciones relativas a la Carrera Administrativa.

3) Funcionarios de libre nombramiento: Son aquellas personas que realizan funciones administrativas de confianza y asesoramiento técnico especializado para los funcionarios electos o designados. Estos funcionarios no están sujetos a las disposiciones relativas a la Carrera Administrativa.

4) Funcionarios de carrera: Son aquellos que forman parte de la administración pública, cuya incorporación y permanencia se ajusta a las disposiciones de la Carrera Administrativa.

5) Funcionarios interinos: Son aquellos que, de manera provisional y por un plazo máximo e improrrogable de 90 días, ocupan cargos públicos previstos para la carrera administrativa, en tanto no sea posible su desempeño por funcionarios de carrera.

Artículo 50. (Responsabilidad).

I. Toda servidora y todo servidor público sin distinción de jerarquía, asume plena responsabilidad por sus acciones u omisiones, debiendo, rendir cuentas ante la autoridad o instancia correspondiente, por la forma de su desempeño y los resultados obtenidos por el mismo.

II. Las y los funcionarios electos, los designados, los de libre nombramiento y los funcionarios de carrera del máximo nivel jerárquico, en forma individual o colectiva, responden además por la administración correcta y transparente de la entidad a su cargo, así como por los resultados razonables de su gestión en términos de eficacia, economía y eficiencia.

Artículo 51. (Evaluación). El proceso de evaluación de las y los servidores públicos será por gestión y obligatorio, programado por el Gobierno Autónomo Municipal de Santiago de Callapa.

CAPÍTULO VI

DE LAS EMPRESAS PÚBLICAS MUNICIPALES

Artículo 52. (Empresas Públicas Municipales).

I. El Gobierno Autónomo Municipal de Santiago de Callapa, mediante Ley Municipal, creará, constituirá y disolverá las Empresas Públicas Municipales y Mixtas, según sus necesidades, con plenas potestades para adquirir derechos y contraer obligaciones sujetas al régimen jurídico establecido.

II. En el marco de sus competencias el Gobierno Municipal podrá participar en Empresas Públicas o Mixtas de conformidad con la legislación vigente, con el objeto de alcanzar sus fines, procurar una eficiente y eficaz prestación de los servicios públicos municipales.

III. Las y los Concejales, sus conyugues hasta el cuarto grado de consanguinidad no podrán ser miembros de los directorios de las Empresas Municipales, a excepción de la Alcaldesa y/o Alcalde Municipal que ejercerá la Presidencia. Los parientes consanguíneos o por afinidad del Alcalde Municipal en los mismos grados que de las y los Concejales, no podrán ser miembros del directorio, ni administrar las Empresas Municipales.

IV. La creación, administración, fiscalización, distribución de beneficios de las Empresas Municipales estará regulada mediante Ley Municipal.

CAPITULO VII

GUARDIA MUNICIPAL

Artículo 53. (Guardia Municipal).

I. De conformidad a las competencias exclusivas asignadas a los Gobiernos Autónomos Municipales por la Constitución Política del Estado en su artículo 302 numeral 36 el Municipio de Santiago de Callapa constituirá y reglamentará la Guardia Municipal para coadyuvar el cumplimiento, ejercicio y ejecución de sus competencias así como el cumplimiento de las normas municipales y de sus resoluciones emitidas.

II. Una norma municipal, fijara su estructura, fines, responsabilidades, alcance, deberes y obligaciones.

TERCERA PARTE

SISTEMAS Y MECANISMOS DE CONTROL

TÍTULO VIII

PARTICIPACIÓN Y CONTROL SOCIAL

CAPÍTULO I

DISPOSICIONES GENERALES

Artículo 54. (Disposiciones Generales).

I. El Gobierno Autónomo Municipal de Santiago de Callapa, deberá crear espacios de participación y garantizar las tareas del Control Social.

II. La participación es un derecho, condición, fundamento de la existencia y profundización de la democracia directa, participativa y comunitaria, se ejerce de forma individual o colectiva, directamente o por medio de sus representantes de forma corresponsable en el diseño, formulación y elaboración de las políticas públicas municipales.

III. El Control Social, es el espacio de transparencia, supervisión, control, vigilancia y evaluación de la administración, gestión y manejo apropiado de los recursos económicos, materiales, humanos y la calidad de los servicios públicos, servicios básicos y otros del Municipio.

Artículo 55. (Principios de la Participación y Control Social). Los principios de la Participación y Control Social son defensa del patrimonio del municipio, independencia, transparencia, coordinación, democracia participativa, respeto a la institucionalidad, igualdad de derechos y oportunidades, integralidad, bien común, justicia social, equidad social, solidaridad, responsabilidad y disciplina.

Artículo 56. (Actores de la Participación y Control Social). Son actores de la participación y Control Social según lo establece el artículo 7 de la Ley N°341 los siguientes:

Orgánicos.- Aquellos que corresponden a sectores sociales, juntas vecinales y/o sindicales organizados, reconocidos legalmente.

Comunitarios.- Aquellos que corresponden a las naciones y pueblos indígena originario campesinos y todas las reconocidas por la Constitución Política del Estado, que tienen su propia organización.

Circunstanciales. Son aquellos que se organizan para un fin determinado, y que cuando el objetivo ha sido alcanzado, dejan de existir.

Artículo 57. (Designación de los Representantes de la Participación y Control Social).

I. Las y los Representantes de la Participación y Control Social son personas designadas de las organizaciones sociales para participar de la elaboración de las políticas públicas municipales y controlar la gestión pública.

II. La Ley Municipal de Participación y Control Social elaborada de manera participativa entre el Concejo Municipal, las organizaciones sociales y los colectivos sociales del municipio definirán los mecanismos y procedimientos de designación, funciones, atribuciones, prohibiciones, deberes y tiempo de mandato de las y los representantes de la participación y control social.

Artículo 58. (Ámbito de Aplicación de la Participación y Control Social). Las y los actores de la participación y control social tienen como ámbito de acción el municipio de Santiago de Callapa y controlan al Gobierno Autónomo Municipal en la implementación de las políticas públicas, la gestión municipal y sus resultados, el control alcanza a las empresas e instituciones públicas descentralizadas, desconcentradas, autárquicas, empresas mixtas y empresas privadas que presten servicios básicos o que administren recursos fiscales y/o recursos naturales del Municipio.

Artículo 59. (Atribuciones y funciones de los Actores y Representantes de la Participación y Control Social). Son atribuciones y funciones de los actores y representantes de la Participación y Control Social las siguientes:

1. Participar de los procesos de planificación y seguimiento de la ejecución de los programas y proyectos.

2. Controlar, vigilar, investigar, denunciar, actos de corrupción y delitos cometidos por las y los servidores públicos en el ejercicio de la función pública en la administración municipal.

3. Elaborar y aprobar su Estatuto Orgánico y Reglamento Interno.

4. Participar activamente en los procesos de planificación participativa, la formulación o reformulación del Plan de Desarrollo Municipal, del Programa Operativo Anual, Presupuesto Municipal y otros.

5. Ejercer control social a los órganos del Gobierno Autónomo Municipal sobre la administración de los recursos económicos, sobre el cumplimiento de sus atribuciones y obligaciones, así mismo a las instituciones descentralizadas, desconcentradas, Empresas Municipales y Organizaciones Privadas que administren recursos económicos municipales.

6. Controlar la distribución equitativa presupuestaria de acuerdo a las necesidades.

7. Pronunciarse públicamente en los plazos legales establecidos sobre la ejecución presupuestaria, los informes y la rendición pública de cuentas, el Programa Operativo Anual y sus reformulados.

8. Rendir informes sobre el ejercicio de sus atribuciones y funciones semestralmente.

9. Proponer proyectos de Leyes, Resoluciones y Decretos ante el Gobierno Autónomo Municipal.

10. Solicitar a la Contraloría la realización de auditorías externas al Gobierno Autónomo Municipal.

11. Presentar denuncias sobre daño económico al estado y otros delitos en ejercicio de la función pública a instancias competentes.

12. Participar en mesas de diálogo, y concertación.

13. Otras atribuciones previstas por Ley.

Artículo 60. (Ámbito de Acción). Su ámbito de acción es el Municipio de Santiago de Callapa con especificidad el Gobierno Autónomo Municipal en todas sus instancias, instituciones descentralizadas, desconcentradas, Empresas Municipales y Organizaciones Privadas que administren recursos naturales y fiscales municipales.

CAPITULO II

MECANISMOS DE PARTICIPACIÓN Y CONTROL SOCIAL

Artículo 61. (Mecanismo de Participación y Control Social).- Son mecanismos de participación ciudadana y control social:

1. Las Cumbres municipales de evaluación, planificación y aprobación del POA y DPM.

2. Los ampliados municipales con temas específicos para la presentación de la rendición pública de cuentas de la Alcaldesa o Alcalde Municipal y Concejo Municipal.

3. Las reuniones de las juntas vecinales.

4. Reuniones de las Comunidades.

5. Las audiencias públicas informativas del Concejo y del Ejecutivo Municipal.

6. Mesas de diálogo Municipal

Artículo 62. (Rendición Pública de Cuentas).

I. Los órganos del Gobierno Autónomo Municipal de Santiago de Callapa, deben rendir cuentas en forma pública y documentada, por lo menos dos (2) veces al año; sobre el cumplimiento del Plan Operativo Anual (POA) y la Ejecución Presupuestaria, el Avance y Ejecución de las Políticas, Planes, Programas y Proyectos a favor del desarrollo municipal, los Estados Financieros y la memoria anual.

II. Es obligatoria la participación de los actores y representantes del control social, las autoridades de las organizaciones sociales y juntas vecinales y sociedad civil en general; en los informes de rendición pública de cuentas.

III. Los órganos legislativo y ejecutivo del Gobierno Autónomo Municipal de Santiago de Callapa, deberán entregar a los actores y representantes de la Participación y Control Social el informe escrito y los respaldos documentados con una anticipación de 15 días hábiles a la fecha de la rendición publica de cuentas sobre: el cumplimiento del Plan Operativo Anual (POA), Estados Financieros, Ejecución Presupuestaria, el Avance y Ejecución de las Políticas, Planes, Programas y Proyectos Municipales.

CUARTA PARTE

SISTEMA FINANCIERO, PATRIMONIAL Y TRIBUTARIO DEL GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL

TÍTULO IX

RÉGIMEN FISCAL FINANCIERO

CAPÍTULO I

DISPOSICIONES GENERALES

Artículo 63. (Sistema Financiero Municipal).

I. El Sistema Económico Financiero, regula la asignación de recursos para la administración del Gobierno Autónomo Municipal de Santiago de Callapa en el ejercicio y cumplimiento de sus competencias constitucionales y las establecidas por disposiciones legales vigentes.

II. La administración económica y financiera municipal se rige por un Presupuesto General Municipal y una Ley Municipal.

Artículo 64. (Objetivos del Sistema Financiero Municipal). El Gobierno Autónomo Municipal de Santiago de Callapa, formulará y ejecutará: políticas, planes, programas, proyectos y actividades con recursos propios, transferencias públicas y privadas, donaciones, créditos y otros recursos no monetizables; destinados a mejorar la calidad de vida de los habitantes del Municipio.

Artículo 65. (Patrimonio y Bienes Municipales).

I. El patrimonio y bienes municipales está conformado por:

1. Bienes de dominio público, destinados al uso de la población.

2. Bienes de dominio público y patrimonio institucional, destinados a la administración del Gobierno Autónomo Municipal de Santiago de Callapa.

3. Bienes públicos municipales sujetos al régimen jurídico privado.

4. Bienes de dominio mancomunado, destinados a cumplir objetivos de mancomunidades municipales.

5. Inversiones Financieras, Acciones, Bonos y otros títulos y valores similares de participaciones en empresas públicas y mixtas.

6. Otros derechos y bienes intangibles

II. Los bienes municipales de dominio público son inviolables, inembargables, imprescriptibles e inexpropiables. Podrán ser sujetos de transferencias onerosas o de concesiones y licencias, previa aprobación del instrumento legal correspondiente.

III. El Gobierno Autónomo Municipal de Santiago de Callapa tendrá un registro actualizado de su patrimonio y de sus bienes en la instancia correspondiente bajo responsabilidad de la autoridad ejecutiva.

IV. El uso indebido de los Bienes de Dominio Público Municipal, será sancionado de acuerdo a normativa vigente.

V. Una Ley Municipal regulará la clasificación, uso, manejo, disposición u otros aspectos del patrimonio y bienes municipales.

Artículo 66. (Tesoro Municipal).- El Tesoro del Gobierno Autónomo Municipal de Santiago de Callapa, es único y centraliza todos los recursos del Gobierno Autónomo Municipal de Santiago de Callapa, tendrá a su cargo el manejo de los recursos, patrimonio, bienes municipales, financiamientos, préstamo, crédito público municipal y la programación de éstos. Una Ley Municipal regulará su funcionamiento.

CAPITULO II

INGRESOS. DOMINIO TRIBUTARIO Y TRANSFERENCIAS

Artículo 67. (Ingresos Municipales).- Los ingresos del Tesoro del Gobierno Autónomo Municipal de Santiago de Callapa, está conformado por los ingresos tributarios, no tributarios, transferencias del nivel central del Estado, o de otras entidades territoriales autónomas, regalías, participación en regalías, donaciones, legados, utilidades de empresas en las que el Gobierno Autónomo Municipal tenga participación, créditos u otros ingresos.

Artículo 68. (Dominio Tributario Municipal).

I. El Gobierno Autónomo Municipal de Santiago de Callapa tiene dominio tributario en su jurisdicción para el cumplimiento de sus competencias, fines y objetivos.

II. El Concejo Municipal, a propuesta del Ejecutivo Municipal, de cualquier concejal o por iniciativa legislativa ciudadana, podrá crear, modificar o suprimir impuestos, tasas, patentes o contribuciones especiales municipales, de acuerdo a normativa vigente.

III. Los Impuestos, Tasas, Patentes y Contribuciones Especiales Municipales son de cumplimiento obligatorio.

IV. El registro y padrón de contribuyentes municipales, debe ser actualizado permanentemente.

V. Suprimir impuestos, tasas, patentes o contribuciones especiales municipales, de acuerdo a normativa vigente.

VI. El registro y padrón de contribuyentes municipales, debe ser actualizado permanentemente.

Artículo 69. (Impuestos Municipales).- Son Impuestos Municipales:

1. El impuesto a la propiedad de bienes inmuebles urbanos, con las excepciones de Ley.

2. El impuesto a la propiedad de vehículos automotores terrestres.

3. El impuesto a la transferencia onerosa de bienes inmuebles y vehículos automotores, con las excepciones de Ley.

4. El impuesto al consumo específico sobre productos y servicios de dominio tributario municipal, de acuerdo a Ley.

5. Otros impuestos creados por Ley

Artículo 70. (Ingresos no Tributarios). Son ingresos no tributarios a los provenientes de:

1. Venta o alquiler de bienes municipales.

2. Transferencias y contribuciones especiales.

3. Donaciones y legados en favor del Municipio.

4. Indemnizaciones por daños a la propiedad municipal.

5. Pagos por concesiones en la jurisdicción del Municipio.

6. Multas y sanciones por transgresiones a disposiciones municipales.

7. Los recursos originados por la venta de bienes municipales.

Artículo 71. (Políticas Tributarias).- El Gobierno Autónomo Municipal de Santiago de Callapa podrá:

1. Generar políticas de incentivos para el cobro y el pago oportuno de impuestos, tasas, patentes y contribuciones especiales.

2. Regular el cobro de uso de espacios públicos.

3. Generar políticas tributarias y económicas de incentivo para la conservación del patrimonio histórico y cultural.

4. Generar políticas tributarias y económicas de incentivo a la creación de nuevas empresas, asociaciones, organizaciones económicas comunitarias y otros emprendimientos económicos; así como para apoyar a sectores económicos estratégicos.

5. Reglamentar permanentemente las normas Autonómicas Municipales que establecen el pago de Impuestos, Tasas, Patentes y Contribuciones Especiales.

Artículo 72. (Exenciones Impositivas). Están exentos del pago de impuestos ante la Administración Tributaria Municipal previo trámite de exención:

1. Los bienes inmuebles y vehículos de propiedad de instituciones públicas. La exención del pago de impuestos no alcanza a los inmuebles de las empresas públicas.

2. Los inmuebles y vehículos de organizaciones sin fines de lucro.

3. Los inmuebles de interés social, de acuerdo a Ley.

4. Otros establecidos por Ley.

Artículo 73. (Multas y Sanciones). Estarán sujetos a la imposición de multas y sanciones las personas naturales y colectivas que incumplan con sus obligaciones impositivas. Una norma municipal especial clasificará y reglamentará las mismas

Artículo 74. (Transferencias). Las transferencias de recursos públicos y privados en los que intervenga el Gobierno Autónomo Municipal de Santiago de Callapa, serán reguladas y aplicadas conforme a las normas vigentes.

CAPITULO III

PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO MUNICIPAL

Artículo 75. (Planificación Participativa). El Gobierno Autónomo Municipal de Santiago de Callapa:

1. Establece procesos de planificación participativa con equidad de género, generacional, en la elaboración de un presupuesto sostenible, con participación del Control Social.

2. Distribuye el presupuesto de manera equitativa entre el conjunto de sus comunidades y centro urbanos amanzanados tomando en cuenta criterios de población, equidad social, necesidades, índice de pobreza y otros indicadores.

3. Formula y elabora el Presupuesto General del Gobierno Autónomo Municipal de Santiago de Callapa, enmarcado en el Plan de Desarrollo Municipal y el Programa Operativo Anual, bajo normas y reglamentaciones establecidas por Ley.

4. La Formulación Presupuestaria y sus modificaciones, es previo análisis y evaluación de los grupos de gasto, que permita su ejecución, seguimiento y evaluación con participación del control social.

5. Rige en la programación de proyectos y actividades de inversión, los estudios a diseño final y requisitos técnicos requeridos por el Órgano Rector de Inversión Pública para garantizar su ejecución.

6. Formula el Plan de Desarrollo Municipal y el Plan de Ordenamiento Urbano y Territorial bajo las normas básicas, técnicas, administrativas, lineamientos de la planificación estratégica y participativa municipal en concordancia con los Planes de Desarrollo Departamental y Nacional.

7. La formulación de proyectos y programación de actividades de inversión debe responder prioritariamente a las demandas directas de las comunidades y juntas vecinales legalmente establecidas.

8. Invertir recursos municipales en bienes de dominio privado que presten un servicio de carácter social sin fines de lucro, previo convenio aprobado por el Concejo Municipal, y que sea parte del Plan de Desarrollo Municipal.

Artículo 76. (Programa Operativo Anual). La formulación del Programa Operativo Anual del Gobierno Autónomo Municipal de Santiago de Callapa, comprende:

1. Determinación de Políticas Estratégicas Públicas Municipales.

2. Objetivos de Gestión Institucional.

3. Formulación de las Operaciones.

4. Formulación de los Indicadores de Desempeño

Artículo 77. (Presupuesto General). El Presupuesto General del Gobierno Autónomo Municipal de Santiago de Callapa es la propuesta económica, técnica, social y política, agregada y consolidada de la administración central municipal, para la obtención de recursos y la distribución del gasto, vinculando a los objetivos de gestión institucional con el presupuesto que el Ejecutivo Municipal presenta anualmente.

Artículo 78. (Contabilidad Municipal). La Contabilidad del Gobierno Autónomo Municipal de Santiago de Callapa, se regirá por los principios de Contabilidad Integrada y Gubernamental, con uniformidad de cuentas y procedimientos administrativos.

CAPITULO IV

CONTROLES FINANCIEROS

Artículo 79. (Fiscalización y Control Gubernamental).

I. El Concejo Municipal es responsable de fiscalizar al Órgano Ejecutivo mediante los mecanismos, instrumentos, parámetros y procedimientos establecidos en la Ley Municipal de Fiscalización y de conformidad a la Norma Suprema de Ordenamiento Jurídico Nacional, la Ley Marco de Autonomías y normativa interna del Municipio, mediante la petición de informes escritos, orales, sesiones informativas donde la Alcaldesa o Alcalde una vez al mes asiste para informar acerca de la gestión municipal y sus resultados.

II. En apego a la Ley de control gubernamental la eficiencia en la captación y uso de los recursos públicos y en las operaciones del Estado el control interno previo debe ser realizado por los servidores públicos municipales y el control interno posterior debe ser realizado por la Alcaldesa o Alcalde Municipal y la Unidad de Auditoria Interna del Gobierno Autónomo Municipal.

III. El Gobierno Autónomo Municipal de Santiago de Callapa de conformidad a la normativa nacional vigente se somete al sistema de control externo gubernamental la misma que corresponde en su realización a la Contraloría General de Estado, Unidades de Auditoria de Entes Tutores y Firmas Privadas de Auditoria mediante la realización de las auditorías externas.

IV. El control interno y control externo posterior además de procurar la eficiencia de los sistemas de administración evaluarán el resultado de la gestión.

V. El Control Social coadyuvará y complementará al control gubernamental conforme establece la Ley de Participación y Control Social N°341 y recomendará con carácter vinculante a las autoridades competentes el inicio de peritajes técnicos, auditorias y/o en su caso, los procesos correspondientes.

CAPITULO V

ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL

Artículo 80. (Administración). El funcionamiento de la administración municipal, sus mecanismos, procedimientos y sistemas administrativos se rigen por la presente Carta Orgánica y leyes en vigencia. Podrá ser desconcentrada y descentralizada.

Artículo 81. (Activos Fijos). El Gobierno Autónomo Municipal de Santiago de Callapa, realizará obligatoriamente el revalúo técnico de los bienes municipales tangibles e intangibles de acuerdo a Ley.

Artículo 82. (Adquisiciones). La adquisición o contratación de bienes y servicios estará enmarcada en las Leyes y Normas Básicas del Sistema de Administración de Bienes y Servicios (NB-SABS), y cumplirán con el fin para el cual fueron adquiridos o contratados.

QUINTA PARTE

ESTRUCTURA TERRITORIAL DEL MUNICIPIO

TITULO X

ORGANIZACIÓN TERRITORIAL DEL MUNICIPIO

CAPITULO I

DISPOSICIONES GENERALES

Artículo 83. (Ubicación Geográfica).

I. El Municipio de Santiago de Callapa, se encuentra ubicada en el Departamento de La Paz, de la provincia Pacajes sus límites son los siguientes:

a) Al norte con el municipio de Corocoro.

b) Al sur con las provincias de Curahuara de Carangas y Totora del Departamento de Oruro.

c) Al este con las provincias Aroma y Gualberto Villarroel.

d) Al oeste con el municipio de Calacoto.

Artículo 84. (Organización Territorial). El Municipio de Santiago de Callapa se organiza por comunidades y un centro urbano amanzanado.

Artículo 85. (Principios). Los Principios que rigen la organización territorial del Municipio de Santiago de Callapa son; unidad, solidaridad, equidad, bien común, autogobierno, igualdad, complementariedad, reciprocidad, equidad de género, subsidiariedad, gradualidad, coordinación, lealtad institucional, participación y control social, previsión de recursos económicos y transparencia.

CAPÍTULO II

DISTRITOS MUNICIPALES REGIÓN Y MANCOMUNIDADES

Artículo 86. (Distritos Municipales). Podrán constituirse distritos municipales conforme a Ley Municipal debiendo ser los mismos espacios desconcentrados de administración, gestión, planificación, participación ciudadana; en función a criterios de distancia, unidad socio cultural, dimensiones poblacionales y territoriales, en los que podrán establecerse Sub alcaldías.

Artículo 87. (Distritos Indígenas Originarios Campesinos y su Representación).

I. La Carta Orgánica Municipal en sujeción a la Constitución Política del Estado y la Ley Marco de Autonomías deja abierta la posibilidad de creación de Distritos Municipales Indígenas originarios campesinos; así como la nominación de sus autoridades conforme a sus normas y procedimientos propios, usos y costumbres; previo cumplimiento de requisitos y procedimientos establecidos en la ley Municipal.

II. En caso de conformarse los Distritos Municipales Indígenas originario campesinas, conforme a la normativa nacional y municipal realizaran la elección directa de su concejala o concejal, conforme a sus normas y procedimientos propios y de conformidad a la Constitución Política del Estado, la Ley Marco de Autonomías y la presente Carta Orgánica Municipal.

III. Se considera distrito indígena originario campesino a un determinado territorio y/o unidad sociocultural ubicado al interior del Municipio de Santiago de Callapa; nación o pueblo con características propias entendiéndose como tal a toda la colectividad humana que comparta identidad cultural, idioma, tradición histórica, instituciones, territorialidad y cosmovisión, cuya existencia es anterior a la invasión española.

Artículo 88. (Objetivos de los Distritos). Administrativamente los Distritos, tienen los siguientes objetivos:

1. Realizar una efectiva planificación para una adecuada gestión municipal.

2. Coadyuvar efectivamente en la eficiencia y eficacia de la Gestión Municipal y las labores de la Alcaldesa y/o Alcalde Municipal.

3. Promover la eficiencia y eficacia de la gestión administrativa, en la adecuada utilización de los recursos humanos, técnicos y financieros.

