DECLARACIÓN CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0020/2021 - Tribunal Constitucional Plurinacional de Bolivia

entre los referidos gobiernos subnacionales, no opera jerarquía alguna, es decir que la extensión territorial que abarca la jurisdicción de una determinada ETA no implica que ésta tenga mayor jerarquía

y el ejercicio de las facultades legislativa, reglamentaria, fiscalizadora y ejecutiva, por sus órganos de gobierno autónomo en el ámbito de su jurisdicción y competencias y atribuciones

La Constitución es la norma suprema del ordenamiento jurídico boliviano y goza de primacía frente a cualquier otra disposición normativa.

1)

III.3.1. Sobre la competencia

Estas habilitaciones para la actuación es lo que define la palabra

un ámbito acotado de potencial actuación permitida

[3]

[4]

III.3.2. Asignación competencial en el diseño estatal boliviano

el ejercicio como tal de cada una de estas competencias podrá ser de forma gradual o progresiva

Asimismo, del análisis de la distribución de competencias efectuada por el Constituyente, se advierte que ésta es de carácter cerrado, esto implica, que ningún nivel de gobierno puede ampliar sus competencias a través de la asunción competencial en sus estatutos y cartas orgánicas sobre aquellas competencias que no hayan sido asumidas por otros niveles de gobierno, sino únicamente deben circunscribirse al ejercicio de las competencias expresamente establecidas en el listado competencial para su correspondiente nivel de gobierno, lo que ciertamente supone una obligatoriedad en la asunción de las competencias, sin que ello implique, tratándose de las competencias exclusivas, que éstas deban ser ejercidas de manera obligatoria de una sola vez, pues el ejercicio competencial debe ser entendido bajo el principio de gradualidad…´

III.3.3. Tipos de competencias

en las competencias privativas únicamente el nivel central del Estado es el titular de las tres facultades; es decir, el nivel central: elabora la ley, a través de la Asamblea Legislativa Plurinacional, reglamenta la ley y ejecuta la competencia a través del Órgano Ejecutivo. Ninguna de las facultades puede ser transferida ni delegada a otro nivel de gobierno.

supone que un nivel de gobierno, ya sea el nivel central del Estado o las entidades territoriales autónomas, tienen la titularidad de todas las facultades: legislativa, ejecutiva y reglamentaria, es decir, elabora la ley (órgano deliberativo), reglamenta la ley (órgano ejecutivo) y ejecuta la competencia (órgano ejecutivo)

c) Competencias concurrentes.

d) Competencias compartidas.

La Ley Marco de Autonomías y Descentralización regulará

La transferencia es definitiva y no puede ser, a su vez, transferida a una tercera entidad territorial autónoma

el gobierno delegante no pierde la titularidad

cuando la norma fundamental se refiere a la transferencia y delegación de competencias, se refiere a la transferencia de la titularidad de la facultad reglamentaria y ejecutiva, quedando por entendido que la facultad legislativa queda al margen del alcance de la transferencia o delegación competencial

por el principio de la voluntariedad.

III.3.5. Ámbitos de ejercicio competencial

ejercicio competencial

i) El ámbito jurisdiccional.

ii) El ámbito material.

iii) El ámbito facultativo.

Facultad legislativa.

Facultad reglamentaria.

Facultad ejecutiva.

Facultad fiscalizadora.

Facultad deliberativa.

III.3.6. Sobre las competencias

III.4.

no corresponde que las normas institucionales básicas, en el desarrollo de su contenido, ingresen a determinar o definir dichos aspectos en ámbitos materiales cuya reserva de ley correspondiere al nivel central del Estado

III.5.

III.5.1. Sobre la relación inter-orgánica en el ámbito municipal

es el ejercicio de las facultades legislativa, reglamentaria, fiscalizadora y ejecutiva, por sus órganos del gobierno autónomo

a)

b)

c)

norma institucional básica de la entidad territorial

naturaleza rígida

Fragmento 145

ejerce el control de constitucionalidad, y precautela el respeto y la vigencia de los derechos y las garantías constitucionales

se encuentran tres brazos específicos de control a saber: El Control normativo, el control competencial y el control referente al respeto y vigencia de Derechos Fundamentales

En cuanto al control normativo de constitucionalidad

se constituye en un control normativo

proyectos de normativas debidamente aprobadas

el control de constitucionalidad no alcanza a la valoración de los fines, los propósitos, la conveniencia o beneficios que pudiese generar la disposición legal sometida a control; lo que significa que el Tribunal Constitucional, como órgano encargado del control de constitucionalidad, no tiene a su cargo la evaluación de si son convenientes,

en todo caso, es en base a sustentos jurídico constitucionales en virtud de los cuales se efectuará el respectivo test de control previo de constitucionalidad

