ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD 151/2021. DIVERSOS DIPUTADOS INTEGRANTES DE LA SEXAGÉSIMA QUINTA LEGISLATURA DEL CONGRESO DE LA UNIÓN. 3 DE FEBRERO DE 2022. PONENTE: JORGE MARIO PARDO REBOLLEDO. SECRETARIOS: NÍNIVE ILEANA PENAGOS ROBLES, ALEJANDRO CAS

El legislador incurrió en una omisión legislativa al no establecer un régimen sancionatorio que permita la eficacia de las disposiciones constitucionales, en contravención al artículo 35, fracción IX, de la Constitución.

Como se vino señalando en el escrito, el marco constitucional establece prohibiciones y límites a la actividad del sector público, privado y social en el proceso de revocación de mandato. Sin embargo, la ley no prevé disposiciones que determinen las consecuencias jurídicas ni los mecanismos de control y sanción en caso de incumplimiento.

La ley federal realiza una remisión a la LGIPE; remisión que resulta insuficiente pues se contemplan en esta ley disposiciones de derecho administrativo sancionador. Por ello, cualquier sanción a imponer debe cumplir con el principio de tipicidad, que junto con el principio de reserva de ley constituyen el "núcleo duro" del principio de legalidad en materia de sanciones. Es decir, deben estar determinadas en una ley, de manera clara y precisa, las conductas ilícitas y las sanciones correspondientes. Cita el criterio jurisprudencial del Pleno, de rubro: "TIPICIDAD. EL PRINCIPIO RELATIVO, NORMALMENTE REFERIDO A LA MATERIA PENAL, ES APLICABLE A LAS INFRACCIONES Y SANCIONES ADMINISTRATIVAS."