4. Potenciar el desarrollo municipal en la generación de la calidad de vida.

5. Facilita la participación y control ciudadano de la Inversión Pública Municipal.

Artículo 89. (Criterios para la Distritación). Para la creación de un Distrito necesariamente se requiere un estudio técnico – legal y deberán tomarse en cuenta los siguientes criterios en la Ley Municipal para la creación de Distritos:

1. Desarrollo municipal.

2. Eficiencia y eficacia en la gestión municipal.

3. Distribución poblacional.

4. Distancia de la sede municipal al Distrito

5. Fortalecimiento de las unidades socio-culturales.

6. Provisión de servicios públicos en salud, educación, infraestructura y otros.

7. Identificación de las potencialidades socio-económicas.

8. Sostenibilidad y recursos naturales.

Artículo 90. (Previsión en cuanto a la Conformación de Región). El Gobierno Autónomo Municipal de Santiago de Callapa, podrá participar de la conformación de una región autonómica, por mandato de Ley Municipal aprobada por 2/3 de votos del pleno del Concejo Municipal.

Artículo 91. (Autonomía Indígena Originaria Campesina). El Gobierno Autónomo Municipal de Santiago de Callapa, en el marco de lo Establecido por la constitución Política del Estado, la Ley Marco de Autonomías y Descentralización el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo, la Declaración de Naciones Unidas sobre Derechos de los Pueblos Indígenas ratificada por Ley N° 3760, del 7 de noviembre de 2007 por Bolivia y las leyes en vigencia; respeta el derecho constitucional de los Pueblos Indígena Originario Campesinos existentes en el Municipio de Santiago de Callapa y deja abierta la posibilidad para que puedan constituirse en Autonomía o Autonomías Indígena Originaria Campesinas.

Artículo 92. (Mancomunidad y Hermanamiento de Municipios).

I. El Gobierno Autónomo Municipal mediante Ley Municipal, podrá adquirir responsabilidades mancomunadas comprometiendo los recursos necesarios para la realización de los fines que les sean comunes, en estricta observancia de las ventajas de desarrollo para el municipio.

II. La mancomunidad de municipios, deberá buscar la mayor cohesión social, articulación, eficiencia, eficacia e impacto, en la ejecución de las acciones e inversiones de manera concurrente, bajo los principios de subsidiariedad, voluntariedad, equidad, cooperación, solidaridad, bien común, igualdad, complementariedad, reciprocidad, equidad de género, proporcionalidad, coordinación, lealtad institucional, transparencia, participación, provisión de recursos, considerando las facultades y competencias de la autonomía municipal.

III. El Gobierno Autónomo Municipal, en función de los objetivos e intereses del municipio, podrá realizar hermanamientos con municipios de otros países, para lo cual establecerá las políticas necesarias para su cumplimiento, en observancia de la Ley Municipal.

TITULO XI

TERRITORIO, SUELO Y PATRIMONIO

CAPITULO I

PLAN DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y USO DE SUELOS

Artículo 93. (Plan de ordenamiento territorial). El Gobierno Autónomo Municipal de Santiago de Callapa debe contar con un Plan de Ordenamiento Territorial aprobado por Ley Municipal, que regule el crecimiento equilibrado y sostenible del Municipio, basado en estudios técnicos.

Artículo 94. (Plan de Uso de Suelos). El Gobierno Autónomo Municipal de Santiago de Callapa debe contar con un Plan de Uso de Suelos, aprobado mediante Ley Municipal, basado en el Plan de Ordenamiento Territorial y los criterios geomorfológicos, medio ambientales, usos, costumbres, culturas y otros; previendo los mecanismos de uso, manejo, preservación, rescate y saneamiento de áreas públicas.

Artículo 95. (Restricciones al Derecho de Propiedad). El Gobierno Autónomo Municipal de Santiago de Callapa dentro del área de su jurisdicción territorial tiene la facultad de imponer restricciones administrativas al derecho propietario de los bienes inmuebles en atención a la planificación municipal y al interés público. Estas restricciones no comprometen al Gobierno Autónomo Municipal de Santiago de Callapa al pago de indemnización alguna.

Artículo 96. (Cambio de Uso de Suelo). El Gobierno Autónomo Municipal de Santiago de Callapa, previa justificación técnica legal, por razones de orden público y en el marco del ordenamiento territorial podrá realizar los cambios de uso de suelo mediante la emisión de la norma correspondiente por el Concejo Municipal.

Artículo 97. (Saneamiento de la Propiedad Urbana).

I. En todos los procesos judiciales o extra judiciales de división y partición, divisiones y fraccionamientos, debe tomarse en cuenta los informes técnicos y legales del Gobierno Autónomo Municipal de Santiago de Callapa, siendo nula toda disposición contraria a la Normativa Municipal.

II. En los procesos de usucapión o cualquiera de las formas de adquirir o sanear la propiedad sobre bienes inmuebles urbanos debe citarse al Gobierno Autónomo Municipal de Santiago de Callapa, con todos los actuados procesales para que responda si el bien objeto de realizar el saneamiento no es propiedad del municipio, área de equipamiento, área verde o bienes públicos. No procederá la usucapión de bienes de propiedad municipal o del Estado, por lo que en función de la defensa de los intereses públicos, el Ejecutivo Municipal se constituirá en parte.

III. En los casos en los cuales la autoridad jurisdiccional no proceda conforme el procedimiento establecido, el Ejecutivo Municipal deberá constituirse como parte denunciante en aras de defensa de los bienes públicos y municipales.

Artículo 98. (Verificación del Cumplimiento de Normas Técnicas).

I. Los profesionales que presten servicios técnicos en fraccionamiento, construcciones, urbanizaciones de bienes inmuebles deberán verificar la concordancia y el cumplimiento pleno de la normativa Municipal bajo responsabilidad administrativa, civil o penal, según corresponda.

II. El Ejecutivo Municipal y el Ministerio Público serán los encargados de iniciar e impulsar los procesos que correspondan.

Artículo 99. (Normas de Uso de Suelos).

El Gobierno Autónomo Municipal de Santiago de Callapa, debe emitir las normas de uso de suelos y hacer cumplir las mismas, en caso de incumplimiento deberá demoler las construcciones que no cumplan con la normativa de uso de suelo, subsuelo y sobresuelo.

SEXTA PARTE

HACIENDA MUNICIPAL

TITULO XII

RÉGIMEN FINANCIERO

CAPITULO I

DISPOSICIONES GENERALES DEL RÉGIMEN FINANCIERO

Artículo 100. (Disposiciones Generales). El régimen de administración patrimonial será fijado por Ley Municipal y estará referido a la obtención, gestión y control de los recursos municipales y su utilización. Comprende asimismo la administración y gestión del patrimonio municipal, la determinación de su composición, registro y control de sus variaciones de vida útil.

Artículo 101. (Patrimonio Municipal). Forman parte del patrimonio municipal, los bienes inmuebles y muebles registrables o no, créditos, títulos, derechos, fondos y valores en existencia, adquiridos o que se adquieran en el futuro con fondos propios o mediante legados, donaciones u otro tipo de asignaciones debidamente aceptadas. El patrimonio neto municipal estará integrado por los bienes enumerados precedentemente, menos las obligaciones hacia terceros, sin más limitación que la establecida en la Constitución Política del Estado.

Artículo 102. (Bienes Municipales). Los bienes municipales se clasifican en:

1. Bienes de dominio público municipal.

2. Bienes sujetos al régimen jurídico privado.

3. Activos fijos y de capital

Artículo 103. (Bienes de Dominio Público).

I. Son aquellos destinados al uso irrestricto por las y los ciudadanos y las comunidades; son inalienables, imprescriptibles e inembargables. La población sin exclusión ni excepción alguna, tiene el uso y goce de los bienes de dominio público municipal, con sujeción a las normas municipales que el Gobierno Autónomo Municipal dicte.

II. Los bienes de dominio público son las siguientes:

1. Calles, aceras, cordones, avenidas, pasos a nivel, puentes, pasarelas, pasajes, caminos vecinales, túneles y demás vías de tránsito.

2. Plazas, parques, canchas, paseos, bosques declarados públicos y otras áreas verdes y espacios destinados al esparcimiento colectivo y a la preservación del patrimonio cultural.

3. Bienes declarados vacantes por Ley Municipal en favor del municipio.

4. Ríos hasta veinticinco (25) metros a cada lado del borde de máxima crecida, riachuelos, torrenteras, quebradas, con sus lechos, aires y taludes hasta su coronamiento y ojos de agua, regulados por Ley Municipal.

Artículo 104. (Concesiones). El Gobierno Autónomo Municipal, podrá otorgar concesiones de uso y disfrute de bienes de dominio público, con carácter estrictamente temporal, de acuerdo a disposiciones en vigencia.

Artículo 105. (Ocupación de Vías Públicas). El Gobierno Autónomo Municipal, regulará la autorización de ocupación de espacios y vías públicas, precautelando la libre circulación de las/los ciudadanas/os y los derechos de los propietarios de inmuebles circundantes.

Artículo 106. (Bienes Sujetos al Régimen Privado). Son bienes patrimoniales municipales, sujetos a régimen jurídico privado, los que no están destinados a la prestación de un servicio público y que son administrados conforme a los principios del derecho y son las siguientes:

1. Los bienes patrimoniales tangibles municipales.

2. El activo de las Empresas Municipales.

3. Las inversiones financieras en acciones, bonos y otros títulos valores similares.

4. Los inmuebles destinados a la administración municipal y a la prestación de un servicio público municipal, así como los bienes transferidos por el gobierno departamental y nacional.

Artículo 107. (Activos Fijos y de Capital).

I. Son bienes patrimoniales municipales, los que no están destinados a la prestación de un servicio público y que son administrados conforme a los principios del derecho. Estos bienes comprenden:

1. El activo de las empresas municipales; y los activos que permanecen en la institución.

2. Las inversiones financieras en acciones, bonos y otros títulos valores similares.

II. La disposición de los bienes referidos en el numeral 2 serán autorizados por dos tercios de votos del Concejo Municipal.

Artículo 108. (Emisión de Deuda Municipal).

I. El Gobierno Autónomo Municipal, sólo podrá emitir deudas cumpliendo con todas las normas que establece la Ley del Mercado de Valores y sus Reglamentos y las normas de endeudamiento del Estado Plurinacional.

II. La contratación de todo endeudamiento por el Gobierno Autónomo Municipal, deberá regirse a lo establecido en la Constitución Política del Estado, Ley 1178 (SAFCO), la presente Carta Orgánica y demás disposiciones en vigencia.

III. La emisión de títulos valores no contemplados en la Ley del Mercado de Valores, será obligatoriamente registrada en el Ministerio de Economía y Finanzas Públicas y deberá ser publicada en un medio de comunicación nacional.

Artículo 109. (Donación y Negocios Jurídicos). El Gobierno Autónomo Municipal, no podrá donar los bienes inmuebles sujetos al régimen jurídico privado. En cambio, podrá realizar todo tipo de negocios jurídicos con ellos, siempre que los mismos sean rentables en cumplimiento de la Ley Municipal y aprobación del Concejo Municipal.

Artículo 110. (Bienes de Patrimonio Histórico, Cultural del Municipio).

I. Los bienes patrimoniales precolombinos, coloniales, republicanos históricos, ecológicos del municipio, o los procedentes del culto religioso, ya sean de propiedad privada, pública o de la Iglesia, localizados en la jurisdicción municipal, se encuentran bajo la protección del Municipio, sujeto a legislación especial, destinados inexcusablemente al uso y disfrute de la colectividad.

II. El Gobierno Autónomo Municipal, gestionará ante los organismos nacionales e internacionales competentes, para promover la conservación, preservación y mantenimiento de los bienes del patrimonio histórico, cultural y arquitectónico del municipio.

CAPÍTULO II

HACIENDA MUNICIPAL, INGRESOS Y DOMINIO TRIBUTARIO

Artículo 111. (Hacienda Pública Municipal). Es el conjunto de normas y procedimientos que regulan la administración de los recursos económicos del municipio, en sujeción a los principios, normas y procedimientos emitidos por el órgano rector del nivel central, responsable de las finanzas públicas conforme a la Ley.

Artículo 112. (Impuestos de Dominio Municipal). Son impuestos de dominio municipal los siguientes:

1. Impuestos a la propiedad de bienes inmuebles urbanos.

2. Impuestos a la propiedad de vehículos automotores.

3. Impuesto a la transferencia onerosa de inmuebles y vehículos automotores.

4. Impuesto a la afectación del medio ambiente por vehículos automotores; siempre y cuando no constituyan infracciones ni delitos.

Artículo 113. (Dominio Tributario). El dominio tributario, es la Hacienda Pública Municipal que está regulado por el Código Tributario Boliviano, por las normas nacionales en vigencia y la presente Carta Orgánica Municipal.

Artículo 114. (Ingresos Tributarios). Los Ingresos Tributarios, son los ingresos municipales provenientes de:

1. Impuestos municipales.

a. Impuesto a los Bienes Inmuebles en áreas urbanas.

b. Impuesto a los Vehículos Automotores.

c. Impuesto de transferencia de inmuebles urbanos y vehículos.

d. Impuesto al consumo específico de bebidas alcohólicas.

2. Patentes.

Artículo 115. (Ingresos no Tributarios). Son ingresos no tributarios a los provenientes de:

1. Pagos provenientes de concesiones o actos jurídicos realizados con los bienes municipales o producto de la política de concesiones o explotaciones existentes en la jurisdicción municipal.

2. Venta o alquiler de bienes municipales.

3. Transferencias y contribuciones especiales.

4. Donaciones, subsidios y legados en favor del Municipio.

5. Derechos pre constituidos.

6. Indemnizaciones por daños a la propiedad municipal.

7. Multas y sanciones por transgresiones a disposiciones municipales.

8. Operaciones de crédito público.

9. Los recursos originados por la venta de bienes municipales. Los cuales se destinarán únicamente a la inversión.

Artículo 116. (Recaudación de Ingresos Municipales). Los impuestos municipales, ingresos tributarios e ingresos no tributarios, se recaudarán a través de la ventanilla única de recaudaciones del Gobierno Autónomo Municipal de Santiago de Callapa, en estricto cumplimiento de la Ley Municipal.

Artículo 117. (Exenciones). Las exenciones tributarias que se encuentren bajo la potestad de la administración municipal, serán aprobadas mediante Ley Municipal, en estricto cumplimiento de los parámetros técnicos y legales, fundadas en principios de justicia y necesidad social declaradas de interés municipal.

Artículo 118. (Creación de Impuestos de Carácter Municipal). El Gobierno Autónomo Municipal, tiene las facultades de crear, modificar, regular y controlar los impuestos, tasas y patentes municipales, en sujeción a la Constitución Política del Estado y leyes nacionales en actual vigencia.

Artículo 119. (Aprobación, Modificación o Eliminación de Tributos Municipales).

I. Toda creación y/o modificación de impuestos del Gobierno Autónomo Municipal de Santiago de Callapa se sujetará a los principios tributarios, a la capacidad económica de sus contribuyentes, a la igualdad, progresividad, proporcionalidad, transparencia, universalidad, control, sencillez administrativa y capacidad recaudatoria de la entidad territorial.

II. Los impuestos de dominio municipal, su hecho generador, base imponible o de cálculo, alícuota, sujeto pasivo, exenciones y deducciones o rebajas, serán establecidos por ley del Concejo Municipal, de acuerdo a la Carta Orgánica y Leyes vigentes.

Artículo 120. (Administración Tributaria y Recaudación).

I. La administración tributaria estará a cargo del ejecutivo municipal, el cual basará su comportamiento en base a la normativa legalmente establecida, mediante Ley Municipal.

II. Las recaudaciones serán determinadas por la ley municipal sobre la base de impuestos, tasas, patentes, agregados, otros.

CAPITULO III

TRATAMIENTO DE LAS TRANSFERENCIAS

Artículo 121. (Recursos Económicos por Transferencias). Los recursos provenientes del nivel central o departamental del Estado Plurinacional, son transferidos al municipio y destinados al cumplimiento de las competencias exclusivas, concurrentes y compartidas, que se clasifican en:

1. Recursos económicos provenientes de la Coparticipación Tributaria.

2. Recursos económicos provenientes del Impuesto Directo de los Hidrocarburos (IDH).

3. Recursos económicos del alivio a la Deuda Externa.

4. Transferencias extraordinarias por desastres naturales, emergencia u otras causas de similar naturaleza.

5. Transferencias por delegación de competencias.

6. Transferencias provenientes de fondos de compensación, fondos de desarrollo y equidad y otros en la distribución nacional de recursos.

7. Transferencias provenientes de los Impuestos por Juegos (IPJ).

8. Otras transferencias que provengan del Estado Plurinacional.

Artículo 122. (Transferencia y Recepción de Recursos por Ajuste Competencial).

I. .El Gobierno Autónomo Municipal de Santiago de Callapa podrá realizar transferencias de recursos, de acuerdo a convenios suscritos autorizados por el Concejo Municipal.

II. Se transferirá recursos públicos en efectivo o en especie, a organizaciones económicas productivas y organizaciones territoriales, con el objeto de estimular la actividad productiva y generación de proyectos de desarrollo, seguridad alimentaria, reconversión productiva y salud, en el marco del Plan General de Desarrollo; el uso y destino de estos recursos, será autorizado mediante Ley Municipal.

CAPITULO IV

PRESUPUESTO MUNICIPAL

Artículo 123. (Presupuesto Participativo). El Órgano Ejecutivo Municipal conforme a la planificación participativa municipal desde la realidad de las markas, subcentrales, comunidades y de acuerdo a la vivencia de sus autoridades originarias, organizacionales funcionales y sectoriales en la formulación del proyecto del Plan Operativo Anual y dentro del marco del Plan de Desarrollo Municipal, deberá remitir al Concejo Municipal, de acuerdo al cumplimiento estricto de las normas de planificación en actual vigencia.

Artículo 124. (Presupuesto Municipal).

I. El presupuesto municipal deberá reflejar el plan de gobierno, detallando objetivos de desarrollo, políticas, planes, programas y proyectos de impacto, cuantificando las metas de mediano y largo plazo.

II. El presupuesto municipal, además deberá contener:

1. La totalidad de los recursos del techo presupuestario, gastos ordinarios, extraordinarios y especiales.

2. El presupuesto debe reflejar la programación de políticas, programas y proyectos productivos y turísticos con impacto de mediano y largo plazo.

3. La exposición de los gastos deberá reflejar el grado de cumplimiento de las políticas y planes de gobierno.

4. No podrá presentar déficit.

5. El Gobierno Autónomo Municipal no podrá efectuar gasto alguno que no esté autorizado por el presupuesto en vigencia.

6. El gasto corriente municipal en las funciones administrativas, no podrá exceder el límite presupuestario en cumplimiento de normas nacionales en vigencia.

Artículo 125. (Gastos de Inversión y Gastos Corrientes). El Gobierno Autónomo Municipal, en cada gestión presupuestaria, asignará sus recursos para gastos de inversión pública y para gastos corrientes, de acuerdo a la planificación del POA municipal.

Artículo 126. (Formulación, Aprobación y Ejecución del Presupuesto Municipal). De acuerdo a los procedimientos del sistema de planificación, la formulación, aprobación y ejecución del presupuesto, se lo realizará en los siguientes parámetros:

1. El Ejecutivo Municipal, formulará y ejecutará el Programa Anual Operativo y Presupuesto, en el marco del Plan de Desarrollo Municipal, bajo normas y reglamentación en actual vigencia.

2. La distribución de los recursos económicos deberá ser en función al equilibrio y necesidad territorial en la inversión de Políticas, Planes, Programas y Proyectos productivos, turísticos, humanos, sociales, y de inversión de calidad e impacto económico y social.

3. El Gobierno Autónomo Municipal, deberá presentar el presupuesto institucional aprobado por el Concejo Municipal, en los plazos institucionales establecidos.

Artículo 127. (Modificaciones Presupuestarias).

I. En la ejecución presupuestaria sólo se podrá modificar y efectuar traspasos presupuestarios, previa evaluación de los grupos de gasto, los mismos que serán autorizados mediante Ley Municipal.

II. Toda reformulación del presupuesto deberá ser puesta a consideración del Concejo Municipal, en cumplimiento de normas nacionales en actual vigencia.

Artículo 128. (Presupuesto Operativo y Sus Modificaciones).

El Ejecutivo Municipal en consulta con el Órgano Legislativo consolidará los recursos de operación suficientes para brindar adecuados servicios a la población, la modificación al mismo debe seguir la reglamentación y en apego a la normativa nacional.

Artículo 129. (Planilla Salarial).

El Gobierno Autónomo Municipal de Santiago de Callapa de acuerdo a las normas previstas para el efecto, establecerá y aprobará su escala salarial y planilla presupuestaria, en el marco de los criterios y lineamientos de política salarial, de acuerdo a las disposiciones legales nacionales vigentes.

SÉPTIMA PARTE

COMPETENCIAS EXCLUSIVAS Y SU DESARROLLO

TITULO XIII

ALCANCE COMPETENCIAL

CAPÍTULO I

COMPETENCIAS EXCLUSIVAS DEL GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL

Artículo 130. (Competencias Exclusivas).

I. El Gobierno Autónomo Municipal de Santiago de Callapa conforme a lo establecido por la Constitución Política del Estado tiene las siguientes competencias exclusivas:

1. Elaborar su Carta Orgánica Municipal de acuerdo a los procedimientos establecidos en esta Constitución y la Ley.

2. Planificar y promover el desarrollo humano en su jurisdicción.

3. Iniciativa y convocatoria de consultas y referendos municipales en las materias de su competencia.

4. Promoción del empleo y mejora de las condiciones laborales en el marco de las políticas nacionales.

5. Preservar, conservar y contribuir a la protección del medio ambiente y recursos naturales, fauna silvestre y animales domésticos

6. Elaboración de Planes de Ordenamiento Territorial y de uso de suelos, en coordinación con los planes del nivel central del Estado, departamental e indígenas.

7. Planificar, diseñar, construir, conservar y administrar caminos vecinales en coordinación con los pueblos indígena originario campesinos cuando corresponda.

8. Construcción, mantenimiento y administración de aeropuertos públicos locales.

9. Estadísticas municipales.

10. Catastro urbano en el ámbito de su jurisdicción en conformidad a los preceptos y parámetros técnicos establecidos para los Gobiernos Municipales.

11. Áreas protegidas municipales en conformidad con los parámetros y condiciones establecidas para los Gobiernos Municipales.

12. Proyectos de fuentes alternativas y renovables de energía preservando la seguridad alimentaria de alcance municipal.

13. Controlar la calidad y sanidad en la elaboración, transporte y venta de productos alimenticios para el consumo humano y animal.

14. Deporte en el ámbito de su jurisdicción.

15. Promoción y conservación del patrimonio natural municipal.

16. Promoción y conservación de cultura, patrimonio cultural, histórico, artístico, monumental, arquitectónico, arqueológico, paleontológico, científico, tangible e intangible municipal.

17. Políticas de turismo local.

18. Transporte urbano, registro de propiedad automotor, ordenamiento y educación vial, administración y control del tránsito urbano.

19. Creación y administración de impuestos de carácter municipal, cuyos hechos imponibles no sean análogos a los impuestos nacionales o departamentales.

20. Creación y administración de tasas, patentes a la actividad económica y contribuciones especiales de carácter municipal.

21. Proyectos de infraestructura productiva.

22. Expropiación de inmuebles en su jurisdicción por razones de utilidad y necesidad pública municipal, conforme al procedimiento establecido por Ley, así como establecer limitaciones administrativas y de servidumbre a la propiedad, por razones de orden técnico, jurídico y de interés público

23. Elaborar, aprobar y ejecutar sus programas de operaciones y su presupuesto.

24. Fondos fiduciarios, fondos de inversión y mecanismos de transferencia de recursos necesarios e inherentes a los ámbitos de sus competencias.

25. Centros de información y documentación, archivos, bibliotecas, museos, hemerotecas y otros.

26. Empresas públicas municipales.

27. Aseo urbano, manejo y tratamiento de residuos sólidos en el marco de la política del Estado.

28. Diseñar, construir, equipar y mantener la infraestructura y obras de interés público y bienes de dominio municipal, dentro de su jurisdicción territorial.

29. Desarrollo urbano y asentamientos humanos urbanos.

30. Servicio de alumbrado público de su jurisdicción.

31. Promoción de la Cultura y actividades artísticas en el ámbito de su jurisdicción.

32. Espectáculos públicos y juegos recreativos.

33. Publicidad y propaganda urbana.

34. Promover y suscribir convenios de asociación o mancomunidad municipal con otros municipios.

35. Convenios y/o contratos con personas naturales o colectivas, públicas y privadas para el desarrollo y cumplimiento de sus atribuciones, competencias y fines.

36. Constituir y reglamentar la Guardia Municipal para coadyuvar el cumplimiento, ejercicio y ejecución de sus competencias así como el cumplimiento de las normas municipales y de sus resoluciones emitidas.

37. Políticas que garanticen la defensa de los consumidores y usuarios en el ámbito municipal.

38. Sistemas de micro riego en coordinación con los pueblos indígena originario campesinos.

39. Promoción y desarrollo de proyectos y políticas para niñez y adolescencia, mujer, adulto mayor y personas con discapacidad.

40. Servicios básicos así como aprobación las tasas que correspondan en su jurisdicción.

41. Áridos y agregados, en coordinación con los pueblos indígena originario campesinos, cuando corresponda.