, en el examen de constitucionalidad, se desarrollará la respectiva fundamentación jurídica-constitucional sobre aquellos artículos en los cuales se advierta de forma evidente alguna transgresión a la Norma Suprema

III.7.2. Particularidades del control previo de constitucionalidad de estatutos autonómicos y cartas orgánicas

atribuciones del Tribunal Constitucional Plurinacional

la de conocer en única instancia los asuntos de puro derecho sobre la inconstitucionalidad

pueden ser sometidos a control previo y posterior de constitucionalidad

El control posterior dependerá del ejercicio y la aplicación de los preceptos de la norma básica institucional que se desarrolle en la vigencia de las cartas orgánicas y estatutos autonómicos, en ese sentido existirá un cargo particular que una demanda abstracta o indirecta de acuerdo al caso, que pretenda la misma, circunstancias que no se presentan en el control previo de constitucionalidad.

por lo que, si bien, de manera inicial el Tribunal Constitucional Plurinacional, se pronuncia mediante una Declaración sobre la constitucionalidad de dichos proyectos, los mismos no quedan exentos de ser posteriormente sometidos a control de constitucionalidad ya por la aplicación o adjudicación de la norma a casos concretos o ya porque pudieran producirse normas constitucionales o supralegales que modifiquen el sistema normativo constitucional

ello no impide someter a la indicada norma a un nuevo juicio de constitucionalidad, al ser distinto el fundamento en el que se basó tal análisis

III.9. Control previo de constitucionalidad de las disposiciones contenidas en el proyecto de COM de Villa Gualberto Villarroel

y a las leyes nacionales

de acuerdo a las competencias de las entidades territoriales

a toda ley

de acuerdo a los procedimientos

en el marco de la jerarquía constitucional de las normas vigentes

compatibilidad

Control previo de constitucionalidad

incompatibilidad

universales

no podrá entenderse que los ciudadanos o habitantes de determinada entidad territorial sólo gozarán de aquellos derechos instituidos por la Carta Orgánica o Estatuto

regulación de derechos fundamentales

aquellas en las que la legislación corresponde al nivel central del Estado

el nivel central del Estado tiene la titularidad sobre la facultad legislativa, por lo tanto, elabora la ley a través de la Asamblea Legislativa Plurinacional, en tanto que la titularidad de la facultad reglamentaria y la facultad ejecutiva corresponde a las entidades territoriales autónomas

incompatible

Respecto a los numerales 22 y 25

el régimen económico y financiero

Respecto a los numerales 23 y 24

calificación

con relación a la disposición de dichos bienes

Respecto al numeral 29

objeto de división

competencias compartidas

en las competencias compartidas

no implique división de responsabilidades, la norma institucional básica se encuentra facultada para establecerla, aspecto que no puede ser entendido como invasión competencial

si en la COM los preceptos despliegan división de responsabilidades de la competencia compartida -así se encuentre agotada la división por la ley básica-, debe ser declarado incompatible con la Norma Suprema, por vicio en el órgano emisor, en razón a que, como se tiene dicho la responsabilidad de emitir la ley básica se encuentra reservada por mandato constitucional -art. 297.I.4 de la CPE- para el nivel central del Estado; en consecuencia, la norma básica institucional no es idónea para realizar esta tarea; un entendimiento en contrario establecería en el fondo que las competencias compartidas puedan ser divididas en su facultad legislativa por la COM, que además de paso se encuentran en la misma jerarquía que toda ley, por lo que materialmente se estaría comportando como si se tratara de una ley básica pero emitida desde un nivel autonómico, aspecto contrario al orden competencial establecido en la Constitución Política del Estado, correspondiendo de manera indefectible su incompatibilidad”

Respecto al numeral 38

Expropiación de inmuebles

autorización

instancia de dirección, planificación, organización, gestión y representación del Concejo Municipal

La autonomía implica

En tanto, que las otras dos facultades: reglamentaria y ejecutiva, son de titularidad de los órganos ejecutivos

