DECLARACIÓN CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0032/2015

Conceptualmente, es necesario distinguir la “forma de Estado o régimen político” de la “forma de gobierno” (sistema, en los términos de nuestra Ley Fundamental). Según Pasquino, el primero se define “…recurriendo a los criterios aristotélicos sobre el poder de uno, de pocos o de todos, ejercido en beneficio de uno, de pocos o de todos, o en términos modernos tales como los de régimen autoritario, totalitario o democrático, o que se limiten a una simple distinción entre monarquía (cuyo titular ocupa un cargo hereditario) y república (cuyo titular ocupa un cargo electivo)…”, distinción que, a juicio del mismo autor, pierde actualidad considerando que la mayor parte de los Estados adquirieron actualmente la calidad de democráticos; alcanzando mayor relevancia, la determinación de las diferentes formas de gobierno en el ámbito de la democracia y que están definidas básicamente por “la dinámica de las relaciones entre poder ejecutivo y poder legislativo y en particular a las modalidades de elección de los dos organismos, su título de legitimidad y el balance de sus prerrogativas”.

En otros términos, la “forma de estado” está referida a la manera en la que se estructuran y relacionan entre sí los componentes más básicos que conforman el Estado en su conjunto; entendido éste como un tipo de formación sociopolítica compleja, compuesto por: “Población, territorio y poder público”, más la forma en la que se gestiona la soberanía, tanto en sus relaciones externas como internas (enunciado éste último que nos remite a la noción de régimen político). Mientras que, el “sistema de gobierno” se constituye en un concepto más acotado y de carácter esencialmente instrumental, ya que designa a la manera en la que se organiza, específicamente, uno de los elementos básicos del Estado, el llamado poder político formal, poder público, o simplemente gobierno.

Con estas precisiones se entiende que, el Estado boliviano adopta una “forma de Estado” altamente compleja, tal y como se desprende del enunciado del art. 1 de la CPE, el cual señala que: “Bolivia se constituye en un Estado Unitario Social de Derecho Plurinacional Comunitario, libre, independiente, soberano, democrático, intercultural, descentralizado y con autonomías. Bolivia se funda en la pluralidad y el pluralismo político, económico, jurídico, cultural y lingüístico, dentro del proceso integrador del país”.

Por su parte, la “forma o sistema de gobierno” del Estado Plurinacional, está basado en el principio de división de poderes, en este caso Órganos, según se colige de lo dispuesto por el art. 12 de la CPE, el cual indica que: “I. El Estado se organiza y estructura su poder público a través de los órganos Legislativo, Ejecutivo, Judicial y Electoral. La organización del Estado está fundamentada en la independencia, separación, coordinación y cooperación de estos órganos. II. Son funciones estatales la de Control, la de Defensa de la Sociedad y la de Defensa del Estado. III. Las funciones de los órganos públicos no pueden ser reunidas en un solo órgano ni son delegables entre sí”. Entendimiento que es confirmado por el art. 11.I de la Ley Fundamental, cuando expresa que: “La República de Bolivia adopta para su gobierno la forma democrática participativa, representativa y comunitaria, con equivalencia de condiciones entre hombres y mujeres”.

Estas previsiones constitucionales de carácter general, se replican con ciertas modificaciones, a nivel subnacional, esto según se colige de lo establecido por el art. 12 de la Ley Marco de Autonomías y Descentralización “Andrés Ibañez” (LMAD), el cual señala que: “I. La forma de gobierno de las entidades territoriales autónomas es democrática, participativa, representativa y comunitaria allá donde se la practique, con equidad de género. II. La autonomía se organiza y estructura su poder público a través de los órganos legislativo y ejecutivo. La organización de los gobiernos autónomo está fundamentada en la independencia, separación, coordinación y cooperación de estos órganos. III. Las funciones de los órganos públicos no pueden ser reunidas en un solo órgano ni son delegables entre sí”.

El primer parágrafo de la citada norma, está directamente relacionado con la noción de “régimen político” y encuentra su engarce constitucional en el art. 11 de la Norma Suprema, mientras que los parágrafos II y III se vinculan al art. 12 constitucional; ratificando, a nivel sub nacional, un sistema de gobierno caracterizado por una clara división de órganos y una específica definición de sus esferas o áreas de función.

En este marco, el gobierno municipal sigue en su estructuración las disposiciones generales que la Norma Suprema prevé para todos los niveles de gobierno a nivel subnacional; de esta forma, el art. 283 del texto constitucional, dispone que: “El gobierno autónomo municipal está constituido por un Concejo Municipal con facultad deliberativa, fiscalizadora y legislativa municipal en el ámbito de sus competencias; y un órgano ejecutivo, presidido por la Alcaldesa o el Alcalde”.

El art. 34 de la LMAD, desarrolla la disposición constitucional anteriormente citada, expresando que: “El gobierno autónomo municipal está constituido por: I. Un Concejo Municipal, con facultad deliberativa, fiscalizadora y legislativa en el ámbito de sus competencias. Está integrado por concejalas y concejales electas y electos, según criterios de población, territorio y equidad, mediante sufragio universal, y representantes de naciones y pueblos indígena originario campesinos elegidas y elegidos mediante normas y procedimientos propios que no se hayan constituido en autonomía indígena originaria campesina, donde corresponda. II. Un Órgano Ejecutivo, presidido por una Alcaldesa o un Alcalde e integrado además por autoridades encargadas de la administración, cuyo número y atribuciones serán establecidos en la carta orgánica o normativa municipal. La Alcaldesa o el Alcalde será elegida o elegido por sufragio universal en lista separada de las concejalas y concejales por mayoría simple”.

Se determina de ese modo, una estructura de gobierno de carácter dual, con dos órganos que funcionan autónomamente sobre la base de la clásica división de poderes, reforzada por un esquema de notable equilibrio; toda vez que, tanto el alcalde como los concejales, son electos de manera independiente por listas separadas, eliminándose la intervención del legislativo municipal en los asuntos del ejecutivo, así como la posibilidad de la remoción del alcalde, bajo lo que en su momento se denominó, voto de censura constructiva.