42. Planificación del desarrollo municipal en concordancia con la planificación departamental y nacional.

43. Participar en empresas de industrialización, distribución y comercialización de Hidrocarburos en el territorio municipal en asociación con las entidades nacionales del sector.

II. Serán también de ejecución municipal las competencias que le sean transferidas o delegadas.

Artículo 131. (Competencias Compartidas con el Nivel Central del Estado).

I. En el marco de lo establecido por la Constitución Política del Estado el Gobierno Autónomo Municipal de Santiago de Callapa desarrollará las competencias que le sean asignadas, correspondiendo al Concejo Municipal elaborar la Legislación de Desarrollo y al Órgano Ejecutivo Municipal reglamentar y ejecutar las leyes que provengan de la Asamblea Legislativa Plurinacional en relación al ejercicio y ejecución de las competencias compartidas.

II. La Asamblea Legislativa Plurinacional, determinará a qué entidades territoriales autónomas les corresponde dictar legislación de desarrollo.

III. De conformidad a la Ley Marco de Autonomías y Descentralización, la legislación de desarrollo es complementaria a la legislación básica, norma sobre las competencias compartidas asignadas a las entidades territoriales autónomas en su jurisdicción; es nula de pleno derecho si contradice los preceptos y alcances de la legislación básica establecida por la Asamblea Legislativa Plurinacional.

Artículo 132. (Competencias Concurrentes con el Nivel Central del Estado).

I. En el marco de lo establecido por la Constitución Política del Estado el Gobierno Autónomo Municipal de Santiago de Callapa a través del Órgano Ejecutivo, reglamentará y ejecutará las leyes que provengan de la Asamblea Legislativa Plurinacional.

II. Las competencias concurrentes con el nivel central del Estado establecidos por la Norma Suprema del Ordenamiento Jurídico Nacional y la Ley Marco de Autonomías y Descentralización son las siguientes:

1. Preservar, conservar y contribuir a la protección del medio ambiente y fauna silvestre manteniendo el equilibrio ecológico y el control de la contaminación ambiental.

2. Gestión del sistema de salud y educación.

3. Ciencia, tecnología e investigación.

4. Conservación de suelos, recursos forestales y bosques.

5. Servicio meteorológico.

6. Frecuencias electromagnéticas en el ámbito de su jurisdicción y en el marco de las políticas del Estado.

7. Promoción y administración de proyectos hidráulicos y energéticos.

8. Residuos industriales y tóxicos.

9. Proyectos de agua potable y tratamiento de residuos sólidos

10. Proyectos de riego.

11. Protección de cuencas.

12. Administración de puertos fluviales

13. Seguridad ciudadana.

14. Sistema de control gubernamental.

15. Vivienda Social.

16. Agricultura, ganadería, caza y pesca

CAPITULO II

DELEGACIÓN Y TRANSFERENCIA DE COMPETENCIAS

Artículo 133. (Competencias Asignadas al Gobierno Autónomo Municipal).

Las competencias asignadas al Gobierno Autónomo Municipal, se ejercen bajo responsabilidad directa de sus autoridades, debiendo sujetarse a los sistemas de gestión pública, control gubernamental establecido por la presente Carta Orgánica Municipal y Ley Nacional.

Artículo 134. (Delegación de Competencias).

1. La delegación total o parcial de una competencia no implica la pérdida de la titularidad de la facultad legislativa.

2. La Ley Marco de Autonomías establece que no será necesaria una nueva ley, siempre que exista una norma vigente de igual rango para el ejercicio de una competencia, correspondiendo su reglamentación y ejecución sin perjuicio de lo establecido en el Artículo 410 de la Constitución Política del Estado.

3. La delegación es revocable en los términos establecidos en el convenio de ceder competencias y no puede ser, a su vez, transferida ni delegada total o parcialmente a una tercera entidad territorial autónoma.

4. La delegación de una competencia incluirá recursos, infraestructura, equipamiento y los instrumentos técnicos y metodológicos que se hayan estado empleando para ello, así como la capacitación de personal y transmisión del conocimiento que forman parte de su ejercicio.

Artículo 135. (Obligatoriedad de Asumir la Asignación y Ejecución de Competencias).

I. Todas las competencias exclusivas asignadas por la Constitución Política del Estado a los Gobiernos Autónomos Municipales y aquellas facultades reglamentarias y ejecutivas que les sean transferidas o delegadas por ley de la Asamblea Legislativa Plurinacional deben ser asumidas obligatoriamente, al igual que aquellas exclusivas del nivel central del Estado que le corresponda en función de su carácter compartido o concurrente, sujetas a la normativa en vigencia.

II. Las competencias, se ejercen bajo responsabilidad directa de los órganos de gobierno, personalizadas en los servidores debiendo estar sujetas a los sistemas de gestión pública, control gubernamental establecido en la ley, así como al control jurisdiccional.

Artículo 136. (Delegación y Transferencia de Competencias entre Entidades Territoriales Autónomas). El Gobierno Autónomo Municipal, mediante normativa municipal podrá delegar y/o transferir competencias a otras entidades territoriales autónomas y recibir de acuerdo al alcance competencial y cumpliendo los procedimientos legales establecidos para el efecto en normativa nacional.

Artículo 137. (Proceso de Delegación de Competencias).

1. La delegación total o parcial de una competencia no implica la pérdida de la titularidad de la misma, por parte del Gobierno Autónomo Municipal.

2. La delegación es revocable en los términos establecidos en el convenio de ceder competencias y no puede ser, a su vez, transferida ni delegada total o parcialmente a una tercera entidad territorial autónoma.

3. La delegación de una competencia incluirá recursos, infraestructura, equipamiento y los instrumentos técnicos y metodológicos que se requieran para ello, como la capacitación de personal.

Artículo 138. (Alcance Competencial).

I. El Gobierno Autónomo Municipal, ejercerá las competencias compartidas y concurrentes de conformidad con lo establecido por la Constitución Política del Estado y la legislación autonómica.

II. Los Órganos de Gobierno Municipal, ejercerán las competencias exclusivas, concurrentes y compartidas, en el marco de sus facultades legislativas, reglamentarias, fiscalizadora y ejecutiva.

III.El Gobierno Autónomo Municipal, está facultado a requerir el auxilio de la fuerza pública para el cumplimiento de sus competencias exclusivas, concurrentes y compartidas. Las autoridades responsables de las entidades de la fuerza pública, no podrán negar su participación, bajo responsabilidad por la función pública por los resultados y consecuencias del incumplimiento a las normas y/o decisiones municipales.

Artículo 139. (Colisión de Normas Municipales). Cunado dos normas municipales o de aplicación municipal tuvieran un contenido incompatible entre sí, produciendo colisión normativa, acorde al principio de coherencia del ordenamiento jurídico, se aplicarán los criterios de:

1. Jerarquía: De manera que, aquella que esté en un peldaño superior de la jerarquía, deja sin efecto a la norma inferior.

2. Temporalidad: En el supuesto de que dos normas de igual rango sufran una colisión normativa, la norma posterior en el tiempo deroga a la norma anterior.

3. Especialidad: Donde la regulación más específica de la materia prevalece sobre la norma más general.

4. Prelación Axiológica: Aplicándose aquella norma que esté tutelando un derecho superior en la escala de valores constitucionales.

TÍTULO XIV

DESARROLLO MUNICIPAL

CAPÍTULO I

DESARROLLO HUMANO Y CULTURAL

Artículo 140. (Desarrollo Humano). El Gobierno Autónomo Municipal, priorizará el desarrollo humano social, entendido como la satisfacción de las necesidades humanas, la ampliación de las capacidades humanas e igualdad de oportunidades, mediante el acceso a los servicios de salud y educación para el vivir bien.

Artículo 141. (Alcance de las Competencias). Las competencias referidas al desarrollo humano en el ámbito municipal serán desarrolladas y ejecutadas bajo los principios que establecen la Constitución Política Estado y la presente Carta Orgánica Municipal.

CAPITULO II

DESARROLLO HUMANO EN LA SALUD

Artículo 142. (Salud).

I. El Gobierno Autónomo Municipal fortalecerá la salud en sus diferentes niveles, en coordinación y planificación con las políticas de salud del gobierno central y departamental, en el marco de los principios de universalidad, integralidad, calidad, calidez, eficiencia, eficacia, oportunidad, acercamiento a la sociedad y en cumplimiento de sus competencias concurrentes, para lo cual desarrollará las siguientes acciones:

1. Dotar de infraestructura en salud, mobiliario, medicamentos, insumos, equipamiento, recursos humanos especializados y servicios básicos, para la atención de la población en general.

2. Garantizar los servicios de salud, de acuerdo a las necesidades de la población y las comunidades, considerando las características sociales de cada familia.

3. Priorizar la atención de salud, en sus diferentes niveles de carácter multidisciplinaria e intercultural proporcionando calidad, calidez y respeto a los derechos de los pacientes.

4. Implementar la Unidad Municipal de Seguridad y Soberanía Alimentaria, priorizando el consumo de producción natural de la región.

5. Promover la corresponsabilidad entre el municipio y las comunidades, sociedad civil y personal de salud, el manejo, mantenimiento y habilitación de infraestructura, mobiliario, equipos e insumos de salud.

6. Implementar y ejecutar el Plan Municipal de Salud y Salud Comunitaria anualizado, para la programación y designación de presupuesto municipal.

II. El Gobierno Autónomo Municipal de conformidad a la ley nacional en materia de salud, tiene a su cargo una cuenta fiscal específica, denominada “Cuenta Municipal de Salud”, para la administración del quince y medio por ciento (15.5%) de los recursos de la Coparticipación Tributaria Municipal o el equivalente delos recursos provenientes del IDH municipal transferidos por el Fondo Compensatorio Nacional de Salud, los que destinará a financiar las prestaciones que sean demandadas en establecimientos del primer, segundo y tercer nivel existentes en la jurisdicción municipal, por toda beneficiaria y beneficiario que provenga de cualquier municipio y en caso de existir saldos anuales acumulados de recursos en las Cuentas Municipales de Salud, serán reasignados a las mismas para la siguiente gestión o podrán ser utilizados para la contratación de recursos humanos, fortalecimiento de infraestructura y equipamiento de los establecimientos de salud, o en programas especiales de salud que fortalezcan el desarrollo humano.

Artículo 143. (Salud Comunitaria y Medicina Tradicional). El Gobierno Autónomo Municipal, implementará la salud familiar comunitaria intercultural, reconociendo, aplicando y utilizando la medicina tradicional de la cosmovisión andina, originaria en todos los niveles de atención en salud, para su fortalecimiento implementará las siguientes acciones:

1. Infraestructura adecuada para la atención de la Salud Comunitaria de acuerdo a usos y costumbres ancestrales.

2. Implementar farmacias de Medicina Tradicional, de acuerdo a normas y procedimientos de la medicina comunitaria, concordantes con las leyes nacionales.

3. Las “Parteras” y médicos tradicionales que sean reconocidos en la práctica médica por el Ministerio de Salud.

4. La Medicina Tradicional comunitaria, estará basada en toda la riqueza natural seleccionada del ecosistema que tiene cualidad preventiva y curativa en la salud humana, reconocida y utilizada según Ley Municipal.

TÍTULO XV

EDUCACIÓN, DEPORTES Y PATRIMONIO CULTURAL

CAPITULO I

EDUCACIÓN DESCOLONIZADA

ARTICULO 144. (Educación). El Gobierno Autónomo Municipal de Santiago de Callapa, para el desarrollo humano de sus pobladores en cumplimiento de sus competencias compartidas y concurrentes y buscando una educación descolonizada realizará las siguientes actividades:

1. Financiar y garantizar los servicios básicos, infraestructura, mobiliario, material educativo y equipamiento de las Unidades Educativas de Educación Regular, Educación Alternativa y Especial, así como de las Direcciones Distritales y de Núcleo, en el Municipio.

2. Apoyar a programas educativos con recursos establecidos en las normas en vigencia.

3. Promover mediante políticas municipales, la corresponsabilidad entre el Gobierno Municipal, las comunidades, padres de familia, maestros y estudiantes, la calidad educativa, formación, educación constructivista, técnica y gestión de conocimientos.

4. Coordinar con el nivel central de Estado y la sociedad civil, el desarrollo de acciones orientadas para lograr la educación eficiente, de calidad en la formación de capital humano.

5. Promover la corresponsabilidad entre el Gobierno Municipal, Comité Municipal de Educación (Representante de la Alcaldía, representante del Consejo Municipal, Director Distrital, Concejo Educativo de Distrito, Representante de los Directores de Unidades Educativas, Represéntate de la Federación), las comunidades, padres de familia, maestros y estudiantes, el manejo, mantenimiento y habilitación de infraestructura, mobiliario, equipos e insumos educativos.

6. Promover la creación de transporte escolar municipal para el traslado de alumnas y alumnos de los niveles primaria y secundaria.

7. Promoverá la ejecución de proyectos y programas que eviten la deserción escolar.

CAPITULO II

DEPORTE Y RECREACIÓN

Artículo 145. (Deportes).

I. El Gobierno Autónomo Municipal, fomentará y posibilitará el acceso de toda la población a las actividades físicas, deportivas, la educación física y recreativa en sus múltiples disciplinas.

II. El Gobierno Autónomo Municipal desarrollará las siguientes acciones:

1. Promover todas las actividades deportivas destinadas a la niñez, adolescencia, juventud, personas con discapacidad y personas de la tercera edad.

2. Implementar escuelas de deportes en sus sub centrales y la capital del Municipio en las diferentes disciplinas.

3. Construcción de infraestructura deportiva con equidad de género.

CAPITULO III

PATRIMONIO CULTURAL

ARTICULO 146. (Culturas e Interculturalidad). El Gobierno Autónomo Municipal, garantiza a todos los habitantes el acceso a las manifestaciones culturales, en el marco del más amplio pluralismo y respeto por la libertad de expresión, favoreciendo la consolidación de la identidad cultural, para alcanzar sus fines y objetivos, desarrollará las siguientes acciones:

1. Políticas orientadas al fortalecimiento de la convivencia intercultural, dentro del marco del reconocimiento y respeto de las identidades culturales para fortalecer la cohesión social.

2. Fomentar el acceso a las expresiones y manifestaciones culturales individuales y colectivas.

3. Generar políticas participativas e interculturales para profundizar la gestión cultural.

4. Proteger y priorizar la expresiones culturales del municipio.

ARTICULO 147. (Patrimonio Cultural). El Gobierno Autónomo Municipal, formulará y ejecutará medidas necesarias para la preservación, promoción, protección, recuperación, custodia, difusión e investigación del patrimonio cultural y natural del municipio, ejecutando proyectos y programas para identificar, registrar, catalogar, preservar, valorizar, promover, difundir el patrimonio cultural y natural, regulada por Ley Municipal, para ello realizará las siguientes acciones:

1. Identificar la riqueza cultural del Municipio, con relación a sus tradiciones, costumbres y hechos culturales.

2. Promocionar y difundir el patrimonio cultural de la música y danzas autóctonas del municipio, a nivel interno y externo.

3. Promocionar las fiestas comunitarias originarias de revalorización del patrimonio cultural originario.

4. Gestionar la creación de la Escuela Municipal de Artes y Escuela Municipal de la Danza Autóctona y Poesía, para fortalecer la riqueza del patrimonio cultural del municipio.

5. Construcción de centros, espacios culturales, históricos y artísticos del patrimonio cultural para el expendio de artesanías y manufacturas en el municipio.

6. Fomentar el acceso a las expresiones y manifestaciones culturales individuales y colectivas.

7. Proteger, rescatar y priorizar las culturas del municipio, reconociendo las danzas, vestimenta y música, de las comunidades del Municipio de Santiago de Callapa y realizar su declaratoria como patrimonio cultural del Municipio mediante Ley Municipal.

8. Recuperar y rescatar la vestimenta de las comunidades del municipio promoviendo el uso de la ropa hecha a manos por sus pobladores.

9. Promocionar y rescatar las distintas expresiones y manifestaciones culturales de las distintas comunidades y sub centrales del Municipio incentivando concursos o encuentros de música, danza y vestimenta autóctonas a nivel municipal.

10. Revalorización del patrimonio cultural manifestado en fiestas locales.

TITULO XVI

HABITAD Y VIVIENDA, SERVICIOS BÁSICOS

Y SEGURIDAD CIUDADANA

CAPITULO I

HABITAD Y VIVIENDA

Artículo 148. (Hábitat y Vivienda Social). El Gobierno Autónomo Municipal de conformidad a sus competencias compartidas, concurrentes y de conformidad a la política nacional de vivienda, realizara las siguientes acciones en habitad y vivienda social:

1. Formular y aprobar políticas municipales de financiamiento de la vivienda.

2. Elaborar y ejecutar programas y proyectos de construcción de viviendas, conforme a las políticas y normas técnicas aprobadas por el nivel central del Estado.

Artículo 149. (Aseo Urbano). El Gobierno Autónomo Municipal deberá construir botaderos de basura para enterrar los desechos contaminantes y mantener limpia y libre de contaminación los centros urbanos y rurales del municipio.

Artículo 150. (Catastro Urbano).

I. El catastro urbano es un inventario Público valorado, de carácter gráfico y alfanumérico de los bienes inmuebles existentes en un área geográficamente determinada.

II. El Gobierno Autónomo Municipal, mediante Ley Municipal, regulará la organización, administración y operación del catastro urbano en el municipio.

Artículo 151. (Prohibiciones en el Uso y Ocupación de Suelos). De conformidad con los principios del uso de suelos y ocupación de territorio, constituyen faltas sujetas a sanciones por incumplimiento de la Ley Municipal, las siguientes:

1. La ocupación de aires de río, franjas de seguridad de los ríos, áreas verdes y otras áreas similares.

2. La ocupación o afectación de las áreas de preservación, áreas protegidas, monumentos históricos, patrimonios culturales, parques, vías vehiculares, áreas de equipamiento y todo espacio de dominio municipal, estén o no registrados como bienes municipales.

3. La ocupación o asentamiento humano en áreas identificadas como zonas de alto riesgo o áreas geográficamente inestables.

4. El cambio de uso de suelos de áreas forestales, áreas no urbanizables, aires de río, áreas de preservación y áreas de paisaje natural.

5. La ocupación del patrimonio histórico, cultural, arquitectónico y sectores paisajísticos del municipio.

Artículo 152. (Cumplimiento Obligatorio de Normas Urbanísticas, Estructurales y del Uso del Suelo). Las normas de planeación urbanística de ingeniería y de uso de suelos, subsuelos y sobresuelos, son de cumplimiento obligatorio, estricto, inexcusable y prioritario para las personas individuales o colectivas, públicas o privadas, nacionales o extranjeras, sea cual fuera su naturaleza y características en toda el área urbana y rural del municipio. Su quebrantamiento por parte de las mismas, será pasibles a sanciones administrativa y dará lugar a responsabilidad civil por daños causados a la colectividad.

CAPITULO II

SERVICIOS BÁSICOS

Artículo 153. (Agua Potable y Alcantarillado Sanitario).

I. Las obras destinadas a la prestación de Servicios de Agua Potable y Alcantarillado Sanitario son de interés público para el Gobierno Autónomo Municipal.

II. Una norma Municipal establecerá los criterios del mantenimiento y conservación de los sistemas de agua potable y alcantarillado sanitario.

III. El Gobierno Autónomo Municipal desarrollara las siguientes acciones en materia de Agua Potable y Alcantarillado:

a. Ejecutar programas y proyectos de los servicios de agua potable y alcantarillado, conforme a la Constitución Política del Estado, en el marco del régimen hídrico y de sus servicios, y las políticas establecidas por el nivel central del Estado.

b. Elaborar, financiar y ejecutar proyectos de agua potable en el marco de sus competencias, y cuando corresponda de manera concurrente y coordinada con el nivel central del Estado y los otros niveles autonómicos; así como coadyuvar en la asistencia técnica y planificación. Concluidos los proyectos podrán ser transferidos al operador del servicio.

c. Proveer los servicios de agua potable y alcantarillado a través de entidades públicas, cooperativas, comunitarias o mixtas sin fines de lucro conforme a la Constitución Política del Estado y en el marco de las políticas establecidas en el nivel central del Estado.

d. Aprobar las tasas de los servicios públicos de agua potable y alcantarillado, cuando la prestación sea por el Gobierno Autónomo Municipal de forma directa.

e. La recuperación de los costos de operación y mantenimiento del agua potable y alcantarillado sanitario, debe ser efectivo para garantizar la sostenibilidad de los servicios.

Artículo 154. (Prohibición de Interrupción de Suministro de Agua Potable). En estricto apego a disposiciones normativas nacionales, el agua al constituirse en un recurso natural estratégico y derecho humano fundamentalísimo, no puede dejar de ser suministrada por causas políticas o conflictos sociales.

Artículo 155. (Tratamiento de Aguas Servidas). El Gobierno Autónomo Municipal, implementará planes y programas de tratamiento y recuperación de aguas servidas; para la protección y cuidado de la salud pública, el medio ambiente y para evitar la contaminación de los ríos, arroyos y fuentes de agua existentes en el Municipio.

Artículo 156. (Alumbrado Público). El Gobierno Autónomo Municipal de Santiago de Callapa en el marco de sus competencias debe realizar el mantenimiento e implementación del alumbrado público en el Municipio.

Artículo 157. (Telefonía Fija, Móvil y Telecomunicaciones). El Gobierno Autónomo Municipal, autorizara la instalación de torres, soportes de antenas y las redes de conformidad a sus competencias asignadas por normativa nacional y posibilitar el servicio comunicacional a los pobladores del Municipio.

CAPITULO III

SEGURIDAD CIUDADANA

Artículo 158. (Seguridad Ciudadana).

I. Son responsabilidades del Gobierno Autónomo Municipal, en materia de seguridad ciudadana de conformidad a la Ley Nacional de Seguridad Ciudadana las siguientes:

1. Formular y ejecutar en el municipio, en concurrencia con el nivel nacional del Estado y las entidades territoriales autónomas, los planes, programas y proyectos municipales en materia de seguridad ciudadana, en sujeción a la Política Pública Nacional de Seguridad Ciudadana, al Plan Nacional de Seguridad Ciudadana y a la Ley Nacional de Seguridad Ciudadana.

2. Formular y ejecutar en el ámbito territorial municipal, concurrentemente con el nivel nacional del Estado, las entidades territoriales autónomas departamentales, regionales e indígena originario campesinas, en el ámbito de sus competencias, los planes, programas y proyectos en materia de seguridad ciudadana, en sujeción a la Política Pública Nacional de Seguridad Ciudadana, al Plan Nacional de Seguridad Ciudadana y la Ley nacional en vigencia.

3. Implementar el Consejo Municipal de Seguridad Ciudadana con la participación de los órganos del Gobierno Autónomo Municipal, organizaciones sociales, autoridades originarias y la Policía Boliviana.

4. Formular y ejecutar de manera concurrente con los niveles Departamental y Nacional los planes, proyectos en materia de seguridad ciudadana.

II. El Consejo Municipal de Seguridad Ciudadana, estará conformado por:

a) La Alcaldesa o el Alcalde del Municipio, quien ejercerá las funciones de Presidenta o Presidente del Consejo Municipal de Seguridad Ciudadana.

b) Representantes de los Concejos Municipales.

c) Representantes de la Policía Boliviana.

d) Representantes del Ministerio de Gobierno asignados a las ciudades capitales de departamento y en las ciudades intermedias.

e) Representantes debidamente acreditados de las organizaciones sociales y juntas vecinales.

III. El Consejo Municipal de Seguridad Ciudadana, estará facultado para convocar a sus sesiones a los representantes debidamente acreditados de otros Órganos del Estado, instituciones públicas y privadas, y otras organizaciones sociales.

IV. El Consejo Municipal de Seguridad Ciudadana, aprobará el Reglamento que norme su composición y funcionamiento.

V. Los recursos que debe asignar el Gobierno Autónomo Municipal de Santiago de Callapa será de acuerdo a su población registrada en el último Censo Nacional de Población y Vivienda, siendo la poblacional del Municipio menor a 50.000 habitantes, el presupuesto que se destine a seguridad ciudadana será como mínimo un cinco por ciento (5%) de los recursos provenientes de la coparticipación y nivelación del Impuesto Directo a los Hidrocarburos, previa deducción del treinta por ciento (30%) destinado a la Renta Dignidad.

TITULO XVII

GÉNERO Y PERSONAS CON DISCAPACIDADES

CAPITULO I

DE LAS POLÍTICAS PÚBLICAS MUNICIPALES EN GÉNERO

Artículo 159. (Género). El Gobierno Autónomo Municipal de Santiago de Callapa realizará las siguientes acciones dentro del marco de sus competencias:

1. Asignar recursos humanos y económicos destinados a la implementación de políticas, programas y proyectos destinados a erradicar todas las formas de violencia hacia las mujeres.

