DECLARACIÓN CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0079/2017

Inicialmente corresponde desarrollar el texto íntegro de las disposiciones constitucionales citadas en la norma cuestionada, así el art. 13 de la CPE, establece ‘I. Los derechos reconocidos por esta Constitución son inviolables, universales, interdependientes, indivisibles y progresivos. El Estado tiene el deber de promoverlos, protegerlos y respetarlos. II. Los derechos que proclama esta Constitución no serán entendidos como negación de otros derechos no enunciados. III. La clasificación de los derechos establecida en esta Constitución no determina jerarquía alguna ni superioridad de unos derechos sobre otros. IV. Los tratados y convenios internacionales ratificados por la Asamblea Legislativa Plurinacional, que reconocen los derechos humanos y que prohíben su limitación en los Estados de Excepción prevalecen en el orden interno. Los derechos y deberes consagrados en esta Constitución se interpretarán de conformidad con los Tratados internacionales de derechos humanos ratificados por Bolivia’; esta disposición, no indica ningún derecho sino establece condiciones generales de los derechos establecidos en la Norma Suprema; el art. 15 de la CPE, señala: ‘I. Toda persona tiene derecho a la vida y a la integridad física, psicológica y sexual. Nadie será torturado, ni sufrirá tratos crueles, inhumanos, degradantes o humillantes. No existe la pena de muerte. II. Todas las personas, en particular las mujeres, tienen derecho a no sufrir violencia física, sexual o psicológica, tanto en la familia como en la sociedad. III. El Estado adoptará las medidas necesarias para prevenir, eliminar y sancionar la violencia de género y generacional, así como toda acción u omisión que tenga por objeto degradar la condición humana, causar muerte, dolor y sufrimiento físico, sexual o psicológico, tanto en el ámbito público como privado. IV. Ninguna persona podrá ser sometida a desaparición forzada por causa o circunstancia alguna. V. Ninguna persona podrá ser sometida a servidumbre ni esclavitud. Se prohíbe la trata y tráfico de personas’, esta disposición constitucional, desarrolla una parte de los derechos fundamentales establecidos en la Constitución Política del Estado; como se advierte, una primera observación radica en el hecho de que la norma analizada es imprecisa, porque las normas constitucionales citadas en su contenido no hacen referencia a derechos y a deberes –excepcionalmente el art. 15-, esta imprecisión normativa hace que el articulo cuestionado no brinde certeza a sus destinatarios, lo que implica una afectación al principio de seguridad jurídica que deben contener las normas.