DECLARACIÓN CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0020/2021

La Norma Suprema establece a los municipios como parte de la organización territorial del Estado, así lo establece el art. 269.I de la CPE, adquiriendo importancia para el cumplimiento de los fines del Estado, por el rol de acercamiento entre la población y la estatalidad, a efectos de satisfacer las necesidades de aquella, sobre todo de las más básicas, a las cuales un gobierno centralizado no podría alcanzar de manera directa.

Así, bajo ese enfoque, en el caso de la provisión de bienes, servicios y normas por parte de la administración pública; la DCP 0026/2013 de 29 de noviembre, señaló que “…el nivel territorial local y su institucionalidad pública materializada en el gobierno municipal, se invisten –por su cercanía al ciudadano–, de una importancia política y administrativa innegable, cuyo carácter primario o de base lo instituyen, como bien lo entendió Tocqueville, en una verdadera escuela de ciudadanía, un espacio donde la participación política directa y permanente es aún posible, principalmente en los centros poblacionales pequeños y medianos, y aunque con mayores limitaciones, también en las grandes urbes.

Es precisamente esa proximidad de los gestores públicos locales-municipales con los problemas cotidianos de la gente, lo que posibilita la apertura de escenarios para la participación del ciudadano en las decisiones de interés colectivo en el ámbito de lo local, otorgando al gobierno municipal un carácter político y administrativo diferenciado y una situación de privilegio fuertemente vinculado a una renovación permanente de la legitimidad por los ciudadanos, quienes más allá de constituirlo mediante los mecanismos electorales regulares (elecciones periódicas y voto popular), tienen la posibilidad real de participar mediante distintos mecanismos en las definiciones y la gestión de las políticas públicas de interés local, además de ejercer un control más directo sobre los procesos de gobierno a este nivel”.