2. Desarrollar políticas públicas y comunicacionales para prevenir y erradicar toda forma de violencia de género.

3. Implementar casas de acogida y refugio temporal para víctimas de violencia intrafamiliar, de acuerdo a Ley.

4. Implementar programas que contribuyan a garantizar el pleno ejercicio de los derechos de las mujeres.

5. Promover políticas de género de prevención y apoyo a víctimas de acoso laboral, sexual y político.

6. Promover políticas de acceso al trabajo digno de las mujeres.

Artículo 160. (Niña, Niño y Adolescente). El Gobierno Autónomo Municipal de Santiago de Callapa de conformidad a lo establecido por la Constitución Política del Estado y el Código Niña, Niño y Adolescente, desarrollará las siguientes acciones en cumplimiento de sus obligaciones:

a) Ejercer la rectoría municipal para la garantía de los derechos de la niña, niño y adolescente;

b) Diseñar e implementar el Plan Municipal de la Niña, Niño y Adolescente, en el marco de las políticas nacionales;

c) Asegurar la calidad, profesionalidad e idoneidad así como la actualización técnica permanente de las servidoras y los servidores públicos, que presten servicios a la niña, niño o adolescente;

d) Institucionalizar y dotar de recursos humanos y materiales a las Defensorías de la Niñez y Adolescencia, y crearlas en los lugares donde no existan.

e) Hacer el seguimiento y control de la Política y del Plan Municipal;

f) Contribuir para la formulación de la Política Nacional, mediante la remisión de información que sea requerida por el nivel central;

g) Crear una instancia de monitoreo del funcionamiento de los servicios municipales en materia de protección de la niña, niño y adolescente;

h) Diseñar e implementar programas y servicios municipales de prevención, protección y atención de la niña, niño y adolescente, para el cumplimento de las medidas de protección social, de acuerdo a lo establecido en el presente Código;

i) Promover la participación de la sociedad a través de actividades de difusión, promoción, desarrollo y atención de los derechos y garantías de la niña, niño y adolescente, estimulando la creación de programas de iniciativa privada de acuerdo a las necesidades del municipio;

j) Promover el conocimiento y difusión de los derechos y garantías de la niña, niño y adolescente, en su jurisdicción;

k) k. Proporcionar información al registro estadístico especializado en niñez y adolescencia, de acuerdo a reglamento;

l) Apoyar la conformación y funcionamiento del comité municipal de niñas, niños y adolescentes;

m) Elaborar el informe anual sobre la situación de las niñas, niños y adolescentes en su jurisdicción, con base en los indicadores nacionales, y enviarlo al nivel central;

n) Promover la participación de las comunidades sobre los derechos de las niñas, niños y adolescentes; y

o) Ejecutar el programa municipal de la niña, niño y adolescente que incluye el funcionamiento de la defensoría de la niñez y adolescencia y sus actividades programáticas respectivamente y disponer de los recursos económicos y humanos suficientes con carácter obligatorio enmarcados en el Plan Plurinacional.

p) Institucionalizar y dotar de recursos humanos y materiales a las defensorías de la niñez y adolescencia y crearlas en los lugares donde no exista.

q) Diseñar e implementar, programas y servicios municipales de prevención, protección y atención de la Niña, Niño y Adolescente para el cumplimiento de las medidas de protección social.

r) Otras acciones establecidas por Ley.

Artículo 161. (Defensoría de la Niñez y Adolescencia). La Defensoría de la Niñez y Adolescencia es la instancia dependiente del Gobierno Autónomo Municipal, que presta servicios públicos de defensa psico-socio-jurídica gratuitos, para garantizar a la niña, niño o adolescente la vigencia de sus derechos.

Artículo 162. (Atribuciones). Son atribuciones de la Defensoría de la Niñez y Adolescencia de conformidad a lo establecido por el Código Niño, Niña y Adolescente las siguientes:

1. Interponer demandas, solicitudes, denuncias y recursos ante las autoridades competentes por conductas y hechos de violencia, infracciones, o delitos cometidos en contra de la niña, niño o adolescente, para tal efecto no se exigirá mandato expreso;

2. Apersonarse de oficio e intervenir en defensa de la niña, niño o adolescente ante las instancias administrativas o judiciales, por cualquier causa o motivo y en cualquier estado de la causa, sin necesidad de mandato expreso;

3. Remitir a conocimiento de la autoridad judicial, los casos que no son de su competencia o han dejado de serlo;

4. Denunciar ante las autoridades competentes los casos en que no se otorgue prioridad en la atención a la niña, niño o adolescente;

5. Interponer de oficio acciones de defensa y otras acciones legales y administrativas necesarias para la restitución de derechos de la niña, niño o adolescente;

6. Solicitar información sobre el ejercicio y respeto de los derechos de la niña, niño y adolescente ante cualquier instancia administrativa o judicial;

7. Llevar un registro del tiempo de permanencia de la niña, niño o adolescente en centros de acogimiento;

8. Intervenir para que el daño ocasionado a niñas, niños o adolescentes sea reparado;

9. Demandar e intervenir en procesos de suspensión, extinción de autoridad materna, paterna o desconocimiento de filiación;

10. Identificar a la niña, niño o adolescente en situación de adoptabilidad, e informar a la Instancia Técnica Departamental de Política Social;

11. Intervenir cuando se encuentren en conflicto los derechos de la niña, niño o adolescente con su padre, madre, guardadora o guardador, tutora o tutor;

12. Promover reconocimientos voluntarios de filiación u orientar para hacer efectiva la presunción de filiación;

13. Promover acuerdos de asistencia familiar para su homologación, de oficio por autoridad competente;

14. Agotar los medios de investigación para identificar a los progenitores o familiares, y procurar el establecimiento de la filiación con los mismos en caso de desprotección de la niña, niño o adolescente, conforme al reglamento de la instancia municipal;

15. Intervenir y solicitar la restitución nacional o internacional de niñas, niños o adolescentes, ante la Autoridad Central o ante el Juzgado Público de la Niñez y Adolescencia, de acuerdo al caso;

16. En coordinación con las jefaturas departamentales y regionales de trabajo, proteger, defender y restablecer los derechos de la y el adolescente trabajador;

17. Solicitar la imposición de sanciones municipales a locales públicos, bares, centros de diversión, espectáculos públicos, lugares de trabajo y otros, que atenten contra los derechos de niñas, niños y adolescentes;

18. Exigir a otras instancias del Gobierno Autónomo Municipal, el cumplimiento de las obligaciones establecidas en el Código Niño, Niña, Adolescente;

19. Crear, implementar y actualizar el registro de las niñas, niños y adolescentes en actividad laboral o trabajo, y remitirlo al Ministerio de Trabajo Empleo y Previsión Social;

20. Brindar orientación, apoyo y acompañamiento temporales a la niña, niño o adolescente;

21. Derivar a programas de ayuda a la familia, a la niña, niño o adolescente;

22. Derivar a programas especializados para la atención de la niña, niño o adolescente en situación de calle;

23. Derivar a la niña, niño o adolescente a atención médica, psicológica o psiquiátrica en régimen hospitalario o ambulatorio, en los casos que corresponda;

24. Derivar a programas de ayuda, orientación o tratamiento para casos de dependencia al alcohol u otras drogas;

25. Acoger circunstancialmente a niñas, niños y adolescentes, de acuerdo a lo previsto en el Código Niño, Niña y Adolescente;

26. Generar y remitir a la Instancia Técnica Departamental de Política Social, la información necesaria para el sistema nacional de información;

27. Realizar la inventariación de bienes muebles e inmuebles pertenecientes a la niña, niño o adolescente, en los casos que corresponda;

28. Expedir citaciones en el ejercicio de sus atribuciones;

29. Verificar las denuncias de violencia con facultades de ingreso a lugares públicos;

30. Realizar acciones para la recuperación de los enseres personales y útiles escolares, en los casos que corresponda;

31. Verificar en las terminales, la documentación legal pertinente, en caso de viajes nacionales;

32. Autorizar excepcionalmente la actividad laboral por cuenta propia realizada por niñas, niños o adolescentes de diez (10) a catorce (14) años y la actividad laboral por cuenta ajena de adolescentes de doce (12) a catorce (14) años; y

33. Registrar obligatoriamente las autorizaciones de la actividad laboral por cuenta propia realizada por niñas, niños o adolescentes de diez (10) a catorce (14) años y la actividad laboral por cuenta ajena de adolescentes de doce (12) a catorce (14) años.

CAPITULO II

RÉGIMEN DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD

Artículo 163. (Régimen de las Personas con Discapacidad).

I. El Gobierno Autónomo Municipal, promueve la participación plena de las personas con discapacidad como agentes activos de la vida comunitaria, económica, política y cultural, impulsando el desarrollo de actividades que les permitan obtener igualdad de oportunidades de acuerdo a sus capacidades.

II. El Gobierno Autónomo Municipal para alcanzar sus fines y objetivos, desarrollará las siguientes acciones:

1. Prever que la infraestructura urbana y rural sea según las necesidades específicas de movilidad e información que requieran las personas con discapacidades.

2. Facilitar el uso gratuito de los espacios municipales de recreación, deporte, cultura, educación, salubridad y los servicios higiénicos.

3. Garantizar una educación inclusiva a las personas con discapacidad que posibilite su plena integración en la educación regular.

4. Promover la señalización y capacitación permanente de padres, madres y personal responsable de la atención de personas con capacidades diferentes, a fin de garantizar una atención adecuada con calidad y calidez.

5. Proteger y facilitar fuentes laborales diferenciadas, adecuadas a sus capacidades.

6. Implementar políticas y programas que les permita ser incluidos en las actividades productivas y de servicios.

Artículo 164. (Adulto Mayor).

I. El Gobierno Autónomo Municipal, promoverá la atención de las personas de la tercera edad para dignificar sus condiciones de vida, contribuyendo a la conservación de la plenitud de sus facultades físicas y psíquicas, así como su integración familiar y social, en estricto cumplimiento a las normas nacionales.

II. El Gobierno Autónomo Municipal, para el logro de sus fines y objetivos desarrollará las siguientes acciones:

1. Ejecutar políticas, planes, programas y proyectos de albergue que permitan una vejez digna del adulto mayor.

2. Trato preferente en el uso de servicios de transporte, comunicaciones y otros.

3. Difundir la información y sensibilización sobre los derechos de los adultos mayores.

4. Aprovechar y revalorizar los conocimientos y saberes de las personas adultas mayores.

5. Desarrollar políticas laborales, de protección, cuidado y defensa de sus derechos establecidos en la Constitución y las leyes.

TITULO XVIII

DESARROLLO ECONÓMICO Y PRODUCTIVO

CAPITULO I

DESARROLLO PRODUCTIVO

Artículo 165. (Desarrollo Productivo).

I. La base de la economía del Municipio de Santiago de Callapa es la producción agrícola y ganadera principalmente por lo que el Gobierno Autónomo Municipal deberá realizar las siguientes acciones:

a) Fomentar y promocionar el desarrollo productivo del municipio, conforme a sus competencias y en base a sus recursos naturales y capacidades productivas agropecuarias fortaleciendo la política nacional de economía plural.

b) Fomentar y promover el desarrollo productivo sostenible del Municipio; en base a los recursos naturales existentes en el territorio municipal y las capacidades productivas de su población.

c) Conformar el Consejo Municipal Económico Productivo de Santiago de Callapa (COMEPSC), teniendo como atribuciones la elaboración de políticas, planes, programas y proyectos de revolución productiva comunitaria agropecuaria, en cumplimiento de las leyes nacionales vigentes. Su organización, estructuración y funcionamiento serán determinadas por Ley Municipal.

II. El Gobierno Autónomo Municipal de Santiago de Callapa, en el marco de sus competencias priorizará el desarrollo productivo sostenible, orientado a la soberanía alimentaria, realizando las siguientes actividades:

1. Orientar la inversión pública municipal mediante la implementación de proyectos productivos.

2. Promocionar políticas, planes, programas y proyectos municipales de producción local, articulando las iniciativas públicas y privadas para el acceso a los mercados locales de productos de calidad.

3. Fomentar y fortalecer el desarrollo de las unidades productivas, OECAs y OECOMs y la agricultura familiar.

4. Promover los emprendimientos económicos productivos de la micro, pequeña y mediana empresa.

5. Implementar infraestructuras y complejos productivos en apoyo a la producción.

6. Implementar programas de capacitación en los métodos de producción agropecuaria.

7. Incentivar y apoyar la realización de ferias agropecuarias.

8. Apoyar a los productores agrícolas en la comercialización y búsqueda de mercados.

9. Fomentar la implementación de infraestructuras y complejos productivos en apoyo a la producción orgánica a través de la asistencia técnica y la investigación para la certificación correspondiente del nivel central del Estado.

10. Fomentar la investigación y transferencia de tecnológicas para coadyuvar al desarrollo productivo integral del Municipio y la industrialización de la materia prima.

Artículo 166. (Promoción y Desarrollo Económico Productivo).

I. El Gobierno Autónomo Municipal de Santiago de Callapa, de conformidad a las políticas y estrategias nacionales de desarrollo productivo en el marco del plan general de desarrollo y en cumplimiento de sus competencias exclusivas establecidas en la Constitución Política del Estado desarrollará siguientes acciones:

1. Promocionar semestralmente y anualmente ferias agrícolas, pecuarias, turísticas y de competitividad.

2. Promover y fomentar la producción orgánica ancestral de la papa, quinua y la diversidad de producción agrícola y pecuaria del municipio.

3. Promover y dinamizar la economía comunitaria mediante las ferias comunales y sectoriales.

4. Implementar y promocionar la imagen de “Municipio Productivo”.

5. Promover y fomentar la excelencia de la papa y quinua a nivel nacional e internacional.

6. Promover y fomentar la investigación de tecnologías productivas innovadoras que apoyen a la mejora de la producción.

7. Incentivar la producción ecológica y promover el acceso al crédito agropecuario e implementación de ferias comunitarias.

8. Apoyar a los productores en la búsqueda de mercados para la comercialización de sus productos.

9. Implementar servicios agropecuarios y proyectos productivos.

II. El municipio, con la finalidad de alcanzar los fines y objetivos de su desarrollo productivo, establecerá mecanismos de coordinación con actores públicos y privados, así como con otras entidades territoriales autónomas y el nivel central del Estado para la búsqueda de financiamiento que posibilite desarrollar y dar un valor agregado a la producción mediante su industrialización.

CAPÍTULO II

SOBERANÍA Y SEGURIDAD ALIMENTARIA

Artículo 167. (Soberanía y Seguridad Alimentaria).

I. La soberanía alimentaria es la capacidad del Municipio de decidir sobre su modelo de producción, comercialización y consumo de alimentos que tenga en cuenta la biodiversidad, la sostenibilidad y el trabajo digno.

II. El Gobierno Autónomo Municipal en el marco de la soberanía alimentaria dentro del marco de sus competencias desarrollará las siguientes acciones:

1. Generar políticas para garantizar el abastecimiento suficiente, permanente, accesible y de calidad de alimentos.

2. Formular políticas, planes, programas y proyectos de fomento a la producción agropecuaria sostenible.

3. Desarrollar campañas, ferias, talleres y seminarios que incentiven el consumo de alimentos naturales y el desarrollo productivo.

4. Desarrollar programas de formación, capacitación, asistencia técnica e intercambio de experiencias y conocimientos, para los productores del Municipio.

5. Generar espacios de acompañamiento técnico integral traducidos en servicios dirigidos al fortalecimiento/manejo, producción, acopio, transformación, comercialización y consumo.

6. Asignar créditos o transferencias de recursos económicos a las OECAS, OECOMS y las familias productivas, conforme a ley nacional.

Artículo 168. (Alimentación y Nutrición). La seguridad y soberanía alimentaria, constituye un bien esencial para la vida y la salud. El Gobierno Autónomo Municipal coordinará con el gobierno central las políticas encaminadas a la satisfacción de las necesidades básicas y adoptará las siguientes acciones:

1. Incentivar la seguridad y soberanía alimentaria, con la implementación del consumo de productos naturales, orgánicos, nutricionales de la región.

2. Promover y velar por la alimentación y nutrición de calidad, mediante políticas municipales de incentivo y concientización.

3. Proveer la alimentación complementaria infantil y escolar, de acuerdo a los requerimientos nutricionales y en cumplimiento a normativa nacional.

4. Fomentar en la población, el desarrollo de hábitos alimenticios nutricionales naturales de la región.

Artículo 169. (Infraestructura productiva). El Gobierno Autónomo Municipal de Santiago de Callapa deberá priorizar la ejecución de proyectos de infraestructura productiva como la construcción de represas, sistema de micro riegos, capacitación en producción para fortalecer y mejorar la economía de las y los pobladores del Municipio para vivir bien.

Artículo 170. (Desarrollo Rural Integral). Son competencias del Gobierno Autónomo Municipal de Santiago de Callapa en materia de desarrollo rural integral las siguientes:

1. Ejecutar las políticas generales sobre agricultura, ganadería en concordancia con el Plan General del Desarrollo Rural Integral en coordinación con los planes y políticas departamentales.

2. Promover el desarrollo rural integral conforme a las competencias establecidas en la Constitución Política del Estado y en el marco de la política general.

3. Promover la recuperación de suelos, a través de saberes locales ancestrales.

4. Fomentar y garantizar la recuperación de las semillas nativas y el consumo de los alimentos tradicionales.

5. Promover y garantizar el desarrollo rural integral de las comunidades y conservar los ecosistemas que tiene el municipio de Santiago de Callapa.

6. Promover y fortalecer la producción de productos aclimatados y adaptados a las condiciones climáticas y características del suelo como son la papa, quinua, cebada y otros.

7. Realizar la planificación del desarrollo rural integral de manera participativa con las comunidades y población en general a través de normas y estructuras orgánicas propias.

CAPITULO III

TURISMO LOCAL Y COMUNITARIO

Artículo 171. (Turismo Local).

a) El Gobierno Autónomo Municipal, en el marco de sus competencias fomentará, promoverá, difundirá e incentivará el desarrollo de la actividad turística del Municipio; priorizando el turismo con base comunitaria, como actividad económica estratégica sustentable que apoye a mejorar los ingresos económicos de sus pobladores.

b) El Gobierno Autónomo Municipal, en cumplimiento de sus competencias exclusivas en materia de turismo, desarrollara las siguientes acciones:

1. Elaborar e implementar el Plan Municipal de Turismo.

2. Formular políticas de turismo local

3. Realizar inversiones en infraestructura pública de apoyo al turismo

4. Supervisar y controlar el funcionamiento de los servicios turísticos que mediante normativa municipal expresa hubieran sido definidos de atribución municipal, preservando la integridad de la política y estrategias nacionales de turismo.

5. Establecer y ejecutar programas y proyectos que promocionen emprendimientos turísticos comunitarios.

c) Entre los programas y proyectos que ejecute el Gobierno Autónomo Municipal de Santiago de Callapa están los siguientes:

1. Promover, implementar y ejecutar, el Plan Municipal de Desarrollo Turístico, aprovechando las potencialidades y vocaciones del Municipio de Santiago de Callapa

2. Promocionar al Municipio como destino turístico mediante la implementación de sistemas de información sobre las potencialidades turísticas del Municipio, haciendo conocer las fechas de las ferias productivas, artesanales, culturales y lugares turísticos los que deberán ser mínimamente una vez al año.

3. Desarrollar el turismo comunitario.

Artículo 172. (Turismo Comunitario). Son aquellos emprendimientos bajo principios de gestión de base comunitaria, comunidades urbanas y rurales en la actividad turística, desarrollando productos y servicios: hospedaje, alimentación, recreación; actividades en diferentes modalidades como: agroturismo, ecoturismo, turismo de aventura, turismo cultural y turismo vivencial.

TITULO XIX

RECURSOS ESTRATÉGICOS Y DESARROLLO SOSTENIBLE

CAPITULO I

DESARROLLO NATURAL, MEDIO AMBIENTE y RIEGO

Artículo 173. (Biodiversidad y Medioambiente).

I. De conformidad a la Constitución Política de Estado, la Ley Marco de Autonomías y normativa nacional en vigencia son competencias del Gobierno Autónomo Municipal de Santiago de Callapa en materia de Biodiversidad y Medioambiente las siguientes:

a) Reglamentar y ejecutar el régimen y las políticas de residuos sólidos, industriales y tóxicos, en el Municipio.

b) Proteger y contribuir a la protección del medio ambiente y fauna silvestre, manteniendo el equilibrio ecológico y el control de la contaminación ambiental en el municipio.

c) Administrar las áreas protegidas municipales.

II. El Gobierno Autónomo Municipal dentro del marco de sus competencias conservará y preservará el medioambiente y fauna silvestre para el desarrollo sostenible y la biodiversidad ecológica, asegurando un ambiente sano y equilibrado para satisfacer las necesidades de sus pobladores.

III. Sin perjuicio de las competencias enunciadas en las leyes nacionales, el municipio encaminará las siguientes acciones:

1. Planificar conjuntamente con las comunidades, organizaciones e instituciones productivas, programas de protección y cuidado del medioambiente.

2. Fomentar políticas, planes y programas de desarrollo ambiental, en coordinación y corresponsabilidad entre el municipio y la sociedad civil.

3. Proteger, recuperar, conservar y utilizar racionalmente el suelo y demás recursos naturales.

4. Preservar y recuperar el equilibrio ambiental como sostén de la biodiversidad municipal.

5. Prevenir y controlar todas las formas de contaminación, garantizando inocuidad al ambiente y protegiendo la salud pública.

6. Controlar la distribución, circulación y comercialización de sustancias nocivas para la salud al interior del Municipio.

7. Realizar campañas de protección del medio ambiente y programas de manejo y aprovechamiento sustentable de la biodiversidad, evitando la destrucción del habitad y la contaminación de los ríos, ojos de agua, lagunas, y el suelo.

8. Incentivar mediante campañas publicitarias la producción agroecológica y la desestimación de la utilización de transgénicos y agroquímicos que puedan dañar el suelo y la biodiversidad.

Artículo 174. (Talleres y Difusión en Educación Ambiental).

I. El Gobierno Autónomo Municipal, impulsará el desarrollo de planes y programas educativos, capacitación y difusión acerca de la importancia de la preservación del medioambiente y patrimonio público, sensibilizando a la comunidad y generando la corresponsabilidad con la sociedad civil.

Artículo 175. (Recursos Hídricos y Riego).

I. Al ser los ríos, arroyos, manantiales, represas, lagos, lagunas y ojos de agua, recursos hídricos finitos, vulnerables, estratégicos y que deben cumplir una función social, cultural y ambiental y que no podrán ser objeto de apropiaciones privadas ni comunales en cumplimiento de la Constitución Política del Estado, la normativa nacional; las políticas públicas municipales en recursos hídricos son las siguientes:

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1. Elaborar, financiar y ejecutar proyectos de micro riego de manera exclusiva y riego en forma concurrente y coordinada con el nivel central del Estado y entidades territoriales autónomas en coordinación con los pueblos indígena originario campesinos.

2. Diseñar, ejecutar y administrar proyectos de aprovechamiento de los recursos hídricos.

3. Proteger y conservar los recursos hídricos existentes en el municipio y administrarlos de manera planificada.

II. De acuerdo a la competencia exclusiva del numeral 38, parágrafo I del Artículo 302 de la Constitución Política del Estado, el Gobierno Autónomo Municipal de Santiago de Callapa tiene la competencia exclusiva en la ejecución de los sistemas de micro riego en coordinación con los pueblos indígena originario campesinos.

Artículo 176. (Recursos Naturales). Las responsabilidades asignadas a los órganos del Gobierno Autónomo Municipal en materia de recursos naturales son las siguientes:

1. Ejecutar la política general de conservación de suelos y plantas nativas en coordinación con otros niveles de gobierno.

2. Implementar las acciones y mecanismos necesarios para la ejecución de la política general de suelos.

3. Promover, preservar y proteger las plantaciones nativas y otras, que constituyen áreas de alto valor ecológico con alto potencial de desarrollo recreativo, educativo y turístico para el esparcimiento y beneficio de las presentes y futuras generaciones.

4. Desarrollar programas y proyectos de reforestación y el incremento masivo de especies forestales que eviten la erosión de la tierra.

5. Controlar las actividades de impacto sobre el medio ambiente en todas las etapas de producción, evitando minimizar, mitigar, remediar, reparar y resarcir los daños ocasionados al medio ambiente y buscar neutralizar los efectos posibles de los pasivos ambientales.

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Artículo 177. (Gestión de Riesgos y Atención de Emergencias). El Gobierno Autónomo Municipal de Santiago de Callapa contará con planes de riesgo y contingencia para la atención de desastres naturales a corto, mediano y largo plazo, en cumplimiento de sus competencias asignadas por la Ley Marco de Autonomías, leyes naciones en vigencia y la presente Carta Orgánica Municipal para los que realizará las siguientes acciones:

1. Ser parte del Sistema Nacional de Reducción de Riesgos y Atención de Desastres y Emergencias (SISRADE), que en el nivel municipal constituye el conjunto orgánico y articulado de estructuras, relaciones funcionales, métodos y procedimientos entre entidades municipales, públicas, privadas y las organizaciones ciudadanas, así como los recursos físicos, técnicos, científicos, financieros y humanos que se requieran para la reducción de riesgo y atención de desastres y/o emergencias.

2. Normar, conformar y encabezar los comités municipales de reducción de riesgo y atención de desastres.

3. Aplicar la metodología común de indicadores de riesgo y reducción del mismo y atención de desastres, formulada por el nivel central del Estado, efectuando el seguimiento correspondiente a escala municipal.

4. Definir políticas, en programas y proyectos que integren la reducción de riesgos de desastre tanto de tipo correctivo como prospectivo.