2. Facultad reglamentaria.

Respecto del numeral 24

Respecto del numeral 29

designadas y los designados

El precepto que se analiza, confunde determinados cargos administrativos en uno solo, es decir los subalcaldes, oficiales mayores, que por las características en su designación, corresponden a servidores públicos designados

designación

Los principios que rigen la organización territorial

independencia

escoger su lugar de residencia

Sobre el numeral 2

Los demás gobiernos autónomos deben utilizar los idiomas propios de su territorio, y uno de ellos debe ser el castellano

el deber de utilizar al menos dos idiomas oficiales del país, uno de uso de su territorio y el otro el castellano, obligación que recae en la institucionalidad pública, en este caso en el Gobierno Autónomo Municipal de Villa Gualberto Villarroel

la norma institucional básica no es idónea para efectuar el desarrollo legislativo de

1. Sobre las reservas de ley en la

que serán desarrolladas por la ley

La Ley determinará los criterios generales para la elección

al margen de contemplar una reserva de ley para la Ley Marco de Autonomías y Descentralización

Régimen electoral nacional para la elección de autoridades nacionales y subnacionales, y consultas nacionales

la distribución de competencias efectuada por el Constituyente, se advierte que ésta es de carácter cerrado, esto implica, que ningún nivel de gobierno puede ampliar sus competencias a través de la asunción competencial en sus estatutos y cartas orgánicas sobre aquellas competencias que no hayan sido asumidas por otros niveles de gobierno, sino únicamente deben circunscribirse al ejercicio de las competencias expresamente establecidas en el listado competencial para su correspondiente nivel de gobierno

La autonomía implica la elección directa de sus autoridades por las ciudadanas y los ciudadanos, la administración de sus recursos económicos

La Carta Orgánica Municipal definirá su aplicación de acuerdo a la realidad y condiciones específicas de su jurisdicción

Un primer supuesto

Un segundo supuesto

corresponderá a un miembro del Concejo

acceso

Fragmento 222

para la creación y/o modificación de impuestos

el procedimiento

la mención de materias sobre competencias de carácter

Su calificación, inventario, administración, disposición, registro obligatorio y formas de reivindicación serán regulados por la ley

la cláusula residual no debe confundirse con una tipología de competencia, pues la Ley Fundamental reconoce cuatro tipos de competencia, privativas, exclusivas, concurrentes y compartidas; sino debe entenderse como un procedimiento de asignación competencial

Fragmento 228

TRANSPARENCIA INSTITUCIONAL Y LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN

en coordinación con los planes

en la pluralidad y el pluralismo

las relaciones internacionales de las ETA deben ser entendidas como relaciones de carácter interinstitucional

En relación al parágrafo II

Respecto al parágrafo III

principios

competencias exclusivas, se perfeccionan en un sólo momento, es decir, que no es necesario asumir previamente la competencia exclusiva en el estatuto o la carta orgánica para poder ejercer la competencia,

competencias concurrentes

ley sectorial

sólo podrá hacerse aplicando el principio competencial, o sea, considerando la asignación constitucional de competencias que a cada ETA corresponda

en las competencias concurrentes

no implique distribución de responsabilidades, la norma institucional básica se encuentra facultado para establecerla, asimismo le está permitido disponer la reglamentación sobre lo distribuido por la ley sectorial -preceptos remisivos-, aspecto que no puede ser entendido como invasión competencial

si en la COM los preceptos despliegan distribución de responsabilidades de la competencia concurrente -así se encuentre agotada la distribución por la ley sectorial-, debe ser declarado incompatible con la Norma Suprema, por vicio en el órgano emisor, en razón a que, como se tiene dicho la facultad legislativa se encuentra reservada por mandato constitucional -art. 297.I.3 de la CPE- para el nivel central del Estado, en consecuencia la norma básica institucional no es idónea para realizar esta tarea; un entendimiento en contrario establecería en el fondo que las competencias concurrentes pueden ser redistribuidas por la COM, que además de paso se encuentra en la misma jerarquía que toda ley, por lo que materialmente se estaría comportando como si se tratara de una ley sectorial pero emitida desde un nivel autonómico, aspecto contrario al orden competencial establecido en la Constitución Política del Estado, correspondiendo de manera indefectible su incompatibilidad

Sobre el parágrafo I del artículo 118

ámbito de su jurisdicción

lo que implica que el ejercicio efectivo y constitucional de las competencias consiste en que el gobierno central y los gobiernos autónomos ejerzan sus competencias con efectos dentro del espacio territorial que gobiernan y sobre las materias que les fueron asignadas, a través de la facultad que tienen habilitada para cada materia

bajo responsabilidad del nivel central del Estado

constituyen un bien común y forman parte del patrimonio natural y cultural del país

patrimonio natural

en el ámbito de su jurisdicción y competencias y atribuciones