5. Realizar evaluaciones exhaustivas del riesgo, aplicando los criterios, parámetros y metodología común para clasificar los niveles de riesgo de desastre, monitorearlos, comunicarlos en el municipio y reportarlos hacia el Sistema Nacional de Reducción de Riesgos y Atención de Desastres y Emergencias (SISRADE).

6. Gestionar y consolidar información municipal a través de un mecanismo que promueva la gestión comunitaria de la información y el conocimiento sobre riesgo, desastre y/o emergencia.

7. Generar e integrar la información sobre amenazas de orden meteorológico, geológico, geofísico y ambiental.

8. Implementar sistemas de alerta temprana.

9. Promover el desarrollo de una sociedad civil activa capaz de articular necesidades y prioridades en términos de reducción de riesgo, desastres y/o emergencia.

10. Aplicar el análisis de los factores de riesgo de desastre en la planificación del desarrollo municipal, la programación operativa, el ordenamiento territorial y la inversión pública municipal en coordinación con los planes de desarrollo del nivel central y departamental del Estado.

11. Elaborar políticas de incentivos para garantizar una disminución sostenida de los niveles de riesgo existentes en el municipio, de acuerdo a la clasificación de riesgo.

12. Declarar desastre y/o emergencia, de acuerdo a la categorización que corresponda. Ejecución de respuesta y recuperación integral con cargo al presupuesto municipal.

13. Definir políticas y mecanismos de protección financiera para enfrentar contingencias y permitir la recuperación por desastres en el nivel municipal.

CAPITULO II

BIODIVERSIDAD

Artículo 178. (Medidas de Protección de Biodiversidad y los Ecosistemas).

I. El Gobierno Autónomo Municipal de Santiago de Callapa, desarrollará e implementará proyectos concurrentes con los otros de niveles de Gobierno y la participación de los actores sociales, organizaciones sociales e institucionales buscando la protección y desarrollo de los ecosistemas y biodiversidad del Municipio para lo que emitirá normativa municipal y desarrollará las siguientes acciones:

1. Aplicar medidas de precaución y restricción para las actividades que conduzcan o puedan conducir a la extinción de especies, la destrucción de ecosistemas o la alteración permanente de los siclos naturales.

2. Generar conciencia mediante la difusión de material relacionada a la preservación de los ecosistemas y la biodiversidad.

3. Proteger y contribuir a la protección del medio ambiente y fauna silvestre, manteniendo el equilibrio ecológico y el control de la contaminación al interior del municipio.

4. Preservar y conservar los ecosistemas.

5. Declarar áreas protegidas municipales, lugares que por su importancia requieran protección.

6. Fomentar la investigación científica y tecnológica para el estudio de la biodiversidad, en especial de plantas medicinales, banco de germoplasma, mejoramiento fitogenético y zoo genético.

7. Regular y controlar la cría, manejo, cuidado de los animales domésticos, así como la responsable tenencia de los mismos.

8. Establecer políticas de control de la proliferación de roedores como las ratas o ratones y otros que involucren peligro para la salud humana.

II. Los pobladores del municipio de Santiago de Callapa en materia de biodiversidad tienen las siguientes obligaciones:

1. Cuidar y proteger especies de flora y fauna en particular de aquellas en peligro de extinción, manteniendo el equilibrio de los ecosistemas.

2. Proteger el medio ambiente, evitando cualquier acción que altere el equilibrio ecológico del Municipio.

3. Participar de los talleres educativos de generación de conciencia ciudadana sobre la importancia de proteger los ecosistemas.

4. Mantener las comunidades y centros poblados urbanos libres de desechos y residuos contaminantes cooperando con la limpieza al Gobierno Autónomo Municipal.

5. Denunciar a quienes infrinjan las normas sobre el cuidado de los ecosistemas y medio ambiente en general a las instancias pertinentes.

CAPITULO III

ÁRIDOS Y AGREGADOS

Artículo 179. (Áridos y Agregados). El Gobierno Autónomo Municipal de Santiago de Callapa, tendrá a su cargo el manejo de áridos y agregados conforme establece el Numeral 41, Parágrafo I del Artículo 302 de la Constitución Política del Estado en coordinación con los pueblos indígena originario campesinos cuando corresponda. La explotación de los áridos y agregados podrá ser concesionado por el órgano ejecutivo del Gobierno Autónomo Municipal conforme a normativa municipal vigente.

Artículo 180. (Transporte y Tránsito).

I. El Gobierno Autónomo Municipal de Santiago de Callapa de conformidad a sus competencias exclusivas establecida en el numeral 18 de del artículo 302 de la Constitución Política del Estado, implementará políticas de transporte, registro de propiedad automotor, ordenamiento y educación vial, administración y control del tránsito en el municipio.

II. En cumplimiento a la Ley General de Transporte Nacional el Gobierno Autónomo Municipal de Santiago de Callapa, apoyará y coadyuvará las iniciativas de los operadores que permita mejorar el servicio de transporte público terrestre urbano y podrá constituirse en operador.

III. Mediante normativa municipal se establecerá el régimen tarifario, los parámetros técnicos, las sanciones a los operadores que prestan el servicio de transporte público municipal por prestación ilegal del servicio, incumplimiento a los horarios, rutas y frecuencias autorizadas, acciones u omisiones que pongan en riesgo la seguridad de las usuarias y los usuarios, peatones o terceros. Conducción bajo efectos de bebidas alcohólicas, enervantes o cualquier otra sustancia tóxica prohibida. Circulación con las puertas abiertas o con usuarias o usuarios encima de las parrillas de las unidades motorizadas.

IV. Los vehículos destinados al transporte público municipal de pasajeros o carga, deberán cumplir con los parámetros técnicos establecidos por la autoridad competente. La trasgresión a esta disposición será sancionada conforme a lo establecido en la normativa municipal.

Artículo 181. (Minorías). El Gobierno Autónomo Municipal de Santiago de Callapa, reconoce el derecho de las minorías que habitan en la jurisdicción del Municipio, ya sea que pertenezcan a naciones y pueblo indígena originarios campesinos o a quienes no sean parte de ellas.

Artículo 182. (Reforma de la Carta Orgánica Municipal).

I. La reforma total o parcial de la Carta Orgánica Municipal se sujetará a lo dispuesto por la Constitución Política del Estado y los procedimientos establecidos en leyes nacionales en vigencia.

II. Cualquier reforma total o parcial que desee hacerse a la presente norma institucional básica, requiere de la aprobación de 2/3 del total de los miembros del Concejo Municipal y se sujetará al control de constitucionalidad a cargo del Tribunal Constitucional Plurinacional y posteriormente ser sometido a referendo para su aprobación.

DISPOSICIONES TRANSITORIAS

DISPOSICIÓN TRANSITORIA PRIMERA.- Las leyes de Desarrollo Productivo, de Reconocimientos y Honores, de Manejo de Residuos Sólidos, de Patrimonio Cultural Municipal, Transportes, normas de constitución de la guardia municipal y otros deberán ser aprobados por los órganos del gobierno autónomo municipal en el plazo de un año a partir de la vigencia de la presenta carta orgánica municipal y las normas municipales publicadas antes de la aprobación de la presente norma institucional básica deberán adecuarse en los cien días posteriores a la publicación de la Carta Orgánica Municipal.

DISPOSICIÓN TRANSITORIA SEGUNDA.- El Gobierno Autónomo Municipal, queda encargado de la difusión por todos los medios de comunicación oral y escrita, mediante la emisión de volantes, comunicados, tallares de información, socialización y otros, acerca del contenido y aplicación de la Carta Orgánica Municipal.

DISPOSICIÓN TRANSITORIA TERCERA.- Una vez aprobada en referéndum la presente Carta Orgánica Municipal, deberá traducirse en el idioma Aymara, el órgano ejecutivo es responsable del hacer cumplir esta determinación.

DISPOSICIÓN TRANSITORIA CUARTA.- La presente Carta Orgánica Municipal deberá ser registrada en el Servicio Nacional de Propiedad Intelectual (SENAPI) por el Gobierno Autónomo Municipal de Santiago de Callapa, dentro de los tres meses de su publicación.

DISPOSICIONES DEROGATORIAS Y ABROGATORIAS

DISPOSICIÓN ABROGATORIA ÚNICA.- Se abrogan y derogan todas las disposiciones municipales contrarias a la presente Carta Orgánica Municipal.

DISPOSICIONES FINALES

DISPOSICIÓN FINAL PRIMERA.- Las omisiones involuntarias en la que puedan haberse incurrido durante la construcción participativa de la presente carta orgánica municipal no serán entendidas como ausencia de normativa y en caso de darse esa situación se aplicará la legislación nacional vigente.

DISPOSICIÓN FINAL SEGUNDA.- La Carta Orgánica Municipal aprobada en referéndum entrará en vigencia a partir de su publicación en la gaceta municipal.

DISPOSICIÓN FINAL TERCERA.- La presente Carta Orgánica será implementada de manera gradual.

El presente Proyecto de Carta Orgánica Municipal ha sido aprobado por el Concejo Municipal con la presencia y participación de los asambleístas municipales, representantes y actores del Control Social, autoridades sindicales, originarias y municipales a los veinticuatro días del mes de diciembre de dos mil catorce años en el Palacio Consistorial del Gobierno Autónomo Municipal de Santiago de Callapa.

III. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL FALLO

La Presidenta del Concejo Municipal de Santiago de Callapa, remite en consulta el proyecto de Carta Orgánica de dicho Municipio, con la finalidad de someterlo al respectivo control previo de constitucionalidad.

En consecuencia, corresponde a este Tribunal Constitucional Plurinacional, realizar el precitado control, aprobado por el Concejo Municipal de la entidad territorial autónoma (ETA) consultante, para determinar su compatibilidad o incompatibilidad con la Constitución Política del Estado.

III.1. El Estado Plurinacional de Derecho con autonomías

Con la aprobación del texto constitucional vigente, se produjeron cambios profundos en el modelo de Estado conforme al art. 1 de la Constitución Política del Estado (CPE). Así lo refleja, la DCP 0001/2013 de 12 de marzo, que señala que: “…instituyendo un modelo de Estado compuesto, que reconoce que la soberanía del mismo radica en la unidad del pueblo boliviano; la división horizontal como vertical del poder público, la primera en cuanto al ejercicio de funciones bajo el principio de separación de funciones en cuatro órganos y otras instituciones propias del Estado de Derecho, y la segunda, en tanto división territorial, articulando la administración y gestión del poder público; y, además, que asume la existencia de las naciones y pueblos indígena originario campesinos, en un escenario de convergencia del pueblo boliviano en la construcción de un Estado plurinacional.

Siendo soberano como es el Estado, la soberanía efectivamente reside en el pueblo, en ese sentido, la Constitución Política del Estado, emplea el denominativo de pueblo, por una parte, para describir e identificar a la totalidad de bolivianas y bolivianos de país, comprendiendo así pueblo en su acepción amplia la composición plural de toda la sociedad boliviana; ahora bien, la misma Ley Fundamental, por otra parte, establece que pueblo y nación indígena originario campesino es toda la colectividad humana que comparta identidad cultural, idioma, tradición histórica, instituciones, territorialidad y cosmovisión, cuya existencia es anterior a la invasión colonial española.

En tal sentido la expresión ‘naciones y pueblos indígenas originario campesinos’, no alude estrictamente ni a naciones ni a pueblos, que pudieran identificarse unos u otros en diferencia, así como tampoco lo hace con relación a indígenas, originarios o campesinos los mismos que pueden o no reclamar para sí una identidad propia, que se refiere a quienes habiendo poblado aún antes de la colonia, la amazonía, chaco, altiplano, llanos y valles, con rostros diferentes y diversidad de culturas, han mantenido a lo largo de la historia, sus raíces y filosofía de vida, naciones y pueblos indígena originario campesinos que hoy junto a todos los bolivianos y bolivianas habitamos la Madre Tierra formando el pueblo o nación boliviana que es de composición plural”.

Por otro lado, en lo referente al modelo de administración y gestión, Bolivia deja atrás el viejo Estado centralista según lo establecido en el art. 110 de la Constitución Política del Estado abrogada (CPEabrg); Estado anquilosado y extremadamente burocrático que dejó de ser la respuesta a los requerimientos del ciudadano, esencialmente en temas de desarrollo y atención inmediata a sus problemas.

El modelo autonómico, no significa sin embargo, que el nivel central haya perdido importancia o que las autonomías reserven para sí el poder pleno, quedando claramente expresado que Bolivia es ante todo, un Estado Unitario cohesionado jurídica, política y territorialmente, sobre el que pesan principios, valores y fines rectores a toda normativa; por tanto, la autonomía es únicamente la afirmación de lo local, departamental, regional e indígena originario campesino (IOC) en lo que a sus competencias exclusivas cedidas atañe, sin desconocer la existencia de un orden superior (art. 1 de la CPE, entre otros).

Por tanto, estamos ante un Estado con características complejas, muy particular en cuanto al diseño establecido por el constituyente, quien ha dispuesto cuatro tipos de autonomías: departamentales, municipales, IOC y regionales, las cuales, deben convivir bajo el paraguas del Estado Unitario en base a un complejo sistema de distribución competencial, asignado para el funcionamiento de la administración pública.

La autonomía departamental encierra en su jurisdicción, un conjunto de autonomías municipales, que a su vez, pueden en base a convenios y voluntad de sus habitantes, conjuntamente sus autoridades, constituir autonomías regionales. Algunas provincias que tienen ubicadas geográficamente dentro de su territorio a varios municipios colindantes pueden definir constituir una autonomía regional. A su vez, las naciones y pueblos indígena originario campesinos (NPIOC) podrán definir su constitución en autonomía si es que ellos así lo decidieran.

Este diseño se consolida con una distribución competencial también compleja, donde las atribuciones de cada autonomía y del nivel central, están repartidas cuidando que cada una, asuma un rol específico en la conducción de sus asuntos; de lo que deriva las competencias privativas y exclusivas del nivel central y de cada ETA; compartidas y concurrentes.

Esta trasformación del Estado, es propia de la búsqueda de soluciones específicas a los asuntos que adquieren relevancia; por lo que, este Tribunal Constitucional Plurinacional, ha concluido que Bolivia no es un Estado autonómico copiado de modelo preexistente o equiparable a otros así denominados, o a alguna categoría ya conocida de autonomía; al contrario, es un Estado Unitario, con autonomías y características muy propias que expresan la diversidad.

Así lo ha entendido este Tribunal Constitucional Plurinacional, expresando que la transformación a este nuevo tipo de Estado, corresponde a una heterogeneidad de factores sociales, políticos y culturales, camuflados en un pasado inmediato para el caso de los municipios, por una autonomía con atribuciones normativas y reglamentarias (art. 200.II de la CPEabrg), pero en base a una ley centralista que no hacía diferencias entre municipios, sus características, su tamaño, los niveles de desarrollo, las necesidades satisfechas, sus recursos naturales, etcétera (Ley de Municipalidades 2028 de 28 de octubre de 1999-); y peor aún, no hacía diferencias entre quienes los habitaban, su cultura, costumbres, orígenes, idioma, etcétera, regulando para todos como si los mismos fueran producto de un molde, medida quizá aplicable a otras sociedades con cosmovisiones uniformes, pero no para Bolivia, conformada por una diversidad de pueblos.

Esta homogeneización provocó reclamos y movilizaciones, exigiendo respuesta de los gobiernos de turno. La ley centralista provenía de un grupo de técnicos cuyo ideal de sociedad era uno; sin embargo, no lo era para el gran cúmulo de bolivianos convivientes con una realidad distinta, menos para quienes eran invisibilizados, vale decir, los sectores indígenas, a quienes se acomodaba a un constructo sin siquiera preguntarles; en este sentido, la SCP 2055/2012 de 16 de octubre, estableció el siguiente razonamiento:

“…la orientación a este nuevo Estado compuesto emerge; por un lado, de las demandas históricas de autonomía, libre determinación y autogobierno de los pueblos indígenas, dada su existencia pre colonial; por otro, de las demandas de una mayor descentralización administrativa, política y financiera de los Departamentos, con el objetivo de una efectiva materialización de políticas públicas para la provisión y prestación de los servicios públicos y de mayor acercamiento de las instancias gubernativo administrativas al ciudadano para la respuesta de sus necesidades”.

La respuesta a esos reclamos se planteó en el art. 1 constitucional, que instituye un Estado con autonomías y un proceso de disociación o desagregación del anterior Estado Unitario, a ETA a las que se les reconoce vocación política por medio de un gobierno propio, capacidad legislativa mediante órganos legislativos y administración territorial de sus recursos económicos a través de la asignación de competencias exclusivas a ser asumidas en su plenitud. Entonces, problemáticas gemelas que se presenten en los poblados municipales, antes resueltas con fórmulas y moldes centralistas, ahora serán resueltas con distintas medidas, con decisiones propias mediante normas y acciones propias.

De este modo, al no poder comprender al Estado Boliviano como una gran homogeneidad, el constituyente asumió la decisión de crear un Estado autonómico multinivel, determinando la coexistencia de cuatro tipos de autonomías, por lo mismo, cuatro niveles de gobiernos subnacionales como respuesta a las demandas de autonomía, libre determinación y autogobierno de los habitantes del territorio nacional, de los pueblos indígena originario campesinos (PIOC) y de las regiones que por afinidad de intereses comunes, deciden constituir una región autónoma.

III.2. El control de constitucionalidad de proyectos de normas básicas institucionales

A efecto de identificar de modo correcto la función de control de constitucionalidad, conviene hacer una revisión de lo que esta jurisdicción ha comprendido cuál es su labor:

Así, la SC 0038/2002 de 9 de abril, manifestó lo siguiente: “…el conflicto que genera el control de constitucionalidad es entre la disposición legal impugnada con las normas de la Constitución, lo que significa que el conflicto a resolverse dentro de este Recurso no es el de los particulares sino el de la normatividad legal con la constitucional”.

La progresión y la experiencia del Tribunal Constitucional extinto, posibilitó que en la SC 0051/2005 de 18 de agosto, se estableciera la siguiente jurisprudencia constitucional que delimita con precisión el alcance del control de constitucionalidad: “…con carácter previo a dilucidar la problemática planteada, este Tribunal considera necesario precisar los alcances del control de constitucionalidad que ejerce a través de los recursos de inconstitucionalidad, por cualquiera de las dos vías reconocidas -directa o indirecta-. En ese orden, cabe señalar que el control de constitucionalidad abarca los siguientes ámbitos: a) la verificación de la compatibilidad o incompatibilidad de las disposiciones legales impugnadas con las normas de la Constitución Política del Estado, lo que incluye el sistema de valores supremos, principios fundamentales, así como los derechos fundamentales consagrados en dicha Ley Fundamental; b) la interpretación de las normas constitucionales así como de la disposición legal sometida al control desde y conforme a la Constitución Política del Estado; c) el desarrollo de un juicio relacional para determinar si una norma legal es o no conforme con las normas constitucionales; determinando previamente el significado de la norma legal por vía de interpretación; y, d) la determinación de mantener las normas de la disposición legal sometida al control. De lo referido se concluye que el control de constitucionalidad no alcanza a la valoración de los fines, los propósitos, la conveniencia o beneficios que pudiese generar la disposición legal sometida a control; lo que significa que el Tribunal Constitucional, como órgano encargado del control de constitucionalidad, no tiene a su cargo la evaluación de si son convenientes, oportunos o benéficos los propósitos buscados por las normas impugnadas, su labor se concentra en el control objetivo de constitucionalidad de las disposiciones legales impugnadas. Es en ese marco que resolverá la problemática planteada en el presente recurso directo o abstracto de inconstitucionalidad”.

El Tribunal Constitucional Plurinacional, de modo concreto mediante la DCP 0001/2013, antes citada, ya ingresando al control previo de constitucionalidad de las normas básicas presentadas a su jurisdicción, expresó que: “En cuanto al control de constitucionalidad, la Constitución Política del Estado, prevé medios de control constitucional previos y posteriores buscando lograr el control objetivo de las normas jurídicas con relación a preceptos, principios y valores contenidos en la Norma Suprema, cuya finalidad es sanear o depurar el ordenamiento jurídico a través de un fallo con efectos derogatorios o abrogatorios de la norma que resulte incompatible; en ese orden, el art. 275 de la CPE, señala que: ‘Cada órgano deliberativo de las entidades territoriales elaborará de manera participativa el proyecto de Estatuto o Carta Orgánica que deberá ser aprobado por dos tercios del total de sus miembros, y previo control de constitucionalidad, entrará en vigencia como norma institucional básica de la entidad territorial mediante referendo aprobatorio en su jurisdicción’.

Para Osvaldo Gozaíni, el control previo de constitucionalidad, como parte del sistema de control ‘funciona anticipándose a la puesta en actividad de una norma cualquiera, permitiendo que se revise su constitucionalidad antes de haber finalizado el procedimiento de aprobación definitivo’.

El control previo de constitucionalidad de los Estatutos Autonómicos y Cartas Orgánicas, en el marco constitucional boliviano, es una tarea encargada al Tribunal Constitucional Plurinacional, no es procedimiento que pudiera ser considerado de carácter contencioso o de consulta, es como su nombre lo indica, de control de constitucionalidad; es decir, de contrastación, en este caso, de un Proyecto de Carta Orgánica aprobado por el órgano deliberante de la entidad territorial consultante con relación a la Constitución Política del Estado, en el que la justicia constitucional se pronuncia mediante una declaración sobre tales extremos”.

Conforme a la jurisprudencia reseñada, es innegable que los procedimientos de control de constitucionalidad, sean previos o posteriores, tienen como único objeto la contrastación de las normas legales con el texto de la Constitución Política del Estado. De igual manera, se pueden identificar características sustantivas y formales imprescindibles en las normas que pueden ser incorporadas al bloque de constitucionalidad; entre ellas, su adscripción a los Derechos Humanos, la supranacionalidad que las hace internacionales, su naturaleza protectiva y todas las demás características de los Derechos Humanos; peculiaridades todas, que desvinculan a estos instrumentos de la simple voluntad del legislador interno o nacional.

III.3. La autonomía y el ejercicio competencial pleno y relativo

El constituyente, ha determinado los alcances del ejercicio autónomo en el art. 272 de la CPE, que prevé: “La autonomía implica la elección directa de sus autoridades por las ciudadanas y los ciudadanos, la administración de sus recursos económicos, y el ejercicio de las facultades legislativa, reglamentaria, fiscalizadora y ejecutiva, por sus órganos del gobierno autónomo en el ámbito de su jurisdicción y competencias y atribuciones”.

Por su parte, el art. 283 de la misma Norma Suprema, detalla los órganos que conforman un gobierno autónomo municipal; un concejo municipal con facultad deliberativa, fiscalizadora y legislativa municipal en el ámbito de sus competencias; y, un órgano ejecutivo, presidido por la alcaldesa o el alcalde con facultad ejecutiva y reglamentaria. Estos órganos funcionarán regidos por el principio de separación e independencia por el cual, sus labores no pueden ser concentradas en uno solo (art. 12.I y III de la CPE).

En consecuencia, el ejercicio autonómico le permite al soberano municipal radicado en una determinada jurisdicción, elegir a sus autoridades a través del voto libre y directo. Estas autoridades son responsables de la gestión municipal a través de una burocracia y mecanismos técnicos de administrar los recursos económicos consistentes en ingresos tributarios, no tributarios, transferencias del nivel central del Estado o de otras ETA, donaciones, créditos u otros beneficios no monetarios, para el ejercicio de su catálogo competencial asignado.

En ese contexto, el art. 297 de la CPE, detalla la distribución de competencias tanto para el nivel central del Estado como para las ETA, la naturaleza de la tipología de las competencias, así como las potestades emergentes de cada una de ellas para dichas entidades, disponiendo lo siguiente:

“I. Las competencias definidas en esta Constitución son:

1. Privativas, aquellas cuya legislación, reglamentación y ejecución no se transfiere ni delega, y están reservadas para el nivel central del Estado.

2. Exclusivas, aquellas en las que un nivel de gobierno tiene sobre una determinada materia las facultades legislativa, reglamentaria y ejecutiva, pudiendo transferir y delegar estas dos últimas.

3. Concurrentes, aquellas en las que la legislación corresponde al nivel central del Estado y los otros niveles ejercen simultáneamente las facultades reglamentaria y ejecutiva.

4. Compartidas, aquellas sujetas a una legislación básica de la Asamblea Legislativa Plurinacional cuya legislación de desarrollo corresponde a las entidades territoriales autónomas, de acuerdo a su característica y naturaleza. La reglamentación y ejecución corresponderá a las entidades territoriales autónomas”.

Bajo ese marco normativo y la concepción básica de que el ejercicio autonómico consistente en la ETA de regirse por sus normas en el marco de sus asuntos propios y para lo cual, organiza internamente una burocracia ejecutiva y legislativa, encontramos que la distribución competencial descrita, le permite a la autonomía municipal, a través de sus autoridades electas, intervenir de dos formas: plena y relativa.

Las competencias cedidas del nivel central de manera exclusiva según el art. 297.I.2 de la CPE, le permiten a la autonomía municipal legislar, reglamentar y ejecutar sobre esa materia a través de sus autoridades electas, pudiendo además, transferirlas y delegarlas a otras entidades; por tanto, es la parte del poder cedido del nivel central del Estado, sobre la cual tiene plena libertad de configuración, resultando en esencia las que deben desarrollar ampliamente las ETA en sus normas básicas.

Contrariamente, sobre las competencias privativas y propias del nivel central del Estado, las exclusivas de las otras ETA o las concurrentes y compartidas detalladas en los numerales, 1, 3 y 4 del art. 297.I de la CPE, estas tendrán acceso únicamente si el nivel central del Estado les otorga, por así decirlo, el permiso correspondiente a través de una ley básica o de nivel central del Estado, a ser desarrollada o reglamentada por las autonomías; o, si otra ETA le transfiere algunas de sus competencias exclusivas. Por tanto, su ejercicio autonómico es relativo, parcial, limitado a lo cedido o regulado por otros actores, no pleno como ocurre con sus propias competencias exclusivas.

III.4. El control social

Otro de los elementos nuevos instituidos por la Norma Suprema en la configuración de funcionamiento de la gestión pública autonómica, es el control social previsto en los arts. 241 y 242 de la CPE, e insertado además en otras ocho disposiciones. A partir de su constitucionalización, la disposición de los recursos públicos, llámese humanos, técnicos o económicos para la implementación de políticas públicas, no es la misma del pasado, procurándose ahora, que las decisiones sean con participación social.

Si bien, se ha dispuesto mayor libertad en el manejo de los recursos públicos a las autoridades electas mediante procedimientos y normativa propia, también se ha previsto que: “La sociedad civil organizada ejercerá el control social a la gestión pública en todos los niveles del Estado, y a las empresas e instituciones públicas, mixtas y privadas que administren recursos fiscales” (art. 241.II de la CPE), disponiendo además en el art. 242 de la misma norma constitucional que la participación y control social implica, además de las precisiones instituidas en la Norma Suprema y la ley: “1.Participar en la formulación de las políticas de Estado 2. Apoyar al Órgano Legislativo en la construcción colectiva de las leyes. 3. Desarrollar el control social en todos los niveles del gobierno y las entidades territoriales autónomas, autárquicas, descentralizadas y desconcentradas…”, entre otras.

El control social en consecuencia, es el derecho del ciudadano de participar de la gestión pública observando, denunciando, haciendo seguimiento, fiscalizando, proponiendo o pronunciándose sobre toda la cadena de la disposición de los recursos públicos, tanto sobre los instrumentos previos a la ejecución como en los resultados de su aplicación, llámese normativa autonómica, aprobación del Programa Operativo Anual (POA), suscripción de contratos y la calidad de los resultados, o de los servicios prestados por la burocracia pública. Se le abre la puerta al ciudadano común no vinculado al poder público o partidos políticos, de participar directamente en las decisiones y ser corresponsable.

La gestión pública en el Estado autonómico, a partir de la Constitución Política del Estado de 2009, debe ir acompañada del control social.

III.5. El Municipio

El municipio, entendido como la organización administrativa más pequeña dentro de un Estado, fue evolucionando en su estructuración para hacer más eficiente, directa, diligente, oportuna y eficaz, la atención y solución de los problemas generados por el crecimiento de los conglomerados humanos a través de las autoridades electas y un equipo burocrático. Esta unidad administrativa elemental, pese al desarrollo tecnológico (-llámese telecomunicaciones u otros-), no ha sido sustituida por otra forma organizativa aunque sí, reducidos sus alcances o libertades de acuerdo a los gobiernos centrales de turno. Esto, esencialmente porque quedó comprobado que quien mejor resuelve sus problemas, es quien conoce su entorno y radica en el lugar.

Con el asentamiento del ser humano en territorios que le permitieron subsistir de la agricultura, la domesticación de animales y la pesca, por tanto superando al sedentarismo, nace la necesidad de regular la convivencia, delimitar el territorio y establecer una burocracia que planifique y administre los asuntos internos. Esa evolución de administración de lo público en lo local, fue trasladada a América con la conquista hispánica para combinarse con las costumbres y mecanismos propios de los nativos.

Así, se ha producido una evolución en la administración local, disponiendo su manejo a través de instrumentos técnicos y jurídicos de gestión, como de control y fiscalización, creando instancias internas como externas para el seguimiento en la eficacia y eficiencia del manejo de los recursos. El municipio como parte de un Estado, en esencia no ha cambiado en su función de atender lo local, los asuntos más cercanos a la autoridad, mutando nombres como el cabildo por el concejo municipal u otros, ampliando o restringiendo competencias pero preservando este relacionamiento.

Respecto a esta convivencia de modelos, la DCP 0006/2014 de 12 de febrero, ha establecido en el análisis de la Norma Básica del municipio de Sicaya: “Consiguientemente, a la luz de las normas internacionales que conforman el bloque de constitucionalidad y la jurisprudencia constitucional Plurinacional glosados precedentemente, los pueblos o comunidades cualquiera sea su situación jurídica, tienen derecho a conservar sus propias instituciones sociales, económicas, culturales y políticas o parte de las mismas, en ese entendido las comunidades cualquiera sea la forma en que se organicen; es decir pertenezca a la organización originaria y/o sindicato tienen derecho a ejercer sus propias formas o mecanismos de elección de autoridades, plasmada en la Constitución como democracia comunitaria a fin de afianzar el reto de la descolonización desde sus respectivas aspiraciones; de ahí que se advierte una realidad innegable de que en las comunidades del Municipio de Sicaya.

Pues en las comunidades de dicho Municipio se advierte que históricamente ha existido la vigencia plena de dos sistemas políticos, por un lado se encuentra, la ejercida por autoridades originarias con una visión propia y práctica que incorpora criterios de identidad cultural colectiva, territorialidad, el muyu, el consenso y por otro lado se sitúa un conjunto de autoridades elegidas (mediante sufragio) que desde la política estatal se asume como elección por votación universal, se podría afirmar entonces, que desde sus propias formas de proceder ambos sistemas políticos, confluyen en un mismo ámbito territorial, emergiendo de esta forma el pluralismo político, practicado y reconocido legal y ampliamente por la Nueva Constitución Política del Estado vigente, lo que muestra una clara visión de principios y lógicas en la praxis, ambos sistemas cuentan con reglas normas específicas que se orientan bajo distintos tipos y principios organizativos de la sociedad civil en lo referente a la democracia, lo rural y comunitario, con lo urbano e individual que no tienen el mismo fundamento filosófico, histórico y practico en el proceso de la elección de las autoridades.

Por otro lado, sistema político eurocéntrico, es el resultado de la construcción sistemática e intelectual con énfasis en la democracia representativa desde la visión de la cultura occidental, basado en el control de las relaciones de los gobernantes con la sociedad, es decir en el control del poder político por parte de la élite gobernante.

Consiguientemente se concluye que en la territorialidad del Municipio de Sicaya se practica las propias formas de elección de las autoridades destacándose las características del (muyu y consenso) para mantener la convivencia de las comunidades en armonía social, lo que quiere decir que las comunidades del referido Municipio eligen previamente a sus candidatos para alcalde alcaldesa así como a los concejales municipales aplicando las propias formas de elección establecida por la Constitución Política del Estado como (democracia comunitaria); lo que no implica el desconocimiento de la democracia representativa, vale decir que dichas autoridades elegidas, también se someten al sufragio, lo que implica que acuden al acto electoral, mediante el voto igual, directo, secreto, libre y obligatorio establecida por la democracia representativa”.

Así, llegamos a los días del Estado Plurinacional, al modelo autonómico con la consolidación de las ETA, cuya administración se la delega a un alcalde o alcaldesa y a un concejo municipal, con facultades específicas e inclusión de una instancia completamente nueva como el control social, vale decir, el ciudadano que no es parte del poder público, pero atribuido de acompañar la gestión controlando, proponiendo y fiscalizando. En ese marco, es que se constituye la autonomía municipal en el Estado Plurinacional, a partir de la aprobación de la Constitución Política del Estado de 2009.

III.6. Análisis de compatibilidad

En base a esos fundamentos, procedemos al análisis de constitucionalidad de los articulados dispuestos en el proyecto de Carta Orgánica del municipio de Santiago de Callapa. Queda por definir, que esta Declaración Constitucional Plurinacional, sólo expondrá argumentos cuando determine la incompatibilidad de la norma observada para justificar la decisión o cuando debe su compatibilidad bajo cierto entendimiento, contrariamente no efectuará ninguna consideración respecto de aquellas que no tengan observación en su compatibilidad, porque el objetivo no es direccionar la decisión del estatuyente o realizar su trabajo, menos interpretar las decisiones de manejo institucional municipal previstas, sino y sencillamente, contrastar la norma estudiada con el texto constitucional.

En ese orden, luego del estudio y análisis del proyecto de Carta Orgánica del municipio de Santiago de Callapa, este Tribunal ha identificado los siguientes elementos normativos incompatibles conforme a los razonamientos asumidos por la jurisprudencia constitucional y los contrarios a la Constitución Política del Estado:

Artículo 1

“Artículo 1. (Declaración de Sujeción a la Constitución Política del Estado y las Leyes). La Carta Orgánica del Municipio de Santiago de Callapa, declara su plena sujeción a la Constitución Política del Estado y la Ley Marco de Autonomías y Descentralización”.

La DCP 0035/2014 de 27 de junio, al respecto, estableció lo siguiente: “Sobre el uso del término ‘sujeción’ en relación a las ‘leyes’, el art. 410.II de la CPE, dispone que: ‘…La aplicación de las normas jurídicas se regirá por la siguiente jerarquía, de acuerdo a las competencias de las entidades territoriales: 1. Constitución Política del Estado. 2. Los tratados internacionales. 3. Las leyes nacionales, los estatutos autonómicos, las cartas orgánicas y el resto de legislación departamental, municipal e indígena. 4. Los decretos, reglamentos y demás resoluciones emanadas de los órganos ejecutivos correspondientes’.

Por su parte, el art. Artículo 60.II de la LMAD, establece lo siguiente: ‘El estatuto y la carta orgánica están subordinados a la Constitución Política del Estado y en relación a la legislación autonómica tiene preeminencia’.

De ello se desprende lo siguiente: 1) Es necesario determinar que las relaciones entre los tipos normativos enunciados en el numeral 3 del art. 410.II constitucional, se regirán tanto por el principio de jerarquía (entre las normas pertenecientes a un mismo ordenamiento normativo [relaciones normativas intra-sistémicas]) como por el principio de competencia (entre normas de distintos ordenamientos normativos [relaciones normativas intersistémicas], además de los principios que rigen la organización territorial; y, 2) Conforme lo dispuesto en el art. 60.II de la LMAD, la preeminencia de las normas básicas institucionales de las ETA, que opera en relación a la normativa autonómica, ratifica su carácter de norma básica sobre la que se estructurará todo el sistema institucional y normativo autonómico.

Es bajo este mismo entendimiento, que debe también interpretarse el art. 62.I.1 de la LMAD, en el que se indica que como parte de sus contenidos mínimos, las normas institucionales básicas deberán efectuar de manera textual una ‘Declaración de sujeción a la Constitución Política del Estado y las leyes’, entendiendo que dicha sujeción, en referencia a las leyes, no deberá responder a una lógica de subordinación o jerarquía, sino al reparto competencial.

Se concluye así que la Carta Orgánica como toda norma institucional básica, solo está sometida a la Ley Fundamental y la aplicación del resto de la normatividad proveniente de otros niveles no se define por criterios de jerarquía, sino por el respeto a los ámbitos competenciales asignados a cada nivel territorial por la Norma.

Por consiguiente, en el marco del análisis realizado, corresponde declarar la compatibilidad del uso del término ‘sujeción’ en relación a ‘las leyes’ siempre que en su interpretación y aplicación se entienda que dicha sujeción no determina jerarquía alguna entre la Carta Orgánica y el resto de las leyes, sino que se establece en función al orden competencial (entre normas de diferentes sistemas jurídicos) y jerarquía (entre normas dentro de un mismo sistema jurídico), interpretación que alcanza también al art. 62.I.1 de la LMAD” (las negrillas son nuestras).

De acuerdo a los fundamentos desarrollados en la jurisprudencia citada, se entiende la compatibilidad sujeta a entendimiento del artículo en análisis.

Artículo 8

“Artículo 8. (Idiomas). Los idiomas que se hablan en el Municipio son el castellano y aymara, además se promoverá y fomentará la enseñanza de idiomas extranjeros y el lenguaje de las personas con capacidades diferentes”.

En la presente problemática, es menester citar a la DCP 0043/2015 de 26 de febrero, que en lo pertinente, puntualizó: “El artículo que se analiza desarrolla el régimen de las personas en situación de discapacidad o con capacidades diferentes, en contraposición a lo dispuesto en la Ley Fundamental que en sus artículos 70, 71 y 72 textualmente señala: ‘Artículo 70. Toda persona con discapacidad goza de los siguientes derechos: 1. A ser protegido por su familia y por el Estado; 2. A una educación y salud integral gratuita; 3. A la comunicación en lenguaje alternativo; 4. A trabajar en condiciones adecuadas, de acuerdo a sus posibilidades y capacidades, con una remuneración justa que le asegure una vida digna; 5. Al desarrollo de sus potencialidades individuales; Artículo 71. I. Se prohibirá y sancionará cualquier tipo de discriminación, maltrato, violencia y explotación a toda persona con discapacidad. II. El Estado adoptará medidas de acción positiva para promover la efectiva integración de las personas con discapacidad en el ámbito productivo, económico, político, social y cultural, sin discriminación alguna; III. El Estado generará las condiciones que permitan el desarrollo de las potencialidades individuales de las personas con discapacidad. Artículo 72; El Estado garantizará a las personas con discapacidad los servicios integrales de prevención y rehabilitación, así como otros beneficios que se establezcan en la ley.

Al respecto se debe entender que la definición de DISCAPACIDAD fue el resultado del consenso efectuado entre más de 70 países, que en el marco de las Naciones Unidas emitieron un dictamen que a la postre aprobó el pleno de dicho organismo en su idioma original (ingles); este término traducido al español ‘Discapacidad’ fue aceptado por la real academia Española de la lengua en 1990, aparecido vigente en el diccionario de la lengua Española de la misma Real Academia; define como: toda restricción o ausencia (debido a una deficiencia) de la capacidad de realizar una actividad en la forma o dentro del margen que se considera norma para un ser humano; en tanto que por CAPACIDADES DIFERENTES se entiende a las cualidades únicas que tienen las personas, mismas que son diferentes de otras, por lo que el término aludido califica a cualquier persona, tenga o no una discapacidad. Es así que nuestra Constitución Política del Estado al momento de referirse a este grupo vulnerable se refiere a ellos como ‘personas con discapacidad’, debiendo la norma básica en revisión compatibilizar este término al momento de referirse a dicho grupo poblacional’”.

Jurisprudencia por la cual, se debe declarar la incompatibilidad de la frase “…y el lenguaje de las personas con capacidades diferentes” del art. 8 del proyecto de Norma Básica, con la finalidad de que adecue el término.

Artículo 11

“Artículo 11. (Forma de Gobierno y Participación del Pueblo).

I. El Gobierno Autónomo Municipal de Santiago de Callapa organiza su gobierno en los órganos Legislativo y Ejecutivo de conformidad a la Constitución Política del Estado, Ley Marco de Autonomías y Descentralización, la presente Carta Orgánica y normativa municipal específica. La forma de elección de las autoridades municipales es democrática, directa, participativa, representativa con igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres.

II. La soberanía reside en la población del Municipio de Santiago de Callapa, quienes deliberan y gobiernan por medio de sus representantes, a los que elige a través del sufragio, manteniendo para sí los derechos de iniciativa, referendo y revocatorio. Su intervención se canaliza mediante Partidos Políticos, Agrupaciones Ciudadanas y Pueblos Indígena Originarios Campesinos, expresando de esa manera el pluralismo ideológico, concurriendo a la formación y manifestación de la voluntad popular, como instrumentos fundamentales de la participación y representación política”.

En el presente caso, el parágrafo I incurre en incompatibilidad al no considerar la democracia comunitaria para la elección de sus autoridades, aspecto que ya fue señalado en varias Declaraciones Constitucionales Plurinacionales de este Tribunal, en las que se indicó que este tipo de democracia goza de reconocimiento y protección en nuestro sistema constitucional, indicando al respecto la DCP 0193/2015 de 21 de octubre: “Así como la sociedad es plural, en lo político resulta lo propio, dado que en nuestro país coexisten varios sistemas democráticos, como por ejemplo la democracia comunitaria de las naciones y pueblos indígenas originarios campesinos, y que si bien tienen un sistema de gobierno propio reconocido por la Constitución Política del Estado y el bloque de constitucionalidad; se debe tener en cuenta que al ser Bolivia un Estado Unitario, están sujetos a un gobierno central, pero que sin embargo el mismo no puede desconocer, sino al contrario, fortalecer la lucha de los actores indígena originario campesinos, sociales y políticos del país, para así alcanzar la igualdad política que va de la mano de la política social que no es otra cosa que la búsqueda de bienestar, desarrollo con identidad cultural, seguridad y protección social, respetando la dignidad de las personas, naciones y pueblos indígena originario campesinos, por tanto toda decisión que el Estado asuma y sus instituciones, como el Tribunal Constitucional Plurinacional, deber ser bajo la égida que la sociedad boliviana en su composición plural que está conformada por todo el conglomerado social, del campo y de la ciudad”.

Fundamentos con los cuales, se debe determinar la incompatibilidad del parágrafo I del presente artículo debiendo ajustarse a los parámetros de lo señalado por el art. 11 de la CPE, referido a la democracia comunitaria.

Asimismo, el parágrafo II del presente artículo incurre en una deformación a lo dispuesto por la Constitución Política del Estado en su art. 7, sobre el sistema y la organización del Estado que define: “La soberanía reside en el pueblo boliviano, se ejerce de forma directa y delegada. De ella emanan, por delegación, las funciones y atribuciones de los órganos del poder público”. Sobre una temática similar, la citada DCP 0090/2014 señaló: “Sobre el segundo párrafo se debe observar la primera frase que señala: ‘La soberanía reside en la población…’, contrariando así el art. 7 de la CPE que define: ‘La soberanía reside en el pueblo boliviano, se ejerce de forma directa y delegada. De ella emanan, por delegación, las funciones y atribuciones de los órganos del poder público’, desarrollado en la DCP 0009/2013 de 27 de julio, en el siguiente sentido: ‘Esta es una de las características que junto a su vinculación a la soberanía (aprobación mediante referendo, aun así sea de una parcialidad de la población) le otorgan una naturaleza política y jurídica especial, distinta del resto de la normativa nacional clasificada en el parágrafo II del art. 410 de la CPE’.

En consecuencia se debe expulsar el primer párrafo en su integridad y la frase ‘…la soberanía reside en el…’ del segundo párrafo…”.

En consecuencia, no corresponde a la Carta Orgánica el desarrollar la implicancia de la soberanía, ya que la misma está determinada para todo el territorio nacional, no pudiendo considerarse a la unidad territorial como un ente que esté fuera del diseño arquitectónico del Estado y del principio de unidad del Estado aplicables de manera transversal a la Constitución Política del Estado como elemento articulador de la plurinacionalidad, motivo por el cual corresponde determinar la incompatibilidad del art. 11 del proyecto de Norma Básica.

Artículos 16 y 18

“Artículo 16. (Derechos). El Gobierno Autónomo Municipal de Santiago de Callapa promueve el ejercicio, goce y cumplimiento pleno de todos los derechos autonómicos para las habitantes y los habitantes del Municipio en el ejercicio de sus competencias exclusivas sin distinción y discriminación alguna.

(…)

Artículo 18. (Derecho Autonómico). El Gobierno Autónomo Municipal de Santiago de Callapa de conformidad a la Constitución Política del Estado y la Ley Marco de Autonomías para el ejercicio pleno de su derecho a la autonomía establece su estructura y ordenamiento jurídico administrativo interno, con las siguientes normas: Leyes Municipales, Decretos Municipales, Decretos Ediles, Reglamentos, Resoluciones de Concejo y Resoluciones Ejecutivas Administrativas y otros”.

Con relación a este tema, es preciso remarcar que conforme a líneas jurisprudenciales emitidas por este Tribunal y en estricto apego a la Norma Suprema, el empleo de la denominación “Derecho Autonómico” debe ir relacionado con el régimen de los “derechos” de la ETA, vale decir; con aquellos “derechos autonómicos” inherentes a los habitantes y estantes de un determinado municipio y que necesariamente deben emerger de las competencias municipales previstas constitucionalmente. En esa línea, la norma ahora analizada, plasma los artículos relativos a “Derechos” y “Derecho Autonómico”; sin embargo, analizado el contenido de éstos, no se encuentra norma alguna que esté relacionada con los derechos de los habitantes del municipio de Santiago de Callapa; en ese sentido no se enmarca en las disposiciones seguidas por este Tribunal.

Al respecto debe traerse a colación la jurisprudencia que sobre el tema ha sentado la DCP 0008/2015 de 14 de enero, al señalar: “Es preciso referir que el art. 1 de la CPE, establece que ‘Bolivia se constituye en un Estado Unitario Social de Derecho Plurinacional Comunitario, libre, independiente, democrático, intercultural, descentralizado y con autonomías…’, en el cual se advierte a nuestro país como un Estado unitario con autonomías, donde prima la unidad en el ejercicio de las diferentes autonomías reconocidas, consecuentemente dentro el modelo autonómico de administración diseñado para los gobiernos autónomos, conforme el art. 272 CPE, estos tienen la facultad de legislar y producir normativas para el ejercicio de sus competencias, y dentro de esta normativa a ser producida se encuentran diferentes preceptos legales que van a definir derechos y obligaciones de acuerdo a sus respectivas competencias, y el hecho de que estos emerjan del ejercicio de su autonomía de cierta forma podrían ser denominados derechos y deberes autonómicos, justamente por la relación de estos preceptos legales a su competencias en el ejercicio de su autonomía, pero referirse a la vigencia de un derecho autonómico, y más aún expresar que es de carácter indefinido, se ingresa en un error conceptual…”.

En consecuencia, por todo lo argumentado se debe declarar la incompatibilidad de los arts. 16 y 18 del proyecto de Norma Básica, debiendo ajustarse estos a los razonamientos efectuados.

Artículo 17

“(…)

2. Participar en los procesos de planificación y programación para el diseño de políticas públicas municipales.

(…)

8. Velar por la transparencia en la administración municipal en aplicación de la normativa nacional vigente.

(…)

11. Velar por el cumplimiento de los criterios de equidad de género e igualdad de oportunidades en el ejercicio de la función pública municipal.

(…)

13. Participar de los procesos de capacitación y fortalecimiento realizado por los órganos del Gobierno Autónomo Municipal.

(…)

15. Ejercitar el derecho constitucional de control social a la gestión pública municipal a las empresas municipales, entidades descentralizadas y desconcentradas.

16. Asistir y participar de las rendiciones públicas de cuentas que realicen los órganos del Gobierno Autónomo Municipal.

17. Velar por la eficacia y eficiencia en la administración municipal”.

Respecto a los numerales 2, 13, 15 y 16, cabe señalar que la participación de la sociedad civil en la gestión de los asuntos públicos y en el control social es ante todo un derecho y no un deber, siendo por consiguiente de ejercicio potestativo. Es bajo este entendimiento que el art. 5.1 y 2 de la Ley de Participación y Control Social (LPCS) definen a la participación y el control social como derechos constitucionales.

Asimismo, debe entenderse que los precitados derechos no constituyen un deber de los actores, como dispone el art. 8 de la LPCS. En este marco, entendida la participación como un derecho no puede ser objeto de una imposición por parte del poder público, el cual deberá limitarse a asumir las medidas pertinentes para fomentar su ejercicio participativo libre e informado.

Este entendimiento es refrendado por el art. 6 de la misma Norma cuando determina que “Son actores de la Participación y Control Social, la sociedad civil organizada, sin ningún tipo de discriminación de sexo, color, edad, orientación sexual, identidad de género, origen, cultura, nacionalidad, ciudadanía, idioma, credo religioso, ideología, filiación política o filosófica, estado civil, condición económica o social, grado de instrucción y capacidades diferenciadas”. Concluyéndose finalmente, que este derecho debe ser aplicable a toda la población, no solo a la sociedad civil organizada.

De igual forma, respecto a los numerales 8, 11 y 17, se debe mencionar que estas supuestas “obligaciones” son en esencia objeto del funcionamiento administrativo de la ETA municipal, no debiendo endilgarse las mismas como obligaciones de los habitantes, ya que el ciudadano común y corriente no podría, dada sus limitaciones obvias, efectuar las tareas señaladas por los numerales objeto de análisis, correspondiendo las mismas únicamente a la institución que gobierna a la unidad territorial, en este caso, el gobierno autónomo municipal.

En este marco, considerando el nomen iuris del artículo (Deberes y Obligaciones) en cuanto a las personas que habitan en la jurisdicción de Santiago de Callapa, se concluye que los mismos no deben referirse a los derechos que en su ejercicio corresponden a la sociedad civil organizada y a la población en general, siendo constitucionalmente inadmisible lo pretendido.

En consecuencia, corresponde declarar la incompatibilidad de los numerales 2, 8, 11, 13, 15, 16 y 17 del art. 17 del proyecto de Carta Orgánica.

Artículo 19

“Articulo19. (Jerarquía Normativa del Municipio).

I. La jerarquía normativa interna del Municipio está compuesta de los siguientes instrumentos legales:

1. Carta Orgánica Municipal.- Norma institucional básica de cumplimiento obligatorio elaborada de manera participativa con los colectivos sociales del Municipio aprobada por dos tercios de votos de las y los concejales y ratificada mediante referéndum.

2. Ley Municipal.- Norma municipal de cumplimiento obligatorio, a partir de su publicación, aprobada por la mayoría del concejo municipal y promulgada por la Alcaldesa o Alcalde municipal

3. Decreto Municipal, instrumento normativo que emana del órgano ejecutivo y que reglamenta las Leyes Municipales publicadas y/o norma que permite establecer las atribuciones de la Alcaldesa o Alcalde en el ejercicio de sus funciones.

4. Decreto Edil, Norma interna del Órgano Ejecutivo que respalda sus acciones administrativas.

5. Resolución Municipal, instrumento normativo que dispone medidas y acciones administrativas internas del Concejo Municipal y/o hacia el Órgano Ejecutivo, aprobado por mayoría simple del Concejo Municipal

6. Resolución Ejecutiva, disposición de alcance general o particular que dicta la Máxima Autoridad Ejecutiva, en el ejercicio de sus competencias establecidas en el ordenamiento jurídico, para la dirección eficiente y eficaz de la administración municipal.

II. Una Ley específica reglamentará el ordenamiento jurídico administrativo del Gobierno Autónomo Municipal de Santiago de Callapa”.

La jurisprudencia desarrollada en la DCP 0020/2015 de 16 de enero, señaló lo siguiente: “En referencia a las facultades legislativa y reglamentaria de los órganos de las ETA, la DCP 0003/2014 de 10 de enero, expreso que: ‘…En este marco y para el análisis específico del numeral en cuestión, conviene profundizar el estudio de las facultades legislativa y reglamentaria, a las que en su conjunto podríamos denominar como facultades normativas o regulatorias, pues tienen como finalidad el emitir normas en el más amplio sentido del término para regular determinados hechos o actos con repercusiones jurídicas.

De esta forma, las facultades regulatorias del Concejo Municipal son en realidad de dos tipos: a) Las legislativas propiamente dichas, es decir, la capacidad de emitir leyes; y, b) Las reglamentarias de administración interna, pero en este caso restringidas solo a viabilizar el ejercicio de sus atribuciones y competencias propias del órgano. Por ejemplo, la aprobación del Reglamento de Debates del Pleno y las Comisiones del Concejo Municipal.

Por su parte, las facultades normativas del Órgano Ejecutivo municipal, las que evidentemente se limitan al ámbito de lo estrictamente reglamentario, pero dentro del cual se identifican importantes matices y que se materializan en: 1) Una capacidad reglamentaria de carácter general, es decir, que deviene en reglamentos de observancia obligatoria para todos los estantes y habitantes del territorio municipal, emitidas con la finalidad esencial de viabilizar el cumplimiento de las leyes municipales; y, 2) Una capacidad reglamentaria de carácter interno, es decir, a viabilizar el ejercicio de sus atribuciones y competencias propias del órgano. Por ejemplo, la aprobación de un Reglamento de Viáticos para los funcionarios del Ejecutivo’.

De la jurisprudencia descrita y sujeta al art. 1 de la CPE, en la que se describe que ‘Bolivia se constituye en un Estado Unitario Social de Derecho Plurinacional Comunitario…’ con autonomías fundada en una pluralidad jurídica; se tiene que ahora las ETA, gozan principalmente de la facultad legislativa para la emisión de su propia reglamentación en apego a la Ley Fundamental como expresión del carácter unitario adoptado por nuestro Estado, puesto que el texto constitucional establece una jerarquía normativa en su art. 410 y para el ejercicio de sus competencias y responsabilidades, las ETA, municipales deben elaborar y emitir su propia legislación de alcance general, asimismo cada órgano de gobierno puede producir normas internas para el cumplimiento de sus respectivas facultades y atribuciones, esto significa que toda la legislación a ser elaborada deberá estar reflejada en una jerarquía normativa separada de acuerdo al órgano emisor, no obstante el reconocimiento de prevalencia de la ley municipal en relación a cualquier otra norma jurídica expedida por ambos órganos, que exprese claridad y precisión a momento de su aplicabilidad, garantizando la seguridad jurídica enunciada por la Constitución Política del Estado.

En ese sentido, para garantizar la seguridad jurídica en la ideación, elaboración y emisión de instrumentos normativos, los gobiernos autónomos municipales en lo esencial deberán sujetarse a las reglas de la técnica legislativa y en cuanto a la descripción de la estructura jerárquica de su normativa interna deberán incorporarse los siguientes elementos necesariamente concurrentes: 1) Identificación el órgano emisor, referido a la instancia que elabora y emite la norma (concejo municipal y ejecutivo municipal por separado); 2) Naturaleza y alcance de la norma, referido al objeto que va a regular la norma, definiendo su ámbito de aplicación, ya sea general o de carácter interno para facilitar el ejercicio de las competencias asignadas a cada órgano, evitando transgredir la independencia de los mismos, toda vez que será la naturaleza y alcance de cada precepto jurídico, el que defina en esencia su posición dentro la escala jerárquica normativa del gobierno autónomo municipal; y, 3) La jerarquía normativa interna de cada órgano; elemento importante a establecer destinado a evitar posibles conflictos jurídicos en la aplicación de las disposiciones; este elemento está referido a establecer el orden jerárquico de los instrumentos normativos que emanan de cada estrato municipal, partiendo por aquellos que hacen al ejercicio del gobierno municipal, para concluir en las normas de alcance interno que facilitan el ejercicio de las atribuciones y funciones asignadas a cada órgano, en atención a lo ya desarrollado en las Declaraciones Constitucionales Plurinacionales que sustentan este análisis. Asimismo con referencia a la carta orgánica que en su condición de norma institucional básica tiene preeminencia en relación a la legislación autonómica, es importante puntualizar que el mismo es de naturaleza rígida, cumplimiento estricto y contenido pactado por consiguiente en su ideación, elaboración y aprobación se sigue un procedimiento especial que en definitiva es aprobado por el soberano en un referendo vinculante, por lo que está no deviene de un órgano emisor definido, puesto que como se dijo mereció un procedimiento especial con la participación activa de la ciudadanía, elementos que lo diferencian del tratamiento de una ley ordinaria, consiguientemente la carta orgánica es la norma institucional básica superior frente a la legislación autonómica, y no deviene de ningún órgano de gobierno, extremo que debe ser reflejado en la jerarquía jurídica interna de los gobiernos autónomos municipales” (negrillas añadidas).

Bajo ese entendimiento, corresponde declarar la incompatibilidad del art. 19 del proyecto de Carta Orgánica, debiendo el estatuyente proceder a su adecuación conforme a los fundamentos expresados en la jurisprudencia desarrollada.

Artículo 23

“(…)

II. Facultades del Órgano Ejecutivo:

(…)

2. Facultad Reglamentaria.- Entendida como la potestad de emitir normas reglamentarias para la aplicación de una ley municipal. Esta facultad tiene por finalidad la emisión de reglamentos, entendidos como el conjunto de reglas o mandatos emitidos por autoridad competente, que tienden a posibilitar la ejecución de la ley”.

El art. 297 de la CPE señala: “I. Las competencias definidas en esta Constitución son:

1. Privativas, aquellas cuya legislación, reglamentación y ejecución no se transfiere ni delega, y están reservadas para el nivel central del Estado.

2. Exclusivas, aquellas en las que un nivel de gobierno tiene sobre una determinada materia las facultades legislativa, reglamentaria y ejecutiva, pudiendo transferir y delegar estas dos últimas.

3. Concurrentes, aquellas en las que la legislación corresponde al nivel central del Estado y los otros niveles ejercen simultáneamente las facultades reglamentaria y ejecutiva.

4. Compartidas, aquellas sujetas a una legislación básica de la Asamblea Legislativa Plurinacional cuya legislación de desarrollo corresponde a las entidades territoriales autónomas, de acuerdo a su característica y naturaleza. La reglamentación y ejecución corresponderá a las entidades territoriales autónomas”.

Por otro lado, la SCP 1714/2012 de 1 de octubre refiriéndose a las facultades de las ETA, en lo pertinente señaló: “Facultad reglamentaria. Entendida como la potestad de emitir normas reglamentarias para la aplicación de una ley, es decir, la que compete para completar la aplicación de las leyes. En efecto, esta facultad tiene por finalidad la emisión de reglamentos, entendidos como el conjunto de reglas o preceptos emitidos por autoridad competente, que tienden a posibilitar la ejecución de la ley, precisando las normas contenidas en las leyes sin contrariar ni ir más allá de sus contenidos y situaciones que regula. En este contexto, tanto la facultad legislativa como reglamentaria, emiten normas, sin embargo, la facultad reglamentaria se rige dentro de las líneas y contenidos establecidos por la ley, con la finalidad de su aplicación. En el caso de las entidades territoriales autónomas, esta facultad reglamentaria es ejercida por el órgano ejecutivo de la entidad territorial autónoma respectiva con relación a las leyes que se emitan. Esta facultad se justifica porque el órgano ejecutivo, es el que conoce de las capacidades económicas, presupuestarias, institucionales y recursos reales que se tiene para ejecutar la ley, por tanto, a través de la facultad reglamentaria se delimita con mayor precisión la forma y los recursos con los cuales se podrá aplicar la ley”.

De donde se extrae que dicha facultad debe ser aplicada para el desarrollo de las leyes respecto a las competencias exclusivas, compartidas y concurrentes, que estén vinculadas con sus atribuciones y competencias, no únicamente a las leyes municipales como lo señala el proyecto de Norma Básica, motivo por el cual, debe determinarse la incompatibilidad del término “…municipal…” inserto en el art. 23.II.2 del proyecto en estudio.

Artículo 25

“Artículo 25. (Requisitos para ser electa Alcaldesa, Alcalde, Concejala o Concejal Municipal) Los requisitos para ser electa Alcaldesa o Alcalde, Concejala o Concejal Municipal, son los siguientes:

(…)

2. Tener (18) años en el caso de las Concejalas o Concejales.

(…)”.

Al respecto del art. 25.2 del proyecto en revisión, se debe indicar que el art. 285 de la CPE señala: “I. Para ser candidata o candidato a un cargo electivo de los órganos ejecutivos de los gobiernos autónomos se requerirá cumplir con las condiciones generales de acceso al servicio público, y: 1. Haber residido de forma permanente al menos los dos años inmediatamente anteriores a la elección en el departamento, región o municipio correspondiente. 2. En el caso de la elección de la Alcaldesa o del Alcalde y de la autoridad regional haber cumplido veintiún años. 3. En el caso de la elección de Prefecta o Prefecto y Gobernador o Gobernadora haber cumplido veinticinco años. II. El periodo de mandato de las máximas autoridades ejecutivas de los gobiernos autónomos es de cinco años, y podrán ser reelectas o reelectos de manera continua por una sola vez”. Así también, el art. 287 de la misma Norma Suprema, refiere que: “I. Las candidatas y los candidatos a los concejos y a las asambleas de los gobiernos autónomos deberán cumplir con las condiciones generales de acceso al servicio público, y: 1. Haber residido de forma permanente al menos los dos años inmediatamente anteriores a la elección en la jurisdicción correspondiente. 2. Tener 18 años cumplidos al día de la elección. II. La elección de las Asambleas y Concejos de los gobiernos autónomos tendrá lugar en listas separadas de los ejecutivos”.

En ese marco constitucional, la norma básica institucional debe contener los criterios de conformación y postulación de alcaldesa o alcalde y concejalas o concejales, conforme a lo establecido por la Constitución Política del Estado. Específicamente, circunscribir lo determinado para dichas autoridades respecto a que los dieciocho años necesarios para ser candidato a concejal, deben ser AL DÍA DE LA ELECCIÓN, aspecto no previsto en la redacción del articulado objeto de análisis. En consecuencia, corresponde declarar la incompatibilidad del art. 25.2 del proyecto de Carta Orgánica, debiendo el mismo adecuarse según lo señalado.

“(…)

5. No tener pliego de cargo ejecutoriado.

(…)”.

El art. 234 de la CPE señala que: “Para acceder al desempeño de funciones públicas se requiere: 1. Contar con la nacionalidad boliviana. 2. Ser mayor de edad. 3. Haber cumplido con los deberes militares. 4. No tener pliego de cargo ejecutoriado, ni sentencia condenatoria ejecutoriada en materia penal, pendientes de cumplimiento. 5. No estar comprendida ni comprendido en los casos de prohibición y de incompatibilidad establecidos en la Constitución. 6. Estar inscrita o inscrito en el padrón electoral. 7. Hablar al menos dos idiomas oficiales del país”.

En un caso similar, la DCP 0065/2015 de 5 de marzo señaló: “El art. 234 de la CPE, señala que: ‘Para acceder al desempeño de funciones públicas se requiere: (…) 4. No tener pliego de cargo ejecutoriado, ni sentencia condenatoria ejecutoriada en materia penal, pendientes de cumplimiento’.

En ese entendido, la Constitución Política del Estado determino los requisitos para acceder al desempeño de funciones públicas, por lo que una Carta Orgánica Municipal no puede establecer requisitos adicionales a los ya establecidos por la norma constitucional para ejercer el cargo de Alcalde y/o Concejal…”.

En ese marco constitucional, la norma básica institucional debe enmarcar los criterios de acceso al desempeño de funciones públicas, conforme a lo establecido por la Constitución Política del Estado de acuerdo a los argumentos desarrollados precedentemente, no existiendo en el artículo objeto de análisis, la previsión de que el pliego de cargo ejecutoriado este pendiente de cumplimiento. En consecuencia, corresponde declarar la incompatibilidad del art. 25.5 del proyecto de Carta Orgánica, debiendo adecuarse de acuerdo a lo esbozado.

“(…)

10. Hablar al menos dos idiomas oficiales de la región”.

En el numeral objeto de análisis, la Norma Básica desarrolla los requerimientos para acceder al desempeño de funciones públicas, haciendo una adaptación de lo señalado en el art. 234 de la CPE, habiéndose tergiversado el tema concerniente a los idiomas, y puesto que el hecho de establecer requerimientos diferentes para los servidores públicos en una ETA, implica inseguridad jurídica y una vulneración del artículo constitucional citado, ya que éste precisa como requisito el hablar dos idiomas oficiales del país, por lo que debe declararse la incompatibilidad de la frase “de la región” del art. 25.10 del proyecto de Norma Básica, debiendo expulsarse dicha frase.

Artículo 27

“Artículo 27. (Procedimiento de la Elección de las Autoridades). Las y los Concejales, la Alcaldesa o Alcalde Municipal, serán elegidos por sufragio universal por listas separadas, bajo los principios democráticos de representación y participación de conformidad con la Constitución Política del Estado y conforme a la Ley del Régimen Electoral”.

En el presente párrafo, se establece la forma de elección de los Concejales del municipio de Santiago de Callapa. Empero, el proyecto de Norma Básica no señala la posibilidad de la elección directa de dichas autoridades por las NPIOC, habiéndose tomado en forma incompleta lo dispuesto por el art. 284 de la CPE, que obliga a las ETA a dejar abierta dicha posibilidad de elección de sus autoridades. Al respecto, la DCP 0065/2015 señaló: “El art. 11. I. de la CPE, señala: ‘La República de Bolivia adopta para su gobierno la forma democrática participativa, representativa y comunitaria, con equivalencia de condiciones entre hombres y mujeres; II. La democracia se ejerce de las siguientes formas, que serán desarrolladas por la ley: 1. Directa y participativa, por medio del referendo, la iniciativa legislativa ciudadana, la revocatoria de mandato, la asamblea, el cabildo y la consulta previa.. Las asambleas y cabildos tendrán carácter deliberativo conforme a Ley; 2. Representativa, por medio de la elección de representantes por voto universal, directo y secreto, conforme a Ley; 3. Comunitaria, por medio de la elección, designación o nominación de autoridades y representantes por normas y procedimientos propios de las naciones y pueblos indígena originario campesinos, entre otros, conforme a Ley’.

En este marco, cabe resaltar los evidentes avances en la organización municipal boliviana a partir del carácter plurinacional del Estado prevista en la Constitución Política del Estado vigente y que se transversaliza en todas las instancias y niveles de gobierno, traduciéndose en el nivel local en previsiones normativas y organizativas concretas, abriendo la posibilidad para que las Naciones y Pueblos Indígena Originario Campesinos (NPIOC), existentes al interior del territorio municipal y que no hubiesen podido acceder a la AIOC, cuenten con los mecanismos suficientes que les permitan, por un lado, participar de manera directa en las decisiones del gobierno autónomo municipal y, por otro, desarrollar sus propias formas de organización y gestión de sus necesidades colectivas. Así por ejemplo, la norma prevé la representación IOC al concejo municipal de acuerdo a sus procedimientos propios y la posibilidad de establecer por decisión suya, distritos municipales IOC descentralizados, con importantes facultades para su autogestión.

De lo que se observa, que el proyecto de Carta Orgánica procede a la omisión de participación comunitaria, como señala el texto constitucional en su art. 284: ‘I. El Concejo Municipal estará compuesto por concejalas y concejales elegidas y elegidos mediante sufragio universal; II. En los municipios donde existan naciones o pueblos indígena originario campesinos, que no constituyan una autonomía indígena originaria campesina, éstos podrán elegir sus representantes ante el Concejo Municipal de forma directa mediante normas y procedimientos propios y de acuerdo a la Carta Orgánica Municipal’”.

En base a la normativa constitucional y jurisprudencia aplicable al caso, se debe determinar la incompatibilidad del art. 27 del proyecto de Norma Básica, debiendo adecuarse el mismo a lo señalado en el presente razonamiento.

Artículo 28

“Artículo 28. (Periodo de Mandato y Reelección). El período de mandato de las autoridades municipales elegidas democráticamente por sufragio universal, es de cinco (5) años y podrán ser reelectas o reelectos de manera continua por una sola vez, conforme establece la Constitución Política del Estado”.

Respecto a este punto, se debe señalar que el art. 288 de la CPE refiere: “El período de mandato de los integrantes de los Concejos y Asambleas de los gobiernos autónomos será de cinco años, y podrán ser reelectas o reelectos de manera continua por una sola vez”. Dicha disposición constitucional tiene por objeto precautelar que las autoridades en general de los entes deliberativos sean reelectos por una sola vez, no circunscribiendo este mandato a su forma de elección.

Considerando que en las ETA municipales existe la posibilidad de elegir a los concejales de las NPIOC de acuerdo a normas y procedimientos propios, los cuales no siempre utilizan el sufragio universal para tal cometido, es preciso indicar que la disposición constitucional citada supra es aplicable para este tipo de autoridades, ya que como se indicó, el art. 288 de la CPE no circunscribe su mandato a los concejales elegidos mediante votación, sino, por el sencillo hecho de haber sido autoridad del ente deliberante (concejal) solo puede ser reelecto de manera continua por una sola vez, no importando su forma de elección. Entendimiento con el cual se determina la compatibilidad del presente artículo.

Artículo 29

“Artículo 29. (Atribuciones del Concejo Municipal). El Concejo Municipal tiene las siguientes atribuciones:

(…)

7. Designar a la Máxima Autoridad Ejecutiva del Concejo Municipal, quien atenderá todo lo relativo al sistema administrativo y financiero, de conformidad a lo dispuesto en el Reglamento General del Concejo Municipal.

(…)”.

Sobre una problemática similar, la DCP 0079/2015 de 10 de marzo, señaló: “La actual forma de gobierno, nos presenta un gobierno autónomo municipal con dos órganos públicos, los cuales están conformados por autoridades políticas elegidas de manera directa y en listas separadas, por lo que el alcalde o alcaldesa es electo de forma directa por los ciudadanos y goza de la misma legitimidad representativa que los concejales, por lo tanto, no puede supeditarse a los mismos. En ese contexto, no puede establecerse que uno de estos órganos tiene una cualidad superior al otro, por lo que no puede establecerse de manera general como máxima autoridad de un gobierno.

Del análisis del numeral 6, señala en su redacción a la “Máxima Autoridad Ejecutiva del Concejo Municipal”, cuestión que es incompatible ya que se tiene que dar otra denominación al funcionario o servidor público que este como encargado del control financiero, y por lo tanto no corresponderá denominarlo como la “Máxima Autoridad Ejecutiva del Concejo Municipal”, cada institución pública cuenta dentro de su organización con un departamento financiero o unidad financiera y con la redacción de esta frase, se estaría estableciendo que al recaer sobre el alcalde la figura de la máxima autoridad ejecutiva, este deberá atender el sistema administrativo y financiero del concejo municipal, situación que constitucionalmente es inadmisible, por vulnerar los principios de separación e independencia de los órganos de gobierno”.

Razonamiento jurisprudencial por el cual, corresponde señalar la incompatibilidad del art. 29.7 del proyecto de Norma Básica.

“(…)

27. Aprobar mediante Ley Municipal, la creación de Distritos Municipales y/o Distritos Municipales Indígena Originario Campesinos, en el marco de la norma establecida con anterioridad.

(…)”.

En el presente caso, para la aplicación del numeral que se analiza, se debe entender que la norma establecida con anterioridad, es la Ley Marco de Autonomías y Descentralización “Andrés Ibáñez”, que en sus arts. 27 y 28 señala los lineamientos generales para la creación de distritos, veamos: “Artículo 27. (DISTRITOS MUNICIPALES). I. Los distritos municipales son espacios desconcentrados de administración, gestión, planificación, participación ciudadana y descentralización de servicios, en función de sus dimensiones poblacionales y territoriales, en los que podrán establecerse subalcaldías, de acuerdo a la carta orgánica o la normativa municipal. II. La organización del espacio territorial del municipio en distritos municipales estará determinada por la carta orgánica y la legislación municipal.

Artículo 28. (DISTRITOS MUNICIPALES INDÍGENA ORIGINARIO CAMPESINOS). I. A iniciativa de las naciones y pueblos indígena originario campesinos, los municipios crearán distritos municipales indígena originario campesinos, basados o no en territorios indígena originario campesinos, o en comunidades indígena originaria campesinas que sean minoría poblacional en el municipio y que no se hayan constituido en autonomías indígena originaria campesinas en coordinación con los pueblos y naciones existentes en su jurisdicción, de acuerdo a la normativa vigente y respetando el principio de preexistencia de naciones y pueblos indígena originario campesinos. Los distritos indígena originario campesinos en sujeción al principio de preexistencia son espacios descentralizados. Los distritos indígena originario campesinos en casos excepcionales podrán establecerse como tales cuando exista dispersión poblacional con discontinuidad territorial determinada en la normativa del gobierno autónomo municipal. II. Las naciones y pueblos indígena originario campesinos de los distritos municipales indígena originario campesinos elegirán a su(s) representante(s) al concejo municipal y a su(s) autoridades propias por sus normas y procedimientos propios, según lo establecido en la carta orgánica o normativa municipal. III. Los distritos municipales indígena originario campesinos que cuenten con las capacidades de gestión necesarias y con un Plan de Desarrollo Integral podrán acceder a recursos financieros para su implementación. El Plan de Desarrollo Integral debe estar enfocado según la visión de cada pueblo o nación indígena originario campesino, en armonía con el Plan de Desarrollo Municipal”.

Es así, que ante la imprecisión del numeral objeto de análisis, respecto a, cual es la norma con anterioridad, se entenderá la aplicación de estos artículos de la Ley Marco de Autonomías y Descentralización “Andrés Ibáñez” (LMAD). Entendimiento con el que se declarar la compatibilidad del presente numeral.

“(…)

32. Aprobar mediante Resolución, el procedimiento para otorgar honores, distinciones, condecoraciones y premios por servicios a la comunidad.

(…)”.

El art. 12 de la CPE establece “I. El Estado se organiza y estructura su poder público a través de los órganos Legislativo, Ejecutivo, Judicial y Electoral. La organización del Estado está fundamentada en la independencia, separación, coordinación y cooperación de estos órganos. II. Son funciones estatales la de Control, la de Defensa de la Sociedad y la de Defensa del Estado. III. Las funciones de los órganos públicos no pueden ser reunidas en un solo órgano ni son delegables entre sí”.

De igual forma, la SCP 1714/2012, refiriéndose a las facultades constitucionales asignadas a los órganos del gobierno autónomo estableció lo siguiente: “1. Facultad legislativa. El término facultad entendido como un poder de hacer, expresa en el ámbito legislativo la potestad de los órganos representativos de emitir leyes de carácter general y abstracto, cuyo contenido es normativo sobre determinada materia. En su sentido formal, este acto de emitir leyes debe provenir de un ente u órgano legitimado, es decir, representativo: Asamblea Legislativa Plurinacional o en su caso, los órganos deliberativos de las entidades territoriales autónomas con potestad de emitir leyes en las materias que son de su competencia. Cabe destacar, que esta potestad legislativa para las entidades territoriales -con excepción de la autonomía regional- no se encuentra reducida a una facultad normativo-administrativa, dirigida a la promulgación de normas administrativas que podrían interpretarse como decretos reglamentarios, pues esta interpretación no sería acorde al nuevo modelo de Estado compuesto, donde el monopolio legislativo ya no decanta únicamente en el órgano legislativo del nivel central, sino que existe una ruptura de ese monopolio a favor de las entidades territoriales autónomas en determinadas materias. Precisamente este es el cambio establecido por la Constitución cuando en su art. 272, otorga a las entidades territoriales autónomas el ejercicio de facultades legislativa, reglamentaria, fiscalizadora y ejecutiva en el marco de su jurisdicción, competencias y atribuciones a través de sus gobiernos autónomos...”

De lo señalado, se concluye que una resolución del concejo municipal no puede tener carácter obligatorio para el ejecutivo municipal o la población de su jurisdicción, al ser dicho instrumento normativo de orden administrativo interno del ente deliberante; en ese sentido, a efecto de que una norma tenga obligatoriedad para los dos órganos de una entidad subnacional, debe tener cualidad legislativa, es decir, debe ser emanada por una ley municipal, y no por una resolución de carácter interno del órgano deliberativo. Motivo por el cual corresponde determinar la incompatibilidad del art 29.32 del proyecto de Norma Básica.

“(…)

36. Autorizar mediante Ley Municipal aprobada por dos tercios del total de los miembros del Concejo Municipal la expropiación de bienes privados, considerando la previa declaratoria de utilidad pública, el previo pago de indemnización justa, avalúo o justiprecio de acuerdo a informe pericial o acuerdo entre partes sin que proceda la compensación por otro bien público”.

Sobre una temática similar, la DCP 0126/2015 de 30 de junio, señaló: “El art. 302.I.22 de la Ley Fundamental, señala que: ‘Son competencias exclusivas de los gobiernos municipales autónomos, en su jurisdicción: 22. Expropiación de inmuebles en su jurisdicción por razones de utilidad y necesidad pública municipal, conforme al procedimiento establecido por Ley, así como establecer limitaciones administrativas y servidumbre, por razones de orden técnico, jurídico y de interés público’.

En este orden de ideas, con el objeto de contar con mayores elementos para el control de constitucionalidad del proyecto de disposición analizada, corresponde indicar que el procedimiento de expropiación es un acto administrativo del gobierno municipal y, en tal virtud, corresponde a la esfera facultativa que asiste al ejecutivo municipal. Sin embargo, este acto administrativo se desarrolla en virtud de una necesidad o utilidad pública, situación inicial determinada por el Concejo Municipal que ocasiona la apertura del proceso de expropiación, siguiendo el ejecutivo el procedimiento que sea pertinente.

En este marco analítico, la intervención del Legislativo municipal se debe limitar a la autorización el inicio del proceso de expropiación de bienes privados mediante una Ley Municipal aprobada por el Concejo Municipal declarando la necesidad y utilidad pública y determinando que dicho proceso se efectivice previo pago de indemnización justa determinada mediante el avalúo o justiprecio a ser efectuado ya durante la ejecución del proceso bajo la dirección del ejecutivo municipal, tal y como señala el art. 57 de la CPE.

Empero, de una lectura del numeral objeto de análisis, se concluye que dicho trámite realizado por el ejecutivo municipal, nuevamente sería objeto de aprobación o rechazo por parte del concejo Municipal, situación seria incongruente y que no tendría razón de ser, ya que este mismo órgano será el que determine en primera instancia la necesidad de dicha expropiación…”.

Jurisprudencia por la cual, corresponde determinar la incompatibilidad del art. 29.36 del proyecto de Norma Básica, puesto que lo que se pretendería en los hechos es una aprobación por parte del Concejo del proceso de expropiación efectuado por el ejecutivo, situación incongruente que además vulneraría el principio de separación de órganos establecido por el art. 12.I de la CPE y la misma Carta Orgánica en revisión, debiendo ser adecuado según lo señalado.

Artículo 31

“Artículo 31. (De las Sesiones del Concejo Municipal).

(…)

II. Por dos tercios de votos del total de las y los concejales la sesión podrá declararse reservada cuando afecte o perjudique la dignidad personal de alguno de sus miembros.

(…)”.

El parágrafo II, referido a las sesiones reservadas, establece se realizarán únicamente si perjudicaren a la dignidad personal de alguno de sus miembros; empero, se debe considerar tal disposición como restrictiva con respecto al derecho a la dignidad, ya que la indicada sesión debería ser declarada como tal cuando se afecte a la dignidad de cualquier persona, no únicamente de los miembros del Concejo Municipal. Con ese razonamiento, se declara la incompatibilidad de la frase “de alguno de sus miembros” inserta en el art. 31.II del proyecto de Norma Básica, debiendo expulsarse la frase observada.

Artículo 34

“Artículo 34 (Organización Territorial del Municipio)

El Municipio de Santiago de Callapa está conformada territorialmente en:

1. Central Agraria

2. Sub Centrales

3. Comunidades - Sindicatos Agrarios

4. Ayllu

5. Junta Vecinal”.

Se debe señalar que el art. 269 de la CPE, señala respecto a la organización territorial del Estado: “I. Bolivia se organiza territorialmente en departamentos, provincias, municipios y territorios indígena originario campesinos. II. La creación, modificación y delimitación de las unidades territoriales se hará por voluntad democrática de sus habitantes, de acuerdo a las condiciones establecidas en la Constitución y la ley…”.

Por otro lado, el art. 27 de la LMAD señala: “I. Los distritos municipales son espacios desconcentrados de administración, gestión, planificación, participación ciudadana y descentralización de servicios, en función de sus dimensiones poblacionales y territoriales, en los que podrán establecerse subalcaldías, de acuerdo a la carta orgánica o la normativa municipal. II. La organización del espacio territorial del municipio en distritos municipales estará determinada por la carta orgánica y la legislación municipal” (negrillas añadidas).

Es así que tenemos que la Constitución Política del Estado ya ha definido la forma en que se organizará el estado territorialmente, no significando esto el desconocimiento de la forma de organización de la jurisdicción IOC, puesto que ha determinado la existencia de territorios IOC, empero, para que estos usen su cosmovisión para organizarse de la forma que vean conveniente, previamente deben constituirse en un territorio indígena originario campesino TIOC. De forma complementaria, el art. 27 de la LMAD, ya determinó la forma en que debe organizarse territorialmente un municipio. Por lo que, el art. 34 de la Norma Básica, es declarado incompatible, debiendo redactarse nuevamente de acuerdo a los razonamientos señalados.

Artículo 35

“Artículo 35. (Distritos Municipales)

(…)

II. Los distritos municipales podrán ser creados o modificados mediante norma municipal y ley nacional vigente sobre una base documentada de los requisitos establecidos por legislación autonómica, sus fines y objetivos de desarrollo integral y generación de recursos propios debe ser pactada y aprobada por los actores quienes forman el distrito municipal y su creación será de acuerdo a Ley Municipal”.

El art. 271.I de la CPE señala: “La Ley Marco de Autonomías y Descentralización regulará el procedimiento para la elaboración de Estatutos autonómicos y Cartas Orgánicas, la transferencia y delegación competencial, el régimen económico financiero, y la coordinación entre el nivel central y las entidades territoriales descentralizadas y autónomas”.

Por otro lado, el art. 27 de la LMAD indica: “I. Los distritos municipales son espacios desconcentrados de administración, gestión, planificación, participación ciudadana y descentralización de servicios, en función de sus dimensiones poblacionales y territoriales, en los que podrán establecerse Subalcaldías, de acuerdo a la carta orgánica o la normativa municipal. II. La organización del espacio territorial del municipio en distritos municipales estará determinada por la carta orgánica y la legislación municipal” (las negrillas nos corresponden).

Es así que tenemos que la Norma Suprema nos remite a la Ley Marco de Autonomías y Descentralización “Andrés Ibáñez” para profundizar temas referidos a la autonomía, señalando el art. 27 de la LMAD, que los municipios se organizaran en distritos municipales, los cuales únicamente están reatados a su carta orgánica y a la ley municipal sancionada para efectos de distritación, no teniendo competencia el nivel central para definir asuntos de organización territorial que le atingen únicamente a las ETA municipales. Por lo que, se debe declarar la incompatibilidad de la frase “…y ley nacional vigente…” inserta en el art. 35.II de la Norma Básica.

Artículo 41

“Artículo 41. (Atribuciones de la Alcaldesa o el Alcalde Municipal).La Alcaldesa o el Alcalde Municipal, tiene las siguientes atribuciones:

(…)

23. Ordenar la demolición de inmuebles que no cumplan con las normas de servicios básicos, de uso de suelo, subsuelo y sobresuelo, normas urbanísticas y normas administrativas especiales, por sí mismo o en coordinación con autoridades e instituciones del nivel central del Estado, de acuerdo a normativa Municipal.

(…)”

Con relación a la regulación de las ETA sobre otros niveles de gobierno, los arts. 271.I y 272 de la CPE, establecen: “La Ley Marco de Autonomías y Descentralización regulará el procedimiento para la elaboración de Estatutos autonómicos y Cartas Orgánicas, (…) y la coordinación entre el nivel central y las entidades territoriales descentralizadas y autónomas; (…) Artículo 272. La autonomía implica la elección directa de sus autoridades por las ciudadanas y los ciudadanos, la administración de sus recursos económicos, y el ejercicio de las facultades legislativa, reglamentaria, fiscalizadora y ejecutiva, por sus órganos del gobierno autónomo en el ámbito de su jurisdicción y competencias y atribuciones”.

En concordancia con el art. 6.II.4 de la LMAD, respecto a la administración de las unidades territoriales define la competencia como: “…la titularidad de atribuciones ejercitables respecto de las materias determinadas por la Constitución Política del Estado y la ley. Una competencia puede ser privativa, exclusiva, concurrente o compartida, con las características establecidas en el Artículo 297 de la Constitución Política del Estado”.

En cuanto al ejercicio competencial, la Norma Suprema declara que la competencia puede ser privativa, exclusiva, concurrente y compartida (art. 297 de la CPE), y conforme se infiere del diseño constitucional efectuado para las diferentes autonomías (arts. 272, 298 y ss. de la CPE), este ejercicio se desarrolla a partir de tres ámbitos de identificación: a) Jurisdiccional; b) Material; y, c) Facultativo.

En base a ello, la SCP 2055/2012 expresó que: “El ámbito jurisdiccional. Se refiere a que la competencia que le haya sido asignada a un nivel de gobierno por el sistema de distribución competencial de la Constitución, deberá ser ejercido únicamente en la jurisdicción que dicho nivel de gobierno administra y gobierna. Así lo establece la Constitución en su art. 272, al señalar que los órganos de gobierno autónomo ejercerán las facultades legislativa, reglamentaria, fiscalizadora y ejecutiva en el ámbito de su jurisdicción y competencias y atribuciones”.

Entendiéndose que la competencia debe ser ejercida únicamente por el nivel de gobierno al cual la Constitución Política del Estado le ha asignado la titularidad de la misma, por lo que la ETA no puede establecer regulación sobre otros niveles de gobierno, sean éstos nacionales, departamentales, provinciales o regionales, debiendo únicamente circunscribirse al ámbito de su jurisdicción; consiguientemente, la norma básica es exigible y de cumplimiento obligatorio, así como toda regulación emitida en el ámbito de sus competencias. De donde tenemos que, mal podría una carta orgánica de un gobierno autónomo municipal, definir aspectos que están fuera de su competencia y sobre todo para entidades externas a su jurisdicción.

Sobre una temática análoga, la DCP 0031/2015 de 6 de febrero, señaló: “En el numeral 21 tenemos que la demolición de inmuebles que no cumplan con las normas será efectuada en coordinación con autoridades e instituciones del nivel central y departamental del Estado, situación que ocasionaría una transgresión al principio de separación de órganos descrito en un fundamento anterior y a lo indicando por el 272 de la CPE, que prevé: ‘La autonomía implica la elección directa de sus autoridades por las ciudadanas y los ciudadanos, la administración de sus recursos económicos, y el ejercicio de las facultades legislativa, reglamentaria, fiscalizadora y ejecutiva, por sus órganos del gobierno autónomo en el ámbito de su jurisdicción y competencias y atribuciones’. De lo que se extrae que esta competencia, al ser una competencia exclusiva, debe ser asumida y desarrollada únicamente por la entidad municipal, ya que lo contrario implicaría la omisión de la misma. Además es preciso referir que en la demolición de inmuebles aludida allí no se establece la básica figura del previo proceso, garantía constitucional que debe estar presente en todo ámbito sancionador sea disciplinario, administrativo, penal o de cualquier índole, entendiéndose que la misma está implícita en toda actuación, en este caso, la demolición referida”. En similar sentido, se pronunciaron las DCP 0043/2015, 0075/2015, 0126/2015 y 0128/2015, entre otras.

En el caso en cuestión, la parte final del numeral analizado prescribe una obligación de cooperación con las autoridades del nivel central, aspecto inconcebible si se tiene en cuenta que la norma básica se debe ceñir a lo estipulado por el art. 272 de la CPE, circunscribiendo sus actos a competencias y atribuciones que le atañen en su jurisdicción.

Finalmente, es preciso indicar que dentro del presente numeral, se entiende que la garantía del debido proceso está implícita dentro de las actuaciones señaladas, ya que al ser un principio que está determinado por la Norma Suprema, debe estar inmersa en todo tipo de proceso que implique una sanción, sea disciplinaria, administrativa, penal o de cualquier índole.

En consecuencia, corresponde declarar la incompatibilidad de la frase “…por sí mismo o en coordinación con autoridades e instituciones del nivel central del Estado…” contenida en el art. 41.23 del proyecto de Carta Orgánica.

Artículo 44

“Artículo 44. (Sub Alcaldías).

(…)

II. Las Sub Alcaldías tienen como ámbito del ejercicio de sus competencias los Distritos Municipales correspondientes y su creación es por Ley Municipal”.

En el presente caso, tenemos que en el nivel municipal, aparentemente los distritos municipales tendrían el ejercicio de ciertas competencias. Sobre el punto es menester citar al art. 272 de la CPE que señala: “La autonomía implica la elección directa de sus autoridades por las ciudadanas y los ciudadanos, la administración de sus recursos económicos, y el ejercicio de las facultades legislativa, reglamentaria, fiscalizadora y ejecutiva, por sus órganos del gobierno autónomo en el ámbito de su jurisdicción y competencias y atribuciones”. Asimismo, respecto a las competencias en sí, el art. 297 misma norma constitucional, señala: “I. Las competencias definidas en esta Constitución son:

1. Privativas, aquellas cuya legislación, reglamentación y ejecución no se transfiere ni delega, y están reservadas para el nivel central del Estado.

2. Exclusivas, aquellas en las que un nivel de gobierno tiene sobre una determinada materia las facultades legislativa, reglamentaria y ejecutiva, pudiendo transferir y delegar estas dos últimas.

3. Concurrentes, aquellas en las que la legislación corresponde al nivel central del Estado y los otros niveles ejercen simultáneamente las facultades reglamentaria y ejecutiva.

4. Compartidas, aquellas sujetas a una legislación básica de la Asamblea Legislativa Plurinacional cuya legislación de desarrollo corresponde a las entidades territoriales autónomas, de acuerdo a su característica y naturaleza. La reglamentación y ejecución corresponderá a las entidades territoriales autónomas.

(…)”.

Es decir, los distritos municipales, mal podrían ejercer competencias que han sido asignadas por la Norma Suprema al nivel central, departamental, municipal e IOC, no teniendo dicha asignación los distritos municipales, los cuales son producto de la organización territorial del nivel municipal y espacios de desconcentración y/o descentralización del referido nivel. Situación por la cual, corresponde señalar la incompatibilidad del art. 44.II del proyecto de Norma Básica, debiendo adecuarse según lo señalado.

Artículo 46

“Artículo 46. (Requisitos para Ser Sub Alcaldesa o Sub Alcaldes).

I. Son requisitos para ser Sub Alcaldesa o Sub Alcalde, los mismos que para ser Alcaldesa o Alcalde Municipal, además de residir en su Distrito Municipal por el tiempo de dos años anteriores a la su designación.

(…)”.

El art. 234 de la CPE señala que: “Para acceder al desempeño de funciones públicas se requiere: 1. Contar con la nacionalidad boliviana. 2. Ser mayor de edad. 3. Haber cumplido con los deberes militares. 4. No tener pliego de cargo ejecutoriado, ni sentencia condenatoria ejecutoriada en materia penal, pendientes de cumplimiento. 5. No estar comprendida ni comprendido en los casos de prohibición y de incompatibilidad establecidos en la Constitución. 6. Estar inscrita o inscrito en el padrón electoral. 7. Hablar al menos dos idiomas oficiales del país”.

Sobre un tema similar, la DCP 0075/2015 de 10 de marzo señaló: “De otro lado, si bien es cierto que los subalcaldes pueden ser designados por el alcalde municipal de acuerdo a listas o ternas elevadas por las comunidades, esto no implica que el alcalde municipal pierda la atribución de designar libremente a los mismos, ya que aunque exista una particularidad en su nominación, la potestad de designación sigue siendo del ejecutivo municipal. En ese ámbito, es preciso indicar que el subalcalde a elegirse bajo esta modalidad sigue siendo un funcionario público, bajo el régimen que ciñe a éstos, con los mismos requisitos señalados en la Constitución Política del Estado para toda persona que desee ejercer un cargo público…”

En ese entendido, se tiene que los sub alcaldes no obstante las particularidades de su elección, siguen siendo funcionarios públicos bajo dependencia de la MAE del gobierno autónomo municipal, no debiendo solicitársele los mismos requisitos que para las autoridades electas, tal y como es la residencia de dos años en el lugar de su posible designación. Situación por la cual debe determinarse la incompatibilidad del art. 46.I del proyecto de norma básica, debiendo redactarse según los entendimientos señalados.

“(…)

II. En los Distritos Indígena Originario Campesinos se requerirán además, los requisitos de sus normas y procedimientos propios, usos y costumbres”.

En el presente caso, por conexitud con los argumentos desarrollados al momento de determinar la incompatibilidad del art. 27, se debe señalar la incompatibilidad de la frase “usos y costumbres” inserta en el art. 46.II del proyecto de Norma Básica, debiendo expulsarse dicha frase observada.

Artículo 49

“Artículo 49. (Categoría de las y los Servidores Públicos). Los servidores públicos conforme serán considerados en las siguientes categorías:

(…)

5) Funcionarios interinos: Son aquellos que, de manera provisional y por un plazo máximo e improrrogable de 90 días, ocupan cargos públicos previstos para la carrera administrativa, en tanto no sea posible su desempeño por funcionarios de carrera”.

Respecto a la competencia para determinar el régimen de las servidoras y servidores públicos, a través de diversos fallos emitidos por este Tribunal se ha determinado que la misma es una competencia residual que debe ser atribuida al nivel central del Estado, en virtud de los arts. 297.II de la CPE y 72 de la LMAD, ya que al establecer la Constitución únicamente un marco general para los mismos, no se ha pronunciado sobre a qué nivel le corresponde determinar dicha competencia. Al respecto, la DCP 0043/2015, señaló: “En el presente artículo, en su parágrafo II, ‘tipifica’ el régimen de los servidores y servidoras públicas del Gobierno Autónomo Municipal de San Pedro de Quemes, no teniendo la Norma Básica competencia para aquello, ya que del catálogo competencial establecido en el art. 302 de la CPE, referido a las competencias exclusivas de los gobiernos autónomos municipales, no se advierte que el constituyente haya otorgado competencias a los gobiernos municipales respecto a este tema, debiendo entenderse a la misma como competencia residual atribuible al nivel central del Estado, de acuerdo al art. 297.II de la Ley Fundamental, el cual establecerá un sistema único respecto a los servidores públicos en todo el territorio nacional…”.

Sobre la problemática específica, la DCP 0126/2015, precisó: “Sobre la presente temática, es preciso citar el art. 233 de la CPE, que indica: ‘Son servidoras y servidores públicos las personas que desempeñan funciones públicas. Las servidoras y los servidores públicos forman parte de la carrera administrativa, excepto aquellas personas que desempeñen cargos electivos, las designadas y los designados, y quienes ejerzan funciones de libre nombramiento’.

Es este artículo constitucional el que nos da la pauta principal para que el legislador desarrolle las clases de servidores que existen en la función pública, no contemplándose lo previsto en el numeral objeto de análisis, que procede a la creación de la figura del funcionario provisorio, no teniendo la potestad ni la base jurídica para tal efecto…”

De donde tenemos que la Carta Orgánica no podría implementar el tipo de servidor público pretendido, ya que al estar fuera de lo estipulado por el art. 233 de la CPE, vendría a ser una regulación sobre esta temática referida a los servidores públicos, sobre los cuales, este Tribunal ha concluido que es una competencia residual atribuible al nivel central del Estado. Motivo por el cual, se debe determinar la incompatibilidad del art. 49.5 del proyecto de Norma Básica.

Artículo 52

“Artículo 52. (Empresas Públicas Municipales).

(…)

III. Las y los Concejales, sus conyugues hasta el cuarto grado de consanguinidad no podrán ser miembros de los directorios de las Empresas Municipales, a excepción de la Alcaldesa y/o Alcalde Municipal que ejercerá la Presidencia. Los parientes consanguíneos o por afinidad del Alcalde Municipal en los mismos grados que de las y los Concejales, no podrán ser miembros del directorio, ni administrar las Empresas Municipales”.

El art. 236 de la Norma Suprema, señala: “Son prohibiciones para el ejercicio de la función pública: I. Desempeñar simultáneamente más de un cargo público remunerado a tiempo completo. II. Actuar cuando sus intereses entren en conflicto con los de la entidad donde prestan sus servicios, y celebrar contratos o realizar negocios con la Administración Pública directa, indirectamente o en representación de tercera persona. III. Nombrar en la función pública a personas con las cuales tengan parentesco hasta el cuarto grado de consanguinidad y segundo de afinidad”.

Del texto constitucional citado, se infiere que las prohibiciones establecidas por la Norma Suprema incluyen además del parentesco consanguíneo, el por afinidad, situación no prevista por la Norma Básica que únicamente prevé la prohibición para las personas que tengan grado de parentesco consanguíneo con las concejalas y los concejales. Motivo por el cual se debe declarar la incompatibilidad del art. 52.III del proyecto de Norma Básica, debiendo redactarse nuevamente el mismo.

Artículos 54.III y 55

“Artículo 54. (Disposiciones Generales).

(…)

III. El Control Social, es el espacio de transparencia, supervisión, control, vigilancia y evaluación de la administración, gestión y manejo apropiado de los recursos económicos, materiales, humanos y la calidad de los servicios públicos, servicios básicos y otros del Municipio.

Artículo 55. (Principios de la Participación y Control Social). Los principios de la Participación y Control Social son defensa del patrimonio del municipio, independencia, transparencia, coordinación, democracia participativa, respeto a la institucionalidad, igualdad de derechos y oportunidades, integralidad, bien común, justicia social, equidad social, solidaridad, responsabilidad y disciplina”.

En ambos artículos de la Norma Básica, se determina el concepto de participación y control social, estableciendo la forma o mecanismo para ejercer los mismos, desarrollando finalmente sus principios; al respecto, es preciso señalar que la incorporación de la participación y control social en la Constitución Política del Estado tiene por objetivo principal generar y garantizar espacios que permitan a la sociedad civil, organizar sus propios mecanismos de control de la gestión pública, sin formar parte del aparato estatal, a fin de precautelar por la independencia de este poder social.

Así, las organizaciones sociales serán actores fundamentales en el diseño de las políticas públicas, el seguimiento a la gestión y al desempeño laboral de las y los servidores públicos, constituyendo un mecanismo que transversalmente participa y controla el cumplimiento de los objetivos institucionales de cada entidad o empresa con participación estatal.

Al respecto, la Norma Suprema, dispone que el pueblo soberano a través de la sociedad civil organizada, participará en el diseño y control social de las políticas y funciones públicas en todos los niveles del Estado, velando por el manejo transparente de la información y de los recursos públicos, denunciando ante las instancias competentes, cuando detecte irregularidades en el ejercicio de la función pública o promoviendo la revocatoria de mandato de autoridades electas.

Por su parte, el art. 241.V de la Ley Fundamental, prevé: “La sociedad civil se organizará para definir la estructura y composición de la participación y control social”, siendo obligación principal del Estado garantizar la generación de espacios para el cumplimiento de esta actividad constitucional, que será regulada por ley.

En esta línea, debe entenderse que el art. 62.I.9 de la LMAD, dispone que el estatuto autonómico fijará obligatoriamente esos espacios para el ejercicio de la participación y control social.

Por su parte, el art. 3.2 de la LPCS, determina que dicho instrumento normativo tiene por finalidad entre otras: “Consolidar la Participación y Control Social como elementos transversales y continuos de la gestión pública; y en los procesos de planificación, seguimiento a la ejecución y evaluación de las políticas públicas y las acciones del Estado Plurinacional, en todos sus ámbitos y niveles territoriales”.

El art. 4.II.4 de la citada Ley, proclama a la independencia y autonomía como principio esencial de la participación y control social, entendido como la: “Capacidad para decidir y actuar con libertad y sin depender de un mando o autoridad. Las acciones de la Participación y Control Social no se subordinarán a ningún órgano y/o autoridad del Estado, ni recibirá instrucciones o presiones de ningún poder fáctico, que vele por intereses particulares contrarios al interés general”.

De donde se tiene que, el hecho de que la Norma Básica pretenda regular a la participación y control social, es incompatible con lo previsto en la Constitución Política del Estado, según lo desarrollado supra, por lo que se debe declarar la incompatibilidad de los arts. 54.III y 55 del proyecto en estudio.

Artículos 57, 58 y 59

“Artículo 57. (Designación de los Representantes de la Participación y Control Social).